“La lucha dormida, latente durante siglos, y que tendrá lugar tarde o temprano es la lucha del pueblo contra los bancos”
 Lord Acton

ISSN0719-0212

El auge de los conflictos socioambientales en Chile

Diego Sazo M.Por
Publicado el 9 Aug, 2012

EarthEl gobierno y los empresarios están en alerta producto de los crecientes impedimentos que están enfrentando diversos proyectos de inversión. La inquietud se sustenta en que la opción de resistencia —desplegada por comunidades organizadas, ONG, políticos, entre otros— se ha ampliado y profesionalizado, generando el retraso, rechazo e incluso la revocación de ciertos permisos ambientales. En ese sentido, durante 2012 se registran los casos emblemáticos del El Morro (minería, III región), Castilla (termoeléctrica, III región), Agrosuper Freirina (agroindustria, III región) y Colhue (residuos, VI región). Además, cifras recientes señalan que los proyectos que enfrentan dificultades en su tramitación representan cerca del 18% de las 100 principales iniciativas al 2020 (US$22 mil millones).

Las causas de la oposición a estos proyectos son múltiples, destacándose aquellas de carácter ambiental, social, política, indígena, entre varias otras. Con todo, el medioambiente es uno de los temas que se ha tornado más relevante en Chile, ampliándose la llamada “conciencia verde”, que exige a las autoridades que velen por el resguardo y protección del ecosistema. De este modo, vemos como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han tenido que responder a esta nueva realidad proponiendo, desarrollando y sancionando una legislación más acorde con los intereses de la ciudadanía.

Uno de los canales más recurrentes para la oposición a estos proyectos es la protesta social, entendida como la expresión de disconformidad u oposición desde la sociedad civil. Su función es relevante en las sociedades democráticas modernas, por cuanto constituye una alternativa paralela al voto para manifestar insatisfacciones y frustraciones, defender intereses colectivos o proponer nuevas agendas de debate. Recordemos que la protesta posee un sustento jurídico, ya que es representación de la libertad de expresión y del derecho de petición (salvo aquellas que transgreden otros principios del orden normativo). En esa línea, la ocurrencia de protestas se encuentra directamente relacionada con los niveles de desarrollo político y económico de un país, siendo más probable que sucedan en escenarios de democracia consolidada (Dalton, Van Sickley y Weldon, 2009). Una ciudadanía consciente de derechos es más exigente y crítica con su entorno.

Por ello, el actual contexto de conflictos socioambientales en Chile debe entenderse como un fenómeno esperable, más aun si se considera la existencia de ciertas condiciones que hacen posible su proliferación. La teoría de los movimientos sociales ha sugerido tres elementos catalizadores para explicar la acción colectiva a gran escala.

En primer lugar, la frustración de expectativas, es decir, aquella divergencia entre lo que un grupo social espera y cree merecer recibir y lo que realmente obtiene. Se produce cuando el distanciamiento es intolerable entre las expectativas del grupo social y la realidad a la que se enfrenta. Para el caso chileno, los altos índices de desigualdad social han dificultado una valoración favorable de los proyectos de inversión, pues las comunidades involucradas no consideran proporcionales los impactos negativos con los beneficios económicos y sociales que estipula la obra. Si antes una gran iniciativa de inversión podía suponer un orgullo nacional (como lo fue el embalse Rapel en 1968), ahora su construcción implica una protesta ciudadana (HidroAysén en 2011).

En segundo lugar está la oportunidad política, que se refiere a las condiciones políticas que favorecen la rebelión, tales como el nivel de receptividad de las autoridades, el contexto electoral y la capacidad del Estado para reprimir las movilizaciones. En la actualidad, el gobierno de Piñera ha mostrado una alta acogida a los requerimientos ciudadanos (Barrancones el 2010), estando dispuesto a presionar a las empresas con el objeto de desincentivar nuevos estallidos sociales. Asimismo, ha sido cauteloso en cuanto a la aplicación de una doctrina de “mano dura” en contra de los manifestantes, disminuyendo el umbral de riesgo hacia aquellos que desean expresarse en protestas.

Por último se encuentra la movilización de recursos, referida a la estructura de los canales colectivos a través de los cuales la gente puede movilizarse. En otras palabras, la capacidad que tienen los grupos para organizarse en la expresión de su malestar, llevando a cabo un planteamiento estratégico de oposición. Para el caso de Chile, la alta penetración de las plataformas digitales ha supuesto una mayor horizontalidad en la difusión de información, democratizando el conocimiento e implicando un bajo costo para aquellos que quieran desplegar y difundir una causa. La recurrente acusación de “bloqueo informativo” desde los medios tradicionales ya no es excusa para los opositores, pues la arquitectura de las nuevas tecnologías les permite ser auto-productores de información.

Todo lo anterior apunta a que en Chile se han concretizado ciertas condiciones que favorecen el auge de las expresiones de resistencia hacia los proyectos con impacto en el medioambiente. El fenómeno es una realidad vigente y proyectable, pues las cifras señalan que de los 100 conflictos socioambientales registrados en el país durante la última década, el 55% de ellos tiene su origen en los últimos cinco años [1]. Por tanto, se aprecia una leve, pero consistente tendencia al alza en los conflictos, sobre todo si se considera la creciente judicialización de las controversias, las permanentes acciones de violencia y la estricta fiscalización desde la autoridad. Para las empresas, el panorama se vislumbra más problemático y menos optimista que lo ocurrido en épocas pretéritas.

PUBLICADO EN POLÍTICA NACIONAL

Nota al pie:

  • [1] Datos de acuerdo a iinvestigación en desarrollo sobre conflictos socioambientales en Chile, SIAE Consultores, 2012.

Referencia:

  • Dalton, Russel; Van Sick, Alix y Steven Weldon (2009). “The Individual-Institutional Nexus of Protest Behaviour”. British Journal of Political Science, 40 (1): pp. 51-73.