El documento titulado “Un nuevo régimen político para Chile” hace un diagnostico que da cuenta de la necesidad de perfeccionar la democracia y el presidencialismo exacerbado que existe en el país, haciendo alusión además al repudio generalizado hacia la política. La propuesta consiste en avanzar hacia un nuevo régimen, hacia un semi-presidencialismo donde exista un Presidente de la República como Jefe de Estado, encargado básicamente de la defensa y de las relaciones exteriores, más otras funciones relativas al servicio civil, y un Jefe de Gobierno equivalente al Primer Ministro de los regímenes parlamentarios. El documento contempla además un paquete de reformas tendientes a promover una mayor descentralización y democratización del gobierno regional y municipal a través de la elección directa de los consejeros regionales y del presidente del gobierno regional, además de otra serie de facultades que permitan fortalecer los gobiernos subnacionales (ver documento completo).

La reacción de los socios de RN no se hizo esperar. Juan Antonio Coloma, Presidente de la UDI, señaló a los medios que la semana pasada los partidos oficialistas habían acordado en el comité político un procedimiento para avanzar de forma conjunta en la agenda 2012, especialmente en temas que implicaran reformas políticas o económicas, por lo cual, el acuerdo lo sorprendía y preocupaba tremendamente (El mostrador, 18/01). Más tarde apareció dando entrevistas en noticieros nocturnos señalando que “ellos [Renovación Nacional] si quieren trabajen con la DC, pues nosotros trabajaremos con el Presidente”, definitivamente una frase para el bronce.

Por otra parte, el gobierno en una primera instancia valoró el acuerdo a través del Ministro del Interior (La Tercera, 18/01), sin embargo, el mismo miércoles en la tarde cambió su postura llamando al orden en la coalición oficialista, mostrando así un alineamiento con la UDI y evidenciando además una descoordinación que da cuenta de una brutal falta de manejo político, pues resulta obvio que no sabían nada del acuerdo y que no supieron cómo reaccionar frente a él cuando lo conocieron. La UDI a la vez continuó escalando el conflicto amenazando a RN con quitarles el apoyo en la presidencia de la cámara de diputados (El Mostrador, 20/01), mientras el gobierno siguió endureciendo su postura después del consejo de gabinete en Cerro Castillo el día viernes, donde el vocero de gobierno señaló que el Presidente había instruido a todos sus ministros para que cualquier reforma política surgiera necesariamente desde los partidos oficialistas, desestimando así por completo el trato al que llegó RN con la DC.

En la vereda opuesta, los aliados de la Democracia Cristiana no miraron con buenos ojos este acuerdo, pero más por la forma en que se generó que por el contenido, ya que finalmente todos valoraron el ánimo de avanzar en materia de reformas políticas. No se debe olvidar que este pacto tiene como antesala la más reciente discusión sobre el sistema binominal y la propuesta de un sistema proporcional moderado por parte de la Concertación.

Ahora bien, con respecto a la propuesta en sí misma, se ha hablado mucho del semi-presidencialismo francés como caso similar a lo propuesto. En el caso francés el Presidente tiene la capacidad de disolver la asamblea nacional (cámara baja) en una oportunidad durante su mandato bajo ciertas condiciones específicas (que haya pasado un año desde las elecciones por ejemplo), sin embargo, se puede dar el caso de que el Presidente no disuelva la asamblea y nombre un Primer Ministro de oposición negociando así la continuidad, dando lugar a la cohabitación. Esta situación sugiere que la estabilidad política depende más del sistema de partidos que del régimen en sí mismo, generando un escenario donde partidos altamente institucionalizados hacen caso omiso a la opinión pública en ciertos temas, o casos donde el Presidente pierde el poder de disuasión (la posibilidad de disolver la asamblea), pues el Primer Ministro posee mayor respaldo político. Estas situaciones denotan que en el semi-presidencialismo la institucionalización partidaria es de alta importancia.

Mientras las democracias presidenciales generalmente tienden a la inestabilidad cuando existen sistemas multipartidistas –siendo Chile una excepción debido a los incentivos institucionales que existen para formar coaliciones, siendo uno de ellos el mismo sistema binominal–, las democracias semi-presidenciales como Francia o Finlandia, tienden a la estabilidad independiente del sistema de partidos que posean. Sin embargo, más allá de ahondar en la discusión sobre regímenes y estabilidad política, es importante destacar que la propuesta del acuerdo se erige como una batería de reformas políticas centradas en cuestiones meramente partidistas e institucionales y no pone el foco de la discusión en el lugar adecuado.

