Piñera y la gravedad del acuerdo con ex uniformados
Publicado el 23 Nov, 2009
Sorprende la poca importancia atribuida al acuerdo del candidato de la Alianza con la Agrupación de Militares en Retiro « Chile Mi Patria » (Radiobiobio.cl) que hace mención a “evitar la eternización de los juicios de violaciones a los Derechos Humanos”, es decir prescribir los casos en investigación (bajo una eventual ley de punto final), de este modo eximiendo de culpa a los numerosos ex militares que están siendo procesados o investigados por crimines de derechos humanos cometidos en la dictadura.
En términos jurídicos y políticos el acuerdo es escandaloso. El derecho internacional establece mediante la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de 1968 que dichos crímenes no pueden ser prescritos como delitos comunes, sino que entran en una categoría que los hace de relevancia internacional, por tanto “la aplicación a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos crímenes”, de este modo bajo estándares modernos del derecho internacional se busca la investigación judicial en todos los casos de las violaciones a los derechos humanos más graves. En efecto, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, nos referimos específicamente a su tipificación en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional en su artículo 7 como “ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil con conocimiento de dicho ataque” que se enumeran así: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertado física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación; delitos sexuales graves; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, racionales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos… ; la desaparición forzada de personas; y el crimen del apartheid. De entre los cuales es fácil encontrar varios crímenes por los cuales investigaciones y juicios de derechos humanos se están llevando a cabo o eventualmente se llevarían a cabo a futuro, basados en la persecución política y graves violaciones a los derechos humanos amparadas por el Estado durante la el régimen militar de Pinochet.
Lo mencionado anteriormente deja en evidencia que el acuerdo “secreto” que ha establecido el candidato de la Alianza es una violación flagrante del derecho internacional, y está lejos de incentivar un clima de “reconciliación nacional” que es el “fin” que busca la asociación de ex uniformados mencionada. En términos aun más crudos, y ciertamente increíbles, el presidente de RN Carlos Larraín expresa la conveniencia de “que los jueces apliquen la prescripción de los delitos, y agregó que hay muchos juicios cuya eternización no se entiende.” (Radiobiobio.cl).
En términos políticos sorprende el carácter “secreto” del acuerdo, y el hecho de que Piñera evite hacer alusión a este, lo cual establece bastante incertidumbre sobre su actitud con respecto a los derechos humanos en su eventual gobierno, no sólo con respecto a las violaciones en dictadura, sino en una eventual solución del conflicto mapuche donde ya la Concertación ha sido acusada de vulnerar los derechos humanos por el actuar del Estado en el sur de Chile (Ballotage.cl). Preocupa también que Pinera haya evitado hablar sobre el acuerdo, lo que sólo evoca un reconocimiento su existencia y su vigencia en la línea programática de su eventual gobierno. A esto se suma la propuesta de indultar por razones humanitarias a militares procesados por crímenes de derechos humanos (Radiobiobio.cl).
Por otra parte es notable apreciar la gran influencia de la derecha defensora del régimen militar en la línea programática del candidato de la centro-derecha, más precisamente la influencia de un partido de ultraderecha como es la UDI. A pesar de los 19 años pasados desde el retorno a la democracia existen patrones y comportamientos que no han cambiado y que la rigidez del actual sistema político ha ayudado a consolidar. En este sentido, ciertamente es imposible entender el actuar y pensar de un partido como la UDI olvidando su génesis en el régimen militar y las máximas políticas de su creador Jaime Guzmán, autor de la antidemocrática Constitución de 1980. En términos institucionales la UDI ha podido acoger un gran electorado debido al enfrentamiento bipolar que fuerza el binominal, también por ser el partido más grande de derecha y cuasi-padrino de RN partido que sólo en los últimos años RN ha podido crecer de manera independiente a la UDI. Sin embargo, hoy en su gran mayoría la derecha chilena es conservadora y no liberal, por el gran peso de la UDI en la alianza de derecha, que incluso llega a absorber la naturaleza liberal de RN. Por otra parte, nunca ha habido un juicio político que permita establecer que los antiguos colaboradores del régimen militar (y el régimen en sí, por cierto) y el partido que hoy los acoge han cometido crímenes políticos y de derechos humanos de notable gravedad. Esto en gran parte debido a que la Concertación pactó con las autoridades del régimen autoritario las condiciones de la democracia fundada en 1990 (Chile: Una democracia tutelada, Portales, 2000), contemplando dentro de los acuerdos el no perseguir a las antiguas autoridades por su responsabilidad política en la dictadura.
Quizá por esta razón lo aberrante del acuerdo establecido por Piñera no escandaliza a la clase política chilena, pues no existe políticamente la palabra “culpa” o “vergüenza” del pasado, sino que existen sólo palabras de neutralidad o incluso conformismo, que alientan el surgimiento de grupos de presión pidiendo amnistías o prescripciones y candidatos dispuestos a otorgarlas rompiendo con una de las máximas básicas del derecho internacional como es la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
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