Mayo es un mes especial dentro del calendario nacional, sólo superado en importancia por septiembre, un mes cargado de simbolismo y de fechas que han marcado el alma de nuestro país. Mayo, por su parte, está cruzado por la gesta heroica de Arturo Prat y de la tripulación de la Esmeralda, los héroes de Iquique, así como por la astucia de Condell y la Covadonga, gestas que conmemoramos como las Glorias Navales, razón por la cual  mayo es considerado el mes del mar, donde los estudiantes de educación básica aprenden el himno de la armada, se realizan desfiles a lo largo del país, y el presidente de la república da su cuenta anual frente al congreso pleno. Es así como el mar deviene un símbolo de unión patriótica, en un país donde la unión cívica sólo se manifiesta de vez en cuando, gracias a algún partido de fútbol de la selección o algún triunfo tenístico.

Pero ese mar que tranquilo nos baña y que nos promete un futuro esplendor, como dice la letra de nuestro himno patrio, es también una gran fuente de riqueza para miles de pescadores artesanales y también para grandes empresas salmoneras y multinacionales extranjeras. Durante mayo pasado el congreso aprobó un proyecto de ley que cambia el estatuto jurídico de las concesiones otorgadas a la acuicultura con lo cual estas concesiones pasan a formar parte del patrimonio de las innumerables empresas salmoneras, por lo cual ellas están en condiciones de realizar acciones de venta y compra, así como hipotecarlos (Todoschile.cl).

Este proyecto no ha contado con el beneplácito de los pescadores artesanales, quienes se han visto afectados por la gran contaminación producida por las salmoneras en el sur de nuestro país, ni por diversas entidades que aseguran la mala calidad del salmón producido en Chile: “(las empresas)… manejan en forma secreta y hasta criminal las dosis de antibióticos compuesto por Quinolonas, que suministran a los salmones. La impactante cifra de 385 toneladas de antibióticos usadas en el último año en el país remece a las organizaciones defensoras de los derechos ambientales y ha provocado estupor en los países europeos y norteamericanos, ya que el antibiótico Quinolonas está prohibido porque el consumo de esta droga por seres humanos afecta el sistema inmune, provocando una escasa resistencia a enfermedades bacterianas y virales” (Elsiglo.cl). Sin embargo el gobierno de la Concertación y el apoyo de la derecha, no se han cansado en apoyar a esta industria, otorgándole ayudas salidas del presupuesto nacional, cercanas a los 500 millones de dólares, así como de legislar explícitamente a favor de ellas y en desmedro del patrimonio de todos los chilenos.

Esto puede ser confirmado cuando nos enteramos que el principal gestor de este proyecto, que otorga derechos patrimoniales sobre un bien de uso público, es el ex subsecretario de pesca Felipe Sandoval, flamante nueva contratación de las empresas AquaChile, una de las empresas salmoneras más importantes de nuestro país. Este traspaso del ex subsecretario de pesca al mundo privado pone de manifiesto el estrecho vínculo que existe entre las empresas privadas y las reparticiones gubernamentales, puesto que la misma empresa señala que contrata a Sandoval por su larga trayectoria en el mundo público (Aqua.cl). Lo que se encuentra en tela de juicio, es la imparcialidad del gobierno de Michelle Bachelet frente a los diversos conflictos que surgen entre el mundo público y privado, ensuciando su rol de mediador ecuánime, sobre todo a la magnitud de los conflictos, como por ejemplo Pascualama, Hidroaysen o este caso de las salmoneras.

La fundación Terram lo expresa así: “este hecho afecta gravemente todo el proceso que se ha realizado en el último tiempo. Además, le resta credibilidad a las modificaciones sanitarias y ambientales realizadas en la industria acuícola, que fueron impulsadas precisamente por la persona que hoy pasa a ser ejecutivo de AquaChile” puesto que además Sandoval fue el coordinador de la mesa del salmón o Grupo de Tareas del Salmon, encargado de enfrentar la crisis de la industria salmonera. Frente a este evidente conflicto de intereses podríamos preguntarnos si el ex subsecretario de pesca trabajaba para el gobierno de Chile o para las empresas salmoneras, o cuanto de las medidas adoptadas por esta comisión buscaban encubiertamente ayudar a la alicaída y poco higiénica empresa del salmón chileno, en desmedro de los pescadores artesanales o del ecosistema nacional.

La falta de vergüenza del ex subsecretario y de la empresa salmonera, nos muestran el actual estado de la política chilena, más bien cercana e involucrada con los intereses privados y virtualmente alejada de ciudadanía, sin apoyo popular, desprestigiada a los ojos de los chilenos.