El año 2011 estuvo marcado por manifestaciones ciudadanas y una serie de exigencias de derechos sociales y mayor regulación del Estado frente al mercado (Ballotage, 15/01). Pareciera que el sistema político pasa por una crisis de representatividad, pues las instituciones democráticas demuestran una incapacidad tremenda para manejar los conflictos sociales emergentes. Es entonces que en lugar de re-pensar formas más inclusivas y directas de participación política, el “Acuerdo RN-DC” propone reformas centradas en cuestiones partidistas e institucionales, donde el foco se encuentra en los partidos y en el parlamento. Parafraseando a von Goethe, el que sabe aprovechar la ocasión es el hombre oportuno, y lo oportuno es aquello que sucede cuando conviene, siendo actualmente lo oportuno y conveniente derribar en primera instancia el binominal y aspirar a una nueva Constitución, en cambio, los líderes de RN y la DC nos presentan un pack de reformas pensadas entre cuatro paredes.

El tema de fondo no es el sistema político en su totalidad, es el sistema electoral en particular pues es el candado que impide reformas al sistema político, pero también impide reformas tributarias y sociales profundas. Es por el binominal que no podemos cambiar la cara de este Chile lleno de desigualdades donde impera la rigidez en el sistema político y su profunda vinculación a un modelo neoliberal descarnado. Frente a un status quo terrible, que incluso impide el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, la DC le ha hecho un flaco favor a quienes apelan por cambiar el binominal, pues lo introducen en un pack de reformas mucho mayores que hacen que alcanzar el acuerdo sea todavía más costoso, siendo que la reforma al binominal por sí sola genera ya bastantes resistencias y no sólo desde la UDI como algunos sectores políticos quieren hacer creer a la ciudadanía. En definitiva, el acuerdo se encuentra en ese incomodo punto medio en que se aumenta la vara –y por lo tanto se dificulta su aceptación–, pero no se aumenta lo suficiente como para generar un cambio real y profundo como sería el apuntar hacia una nueva Constitución.

Las señales de la DC son erróneas, pues el fin de semana pasado realizaron primarias dando una fuerte señal de apertura y participación, pero esta semana su directiva presenta un acuerdo con RN que se venía planeando sigilosamente desde hace mucho tiempo. Un acuerdo que por lo demás no se centra en lo sustantivo y en definitiva se trata de una reforma hecha por políticos y pensada para políticos.

“Rusia se resucitará y será más bella que antes porque el pueblo ruso está lleno de héroes”

Piotr Krasnov

Los cuerpos cosacos integrados por alrededor de 28.000 personas, entre las que se contaban niños, mujeres y ancianos, dejaban en mayo de 1945 el territorio italiano para cruzar los Alpes con destino a Austria. Las unidades acampaban en los límites del pueblo de Lienz cuando recibieron la buena nueva británica; sus raciones de alimentos serían aumentadas. Confiados por aquello, no se imaginaban qué sucedería en los días siguientes. El día posterior los británicos les exigieron a los oficiales entregar sus armas personales, y al día subsiguiente, el 28 de mayo, más de 2.000 funcionarios y oficiales, encabezados por el General Krasnov, fueron detenidos, transportados y entregados posteriormente a los soviéticos como prisioneros de guerra.

Mientras los oficiales cosacos eran entregados a los soviéticos, los británicos anunciaban a los civiles que serían repatriados “voluntariamente” a la Unión Soviética. Ante esta noticia, los cosacos se resistieron, se negaron a comer e hicieron cadenas de oración, sin embargo, luego de un par de días fueron rodeados por tropas británicas y comenzó la masacre. Aquellos soldados que acababan de derrotar al nazismo, avanzaron con bayoneta en mano sobre un grupo de mujeres, niños y ancianos. Muchos murieron, principalmente los niños. La repatriación “voluntaria” se llevó a cabo a través de camiones repletos de cosacos inconscientes que lograron sobrevivir a la matanza. Muchos de esos sobrevivientes prefirieron incluso el suicido antes que volver bajo la sombra de Stalin.

La masacre fue el pago de los británicos a los soviéticos por la ayuda para enfrentar a Hitler. Las deudas a veces pesan más que la palabra empeñada, prueba de ello es que poco importó que el General Krasnov hubiese negociado su rendición con los británicos bajo la única condición de que no serían entregados a los soviéticos. Los cosacos fueron la moneda de cambio, gracias a ellos los británicos honraron los pactos de Yalta entre Churchill y Stalin. La mayor parte de quienes no murieron en la masacre y no cometieron suicidio, terminaron ejecutados o en Siberia, lo cual seguramente fue mucho peor que el patíbulo.

