En el actual (y bullado) Conflicto Mapuche hay dos factores importantes que se deben considerar muy bien y que, sin duda, tienen un enorme impacto en el actual desenlace del problema. En primer lugar, existe el problema de las tierras, que no tiene tanto que ver con la expresión de “propiedad” a la cual estamos acostumbrados a considerar, sino que tiene que ver con una posesión o disfrute de zonas no necesariamente delimitadas que forman parte de la concepción de vida de la etnia Mapuche. Y ciertamente no sólo de esta, sino que de todas las etnias indígenas, razón por la cual la temática de las “tierras” es considerada cuidadosamente en la Parte II del Convenio 169 de la OIT referido a Pueblos Indígenas y Tribales, cuyo artículo 13 (1) considera el punto descrito anterior en cuanto a las “tierras” como una concepción cultural “que los gobiernos deberán respetar”.

En segundo lugar, existe un problema mucho más atingente a una visión tradicional de los problemas políticos que es la gran disparidad socio-económica entre los latifundistas y empresas forestales o eléctricas establecidas, y las comunidades mapuches que reclaman por las tierras en cuestión. Existe un problema social que tiene que ver con el enfrentamiento entre pobres comunidades mapuches y el enorme poder de empresas ubicadas en los territorios reclamados, lo que podemos identificar como un grave conflicto social, que se suma a la naturaleza étnica del conflicto. Por tanto, no se puede entender el origen étnico del conflicto sin entender su matriz social. De acuerdo a esto, es posible hablar de discriminación en dos sentidos que se refuerzan, por una parte territorial pues no comprende las manifestaciones y mentalidad de la etnia originaria que reclama sus tierras, asunto que está lejos de ser comprendido sociológicamente por el gobierno chileno. Y por otra parte una crisis social que se expresa en la necesidad de redistribución de recursos, hacia las comunidades mapuches más pobres, que en razón de su pobreza son fácilmente violentadas por las fuerzas policiales, como veremos un poco más adelante. En este mismo sentido el Convenio 169 de la OIT hoy se encuentra ratificado pero no se ha integrado a las políticas de gobierno, en esta temática, ni de la forma más mínima, lo que por una parte no hace eficiente una resolución exitosa de la actual crisis, y por otra parte es signo de una preocupante incapacidad del gobierno de reaccionar a los estándares internacionales requeridos para semejantes asuntos, sobre todo si consideramos su ansiada pretensión de ingresar a la OECD.

En efecto, la radicalización del conflicto se ha debido notablemente a una enorme falta de ingenio político y de capacidad por parte de las autoridades de gobierno que han promovido una política de represión por sobre una de entendimiento. En este sentido, actualmente existen dos Estados. El que conocemos todos, donde se nos respetan los derechos fundamentales y la acción policial suele ser mesurada, y otro Estado que se ubica en la actual zona de conflicto donde los derechos fundamentales son vagamente respetados (irónico que sea esto por sobre el derecho de propiedad) y donde la acción policial es extremadamente brutal (José Aylwin en Elmostrador.cl). No sólo afectando a los manifestantes más activos sino a sus familias e hijos que han sido violentados  en aras de la “mantención del orden” donde incluso la UNICEF (http://ipsnews.net/news.asp?idnews=49026) ha expresado su preocupación por la situación de los menores violentados en sucesivos allanamientos y violentas irrupciones (Radiobiobio.cl) en los hogares de mapuches “sospechosos” de actividades terroristas.  Incluso más impactante es el descubrimiento de un montaje por parte de Carabineros para exculpar al funcionario que dio muerte al comunero mapuche Mendoza Collio (Elmostrador.cl), episodios que hacen recordar los encubrimientos de asesinatos y torturas cometidos en el régimen militar. Todo esto, obviamente, bajo el alero del mismo Estado, aunque las autoridades de gobierno digan lo contrario, pues el monopolio de la coerción al ser impuesto por las fuerzas de orden, representan netamente al Estado chileno y a sus gobernantes. Aun más, la invocación de la Ley Antiterrorista por parte del gobierno ha resultado una herramienta criticada por agrupaciones de derechos humanos y de minorías a nivel nacional como a nivel internacional pues esta “ha sido aplicada principalmente a miembros del pueblo mapuche por actos ocurridos en el contexto de demandas sociales, relacionados con la reivindicación de los derechos sobre sus tierras ancestrales” (Elmostrador.cl).

En el ámbito precisamente internacional, la situación de los mapuches ha generado enorme controversia y preocupación sobre todo en Europa. Gobiernos europeos y representantes del Parlamento Europeo han sostenido numerosas reuniones con las autoridades chilenas con motivo de mostrar su preocupación con la temática mapuche, las informaciones de fuerte represión y de aplicación de la Ley Antiterrorista que a nivel internacional es estipulada como contraria a los Derechos Humanos y Principios Democráticos modernos (BBC). Al respecto, ni siquiera la nominación de Viera-Gallo como Encargado de Asuntos Indígenas ha mejorado la situación, notándose hasta ahora un fracaso en su gestión en este tema. En cuanto a lo primero, incluso la embajada chilena en Bélgica ha sido escenario de múltiples manifestaciones contra el actuar del gobierno chileno, cabe recordar que en Bruselas se encuentra el enlace con la Unión Europea, último caso fue el rayado del frontis de la embajada con apoyo a la causa mapuche (http://www.secoursrouge.org/dos/dos_11latino/AMBASSADECHILI.jpg).

Reciente también fue el rechazo de la candidatura de Chile para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre todo por no seguir las recomendaciones generadas en el seno de dicho organismo con anterioridad en función de la temática mapuche, y por las graves acusaciones que organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos generaron contra el Estado chileno en este mismo ámbito (Observatorio.cl).

En definitiva, estamos en presencia de una dualización del ejercicio del poder y la soberanía, donde por una parte en los territorios no conflictivos se defienden y amparan las libertades fundamentales y derechos humanos, y en los territorios conflictivos parece vivirse una situación de carencia absoluta de dichas libertades y derechos; y más bien un ensañamiento por parte del Estado con las comunidades mapuches más pobres. Las cuales, dada su situación de pobreza sólo pueden ser socorridas, en términos de llevar a la luz pública los innumerables abusos, por ONGs y otros actores independientes. Incluso, para peor, los medios de comunicación parecen concentrar la atención en el grado “terrorista” o “armado” de la “insurgencia mapuche”, y no sobre la alarmante situación de derechos humanos que, como hemos visto, tiene gran impacto a nivel internacional.

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