Toda fundación política considera la emergencia y reconocimiento de valores e identidades que servirán de marco moral a la creación de instituciones políticas y al comportamiento de los actores, tanto de gobernantes como de gobernados. Tal moral tiene como fin establecer un bien y un mal en el ámbito de lo público, es decir, lo que es propio e impropio del nuevo régimen. En el caso más radical, que es la fundación revolucionaria, el primer elemento que se percibe con fuerza y claridad es la moral política, la cual se expresa en la forma por la cual el nuevo orden se distancia del anterior, particularmente en las diferencias en términos de valores e ideales que distancia el sistema de creencias de los actores fundadores respecto al régimen derrocado. Es así como, por ejemplo, en el ejercicio fundacional del régimen republicano francés, en 1792, durante el debate de un eventual juicio político a Luis XVI, Saint-Just declara con vehemencia que:

“Los mismos hombres que van a juzgar a Luis [XVI], tienen una República que fundar: los que otorgan alguna importancia al justo castigo de un Rey no fundarán jamás una República…

[La usurpación del poder] es un crimen eterno contra el cual todo hombre tiene el derecho de levantarse y armarse; es uno de esos atentados el cual la ceguera de todo un pueblo no podría justificar: el pueblo es criminal contra la naturaleza por el ejemplo que ha dado; y todos los hombres tienen de ella la misión secreta de exterminar la dominación en todo el país…No se puede reinar inocentemente” [1].

El Rey, como personificación absoluta del ancien régime, perdía  toda compatibilidad con el nuevo régimen que instituía los ideales de libertad e igualdad política. La figura del Rey, así, contrastada con el nuevo régimen se convertía en un peligro pues los códigos y valores de la monarquía eran irreconciliables con los de la naciente República. Bajo las categorías del nuevo régimen el Rey pasaba a ser un usurpador de la soberanía durante su pasado reinado.

Así, la política, como arena de expresión de la moral pública, es el lugar de creación y expresión de identidad e ideología –ideales y valores que guían el quehacer político– que distancian y diferencian los regímenes políticos, revelando las concepciones de bien y mal en el quehacer público, destacando lo deseable e indeseable en el nuevo orden político y diferenciando lo propio de lo impropio en el actuar mediante acción o palabra.

Otros ejercicios fundacionales o refundacionales suelen ser menos drásticos que la fundación revolucionaria y, ciertamente, parecen más cercanos a nuestra memoria histórica. La refundación de casi toda la Europa de la postguerra, por ejemplo, acarreó el retorno de las instituciones previas a la guerra bajo el serio cuestionamiento de las causas que llevaron a la inestabilidad del periodo e implicó un consenso moral sobre los crímenes cometidos durante la guerra, en particular por alemanes y japoneses (sin exclusión de los crímenes aliados). Sin entender tales fundamentos de la moral política occidental de postguerra, es difícil comprender la relevancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1947 y los pactos posteriores que apuntan a proteger el ser humano en las variadas dimensiones del quehacer social.

Respecto a la refundación política (o transición de un régimen a otro), podemos observar que esta acarrea dos procesos básicos: uno de retomar los hilos de la tradición política perdida (por algo es re-fundación) y, por otra parte, diferenciarse sustancialmente del antiguo régimen (que es el componente revolucionario), a través de la generación de una moral pública que redefine el bien y el mal; planteando cruciales distinciones con el régimen pasado e interrogando abiertamente la legitimidad de códigos y conductas del régimen hoy deslegitimizado –generalmente vía juicio político.

Existe, además, un carácter pedagógico en el quehacer político en épocas de refundación o transición, pues el nuevo régimen debe guiar y facilitar el compromiso de los ciudadanos con las nuevas instituciones y relaciones políticas. Al mismo tiempo, se debe considerar el impacto en las nuevas generaciones de tal moral política, o cómo los nuevos ciudadanos van a comprender el régimen en el que viven y los antecedentes históricos a su realidad – lo que permite legitimarlo a través del tiempo. Pues al carecer estos últimos de conocimiento experiencial del “por qué” del paso del antiguo régimen a un nuevo régimen – y por qué uno y no otro régimen, que es la elección moral de sus fundadores – es imprescindible proveerlos en la vida pública de símbolos y comportamientos que se inspiren en esta nueva moral política.

Como sabemos, la transición en Chile se caracterizó por ser un pacto de cúpulas entre la Concertación y la derecha. El costo del camino a la democracia fue la mantención de las instituciones económicas del régimen militar, la Constitución de 1980 y una tácita repartición de poder entre los “pactantes”, excluyendo hasta hoy la emergencia de nuevas fuerzas políticas. Sin embargo, tal “pacto” no sólo afectó las esferas políticas y económicas, sino que fue más allá. El excesivo pragmatismo de los “transitólogos” coartó la evolución de una moral política, una que plantease claras distinciones y fuese incluso antagonista (basada en la incompatibilidad) con el régimen militar, como sí sucedió en gran parte de América Latina. Los “pactos” hicieron de la contestación al anterior régimen un tabú, la administración de la economía y la democracia electoral fueron los únicos terrenos de libre acción para la Concertación. Todo lo demás fue tutelado.