Entre los primeros oficiales entregados, como se mencionó, se encontraba el General Piotr Krasnov, Atamán cosaco de Don y antiguo líder del Ejército Blanco. La vida del General Krasnov fue de aquellas que dan material para un bestseller. Tuvo una carrera militar destacada; fue ascendido a general por su sobresaliente participación en el frente durante la Primera Guerra Mundial y posteriormente, en 1917, se opuso a los bolcheviques jurando lealtad al Zar, pero ante la caída de la dinastía Romanov, intentó llevar adelante el proyecto de una “República Cosaca Independiente”,  aspiraciones que fueron aplastadas en 1921 por el Ejército Rojo y también en buena medida por la falta de apoyo del movimiento blanco. Fue entonces el momento del exilio para Krasnov, el momento del repliegue intelectual, el momento para escribir y reflexionar en Alemania, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Krasnov colaboró con los nazis y encabezó una unidad cosaca apoyada por el ejército alemán. Todo terminó con la Operación Keelhaul, la operación británica descrita en los primeros párrafos de este artículo, la cual afectó a prisioneros de guerra pero también a muchísimos civiles.

La figura del antihéroe calza con Krasnov. El antihéroe en la literatura representa a aquel héroe desprovisto de las cualidades clásicas que se le pueden atribuir a un héroe, pero también representa a quien tiene características ciertamente antiéticas, pero aún así realiza ciertos actos considerados heroicos a través de métodos cuestionables. Pero cabe preguntarse, ¿en qué punto el antihéroe se convierte en villano? En el corazón de esta pregunta está la misma visión maquiavélica que separa los fines de los medios, en contraposición al pensamiento clásico del todo compuesto por las partes; donde los medios antiéticos definen fines antiéticos. En el fondo, la pregunta que se presenta es, ¿cómo el afán de un hombre llega a tal extremo que para combatir a sus opositores termina colaborando con el nazismo?

Krasnov fue ejecutado en Moscú por traición a la patria y crímenes de guerra, junto con él fue ejecutado su hijo; el padre de Miguel Krassnoff Martchenko, Brigadier en retiro del Ejército de Chile, condenado por violación a los derechos humanos durante el régimen autoritario de Augusto Pinochet. El mismo Krassnoff que actualmente se ha convertido en el centro del debate gracias al homenaje que quiere rendirle Cristián Labbé, alcalde de Providencia.

Krassnoff como oficial del ejército se desempeñó en su época de teniente como agente de la DINA, uno de los principales órganos de represión del régimen de Pinochet. Este organismo responsable de un sin número de violaciones a los derechos humanos, fue dirigido por el Coronel Manuel Contreras, condenado a dos presidios perpetuos y a más de 300 años de cárcel, ante lo cual Krassnoff no se queda atrás, acumulando más de veinte condenas que superan sobradamente los cien años de cárcel.

Es posible escuchar a algunos defensores de Krassnoff acusar o al menos sugerir una suerte de “persecución stalinista” por el rol que jugó su abuelo, premisa que por lo absurdo de su validez no vale la pena tratar de refutar, sin embargo, sí vale la pena preguntarse qué es más atroz, ¿la “Solución Final”, la masacre de Lienz, los “secuestros permanentes” en Chile, la masacre de Bleiburg donde los partisanos de Tito asesinaron y torturaron a civiles y soldados desarmados? La respuesta es todo, y el todo es el totalitarismo en sí mismo e incluso la reacción que emerge para enfrentarlo. Todo aquello son expresiones de un totalitarismo que con su naturaleza corrupta y abiertamente anti-política pulverizó las categorías clásicas de pensamiento. Para Arendt el fenómeno del totalitarismo  debe ser entendido como uno causado por el hombre, no ajeno a él; un fenómeno incrustado en el corazón mismo del siglo recién pasado, cuya comprensión significa entender que se vive en un mundo donde esas atrocidades son posibles, donde pasan y no son ficción (Amiel, 2000). El totalitarismo inhabilita el espíritu y la misma libertad del hombre.

Para Arendt (1951) el totalitarismo es distinto a otras formas de opresión política que se han conocido a lo largo de la historia, y aunque es muy tentador compararlo con la tiranía, la dominación totalitaria tiene otro carácter; desafía todas las leyes positivas, pero afirma obedecer las leyes naturales o las de la historia, desde donde proceden supuestamente todas las leyes positivas. En este punto, en este desafío, radica una forma más elevada de legitimidad, desde donde la ilegalidad totalitaria apuesta por haber encontrado un camino para hacer justicia en la Tierra. Es entonces, que la política totalitaria no reemplaza un conjunto de leyes por otras –de hecho desafía sus propias leyes positivas– sino que promete hacer a la misma humanidad la encarnación de la ley, con lo cual todas las leyes se convierten en leyes en movimiento ocasionando un vacío institucional que es ocupado por el terror total, el cual adquiere su carácter de total ante la falta de oposición. Para Arendt mientras le legalidad es la esencia de lo no tiránico y la ilegalidad de lo tiránico, el terror es entonces la esencia de la dominación totalitaria.

