“No debemos consentir que esta vasta y rica región sea convertida en una simple factoría extranjera”
 José Manuel Balmaceda

ISSN0719-0212

Reforma al sistema de elecciones: ¿perfeccionamiento de la democracia?

Amaro Oróstica OrtegaPor
Publicado el 21 May, 2010

EleccionesHace casi una semana, el Presidente Piñera anunció el envío de un proyecto de ley para reformar diversos ámbitos de nuestro sistema electoral (ElMostrador.cl). El motivo de esta columna es analizar las que son más relevantes.

En estos momentos dichas propuestas se han planteado en términos muy generales, por lo que es difícil analizar en detalle los pros y contras de cada uno. Sin embargo, aún así podemos dar algunas luces que permitan un análisis que, a la hora de que salga la propuesta en detalle, permitan estudiar estas propuestas de modo crítico y propositivo.

Respecto al voto de los chilenos en el extranjero, el proyecto ha dejado en claro que este derecho se daría a quienes “tengan sentido de pertenencia y hagan vínculos con el país” (Cooperativa.cl) . En ese sentido, ¿a qué se refiere con esto? En una columna anterior (recomiendo leer Chilenos en el extranjero: ausentes en nuestra democracia. Algunas ideas para discutir) dimos algunas directrices de diversa índole que podrían permitir establecer este “vínculo” entre un chileno en el extranjero y Chile. La pregunta que cabe hacerse es: ¿cuáles son las reales motivaciones que podrían haber detrás de establecer una limitante al respecto? Es difícil aún poder esbozar una respuesta clara al respecto; lo que sí es cierto es que de prosperar esta iniciativa, a los partidos políticos se les dificultaría establecer proyecciones electorales para sus candidaturas presidenciales (en el entendido de que el voto del exterior sólo implique elecciones presidenciales, ver en la columna ya citada los problemas de extenderla a otras elecciones), ya que –a excepción de quienes son exiliados o hijos de exiliados por la Dictadura- es difícil estimar con certeza la inclinación política de quienes viven en el exterior. Por otra parte, en términos jurídicos, se produce el problema de que si existe una cláusula general de “tener un sentido de pertenencia” para otorgar el voto (y a contrario sensu, perder este sentido o vínculo con el país para perder el derecho), en tanto no se encuentre definida claramente qué -en concreto- implica tener o no tener este sentido, daría pie a decisiones arbitrarias por parte de las autoridades administrativas, y se crearían serios problemas para la decisión judicial en caso de judicialización de un conflicto de estas características.

La inscripción automática y el voto voluntario, por otra parte, se han presentado muchas veces como la panacea para perfeccionar nuestro sistema democrático. Sin embargo, ¿Sólo con establecer esto vamos a aumentar nuestra participación democrática? Pues bien, resulta falaz pensar que con este sistema necesariamente van a votar más personas. Al contrario, un sistema como éste, en el marco de un desprestigio social del rol de los partidos y personeros políticos, crea los incentivos para que quienes se inscribieron en los años 1988 y siguientes –porque la contingencia política implicaba votar para mantener o terminar con una dictadura y sus partidarios- , y que se han visto desilusionados con el devenir de los actores políticos de la actualidad, sencillamente no vayan a votar, y los jóvenes que no votan, que son una abrumadora mayoría –un 82,4% de los menores de treinta años no están inscritos en los registros electorales (BCN.cl)- tampoco necesariamente van a concurrir a votar en masa. Asimismo, otra consecuencia que trae introducir un sistema así es que una vez establecido las condiciones de análisis del mapa político de un país cambiarán completamente. Lo positivo es que quizás con abrir el padrón electoral puedan posicionarse en la institucionalidad política nuevas fuerzas que representen tal vez de mejor manera a la ciudadanía que los partidos y movimientos actuales, lo que sí atraería sobre todo a la juventud a votar voluntariamente, y de todas formas esto contribuiría al fortalecimiento de nuestra democracia. En ese sentido, habrá que ver cómo se comportan los partidos parlamentarios para aprobar este proyecto, ya que, sin ir más lejos, hasta no hace mucho la UDI estaba en contra de la inscripción automática y el voto voluntario, y la DC se inclinaba por un sistema de inscripción automática y voto obligatorio.

Respecto al sistema de primarias abiertas para diversas clases de candidaturas, la idea que estimo subyacente en esto es abrir de algún modo las estructuras de poder internas de los partidos a la ciudadanía, de modo tal de evitar que la repartición de cargos y candidaturas se haga en base a cuoteos políticos y no en base a criterios democráticos de evaluación ciudadana de los candidatos. Sin embargo, este proyecto tendría que responder a preguntas como ¿cuál será el porcentaje de votantes por unidad electoral (distrito, circunscripción, etc) necesarios para lograr la vinculatoriedad de la elección? ¿Quién solventará los gastos necesarios para llevar a cabo dichas elecciones? Etc.

En conclusión, si bien hay que analizar en detalle –cuando éstos existan- estas propuestas para poder hacer un análisis más acabado, en términos generales esto es “más de lo mismo”. Además de que hace falta una propuesta de cambio al sistema binominal, concebir un fortalecimiento de la democracia en base a reformas como éstas pareciera ser que es quedarse sólo en un criterio formal de lo que es la democracia, y no uno sustancial. A continuación, algunos tópicos que sí implicarían un cambio sustancial en cómo deberíamos entender un sistema democrático, y que seguramente nunca serían mayormente profundizados en los hechos –aunque sí utilizados como retórica- por el establishment político actual:

i.- La real representatividad de diputados y senadores (por ejemplo, analizar las desproporciones de habitantes entre un distrito y otro, en donde ambos eligen dos diputados).

ii.- La democracia regional, como elecciones de Intendentes, Concejos Regionales, Gobernadores, etc.

iii.- La administración del presupuesto derivado de los recursos generados por las actividades económicas desarrolladas en las regiones.

iv.- Una eventual reconfiguración de las regiones del país, atendiendo a su extensión territorial, unidad cultural, actividades económicas, cantidad de habitantes, etc.

v.- La relación de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como la funcionalidad de los diversos Ministerios.

v.- La conjugación entre los intereses de cada región y los intereses nacionales, por medio de la institucionalidad democrática.

vi.- La derogación del artículo 23 de la Constitución, que, en el marco de la doctrina del gremialismo, establece la incompatibilidad de los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales (por ejemplo, los sindicatos) con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos.