Cerca de las 11 de la noche de ayer Rafael Correa era rescatado en una operación militar del hospital donde lo tenían secuestrado miembros de la policía ecuatoriana, en un día cargado de incertidumbre y hechos de violencia debido a la insurrección de gran parte de las fuerzas policiales, que dejó sin control la seguridad pública provocando serios desordenes e incluso saqueos durante el día. El motivo inmediato de la protesta por parte de las fuerzas de orden y parte del Ejército tenía que ver con una ley que disminuye los beneficios a las FF.AA. y de Orden (Americaeconomia.com). Los policías deciden, en la mañana de ayer, tomarse varios regimientos y el aeropuerto de Quito, sede de la aviación nacional. Posteriormente Correa se traslada al Regimiento número uno de la capital para conversar directamente con los uniformados insubordinados. No obstante en una reacción inesperada, es insultado y posteriormente agredido con bombas lacrimógenas, siendo finalmente ayudado por sus escoltas a llegar al Hospital de la Policía – se encontraba convaleciente de una operación a la rodilla – lugar donde posteriormente fue secuestrado por los sublevados que acudieron masivamente al lugar. A pesar de aquello Correa se niega a conversar con sus secuestradores durante toda la tarde mientras no sea llevado de vuelta al Palacio de Gobierno.

Más allá de la condena unánime de los países Latinoamericanos, y de las variadas organizaciones políticas regionales, y el hecho de reconocer que hechos como el golpe de Estado en Honduras no era un mal recuerdo de decenios pasados sino una posibilidad cierta en la política latinoamericana hoy, llama la atención la inusual escalada del conflicto que pasa desde una protesta laboral a una agresión de las fuerzas de Orden contra el mismo Presidente ecuatoriano. En este sentido la protesta adquiere notables ribetes políticos cuando los policías insurrectos pasan de rechazar la ley – o desobediencia pasiva – a rechazar al gobernante, atentando directamente contra su persona, provocando un golpe de poder desde una parte del Estado –por medio de la violencia – contra su representante temporal, en otras palabras, un intento (a lo menos) de golpe de Estado. Tales consecuencias sugieren que hay mucho más en juego que la mera disconformidad por beneficios.

Hace unos días el presidente Correa había amenazado con la disolución de la Asamblea Nacional, luego de un deadlock (bloqueo) con el Legislativo, lo que impedía llevar a cabo la agenda propuesta por el Ejecutivo, inclinada a reducir el gasto público. La disolución del Legislativo permitiría al Presidente a gobernar por decreto y a llamar a nuevas elecciones (Elpais.com). Complementariamente hay que considerar que el actuar de los policías es bastante arriesgado y casi suicida al secuestrar al Presidente, a sabiendas de que se encuentran en abierta traición, cerrando cualquier posibilidad de que una concesión del Ejecutivo tuviese futuro, pues este habría accedido a compartir el poder soberano con los policías, donde es la fuerza y no la institucionalidad que resuelve disputas. Podemos también pensar que es muy probable que los policías hayan tenido la esperanza de contar con apoyo de las otras ramas de las FF.AA. y/o de sectores políticos – que eventualmente deberían de haber cooptado a las FF.AA.

Teniendo en cuenta lo anterior podríamos elaborar dos hipótesis – quizá un poco audaces, pero no menos interesantes – sobre los acontecimientos de ayer, yendo más allá de la mera disconformidad de los policías por los beneficios conculcados, vislumbrando objetivos políticos en la desestabilización para: efectivamente llevar a cabo un golpe de Estado contra el Presidente Correa, de modo de impedir la disolución de la Asamblea y dejarlo gobernar por decreto; o para fortalecer la posición del Presidente vis-à-vis el Legislativo y concederle mayor legitimidad para eventualmente disolverlo o adquirir poderes especiales. El fracaso de la primera significaría falta de coordinación en los sectores golpistas o un mal cálculo a la hora de medir factibilidades y voluntades. Lo segundo habría que comprobarlo en los días que siguen de acuerdo a la posición que tome Correa respecto a su enfrentamiento con el Legislativo.

Por otra parte, más allá de la validez de una u otra hipótesis esto deja nuevamente al descubierto un problema conocido de los sistemas presidenciales, que está en la génesis del deadlock: la distinta legitimidad y dinámica del Ejecutivo y el Legislativo. Cuando en un sistema parlamentario el Primer Ministro no tiene el apoyo del Legislativo se efectúa un voto de confianza, que si no es exitoso fuerza el llamado a elecciones generales y, evidentemente, a la elección de un nuevo Gobierno. El hecho de que este último se encuentre compartiendo con el Legislativo, implica que la continuidad del gobierno es un mero ejercicio de respaldo de este último al Primer Ministro, el Ejecutivo. Mientras que en un sistema Presidencial, dada la naturaleza fija de los periodos de gobierno, cambiar a este último implica forzosamente un quiebre institucional. También la legitimidad en un Presidencialismo está dividida, entre la elección popular de legisladores y del Presidente; mientras que en un Parlamentarismo es una, se elige el Legislativo y el peso en representantes de cada partido provoca la formación de un gobierno. El Presidente se enfrenta duramente con el Legislativo en periodos de crisis, y al no contar con apoyo de su partido o coalición, con el peso de la legitimidad de haber sido elegido por la mayoría de los ciudadanos, los legisladores no pueden reprocharle nada al respecto, pero también esgrimen su propia legitimidad adquirida como representantes (regionales o nacionales), generando un conflicto muchas veces irresoluble: para destituir constitucionalmente a Abdalá Bucaram en Ecuador en 1997 se esgrimió que no podía ejercer el cargo por incapacidad mental, acusaciones que nunca fueron probadas.

Finalmente, ¿qué sucede –por ejemplo – cuando los médicos están disconformes con alguna medida de gobierno? Paralizan hospitales, marchan, presionan mediante sus asociaciones gremiales, etc. Las Fuerzas Armadas y de Orden, en general, representan un riesgo considerable en un escenario de inestabilidad. Su disconformidad, llevada al ámbito de la protesta mediante la desobediencia (la paralización de actividades), tiene consecuencias enormes: se deja de proveer seguridad pública y, lo más riesgoso, pueden volver el monopolio de la fuerza hacia el gobierno. Es un problema cuando las FF.AA. actúan gremialmente, pues su mecanismo de presión más a la mano es la violencia que le delega el Estado, la cual en términos crudos es más eficiente para obtener resultados con consecuencias políticas que cualquier ley o decreto. Los policías ecuatorianos parecen así haberlo entendido.