La fuerza de la historia o de la naturaleza se hacen posibles por el terror, es decir, por la ley en movimiento, la cual se encarga de cualquier obstáculo a través de su eliminación. Los obstáculos en definitiva son los enemigos; razas, clases, individuos con tales o cuales características. En el totalitarismo es el terror quien ejecuta juicios, los asesinos no asesinan, ejecutan sentencias de muerte en pos de la eliminación de singularidades a favor del todo. Esto es precisamente lo que permite que Krassnoff o Contreras puedan apelar a que terminan “presos por servir al país”, es aquello precisamente lo que permitió a los nazis calificar como “Solución Final” el exterminio masivo y sistemático de judíos, gitanos y personas con discapacidad, convirtiendo  una atrocidad que se erige como una llaga en el corazón del siglo XX en algo absolutamente rutinario. Es aquello lo que permitió que sucedieran atrocidades como las que vivieron los cosacos en Lienz o los croatas frente a los yugoslavos. Pareciera que Krassnoff en sí mismo constituye una paradoja de la vida y de la historia para los Krasnov, aunque el pinochetismo quiera engañarse con un análisis superficial y pensar lo contrario.

En definitiva, querer honrar a Miguel Krassnoff no solo significa una afrenta al proceso de reparación y justicia en materia de derechos humanos en Chile; sino que además significa avalar el drama del totalitarismo, lo cual en definitiva implica la posibilidad real de arruinarlo todo, significa avalar a quienes abandonaron la responsabilidad de darle sentido al mundo y se entregaron al sinsentido del totalitarismo, abrazándolo, deseándolo y admirándolo. Sin embargo, también es difícil pedirle a Labbé y al pinochetismo que resistan lo que ni siguiera grandes pensadores como Heidegger pudieron resistir.

En la fotografía León Trotski pasa revista al Ejército Rojo en octubre de 1917, otra vida vinculada a la paradoja del totalitarismo stalinista.

Referencias:

• Amiel, Anne (2000). “Política y acontecimiento”. Nueva Visión. Buenos Aires.
• Arendt, Hannah (1951). Los Orígenes del Totalitarismo.

En este contexto, las iniciativas que buscan hacer a las instituciones políticas más participativas y transparentes son dignas de atención, sobre todo si es que se pretende dar cuenta de la acelerada pérdida de confianza y de los problemas de representatividad que hoy parecen tener en jaque al sistema político chileno. En este sentido, no se debe olvidar que la participación y representación política son tan importantes como la estabilidad, formula “olvidada” por quienes diseñaron la institucionalidad vigente a mediados de la década de 1980 –ojo con las comillas por favor.

En esta línea, el programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera da cuenta de la institucionalidad política y la necesidad de reformarla, apelando a un compromiso que significa avanzar hacia una democracia más moderna, vital y participativa. Esto principalmente a través de cinco ejes, donde el primero se refiere a los derechos de las personas y su protección, el segundo eje dice relación con avanzar hacia una democracia más participativa –donde la instauración de un sistema de inscripción automática y voto voluntario, junto con la extensión del voto a los chilenos que residen en el extranjero juegan un rol fundamental. El tercer eje tiene que ver con la transparencia pública y al control de los gobernantes; principalmente a través de la modernización de la Contraloría, del Consejo para la Transparencia y otras instancias similares. El cuarto eje busca a fortalecer y modernizar los partidos políticos recogiendo la posibilidad de establecer sistemas de primarias, y finalmente, el quinto eje se refiere al perfeccionamiento del funcionamiento del parlamento a través de la instauración de un sistema profesional de asesoría legislativa y una mayor difusión de las actividades en el congreso.

Con respecto al cuarto eje en particular, que señala la posibilidad de establecer un sistema de primarias, cabe decir que a comienzos de septiembre, a través de un mensaje presidencial, el gobierno presentó un proyecto de ley que regula el establecimiento de un sistema de primarias para las elecciones de alcaldes, parlamentarios y Presidente de la República. Dicha iniciativa se encuentra actualmente para el primer trámite constitucional en la cámara de diputados. Al respecto es importante señalar que el año 1998 se discutió un proyecto similar, el cual se frenó ante una declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. También es importante considerar que en Chile sólo la Concertación ha realizado algunas primarias para elegir candidatos presidenciales, específicamente en los siguientes casos: Frei y Lagos (1993), Lagos y Zaldívar (1999), Frei y Gómez (2009 y sólo en la VI y VII región).

