Poder político y poder económico ¿Conflicto de intereses?

Por Leonel Quezada
Publicado el 29 Jan, 2010

En la organización del Estado moderno un principio que está fuertemente arraigado es la separación de los poderes, el cual evita la excesiva acumulación del poder por parte de una persona u órgano, asegurando la independencia de las distintas aristas que tiene la organización de una sociedad. Al respecto, frecuentemente dejamos fuera un pesado poder que se extrae de la sociedad civil, aunque pareciera, más bien, permanecer en las sombras de todo asunto político, el cual ha estado en boga gracias a la aspiración presidencial de Sebastián Piñera, que es el poder económico.

Los partidarios de Piñera arguyen que es una persecución contra el electo presidente manifestar una odiosidad por el rol empresario de este, por otro lado los detractores argumentan que lo único que le falta es el gobierno para ser completamente dueño de nuestro país. En cualquier caso ambos bandos tienen parte de razón. Sebastián Piñera como ciudadano chileno tiene todo el derecho como cualquier persona a aspirar a un cargo de elección popular (bloglegal.bcn.cl), aunque también es cierto que alcanzando la presidencia ha pasado a ser una persona que concentra fuertemente lazos con el poder económico y detenta la primera magistratura política del país, tanto así que el sólo hecho de ser electo y por ende cumplir la promesa de venta de sus acciones (LAN en mayor medida) ha generado fuertes expectativas en la bolsa (Elmostrador.cl), lo cual derivó en un aumento exponencial del valor de sus acciones, lo que definitivamente ha dejado claro que el poder político y económico parecen influenciarse fuertemente bajo el control de una sola persona.

Este juego de especulaciones no es el primero que se ha dado con sus acciones, en otras ocasiones con motivo de algún hecho preponderante, el movimiento de estas se ha visto alterado, con evidentes beneficios en el precio de estas (Elmostrador.cl). El punto a considerar es que bajo ningún término se propone la tesis de que la persona que aspira a la presidencia no pueda ser millonaria y empresaria, sino que el Estado bajo su institucionalidad debería resguardar este evidente problema de intereses. La Concertación desde la aparición de Piñera como posible presidenciable ha demostrado esta preocupación proponiendo mecanismos como el fidecomiso ciego (Bcn.cl), pero ¿este problema no debería haber sido resuelto antes? Es cierto que el patrimonio de Piñera es excesivamente grande, pero ¿Frei cuando asumió como presidente no era empresario? El ex candidato reconoció hace poco que su patrimonio era de 2 mil millones de pesos aprox. Claramente en comparación de Piñera es poco dinero, pero en comparación a la sociedad es bastante. En el gobierno de Frei también saltaron las alarmas respecto a este doble rol presidente/empresario, en medio de la campaña el Senador Espina sacó a relucir este antecedente (Latercera.com). Estas acusaciones cruzadas logran establecer que el nexo dinero-política es una situación arraigada en la política chilena, desde este nivel parten los problemas (según la clase política) “estructurales” de nuestro país, como la pobreza, la desigualdad y las desventajas laborales Vg., que siempre son parte de las promesas electorales, pero que se han mantenido en el tiempo, dando a entender que para darle sentido a la actividad política y lograr beneficios económicos, estos problemas son claves para mantener el status quo y los beneficios del poder político.

En teoría, una persona que aspira ser Presidente de Chile no puede tener este conflicto de intereses, o se es Empresario o Presidente pero en ningún caso ambos roles. El Estado mediante sus diversas instituciones así como regula el mercado, debería verlar porque los conflictos de intereses sean mínimos o nulos. En un par de semanas tendremos la composición del nuevo gabinete, designaciones como la Dirección de Impuestos Internos, Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Valores y Seguros por ejemplo, son nombramientos que evidentemente entran en directo conflicto con las propiedades que en este momento ostenta Sebastián Piñera. La ley que debía regular este problema sigue estancada en el Congreso, el punto más controversial es el mínimo de patrimonio que se debe tener para estar afecto al fideicomiso, se proponía un mínimo de 20 millones dólares, lo cual no tiene sentido, ya que son pocas las personas que tienen acceso a ese nivel de ingresos, por lo cual el proyecto de Ley fue caricaturizado como “Ley Piñera”. Si queremos tener una regulación seria al respecto, el fideicomiso debiese operar en cualquier caso conflictivo, independiente de la cifra y el cargo. Esto incentivaría autoridades dedicadas sin obstáculos ni tentaciones puramente “al servicio público”, volviendo este concepto más real y no meras palabras de buena crianza dentro de las campañas apartando a personajes con claros intereses personales. Un ejemplo claro de deficiente control institucional es Silvio Berlusconi, que en el último tiempo se ha visto involucrado en diversos conflictos con la justicia (Losandes.com.ar), ante este escenario a logrado aprobar diversas leyes para no ser “tocado” por la justicia (Cooperativa.cl) y para conservar todas las empresas de las cuales es propietario (Cooperativa.cl). Berlusconi deja de ser un ejemplo cualquiera si lo comparamos con Piñera, ya que ambos tienen bastantes cosas en común, sobre todo ser dueños de muchas empresas relacionadas con un potencial control social como los equipos de fútbol y los canales de televisión, esto sin duda es algo a considerar.

