¿Qué diría Pedro Aguirre Cerda o Juan Antonio Ríos, quienes gracias a la creación de la CORFO impulsaron un potente desarrollo hacia dentro durante los años 40? ¿Qué pensarían al ver en lo que se ha convertido el otrora motor del crecimiento industrial y empresarial de Chile? Ciertamente da para reflexionar sobre el rol que juega esta institución en el proceso de desarrollo en Chile, sin desconocer el papel histórico que jugó hace 30 o 40 años. Más todavía, luego que se dispusiera del remate en la bolsa de la acciones que la Corporación de Fomento posee en las empresas sanitarias más importantes del país y de las cuales el Estado dejó de ser su controlador a fines del gobierno de Frei e inicios del gobierno de Lagos.

¿Qué motivaciones existieron en ese momento para vender gran parte de la propiedad de las mayores empresas sanitarias del país: ESVAL, ESSBIO, EMOS y ESSAL?

Se argumentó que se quería aumentar la eficiencia de las empresas mejorando su gestión y al mismo tiempo crear una fuente de ingresos para financiar los planes de saneamiento de las aguas servidas, pues el Estado como accionista minoritario, recibiría dividendos de parte de las empresas (Sjödin, 2006). El argumento parece razonable. Sin embargo, pierde fuerza pues a la fecha de la privatización las empresas públicas prestadoras de servicios sanitarios se autofinanciaban y generaban utilidades al fisco.

En América Latina se ha llevado a cabo un proceso de privatización de las empresas sanitarias bajo el mismo argumento de búsqueda de la eficiencia y mejoras en la gestión. Sin embargo, no hay que desconocer la convicción ideológica de quienes decidieron privatizar las empresas, reduciendo la participación del Estado en las actividades económicas y dejando al libre arbitrio del mercado recursos tan estratégicos, como el agua y la energía eléctrica. Los resultados, no siempre fueron positivos.

El hecho cierto es que el Estado renunció al 65% de la propiedad de todas las empresas públicas del sector sanitario, quedando el 35% restante en manos de la CORFO y repartido en la participación minoritaria que la Corporación posee en las cuatro mayores empresas. Pero esa participación está a punto de tender a cero, pues CORFO ha anunciado que venderá su participación en las sanitarias. El primer remate de acciones, por el 29,9% de la participación en Aguas Andinas (en total poseía el 34,9%), recaudó 984 millones de dólares en la bolsa de Santiago el 15 de junio.

De acuerdo a un comunicado presentado por la Corporación (El Mostrador, 24/12), la venta se debe a que se ha considerado que son activos prescindibles y su venta permitirá fortalecer los programas de emprendimiento, innovación y apoyo a las PYMES. Sin embargo, el mismo presidente ejecutivo de CORFO, Hernán Cheyre, ha señalado que se mantendrá el 5% de la propiedad por la alta rentabilidad de las empresas (El Mostrador, 14/06). Luego, si la rentabilidad es alta ¿por qué se venden si generan ingresos anuales en la forma de dividendos para CORFO? La decisión desde ese punto de vista parece del todo irracional. No obstante, mantener una parte mínima de la propiedad le permite al Fisco ejercer un poder de veto en cuanto a la venta de los derechos que tienen las empresas y a las concesiones que poseen, toda vez que para venderlas se requiere de la unanimidad de la junta de accionistas.

Pero además debemos preguntarnos si acaso las condiciones económicas actuales del país hacen realmente necesario buscar fuentes de financiamiento adicionales para programas públicos y que, además, estas fuentes signifiquen una merma al patrimonio del Estado.  La respuesta para esto es que no.

Por un lado, el crecimiento del país está en torno al 6% y eso genera un alza en los ingresos fiscales por aumentos de la recaudación tributaria, toda vez que el mayor dinamismo de la actividad económica es alimentado por la demanda interna. Segundo, el precio del cobre se encuentra muy por sobre el precio promedio calculado en el informe de finanzas públicas para el año 2011 fijado en 259 centavos de dólar. Sólo en mayo, el valor promedio llegó a 404 centavos de dólar (La Nación, 04/06). Tercero, en el primer trimestre el ejercicio fiscal mostró un superávit equivalente al 1,1% del PIB (DIPRES, 29/04).

Para aumentar el alcance de los programas de innovación y emprendimiento que posee CORFO no es necesario enajenar parte del patrimonio estatal, pues la economía posee recursos disponibles para esas iniciativas. Sea mediante el presupuesto público anual o bien a través de la creación de un fondo soberano especial para ese fin alimentado con parte de los recursos del FEES y de los excedentes que se pueden producir fruto del precio del cobre y de la mayor recaudación fiscal. Señalar que no hay recursos nos lleva a cuestionar fuertemente la política fiscal del gobierno, dada las buenas condiciones económicas que existen.

