“La verdadera ética consiste en la fidelidad a lo que se hace”
 Vittorio Gregotti

ISSN0719-0212

Las consecuencias de “la Guerra contra las Drogas” en América Latina

Natalia VargasPor
Publicado el 9 Jun, 2012

Plan ColombiaEn 1971, en plena Guerra Fría, El Presidente Norteamericano Richard Nixon anunció la llamada “Guerra contra las Drogas” para perseguir la producción, distribución y consumo de sustancias alucinógenas dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, la propuesta llevada a cabo por Nixon, estaba pensada en ser aplicada más allá de las fronteras norteamericanas y mantenía un enfoque unidimensional con respecto al problema del consumo de drogas.

A más de 40 años de iniciada esta “cruzada” contra uno de los problemas que se ha mantenido a través de la historia moderna, el paradigma de la “Seguridad Nacional” en el tratamiento de la producción, distribución y consumo de sustancias ilegales sigue sin dar una solución definitiva no sólo a los problemas sanitarios que implica el consumo de estas sustancias, sino que también a los problemas de gobernabilidad, crimen y violencia a los que está estrechamente ligado el Mercado de la droga. Según datos de la ONU a través de su oficina UNODC, esta política es un fracaso total; el consumo de droga entre los años 1998 y 2008 ha aumentado en casi un 30% dependiendo del subgrupo de drogas específicas, tanto ha sido el auge del narcotráfico, que la misma entidad estima que el narcotráfico y el crimen organizado está dentro de las veinte primeras economías más importantes en el mundo representando casi un 4% del PIB mundial. Distintas personalidades desde el entonces Secretario de la ONU, Koffi Annan hasta los Presidentes de Brasil, Costa Rica y el de Guatemala (Elespectador.com) han estimado necesario la legalización de aquellas drogas que hoy están mermando la institucionalidad de los países de gran parte del tercer mundo (Infolatam.com).

Paradigmas en Pugna: Seguridad Nacional o Salud Pública

El enfoque que instaló Washington bajo esta propuesta sigue estando muy influida por la noción de inseguridad que implica la droga. Lo cierto es que esta visión, sin embargo, ha sido la responsable de generar cada vez mayores niveles de violencia dentro de los países productores. La estrategia estaba centrada en “Acorralar” al crimen organizado de forma conjunta entre los distintos países catalogados dentro del área de productores. Además, era necesario atacar en cada uno de los niveles del proceso productivo siendo famosas, de esta manera, las intervenciones dentro de Colombia, Perú y Bolivia los ataques a los plantíos de coca y marihuana. La presencia norteamericana también  marcaba la intercepción de aquellas rutas de distribución de la droga y en la localización de los puntos de procesamiento en el cual se instalan las centrales de refinamiento de droga. Finalmente, al atacar la oferta de drogas de distinta índole mediante el ataque y castigo directo a quienes producían y distribuían drogas, la demanda de de sustancias alucinógenas y estupefacientes terminaría decayendo al caer la oferta de estos. Sin embargo, esta tendencia a la criminalización ha sido criticada especialmente en nuestro continente por aquellos problemas en la población civil que esta política ha tenido con el ataque a los cultivos agrícolas en zonas de ascendencia indígena económicamente complejas y porque en los ataques a las centrales de refinamiento de sustancias muchos derechos humanos han sido violados, sin contar que a cada ataque por parte del “ejército anti-drogas” hay una contraataque de los productores lo que genera un círculo de violencia.

Conocidos son los casos de Perú y Bolivia. En el primero, el desarrollo agrícola de cultivos de hoja de coca se inició en 1968 con el presidente Belaúnde-Terry y su política de colonización del amazonas, al ser derrocado por el gobierno militar que lo sucedió, los nuevos colonos de estas zonas quedaron a merced de los traficantes norteamericanos y colombianos que los incentivaban a producirla por las grandes ganancias que tenían con respecto a los otros cultivos. Esta producción se vio fortalecida principalmente por las necesidades económicas del campesinado luego del impacto negativo en la competitividad de los productores de arroz con la implementación de los Programas de Ajuste Estructural en la década de los 80 y 90, sumado a la incapacidad de los programas norteamericanos de desarrollo alternativo. Ya para inicios de los noventa, en la zona se instalaron guerrillas como Tupac Amaru y Sendero Luminoso.

