Hace algunos días diversos medios (por ejemplo LaTercera.com) dieron a conocer las medidas antidelincuencia que el nuevo gobierno llevará a cabo para lograr disminuirla. Entre esas medidas, se consignan el aumento de la dotación policial, la recaptura de miles de delincuentes prófugos, un sistema de denuncias vecinales similar al existente en países como Colombia, usos de sistemas GPS para rastrear a autores de determinados delitos, así como cambios institucionales tales como un proyecto de ley para reconfigurar el Ministerio del Interior, desmantelar el SENAME, reformular las funciones de Gendarmería, entre otras.

Una de las medidas que ha causado más polémica es la del sistema de denuncias vecinales. La idea es dotar a cincuenta mil ciudadanos de todo el país de celulares de modo tal que puedan servir de informantes a los organismos de seguridad correspondientes. Se ha argumentado a favor que con esto se fomenta la participación ciudadana en el combate a la delincuencia; sin embargo, medidas como estas también tienen una serie de problemas, tales como:

i) La potencial desprotección de los informantes. Las experiencia indica que en una población con serios problemas de delincuencia “todos se conocen con todos”, lo que significa que en la práctica, si bien los pobladores saben quién es delincuente nunca lo van a denunciar, porque a su vez el delincuente va a saber que lo denunció, y por ende va a tomar represalias (esto da lugar a lo que se denomina “cifra negra” de delitos). Y en ese sentido, es muy difícil generar un incentivo en contrario para generar estas denuncuas. Como ha consignado Felipe Harboe (ElMostrador.cl), planes como éstos en caso de implementarse no convienen que se anuncien.

ii) El problema de la sobredemanda de actuación de los órganos policiales. ¿Cómo filtrar las denuncias? Un sistema así puede generar el incentivo de denunciar al vecino por cualquier conflicto o actuación que crean que constituya delito, policializando y potencialmente judicializando conflictos que no debieran resolverse en esas instancias, con todo el gasto de recursos fiscales y horas-hombre que ello implicaría.

iii) Derivado de lo anterior, pérdida de confianza entre los vecinos. En general se olvida la importancia de generar lazos de cooperación y confianza dentro de los vecindarios, cooperación que en muchos casos también se da para el combate a la delincuencia, de forma eficiente. Y esto no sólo tiene importancia a nivel criminológico, sino también a nivel político: ¿hay un real interés por parte de los agentes políticos actuales de fomentar estos lazos?

iv) Un punto que tiene su relevancia comercial, es respecto a los cincuenta mil celulares que se pretenden entregar a los futuros informantes. ¿Cómo serán las bases de licitación?; ¿qué compañías van a proveer el aparato y el servicio, y cómo será éste?; ¿cuánto le costará al Fisco la implementación?; etc. Hay que tener cuidado en este punto, ya que de no ser muy bien pensado puede generar otro incentivo perverso, que es que más de alguien se “haría informante” con el fin de obtener un celular gratis con servicio gratis –independientemente de que aproximadamente el 50% de la población chilena ya tiene al menos uno.

Además de los problemas anteriores, no pareciera tan buena idea pretender copiar un modelo proveniente de Colombia, país en el que en primer lugar los factores criminógenos son bastante distintos a los de acá –donde el narcotráfico pareciera llegar incluso a las más altas elites políticas y sociales (ejemplo Voltairenet.org)- y además en donde ha aumentado la delincuencia en los últimos años (Ecodiario.ElEconomista.es).

Respecto a las otras medidas anunciadas, el aumento en la dotación de Carabineros es una política que se ha seguido constantemente en los últimos veinte años, por lo que no es mayor novedad, y si bien no es una medida definitiva, es necesaria. Lo mismo la recaptura de prófugos, lo que siempre se intenta hacer pero no es tan fácil como pareciera, por las redes ilícitas de protección que muchos delincuentes tienen. En cuanto al uso de sistemas GPS para rastrear a imputados y condenados por determinados delitos no es algo que dependa totalmente del ejecutivo, sino que también –y diría que principalmente- del Poder Judicial, mediante su aplicación como medida cautelar, la que en todo caso no está ajena a polémicas respecto a su constitucionalidad en relación a la protección de los derechos y garantías fundamentales de las personas (tema que daría para más de una columna), al igual que si se enviara un proyecto de ley al respecto. Por último, habría que estudiar en mayor detalle, una vez que salgan a la luz pública, las propuestas de reconfiguración del Ministerio del Interior, de Gendarmería y del SENAME, o el nuevo organismo que entre en su reemplazo.

Finalmente, resulta extraño que un gobierno tan preocupado de la delincuencia no establezca mayores propuestas en materia de la prevención y sanción de los delitos económicos -los que si bien son mucho menos vistosos que la delincuencia común, en cuanto a los perjuicios económicos para la sociedad resultan mucho mayores que ésta-, materia en la que falta tanto legislación como fiscalización efectiva. Asimismo, habrá que ver el rol que la Prensa jugará durante este gobierno, en cuanto a la generación de sensación de inseguridad en la ciudadanía (tema que da para otra columna). Y por supuesto, falta ver qué propone este gobierno para atacar las causas primigenias que provocan la delincuencia, como lo son las desigualdades sociales y las falencias educacionales de la sociedad, principalmente.