Entonces, la explicación que encontramos a la venta de las sanitarias tiene su respuesta en motivaciones ideológicas o políticas de parte de los directivos de CORFO. Entregar prácticamente la totalidad del manejo del agua potable y del alcantarillado a privados, varios de ellos extranjeros, va en la línea de liberalizar la actividad económica sin ponderar adecuadamente los perjuicios que ello puede traer para la economía y para la población. Hemos visto los efectos de esto en la salud, la educación y la energía. Se le deja al marcado –se confía en la mano invisible– la asignación de recursos cuyas características los vuelven estratégicos para el desarrollo de Chile.

Pero el tema es todavía peor. Pues el agua dulce se está convirtiendo en un recurso crecientemente valioso debido al rápido uso humano del recurso. Los ríos, lagos y acuíferos son explotados a una velocidad mayor a la que el ciclo normal del agua permite su recuperación (Newsweek, 08/10/2010) y grandes empresas transnacionales hacen uso intensivo del recurso perjudicando a los consumidores domésticos y a los pequeños agricultores.

En Chile, las grandes mineras en el norte hacen uso intensivo del agua, se han secado valles y oasis completos en el desierto pues las napas que los abastecían han sido completamente absorbidas por la minería. En el sur, las hidroeléctricas que tienen derechos no consuntivos sobre el cauce de los ríos perjudican las actividades agrícolas y fluviales a lo largo de estos, y en muchos casos las actividades pesqueras en las desembocaduras.  Hoy, además, las empresas serán controladoras casi absolutas del agua potable que se consume en nuestras grandes ciudades y del tratamiento que se hace de ella. Luego, desembocamos en una discusión muy presente respecto a las condiciones legales que en Chile regulan los derechos de agua.

Asimismo, otro riesgo de privatizar de manera casi total las empresas – manteniéndose el Estado como accionista pero dejando el directorio – recae en las eventuales alzas de precios. Si bien hay que tomar en cuenta que las empresas desde antes de que el Estado dejará de ser controlador ya eran rentables – a diferencia de lo que ha pasado en otras ciudades-  la búsqueda de mayores ganancias puede llevar a que las utilidades de las empresas, en vez de usarse en el mejoramiento de la infraestructura, se use en generar otro tipo de negocios en áreas no reguladas, o terrenos grises, que aumenten las ganancias de los grupos que controlan las empresas (The Earth Institute – University of Columbia). Después de todo, la empresa debe proveer retornos a los accionistas, no a la sociedad. Además, en los monopolios que representan frecuentemente este tipo de empresas el incentivo a recortar los costos no existe y eso a la larga las vuelve caras e ineficientes.

Por otra parte, aunque el Estado haya estado presente en los directorios, los planes de saneamiento de aguas servidas de la ciudad de Santiago han sido financiados en gran parte gracias a recargos en las cuentas de los usuarios –el plan Mapocho urbano limpio es pagado por todos los Santiaguinos cubiertos por Aguas Andinas– y no mediante una reinversión de las utilidades de la empresa. Con lo que el objetivo original de la venta de las sanitarias a fines de los 90 tampoco se habría cumplido.

Con todo lo anterior no quiero decir que haya que volver a un Estado empresario y desarrollista. Sí quiero decir que la ausencia completa del Estado en las actividades económicas puede resultar altamente perjudicial para el desarrollo equitativo del país. De ahí que sea necesaria una presencia como ente regulador o bien como garante allí donde se trate de recursos estratégicos para el desarrollo.

En suma, las acciones de la CORFO respecto a la propiedad pública de las empresas sanitarias no sólo son cuestionables, sino que son altamente irresponsables. Por un lado desde el punto de vista económico, pues los argumentos usados para desprenderse de las sanitarias se ven muy débiles a la luz de las condiciones económicas del país. Pero también desde un punto de vista estratégico. El valor del agua es cada vez más relevante en el mundo. Convirtiéndose progresivamente su uso responsable en un imperativo ambiental y económico orientado a lograr un desarrollo armónico y sustentable.

La privatización casi total del agua en el país puede representar un enorme daño a las generaciones futuras y al patrimonio de la Nación. Puede implicar poner en riesgo el desarrollo sostenible del país y, bajo las reglas del neoliberalismo, termina convirtiendo a Chile en un país condenado a la mano invisible del mercado. Con un Estado cada vez más disminuido y con menos capacidad de actuar para defender el interés público, y altamente condescendiente con la actuación de los privados.