En el caso de Bolivia, sin embargo, la producción de hoja de coca estuvo intrínsecamente relacionada con la dictadura de Hugo Banzer entre 1971 y 1978. La “Narcodictadura” fue financiada por la burguesía rural de Santa Cruz y apoyada por el gobierno militar lo que llevó a un aumento de las áreas de cultivo de coca de 4 mil hectáreas en 1971 a más de 10 mil en 1978. Ya para mediados de los años 90, el área de producción había alcanzado más de 50 mil hectáreas de cultivo dejando un saldo para el país de altos niveles de corrupción. No fue sino hasta 1997 con el mismo general Banzer (ahora electo democráticamente) que se comenzó a implementar el Plan dignidad que se centraba en la erradicación manual de los cultivos de coca acompañado del Air Bridge Denial de la política norteamericana, que interceptaba los aviones ilegales que servían de abastecimiento para las zonas más alejadas de cultivos (Labrousse, 2011).

Los dos casos planteados anteriormente y la aplicación de la política norteamericana en coordinación con los gobiernos de turno, fue relativamente efectiva en la disminución de las hectáreas de cultivo de droga en tanto en Bolivia como Perú, situación que se veía mejorada con la situación política de los países con la llegada de Banzer en Bolivia y la derrota de Sendero Luminoso en Perú. Sin embargo, esto no ha implicado una disminución de la producción cocalera, Perú sigue siendo el segundo país con mayor producción de coca a nivel mundial después de Colombia (Noticias.lainformacion.com).

Esta política también implicó la antipatía de un gran número de ciudadanos que se vieron afectados directamente y por los efectos sobre los sistemas penales, judiciales y de salud de los países involucrados. Las penalizaciones recaen principalmente en la población más vulnerable: indígenas, mujeres, desempleados, pobres y migrantes que participan de la producción agrícola de las drogas (Raisss.cl). Este mismo sector de la población vive en la excesiva violencia, represión y violación de los derechos humanos tanto desde el gobierno como desde el crimen organizado involucrado en estas actividades ilícitas. En el caso de ser juzgados, son ellos quienes viven las malas condiciones de cárceles sobrepobladas por casos mínimos de cultivo y consumo de drogas mientras los grandes zares de las drogas se encuentran fuera del alcance de la justicia por el círculo de protección que la venta de estas sustancia financia.

Otra de las consecuencias de este relativo éxito en los países del cono sur, tiene relación con cómo la imposibilidad de cultivar en otros países hizo que aumentara el cultivo de coca en Colombia. Han sido las mismas FARC y los paramilitares de la AUC quienes se han visto mayormente beneficiados por la rentabilidad de la producción de cocaína llegando incluso a incentivar la investigación agrícola que haga más eficiente las plantaciones. Este nuevo contexto hizo que dentro de este país se pasara de 70 mil hectáreas cultivadas en 1995 a casi 170 mil en 2001 (Labrousse, 2011: 27; ONUDC, 2010) (Unodc.org). Aquello provocó que el precio de la cocaína en Estados Unidos no aumentara –situación normal si disminuyera la oferta de esta sustancia- y por consiguiente, su consumo tanto en este país como en Europa no disminuyera significativamente en los últimos diez años (Crisisgroup.org) (Semana.com).

En este punto es que la consecuencia más dañina de la “Guerra contra la Droga” se hace patente.

La implementación de la “Tolerancia Cero” ha llevado a que no exista una clara diferenciación entre la noción de Seguridad que conlleva el ejercicio ilícito de la producción y tráfico de droga y las causas e impacto en salud que tiene el consumo de estas sustancias. Esto último es lo que Latinoamérica ha visto en los últimos 15 años en su transición de ser Zona de Producción a ser  Zona de Consumo. El enfoque constante de la prohibición ha generado que la relación entre crimen organizado, narcotráfico y consumo de droga se vea como parte de lo mismo cuando no es así. En la actualidad, el crimen organizado sustenta su labor con las ganancias que el mercado del narcotráfico pueda entregarle, cada uno de los niveles de procesamiento y refinamiento de los productos agrícolas como la cannabis y la Hoja de Coca conlleva un aumento dentro de las ganancias del crimen organizado con un precio final del orden de hasta un 1500% respecto del precio de producción agrícola inicial y dependiendo de la zona de consumo (Labrousse, 2011). En cada una de las etapas productivas estos valores pasan a la organización a cargo tanto de la producción, procesamiento, distribución o tráfico y luego pasan a ser parte del gran repertorio que países como México viven hoy en día.