Por ahora el futuro no se ve muy halagüeño, el mecanismo de ventas de sus acciones todavía no es transparentado y además la mayoría de las acciones de LAN están concentradas en Inversiones Santa Cecilia, de la cual Piñera solo posee un 9.72%, el resto se lo dividen entre su esposa y sus hijos, los cuales no están obligados a vender (curvaspoliticas.blogspot.com). Por otro lado el electo presidente ya está pensando en elevar su futuro sueldo apenas llegue a la Moneda bajo la excusa de que “no le alcanza” para solventar sus compromisos (Elmostrador.cl) no es la mejor señal que un multimillonario con verdadera vocación al servicio público debiese dar.

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Víctor González

En un tema donde una parte considerable (y transversal) de la clase política tiene “tejado de vidrio”,se agradecen comentarios objetivos como el aquí expuesto.Respecto al fondo del asunto, quisiera detenerme en dos puntos abordados por el autor :La (súbita) “preocupación” del oficialismo por los conflictos de interés y la situación de los reguladores(SVS,SBIF,SII,etc,) y los regulados,en el futuro gbno.

Respecto al primer punto, dado la redacción de la ley de fideicomiso ciego,el oficialismo demostró un escaso interés en enfrentar realmente esta situación.Si ya el inédito afán por “resolver” los conflictos de interés despertaba suspicacias ,la redacción del proyecto termino por confirmar algo que todos sabían, pero el gbno negaba,una ley a la medida,con nombre y apellido.Los requisitos son tan especialísimos que ,de prácticamente toda la clase política, solo SP parece cumplirlos.Con esta redacción, quedan fuera del fideicomiso y en eventual situación de conflictos de interés, el Pdte ,diputados,senadores,ministros,subsecretarios,superintendentes y todos aquellos con peculios inferiores a los $ 9.800 millones ! .O sea prácticamente todos, menos Piñera(para mas info http://blog.latercera.com/blog/ajiron/entry/un_fideicomiso_torpe_e_ineficiente).Respeco al segundo punto, el pdte electo tiene una obligación que esta (auto)impuesta en su propio programa de gbno. Aquí se establece el fin de la discrecionalidad política para designar a los reguladores.Los reguladores serian designados por consideraciones predominantemente técnicas porque ,de cumplirse esta promesa, seria el Sistema de Alta Dirección Publica el encargado de determinar quien ocupa el cargo.Hay que señalar al respecto que ,según el programa, mismo sistema funcionaria para otros niveles del aparato estatal donde hoy los funcionarios son designados discrecionalmente. Al menos, la intención existe.
Leonel Quezada

Victor

En el primer punto expuesto no hay duda de que la redacción del proyecto tiene una direccionalidad clara, esto es un problema grave ya que la Concertación en 20 años no se preocupó de este evidente conflicto y tampoco la derecha presionó en su rol opositor, ya que ellos tenían claro que esa regulación les afectaba directamente en caso de entrar al gobierno. Ahora bien, en el momento en que este tema pasa a ser relevante la Concertación lo acomodó a su medida y la derecha en vista de este “aprovechamiento” puso el grito en el cielo en la lógica de “se perjudica a uno, nos pedjudicamos todos” Esto a mi parecer ayuda a establecer una ley más amplia y transparenta la labor política.

Respecto al segundo punto, una cosa son las promesas de campaña y otra cosa es lo que efectivamente el presidente electo hará con sus designaciones, si bien la primera señal es positiva en cuanto a una conformación de gabinete más independiente, nadie nos asegura que la designación en cargos críticos como los mencionados en la columna sean de una forma transparente como el SADP, ya verás como muchas cosas del programa van a cambiar en los próximos meses, ya que Piñera tiene la presidencia en el bolsillo, no necesita cumplir lo que dijo, mientras exponga una imagen sólida en al respuesta a los problemas del país y maneje estrategicamente la comunicación política puede cambiar muchas cosas, partiendo por subirse el sueldo, cosa que en su programa no figura por ningún lado.

Saludos.