Por otra parte, la experiencia internacional al respecto es diversa y depende en gran medida de las características específicas del sistema político y electoral de donde se han llevado adelante primarias. Si bien se considera el caso estadounidense como un paradigma en la materia, es importante tener en cuenta que la naturaleza de dicho sistema obedece a rasgos característicos muy distintos, ya que se trata de un proceso de elección indirecta –se eligen delegados que son quienes eligen al candidato y su compañero en las convenciones del partido. Por otra parte, en América Latina desde la década de 1990, más de 60 partidos han realizado algún tipo de proceso competitivo de primarias con distintas dosis de competencia y transparencia, sin embargo, los partidos aún parecen funcionar como grupos oligárquicos y la realización de primarias no supone necesariamente democratizar los partidos, ni tampoco parece incrementar el éxito electoral, de hecho muchas instancias sirvieron para reforzar el poder cupular, frustrando así las expectativas sobre las primarias (Freidenberg , 2010).

De acuerdo a Freidenberg (2009) como la principal preocupación de los partidos políticos es ganar elecciones, no les importa mucho la forma de elaboración de sus propuestas ni los procesos de selección de candidatos, lo cual en definitiva ocasiona que existan partidos absolutamente oligárquicos y muy poco democráticos compitiendo en sistemas políticos democráticos. En resumidas cuentas, la necesidad de democracia interna de un partido político no es algo funcional que se aplique a las diversas dimensiones desde las cuales se puede medir dicha democracia interna –selección de candidatos, participación de minorías, proceso de toma de decisiones, etc. Además la ciudadanía juega un rol fundamental en mejorar la vida interna y el funcionamiento de los mismos partidos, pues si los electores votan a partidos oligárquicos frente a otros más democráticos, los incentivos para que los partidos sean democráticos evidentemente serán menores –en este sentido, el caso de la UDI en Chile resulta emblemático.

Ahora bien, la distancia entre los partidos políticos y la ciudadanía, el control cupular en la selección de candidatos –señalado por Siavelis (2009) como un enclave de transición–, los efectos del sistema binominal [1] y la desproporcionalidad –referida a la desigual relación entre el porcentaje de ciudadanos por distritos y circunscripciones y el porcentaje de escaños asignados–; hacen deseable mecanismos que impliquen mayor participación y transparencia, lo cual releva la iniciativa y el proyecto presentado.

El proyecto de ley presentado por el gobierno contempla la voluntariedad de los partidos y pactos para someterse a primarias, sin embargo, dicha voluntariedad no es absoluta pues un grupo de militantes puede solicitar a la directiva partidaria la posibilidad de realizar primarias. El porcentaje para realizar esta petición será estipulado transitoriamente por la ley, sin embargo, debe ser definido posteriormente por los estatutos de cada partido a través de una actualización. Por otra parte, el mecanismo supone un solo acto electoral simultáneo en todos los partidos y a nivel nacional, lo cual sería realizado con presupuesto público mediante reasignaciones presupuestarias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Otra característica del proyecto presentado por el gobierno, es el carácter vinculante de las primarias, pues excluyen a los derrotados y obligan a que el candidato victorioso sea considerado por el Servicio Electoral como el candidato legal. Es en este punto donde se abre un flanco para de debate, pues no hay consenso con respecto a la posibilidad de que los candidatos derrotados puedan ser candidatos en otros territorios, sin embargo, el proyecto de ley contempla que el partido queda facultado para la inscripción de candidatos derrotados en territorios no cubiertos por la primaria. Ahora bien, en caso de muerte o renuncia del candidato victorioso en las primarias, el pacto o partido puede inscribir a la segunda mayoría o designar otro candidato si la segunda mayoría también ese encuentra inhabilitada por alguna de las razones mencionadas anteriormente.

Las primarias estarían a cargo del Servicio Electoral, lo cual constituye una garantía de imparcialidad para el proceso, además será el Tribunal Calificador de Elecciones el que proclame los candidatos. El sufragio será personal, secreto, voluntario e igualitario, en base a un padrón determinado por los partidos y/o pactos y confeccionado por el Servicio Electoral. Se consideran tres vocales por mesa, los cuales serán sorteados de aquellos que hayan sido vocales en la última elección general realizada en el país. Ningún candidato podrá estar inscrito en más de una elección al mismo tiempo, además no podrán participar independientes que no sean patrocinados por partidos políticos o pactos electorales.

