El área comparativista dentro de la Ciencia Política reconoce el enorme efecto que tienen los sistemas electorales para influir en una realidad política determinada, la dinámica de los partidos, la fragmentación partidaria, la polarización de estos, y eventualmente las opciones que tiene el elector al momento de realizarse elecciones. Sin embargo se suelen pasar por desapercibidos los efectos de un sistema electoral sobre todo cuando este ha tenido arraigo histórico importante y suele culparse a los partidos o a las consecuencias del sistema por las restricciones en términos de alternativas políticas que pueden observarse, en vez de las causas. Tal es el caso de Chile, donde además de poder considerar el efecto del sistema binominal, como lo haremos más adelante, hay que considerar la historia política del país en la consolidación de dicho sistema de repartición de escaños legislativos.

El retorno a la democracia luego de 17 años se logra de forma consensuada entre las autoridades del régimen militar y los dirigentes de la Alianza Democrática o posterior Concertación de Partidos por la Democracia, pues existió la “convicción de que lo fundamental era asegurar la transferencia del gobierno, aunque no se lograra la simultánea y equivalente transferencia del poder” (Boeninger, 1998: 364), dicha transferencia de poder evidentemente significa la facultad de fijar los horizontes de políticas a los ideales de la coalición de gobierno que inauguraría un nuevo ciclo democrático, tal transferencia fue, como sabemos, limitada y, en cierta forma, tutelada (Portales 2002), asunto que suele olvidarse luego de tantos años. En los hechos la facultad de veto que encarnaba el ejército y las autoridades del régimen militar, en virtud del pacto, se hacía sentir fuertemente en el gobierno de Aylwin: “En dos ocasiones, durante el gobierno del Presidente Aylwin, el general Pinochet manifestó su descuerdo con acciones públicas que podían afectar cuestiones cubiertas, según él, por el pacto. Se les llamó metafóricamente ‘ejercicio de enlace’ y ‘boinazo’ respectivamente. En una democracia consolidada, tales actividades habrían sido manifiestamente subversivas. Pero, en el contexto de la transición pactada, eran actos significativos de malestar por el no cumplimiento de acuerdos tácitos incluidos en el pacto de transición: afectaban la intangibilidad de la ley de amnistía y la inviolabilidad política de la persona del general Pinochet” (Godoy, 1998: 105).

Enclaves autoritarios

Hacia principios de 1990 los desafíos políticos para una coalición de centro-izquierda que tomaba nuevamente las riendas del poder eran enormes y de variada naturaleza, sobre todo luego de una larga dictadura de derecha que dejaba instauradas instituciones a todas luces antidemocraticas arraigadas principalmente en la Constitucion de 1980, y en las últimas leyes dictadas, rápidamente y sin concensuar, por el régimen militar como la LOC de Educación. En este sentido, “los grandes temas eran múltiples y urgentes: el tema constitucional, derechos humanos, política y fuerzas armadas, los enclaves autoritarios (normas legales y constitucionales que previenen o limitan el ejercicio de la soberanía popular, como senadores designados, un sistema electoral que da poder de veto a la minoría, quórums que previenen cualquier cambio constitucional, etc.), el modelo socio-económico redistributivo, la reducción de un rol líder del Estado y la debilidad de la descentralización, procesos de regionalización y democracia local, relaciones laborales, la sostenibilidad del modelo de desarrollo. Mientras estos temas quedaron sin atención, difícilmente pudo haber una discusión creíble de consenso. En verdad, el debate y el consenso han estado restringidos a sólo tres puntos: el fin de la dictadura, el ataque en la pobreza y la necesidad de dar prioridad educacional a los niveles bajos y medios” (Garretón, 1999: 259). Sin embargo, dado que la gran parte de los temas estaban censurados explícita o implícitamente por los pactos para cimentar la nueva “democracia” gran parte de los enclaves autoritarios no se tocaron hasta más de 10 años después. Estos eran, por lo demás, groseramente antidemocráticos.

Fue el presidente Lagos quién realizo las reformas constitucionales necesarias (aunque no suficientes), “Las reformas, a cuya aprobación la derecha se resistió durante 15 años, incluyen la restitución de la facultad presidencial de cambiar a los jefes de las Fuerzas Armadas, elimina a los senadores designados y vitalicios y reduce de seis a cuatro años el período presidencial, entre otras normas” (Lanacion.com.ar). Hay que mencionar que dichos enclaves eran piedras de tope estratégicamente  dejadas por el régimen militar para impedir la profundización de la democracia, buscando mantener el orden que establece la Constitución de 1980, y otorgar poder, en funcion de tales instituciones, a la derecha política ligada al régimen militar durante la nueva fase democrática.

