¿Cuándo un país consolida su transición política? ¿En Chile debemos seguir hablando de la transición o podemos hablar de la inauguración de una nueva etapa? Hay autores que señalan que la transición se completa cuando se produce la primera alternancia en el poder, otros dicen que la nueva etapa política se abre cuando se han renovado las élites que participaron en el proceso de transición. Si fuera por la primera instancia, en Chile la transición concluyó cuando Piñera ganó las elecciones; si fuera por la segunda mirada, aún no ha terminado.

Pero agreguemos una nueva categoría, la transición de un país está completa cuando las instituciones nacidas al alero del régimen dictatorial son superadas y se instalan unas nuevas creadas en el periodo democrático, recordando así a la transición española. De ser así en Chile aún estamos transitando hacia una democracia plena, todavía quedan –aunque menos que hace veinte años– estructuras institucionales que buscan la supervivencia de la herencia normativa de la dictadura de Pinochet. No obstante, podríamos situar dos hitos en el debilitamiento del legado militar. El primero durante el 2005 con las reformas constitucionales que eliminaron varios de los artilugios que Jaime Guzmán ideó para sostener la supuesta democracia protegida. El segundo sería el año 2011 y el malestar generalizado que empezamos a ver materializado en protestas, en algunos casos con una violencia no vista en los últimos años –el recuerdo del 4 de agosto es el de una ciudad sitiada– y que llevó a un cuestionamiento generalizado de las instituciones que hasta hoy nos rigen.

El año 2011 no fue un año normal en Chile. En las universidades las movilizaciones partieron como otros años pero muy pocos se imaginaban lo que se vería semanas más tarde y la gran cantidad de demandas que se empezarían a sumar. Aunque, por cierto, las protestas parten a principios de año con el conflicto en Punta Arenas (Ballotage, 14/01/2011) que nos recordó cuan centralizado está nuestro país y el poco peso de los actores locales en las decisiones de política pública.

Más tarde vinieron las protestas contra la aprobación de Hidroaysen, que se sumarían a las que meses antes se habían generado por la aprobación de la termoeléctrica barrancones. Ambos hechos nos llevaron a un debate que alcanzó no sólo a los mecanismos de evaluación de impacto ambiental de las centrales de energía (Ballotage, 09/09/2010), sino que también a la política energética del largo plazo para Chile (Ballotage, 15/03/2011). Y es que lentamente nos hemos ido dando cuenta que en Chile parece que nada se pensara en el largo plazo y bastaran las fuerzas del mercado para alcanzar un nivel supuestamente óptimo. Es justamente debido a las fuerzas del mercado que nuestra matriz energética se va ensuciando con centrales a carbón, que proliferan casas de estudio –a las que cuesta llamar universidades– que más bien se convierten en gallinas de los huevos de oro para sus dueños aún pasando por sobre la legislación, y es gracias a las fuerzas del mercado que hoy el mundo está al borde de un abismo económico. En definitiva, no sólo en Chile, sino que en el mundo entero, la confianza en la mano invisible derivada de la revolución conservadora de los 80 y la caída del muro, se esfumó para dar paso a una incertidumbre creciente sobre el futuro. Pareciera ser que hoy ya no aceptamos tan abiertamente la ideología totalizante del mercado (Ballotage, 28/11/2011) que busca hacer de todo un producto transable.

Las protestas estudiantiles que partieron como una demanda interna, parecida a la de todos los años –financiamiento, acceso, calidad– terminó transformándose en una suma de todos los cuestionamientos que hoy existen sobre el sistema político y económico chileno. Temas que en círculos académicos resultaban conocidos desde hace algún tiempo, como la desigualdad exorbitante en la distribución de la riqueza (Ballotage, 27/11/2011), el carácter regresivo de los impuestos (Ballotage, 17/05/2011), la desnacionalización de facto del cobre (Ballotage, 19/08/2011) y la exclusión que genera el sistema político, en 2011 salieron de los centros de estudios y las universidades y se instalaron en la calle, presionando a un gobierno que pensaba gobernar a velocidad de crucero, ejecutando su programa sin muchos sobresaltos en un país que parecía funcionar con piloto automático.

El gobierno de Sebastián Piñera se dio cuenta, quizás de la peor forma, que uno no gobierna sobre sociedades estáticas que aceptan de manera silenciosa los programas de gobierno y las decisiones políticas. Esa legitimidad de origen a la que muchas veces el presidente y diputados o senadores oficialistas han apelado para justificar la toma de decisiones ignora que no basta ser electo –es un criterio mínimo, un gobierno no electo ni siquiera merece reconocimiento– si no que hay que gobernar de manera democrática y tener la capacidad de incorporar al gobierno las demandas sociales que van surgiendo en una sociedad dinámica. Los gobiernos no reciben un poder delegado con el cual hacer cuánto quieren sólo por el hecho de haber ganado una elección. Ese es un error fundacional de Piñera, evidenciado el 2011 por la parálisis demostrada en los momentos más álgidos de las movilizaciones. El gobierno no supo reaccionar frente a un escenario que fueron incapaces de prever y si el movimiento hoy ha perdido fuerza pareciera ser más bien por el desgaste natural y el retorno a clases y no debido a una estrategia deliberada de La Moneda.

Después de ser electo, Piñera llamó a reeditar la democracia de los acuerdos, planteando el mismo mecanismo que uso Patrio Aylwin en el primer gobierno post dictadura (Red Seca, 17/03/2010). He aquí un segundo error fundamental que en 2010 pasó desapercibido –quizás por las necesidades que provocó el terremoto– pero que en 2011 fue imposible de ocultar. Llamar a gobernar con la democracia de los acuerdos es lo mismo que llamar a crear frentes populares. Se trata sencillamente de mecanismos anacrónicos que en ciertos momentos históricos y bajo determinadas estructuras sociales fueron funcionales a las estrategias políticas de la élite, pero aplicarlos en otras puede terminar siendo contraproducente. A principios de los 90 el acuerdo entre gran parte de la clase política chilena era sostener la democracia y a ello adhirió toda la generación que se movilizó por el triunfo del No el 88. Pero el 2011 ese acuerdo ya no está presente, el poder de veto de las fuerzas armadas está totalmente debilitado y la democracia no se cuestiona. De ahí que los antagonismos sociales ya no estén subsumidos a la necesidad de conservar el régimen y se manifiesten abiertamente en la arena democrática. Reeditar la democracia de los acuerdos evidencia que el gobierno y la sociedad hoy están hablando en frecuencias diferentes. Mientras en las calles se bregaba contra el lucro, por la gratuidad y por la calidad en la educación, Piñera respondía con un Gran Acuerdo Nacional por la Educación –GANE– acompañado de un cuestionable fondo de 4 mil millones de dólares –el FE– (Ballotage, 06/07/2011) que nadie tiene muy claro todavía cómo funcionará.

Y esas respuestas, burdas y simples, insuficientes para un movimiento social que no se conforma con sacos de dinero, fueron condimentadas con una represión inusitada, con prohibición de marchas y la vulneración de derechos fundamentales consagrados en la misma constitución de la cual este gobierno es tributario. El centro de Santiago se cubría en cada manifestación por una niebla de gases lacrimógenos y un contingente policial particularmente violento que hizo recordar escenas que en Chile no se vivían desde hace mucho tiempo. Intentado legitimar su actuación con la idea del orden público nuestra ciudad –y nuestro país– vieron más desorden y represión que en muchos años.

Llegamos con esto a una idea bastante particular. La sociedad está cuestionando las instituciones con matriz autoritaria, desde el sistema binominal hasta la estructura tributaria. En otros términos, como sociedad queremos dar por concluida la transición y empezar a dotarnos de nuestras propias normas creadas en ágoras democráticas, representativas e incluyentes, que reconozcan la diversidad de pensamiento y los antagonismos sociales de una sociedad que es menos pobre pero no por eso políticamente más desarrollada.

El gobierno y gran parte de la oposición, en cambio, transitan por otro carril. Le resulta cómoda la estructura actual, muchos de los que hoy caminan por los pasillos de La Moneda ya lo hicieron antes, mientras el tirano gobernaba con mano de hierro, y son parte del grupo que creó el sistema actual. Tan perfectamente atado y la vez tan perverso. No nos cuestionemos, entonces, por qué las movilizaciones van creciendo, ni por qué es tan llamativo que el hijo de Laurence Golborne, que estudió en un colegio particular, haya obtenido puntaje nacional en la PSU. Han sido 20 años de desigualdades y exclusiones que en 2011 se manifestaron con fuerza y que han anidado en el corazón de la clase media y la clase baja un resentimiento potente contra los que sin tanto esfuerzo pueden gozar de innumerables privilegios.

A raíz de todo esto podemos concluir que si aceptamos la idea que en Chile la transición no ha terminado, sí tenemos que aceptar que al menos 2011 marcó un punto de inflexión. La aceptación y la autocomplacencia parecen haberse acabado y ya no tomamos tan a bien el abuso de las empresas de retail, la destrucción del medioambiente o el endeudamiento desenfrenado. El mercado no lo hizo tan bien y el malestar social provocó que cientos de miles de personas salieran a las calles.

No sé si estamos frente a una primavera chilena como algunos han denominado a este proceso, tampoco es claro dónde terminará todo, si acaso el 2011 chileno será recordado como el mayo del 68 francés o como la fundación de un nuevo proceso político que inaugure la apertura de las grandes alamedas que permitan construir una sociedad mejor, como lo dijera Salvador Allende en el día trágico de nuestra democracia. Lo que sí es cierto es que ya no podemos mirar de la misma forma a nuestro país. Nos encontramos en una situación crítica y si no queremos terminar con un líder carismático y demagogo que aproveche la incapacidad institucional de resolver los problemas sociales, es fundamental aceptar que tenemos que cambiar y empezar a construir un país donde la actividad política no sólo se asocie a los partidos y la democracia no solo sea acudir a una urna para emitir un voto.

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