Ahora bien, entre los posibles problemas que se pueden vislumbrar a primera vista, se puede apreciar que el proyecto no estipula un número mínimo de candidatos, situación que se presta para que los partidos manipulen el resultado inscribiendo tantos candidatos como cupos. Además es necesario comprobar si efectivamente el Servicio Electoral tendrá la capacidad organizacional para enfrentar los nuevos desafíos que implica un sistema de primarias. También es importante considerar el impacto que tendrá la eventual inscripción automática en el padrón y las respectivas complejidades durante el proceso de implementación.

A modo de conclusión es importante considerar que la realización de primarias no resuelve la desconfianza de los ciudadanos con respecto a los partidos políticos, de hecho de acuerdo a Morales (2005) no existe evidencia contundente que permita afirmar que en los países donde se implementan primarias se beneficie la aprobación de los partidos. Además, la mayor parte de la literatura se concentra  en el caso de las primarias presidenciales, donde se da cuenta de participaciones moderadas y la generación de altos roces y discordancias entre los socios, como en los casos argentino (1998), uruguayo (1999) y chileno (1999) (Gallo, 2008). Por otra parte, si se acepta que la selección de candidatos es absolutamente central para un partido político, pues representa el punto culmine que permite a un miembro poder competir para acceder a un cargo político, entonces un sistema de primarias efectivamente puede dar la oportunidad de establecer una selección de candidatos competitiva y no oligárquica, sin embargo, esto depende de los niveles de participación que se estipulen.

En definitiva, es importante tener en cuenta que las primarias no son una condición sine qua non para una mayor participación y transparencia, sino que constituyen un mecanismo facilitador, pues mientras no haya capacidad de centrar el debate en reformas más profundas, como el sistema electoral, no habrá un perfeccionamiento real del sistema político.

Nota al pie:

• [1] El debate académico con respecto al sistema binominal es amplio y nutrido, sin embargo, para ilustrar al lector al respecto se mencionaran dos referencias importantes. La primera es que el sistema binominal favorece siempre a la segunda coalición más votada; puesto que cuando obtiene menos votos pierde menos escaños, y cuando obtiene más votos, gana más escaños (Navia y Schuster, 2005). La segunda referencia es que el binominal implica que para asegurar un escaño se debe obtener un 33,4% de los votos, siempre y cuando existan dos pactos en competencia, sin embargo, la existencia de más pactos hace que el porcentaje necesario para obtener el segundo escaño disminuya, esto genera incentivos para la consolidación de dos grandes bloques (Altman, 2005).

Referencias:

• Altman, David (2005). Reforma al Binominalismo: Sistema paralelo de acumulación. Santiago de Chile: Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Documento de trabajo Nº2, septiembre).
• Freidenberg, Falvia (2009). “¿Qué es la democracia interna? Una propuesta de redefinición conceptual” La democracia en su contexto. Estudios en homenaje a Dieter Nohlen en su septuagésimo aniversario. Ed. Reynoso Núñez, José y Sánchez de la Barquera y Arroyo, Herminio. México, DF: Instituto Investigaciones Jurídicas, UNAM.
• Freidenberg, Falvia (2010). “Las elecciones primarias en Panamá: claves para el diagnóstico, buenas prácticas y estrategias de reformas (1994-2009)” Las Reformas Electorales en Panamá: Claves de Desarrollo Humano para la toma de decisiones. Ed. Harry Brown Araúz. Panamá: PNUD.
• Gallo, Adriana (2008). “Las tres fases de la competencia electoral en Sudamérica. Análisis de la interacción de tres instrumentos y de su influencia sobre la representatividad democrática”. Espacios públicos añó/vol. 11, número 022. Universidad Autónoma del Estado de México.
• Morales, M. (2005). “Elecciones primarias: análisis desde la teoría de juegos y aproximaciones a modelos estadísticos explicativos”. Agenda Pública, edición año IV Nº7.
• Navia, Patricio y Martín Schuster (2005). ¿Qué pasaría si Alemania tuviera el sistema binominal? Simulaciones electorales para evaluar los efectos del sistema electoral chileno. Santiago de Chile: ICSO (Documento de trabajo ICSO Nº5).
• Siavelis, Peter (2009). “Enclaves de la Transición y Democracia Chilena”. Revista de Ciencia Política, 29 (1). Santiago de Chile: Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Por eso quiero advertirles que el presente texto está escrito desde el corazón, quiero advertirles que con más pluma que teoría exigiremos algo que Chile necesita. Algo que sin duda es lo que más necesitamos hoy por hoy. Una nueva Constitución.