Parte del enfoque de salud pública es poder diferenciar entre los casos de enriquecimiento ilícito y los factores sociales, culturales y de impacto en la salud de la población por el consumo de sustancias adictivas, todo esto intrínsecamente relacionado con política de prevención de consumo y apoyo social de población en riesgo. Aspectos que países en vías de desarrollo como los nuestros son incapaces de implementar por falta de recursos, acuerdos políticos o iniciativa gubernamental libre de prejuicios.

Latinoamérica y las políticas de liberación del consumo.

Sólo en los últimos años la violencia por crimen organizado ha aumentado a tal nivel que Latinoamérica, que representa alrededor del 9% de la población Mundial es responsable del 27% de los crímenes de asesinato del mundo, una cifra que nos habla de las amenazas que el enriquecimiento ilícito a través de estas sustancias pesa sobre países como México o Guatemala. Las drogas y el narcotráfico pasan a ser una vía de ingreso estable y con grandes ganancias que financian otras actividades como el tráfico de influencias, personas y armas, entre otras.

Esta es la realidad que le ha tocado vivir al continente tomando en cuenta las presiones que desde la ONUDC se han mantenido para fortalecer el enfoque de Seguridad planteado por Estados Unidos. Sin embargo, el enfoque llevado a cabo por países europeos sobre la liberalización y regulación del mercado de estupefacientes ha demostrado que no sólo los niveles de violencia disminuyen cuando se liberaliza el consumo y se regula la venta y producción de drogas como la Cannabis, sino que también los niveles de consumo de esta.

En la actualidad el principal problema de nuestro continente está centrado no sólo en el aumento sistemático que se muestra en el consumo de distintas sustancias alucinógenas, sino que también en la merma institucional que se ha visto en los niveles de corrupción y las olas de violencia que han significado muertes constantes y desapariciones forzadas además del alza de los niveles de victimización y la percepción negativa respecto de la situación interna de los países.

La liberación del consumo y producción individual impacta indirectamente en la oferta, permitiendo disminuir los niveles de enriquecimiento del crimen organizado, estabilizando la producción ilícita y reduciendo, a su vez, los niveles de violencia. Esto es lo que plantea el presidente de Guatemala cuando habla de la necesidad de un cambio en el paradigma de cómo se trabaja este tema en los países latinoamericanos. Hoy en Argentina se plantea la liberalización de la compra, tenencia y cultivo de marihuana (Elojodigital.com) basados en los beneficios de tener conocimiento pleno de lo que se consume bajo un marco de política de consumo responsable de estupefacientes (Lavoz.com.ar) y espacios de política de prevención antes que de castigo. Este es el enfoque de Salud Pública que se espera pueda dar un vuelco a cómo organizaciones criminales han ido mermando la institucionalidad de nuestra región utilizando las drogas como vía de enriquecimiento.

Para poder implementar esta nueva visión, sin embargo, se hace necesario poder contrarrestar la posición hegemónica de Estados Unidos en la visión y forma en que se diagnostica, se trabaja y se evalúa este tema. Su influencia en la ONUDC, organismo experto de la ONU, mantiene un enfoque unidimensional en sus propuestas sin tener en claro el impacto que las externalidades de sus políticas, tanto negativo como positivo, puedan tener para la población en su calidad de vida, en su seguridad tanto personal como de su entorno, en su desarrollo como personas y en las posibilidades que puedan tener en sociedades liberadas del crimen organizado y responsables de un consumo de droga normado, centrado en la información, manejo y regulación más que en la penalización, castigo y persecución.

PUBLICADO EN POLÍTICA INTERNACIONAL

Referencias:

  • Labrousse, Alain (2011). La Geopolítica de las drogas. Santiago de Chile: Ediciones Trilce.

Otras páginas: