Hace un par de meses tuve la oportunidad de asistir a la charla que realizó el sacerdote egipcio Samir Khalil aquí en Santiago en la Universidad Alberto Hurtado. Pese a que el tema que lo convocaba a él y a otros exponentes nacionales era la persecución de cristianos en países islámicos, el análisis sobre la situación política actual en Egipto abarcó casi toda la ponencia. Y no es para menos, tomando en consideración que su país fue el segundo en derrocar a su gobierno a causa del descontento manifestado por la sociedad, y quizá la evidencia principal de que en África del Norte y Oriente Próximo se estaban gestando algo más que simples revueltas.

Para el sacerdote, la sociedad árabe comparte ciertos rasgos comunes que son los que gatillaron las protestas, en primer lugar –y quizás el factor principal- que la gran mayoría de estos países han sufrido dictaduras durante 2 o más generaciones, en segundo lugar la corrupción evidente de estos gobiernos, y en tercer lugar problemas sociales evidenciados en desempleo, injusticia en la distribución del ingreso, lo que ha generado una amplia brecha entre ricos y pobres.

En los años anteriores a estas revueltas, toda manifestación de descontento era canalizada a través de la privación de libertad o la amenaza de encarcelamiento. Las protestas que pusieron fin al gobierno de Mubarack, si bien dieron a entender que no necesariamente se ponía punto final a todas estas injusticias sociales, por lo menos se inauguraba un período distinto en que las condiciones políticas cambiarían la forma en cómo los ciudadanos se relacionan con el gobierno. Esta etapa se llevaría a cabo de forma paulatina, sin Mubarack a la cabeza, pero con parte de su gobierno que le respaldó, es decir, un gran contingente militar que seguiría dominando los asuntos estratégicos del Estado.

Hoy, a un año de la salida de Mubarack, la situación de cambio que se esperaba en Egipto, en el marco de una transición cívico- militar pacífica, está generando más desalientos que esperanzas. Una de las principales razones es que el ejército egipcio no se encuentra en una lógica de contribución política para generar una transición adecuada, sino por el contrario, denota un interés mayor por conservar intactos sus privilegios de tutores. Pero el problema, no es solo el hecho de mantener las ventajas que generaba el gobierno en su ejercicio, sino que va más allá, en los últimos meses, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que dirigen la transición han retomado la aplicación de la ley marcial, reprimiendo a los periodistas y encarcelando a personas sin cargo alguno, reduciendo las posibilidades de reunión y la libertad de expresión, acciones consignadas en los “Principios supra-constitucionales” que no son más que límites al alcance de la Nueva Constitución egipcia.

Para Shashank Joshi del Telegraph británico, estas prerrogativas por parte de los militares han sido una “condición protectora de le legitimidad constitucional, que ha sido –muy razonablemente- interpretada como un derecho a lanzar golpes”. A esto se suma el hecho de que todos los asuntos, políticos y legales, concernientes a las fuerzas armadas no han sido dados a conocer a los legisladores electos, y por el contrario, en vez de crear condiciones adecuadas para la rendición de cuentas, se ha llegado a desarrollar un poder de veto sobre cualquier legislación relativa al ejército. Para Joshi, los líderes del ejército egipcio buscan crear un modelo político que se asemeje al gobierno de Turquía de 1980, o al modelo de gobierno actual en Pakistán, es decir, que la Política de Seguridad Nacional no tenga ningún tipo de control político democrático. Adicionalmente, el Consejo Supremo, liderado por el mariscal Tantawi, convocó a un referéndum para establecer el papel del ejército en la transición, para ello se enfocó en una “mayoría silenciosa” que se opuso a las protestas y que no conciben una transición política sin una administración militar, lo que podría traer implicaciones en cuanto a que el Consejo Supremo se quede hasta julio. Los actores civiles, por su parte, en vez de sumar ganancias, pierden a un líder importante como es el premio nobel de la Paz Mohamed el Baradei, quien retiró su candidatura a las presidenciales de junio debido a la compleja situación política sostenida con los militares y a la imposibilidad de estos cedan su poder a una autoridad civil, renunciando a sus privilegios históricos. En un comunicado donde expresó su posición, señaló que “el antiguo régimen todavía no ha caído… los militares están gobernando como si ninguna revolución hubiera tenido lugar”.

De esta manera, el empeño de la elite castrense por conservar su poder, y la negativa de los liderazgos políticos civiles a participar de cualquier proceso que tenga influencia militar directa producen un estancamiento en la transición egipcia a la democracia. Es un hecho que, por lo general, casi todo grupo militar en el poder propende enérgicamente a su mantención, poniendo trabas a la conformación de poder civil. El hecho se intensifica cuando se trata de los gobiernos islámicos, y particularmente Egipto, donde el ejército ha tenido históricamente un papel protagónico en la formación del Estado y la conducción de la política, pero esto no es novedad y no debería genera mayor asombro. El hecho es que con las protestas que terminaron con la salida de Mubarack, hoy convaleciente, se crearon las expectativas de un gobierno civil, que podría configurar un régimen democrático, o al menos uno legitimado por la ciudadanía, sin que sea necesariamente una condición sine qua non para la obtención de empleo –una de las demandas más concretas- pero si un orden distinto que asegure mayor justicia social y un mayor control del gobierno por parte de los ciudadanos.

Hasta el momento, el predominio lo sigue teniendo la elite militar, sin embargo la presión internacional y la amenaza de nuevas revueltas podrían ocasionar un replanteamiento de sus intenciones. Con todo, es muy poco probable que por la vía pacífica se neutralice al poder militar, y éste ceda sus privilegios en pro de un bien común. Ahora bien, por el lado del poder civil es necesario también estructurar un proyecto sólido que pueda contar con apoyo popular. La gran mayoría de los jóvenes que protestaron en contra de Mubarack sabían perfectamente lo que no querían, pero hasta el momento no han podido erigir un proyecto político con las características de lo que si quieren para un gobierno. Para lograr esto es necesario que los diversos actores políticos civiles puedan realizar un trabajo en conjunto con las bases sociales, es decir, que los dirigentes se bajen de los escenarios y conformen grupos de trabajo con el fin de comenzar una democratización social que avance de forma paralela a las instituciones. De esta manera cualquier retroceso o impedimento que se dé en esta instancia, tendrá una contraparte ciudadana pujante y con capacidad de control político.

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