Hay un malestar instalado, un malestar que recorre el mundo, una repulsa hacia lo político, una decepción generalizada. Encuestas de opinión lo dicen, movilizaciones en todas partes del mundo lo dicen, la gente lo dice, nuestro corazón lo grita. Sin duda como lo aborda un buen amigo (Ballotage.cl), la historia no se ha quedado estancada, avanza a paso firme, y ese avance implica un abierto cuestionamiento al orden actual y una fuerte distancia entre las élites y la sociedad. Nuestras democracias están en crisis, quien no quiera verlo es un ciego. Y Chile no es la excepción.

Magallanes, HidroAysén, marchas de estudiantes, son sólo algunas situaciones que se pueden mencionar, algunos hitos. El hecho es que algo anda mal, algo definitivamente huele mal. ¿Es el gobierno? Quizá. Pero hay algo más profundo, algo que se mueve entre las tinieblas, algo que hemos querido ignorar desde hace tiempo, pero que día a día se agita con más fuerza. Ese monstruo que aguarda en las tinieblas es en realidad nuestra democracia, que se queja por sus deformidades. Y es que tenemos una democracia imperfecta, una democracia tutelada, llena de enclaves de diverso tipo. Esto no da para más, necesitamos cambios, pero no cambios cosméticos, necesitamos una cirugía mayor. Un nuevo pacto social, una nueva carta fundamental, eso es lo que necesitamos ahora y no mañana, pues mañana puede ser demasiado tarde.

Nos sentimos muy seguros de nuestro sistema político y su nivel de institucionalización y baja volatilidad electoral. Venezuela antes de Chávez se sentía igual. Necesitamos hacer algo antes que la repulsa se transforme en algo que no podamos manejar, antes que lleguemos a un punto que todos lamentemos. Necesitamos una nueva Constitución.

Hace algún tiempo abordé el absurdo sistema de Educación Superior en Chile (Ballotage.cl) y de vuelta recibí muchas críticas por mi exhortación final y lo poco propositiva que resultaba. Si bien seguramente podemos discutir muchas propuestas de diverso tipo, muchas recetas mágicas, mi exhortación con respecto al tema apuntaba a una clausura final y a un nuevo comienzo. Aquello implicaba pensar en cambios estructurales y en una nueva Constitución. Hoy lo reafirmo con fuerza, pues lo que sucede en Educación se puede aplicar a muchas otras áreas. Hoy necesitamos repensar nuestro país, pero repensarlo en serio, no jugar a la cosmetología.

Nos jactamos de nuestra transición hacia la democracia marcada por el consenso. Claro que fue necesario el consenso en su momento, pero ahora tenemos que olvidarnos de seguir transando, hay que comenzar a avanzar y derribar los enclaves autoritarios y pocos democráticos, revitalizar el republicanismo como parte del corazón de nuestro régimen y sistema político. Basta de normas que atentan contra los Derechos Humanos para combatir el “terrorismo”, basta de la protección a la no interferencia del Estado en materia de derechos, basta de febles garantías en las esferas de salud y educación. Necesitamos mayor descentralización, posibilidades de referendos e incluso posibilidades de iniciativas populares de ley. Necesitamos una nueva Constitución, necesitamos más democracia, pero democracia con mayúsculas.

Chile es una de las economías “modelo” de la región. Tenemos excelentes resultados macroeconómicos, pero hace tiempo aprendimos a la fuerza que el crecimiento no significa desarrollo social –recomiendo leer artículo de Raimundo Villarroel al respecto. Que somos el “alumno aplicado de la clase”, los “jaguares”, los “ingleses de Latinoamérica”, unos verdaderos “gigantes”.  ¡Delirios e ilusión! Quizás somos gigantes, pero gigantes con pies de barro. Tenemos un Chile con dos almas, un país en el desarrollo y otro en el barro, otro donde las personas trabajan todo el día para ganar una miseria y deben endeudarse para vivir (Bbc.co.uk). ¿Dónde quedo la equidad? Gracias, no se molesten, parece que se perdió en el camino, pero aún la estamos esperando. Si hay alguien que necesite que la OCDE le diga que en Chile distribuimos mal el ingreso es porque no conoce este país. La única forma de cambiar esto de buena manera, sin parches ni cosméticos, es con una nueva carta fundamental.

El enfado es grande frente a estas situaciones y es fácil que se convierta en impotencia y luego en hastío. Entonces todo queda en nada. Frente a eso debemos resistir desde nuestras trincheras, con la pluma en la mano, marchando en las calles, desde la Academia, desde el aula, desde el trabajo, en todas partes, en todas. No dejemos que la vorágine del individualismo y el vértigo del materialismo nos atrapen, porque ese es el fin, eso es aceptar las injusticias mencionadas y muchas más. La resistencia parte por ponerse de pie y alzar la voz.