Durante la década de 1990, los lentos avances en derechos humanos y democratización reflejaron el miedo de la Concertación a desafiar a los sectores duros de la derecha; existió una vacilación a poner seriamente los “retóricos” ideales por delante del comportamiento pragmático. En definitiva, la democratización fue bastante escasa más allá del aspecto electoral. La reivindicación de los derechos humanos como componente de la moral del nuevo régimen democrático fue bastante tímida en términos políticos, pues el “en la medida de lo posible” relativizó el valor de los derechos humanos al no plantearlos como un valor “absoluto”. Se dejó a los tribunales la tarea que debió ser resuelta por la política.

Nunca hubo un juicio político al antiguo régimen, que a la vista era diametralmente opuesto al nuevo. A lo más se planteó el “no querer volver al pasado”, el “nunca más” – vacíos en contenidos y más ligados a la efervescencia política que vio a la democracia caer más que el régimen que la sustituyó. La no reafirmación de nuevos valores mediante su concientización política no tuvo efectos morales sobre los cuales sostener el nuevo régimen. De ahí la perduración de la ultraderecha, de los negacionistas y de los justificadores de crímenes atroces contra civiles desarmados. De ahí los homenajes a condenados por crímenes de lesa humanidad, de ahí la representación –y sobre-representación– política de sectores inmorales a los valores e ideales de una democracia moderna.

Claro ejemplo de la relativización de los valores democráticos y de derechos humanos es la asunción de Pinochet en el Senado y su rescate del arresto en Londres por parte de la Concertación. También el hecho de que nunca haya sido juzgado –como homicida o como tirano, como usurpador del poder– y que una institución de la República como el Ejército de Chile le haya rendido homenaje en su funeral. La convivencia de los valores del antiguo régimen, con los de un supuesto orden republicano neutralizó cualquier surgimiento de una moral política capaz de sostener al nuevo régimen coherentemente. El pragmatismo intentó quedar bien con todos, pero a la larga hizo de la transición un ejercicio político amoral.

En Argentina, por ejemplo, la mayoría de los militares acusados por crímenes de lesa humanidad están encarcelados en cárceles comunes. En Uruguay se eliminó la prescripción de los crímenes de la dictadura para ser investigados, juzgados y castigados. En Brasil sucede algo similar. Chile es la excepción a estos acontecimientos.

La falta del juicio político como componente de la transición permitió la relativización de valores que son, en el mundo Occidental, absolutos. Es así como la tortura en Chile para algunos sectores se justificó en los “avances del Chile autoritario”, por otra parte, los crímenes fueron considerados “necesarios para defender al Estado” –aunque fueron cometidos en tal asimetría de poder, como el de la bota a una hormiga, que hacen risible cualquier concepción de “honor”. No es casualidad o anecdótico que luego de 21 años sigamos escuchando estas mismas justificaciones.

La indignación surge hoy de generaciones que han debido aprender –casi por ellas mismas– el deber ser de un régimen democrático, sus valores e ideales, y han construido una moral con componentes universales. Las señales nunca vinieron del mundo político chileno. Siempre hemos estado en una crisis moral, pero no lo percibimos pues la élite política se encargó de dar por “superados” o “solucionados” tantos temas que en realidad están lejos de ser resueltos – o discutidos.

Más allá de la malintencionada apelación a la libertad de expresión, detrás de la defensa de Labbé, al homenaje a uno de los grandes torturadores y homicidas del régimen de Pinochet, existe la confianza en la impunidad. No existen consecuencias políticas más que el lamento de algún político torturado; la ultraderecha puede confiar en salir incluso fortalecida –a Labbé la UDI ya le ofreció apoyarlo en la elección municipal y sectores pinochetistas le asestaron un golpe al Ejecutivo enrostrándole las promesas de campaña a los militares “perseguidos” por sus crímenes.

Algo que hubiese sido condenable política, jurídica y socialmente en Argentina, Uruguay o Brasil –ni hablar de Alemania– en Chile es un impasse, o a lo más una desubicación.

Hoy el silencio de Sebastián Piñera ante el homenaje a Krasnoff, el silencio de nuestro Jefe de Estado, quien representa moral y simbólicamente a nuestro régimen político, es precisamente el silencio de un régimen republicano re-fundado a medias.

Nota al pie:

• [1] Opinión del ciudadano Saint-Just, Diputado del Departamento de l’Aisne, concerniente al Juicio de Luis XIV. Sesión del 13 de noviembre de 1792. Año 1 de la República Francesa.

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