El binominal

Ahora que conocemos los fundamentos de los llamados ‘enclaves autoritarios’ podemos abordar más fácilmente los efectos del sistema, específicamente los mecánicos (los que se expresan directamente de la forma de accionar de este). Hemos visto que existe una polarización histórica entre la derecha y la izquierda, sobre todo en términos de agentes anti-democráticos (dirigentes del régimen militar) y democráticos (aquellos que buscan un fin de la dictadura, cabe mencionar algunos miembros de la derecha liberal que buscaron el mismo fin). Esta polarización es reforzada en un principio por la forma de distribución de escaños legislativos, donde el binominal plantea que se distribuyan dos cupos por circunscripción o distrito donde las condiciones para ganar un escaño, donde compiten dos coaliciones, es obtener un 33.4% de los votos y para ganar los dos escaños el 66.7%, el famoso doblaje. Esto obliga a aglutinar fuerzas en coaliciones que puedan en un sólo escenario electoral lograr tal cantidad de votos, dejando sin escaños a cualquier movimiento que no obtuviese el 33.4% de los votos en tal escenario. A primera vista esto indica que si en todo escenario un movimiento gana el 25% de los votos, obteniendo el 25% a nivel nacional, no obtendrá ningún representante en el legislativo a pesar de que representa el 25% del voto del electorado.

El binominal, como lo conocemos es una carta bajo la manga del régimen militar luego de haber perdido el plebiscito de 1989, para maximizar los resultados legislativos de la derecha que debía acudir a la elección general, junto con el objetivo de evitar que un Legislativo dominado por la Concertación pudiese lograr los quórums necesarios para modificar la Constitución (Pastor, 2004) y alterar el aparataje institucional fundado por la dictadura. Por otra parte un sistema de elección mayoritario puro, opción que se consideró en algún momento, con un escaño a ofrecer por distrito, era temido pues dado el resultado del plebiscito era muy probable que la Concertación ganase una mayoría aplastante en el Legislativo bajo este sistema.

Luego, el binominal que en principio reforzó la lucha bipolar entre demócratas y autócratas, obligando a la formación de dos grandes coaliciones, paso por la fuerza del tiempo y de la costumbre a enraizarse en la política partidaria y a ser cómodo para la coalición de izquierda que vio como bajo el binominal existen beneficios garantizados y una certidumbre (Flacso, 2006) que, al menos, otorga a esta la mitad del Parlamento. Muestra de esto es que a pesar de la retórica respecto al tema no existe ningún plan concreto para cambiar el binominal en la Concertación, lo único que ha obtenido algo de apoyo es ofrecer una modificación que establece un umbral de votación 5% el cual agrega 5 diputados por cada partido o movimiento que lograse tal cantidad de votos, en teoría adicionando 20 diputados a los 120 diputados existentes, ofrecido por la Concertación el 2007.

El binominal es perverso pues establece una lógica en la cual todos los beneficios electorales se reparten cómodamente entre dos coaliciones, razón por la cual ningún otro actor ha podido amenazar la existencia de la bipolaridad y casi la única forma de lograr inclusividad en tal sistema es pactar con las coaliciones hegemónicas existentes, caso del PC con la Concertación en la legislativa pasada (Ballotage.cl), lo que pervierte la identidad propia de los partidos políticos. Y quizá el efecto sicológico más grave es que ayuda a perpetuar una lógica falsa de izquierda y derecha, y peor aun acorrala al elector a elegir entre ambas coaliciones ya por cerca de 20 años, pues si su voto va para un candidato extratradicional es muy probable que el voto se pierda, además desincentiva la participación cuando ambas coaliciones no le plazcan aunque se sienta legitimamente de derecha o izquierda. También, como existen dos polos en elección al parlamento, en el ejecutivo sucede lo mismo ya que las fuerzas políticas así están divididas, por tal razón es sorprendente la irrupción de un candidato como ME-O el cual obtuvo cerca del 20% sin pertenecer a ninguna coalición (aunque si perteneció al partido Socialista, cabe notar), lo que indica, por otra parte, que existe un gran descontento con ambas coaliciones lo que, de no resolverse, es un grave peligro a la salud democrática. Y finalmente, debido a la predictibilidad del sistema los candidatos al Legislativo son elegidos por las cúpulas partidarias y no por los ciudadanos, asunto que impacta de sobremanera en la percepción ciudadana de la política partidaria y su facultad de elegir representantes legítimamente.

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