De pie y con la voz en alto estamos y los invitamos a sumarse, los invitamos con sentimientos porque argumentos hay muchos, pero nos falta coraje y pasión para enfrentar aquello que parece ya haber sido aceptado de buena gana por muchos. Nos han vendido y no hemos recibido parte del pago de aquella venta, ni siquiera explicaciones. Es hora de cambiar las cosas. Por eso con fuerza y decisión nos plegamos con corazón y alma a la carta de Ignacio Iriarte por una nueva Constitución para Chile (http://www.ipetitions.com/petition/constitucion/). Tú también estás invitado, tú debes estar en esto.

Es ahora cuando juntos tenemos que alzar la voz en contra de aquello que nos parece injusto, porque como decía Günter Grass, cuando algo es moralmente correcto hay que defenderlo sin preocuparse de las consecuencias. Es hora de sacar a lo público de su silencio y pensar en el Chile que queremos, no en el Chile que otros quisieron. Esos otros que fueron una pequeña minoría que se legitimó mediante la fuerza y acalló un millar de voluntades, esos que con fusil en mano pactaron para que no se tocase su preciada Constitución de 1980, esos que ingeniaron enclaves para preservar el status quo.

No volvamos a estar callados nunca más y dejemos de buscar fórmulas para tanto consenso y argumentos “infalibles”, los ‘90 ya pasaron. A veces solo hay que poner más corazón, porque parafraseando a Tolstoi, la razón no enseña mucho en comparación con lo que enseña el corazón y el corazón dicta que necesitamos una nueva Constitución para un nuevo Chile.

La imagen utilizada corresponde al Serment du Jey de paume o Juramento del Juego de Pelota, obra de Jacques-Louis David. Este juramento fue realizado el 20 de junio de 1789 por 577 diputados del tercer estado, quienes se comprometieron a no separarse hasta dar a Francia una Constitución ignorando y resistiendo las presiones del rey Luis XVI.

N. del Editor: Lamentablemente por cambios en nuestro sistema de comentarios hemos perdido algunos comentarios en este artículo. Nuestras más sinceras disculpas.

Afortunadamente la pequeña noticia no paso tan desapercibida, pues de inmediato comenzó a causar impacto y revuelo en las redes sociales, principalmente porque el proyecto de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno pone en jaque la privacidad de los ciudadanos. Además hay que añadir que la empresa ganadora de la licitación, Brandmetric, ha señalado la posibilidad de localizar geográficamente el origen de las publicaciones.

En Mercado Público – Plataforma de Licitaciones http://www.mercadopublico.cl/ – el nombre de la adquisición es “Diseñar e Implementar un Panel de Control” (ID N°876-7-LE11), su descripción es “Plataforma de seguimiento de personalidades y conceptos de Internet”. En la licitación participaron dos proveedores, Ingesmart S.A. (RUT 96.858.370-0) y Brandmetric S.A. (RUT 76.096.575-8), siendo Brandmetric quien se la adjudicó por un monto de $14.388.000.-

Las bases de la licitación consignan a Ximena Mardones, funcionaria de la Secretaría de Comunicaciones como contraparte técnica. El producto requerido consiste en “… un Panel de Control Ejecutivo que permite acceder a información en base real time, de conceptos seleccionados (Ministros, Ministerios, Autoridades de Gobierno, Temas Específicos) que se repiten en un determinado período de tiempo en Internet (menciones), para conocer lo que se dice, opina o se menciona de ellos. Estos deben estar ordenados de forma de conocer su origen, canal de comunicación [...] tono de la mención (positivo/negativo), términos más relevantes mencionados, manejo de línea de tiempo, gráficas, estadísticas entre otros”. Entre sus objetivos específicos, las bases señalan la identificación de los principales actores en twitter, blogs, medios, etc. y contempla un sistema de alerta cuando existan “cambios significativos” en la actividad de un concepto seguido.

Las preguntas de la licitación disponibles en Mercado Público, versaron sobre datos técnicos, sin embargo hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, se discute sobre la solicitud de que la latencia de captura de datos no sea mayor a 15 minutos, es decir, que la información deba ser capturada a más tardar 15 minutos después de su creación. Además se solicita la capacidad de tipificar el “tono” de las menciones, separando en positivas, negativas y neutrales, teniendo en cuenta términos “coloquiales” usados comúnmente en Chile.

El contrato entre el Ministerio Secretaría General de Gobierno y Brandmetric S.A. (descargar contrato) contiene una declaración jurada simple sobre inhabilidades firmada por Sebastián Gumucio Aninat (Linkedin.com) representante legal de la empresa, donde señala que Brandmetric es una sociedad en comandita por acciones o anónima cerrada donde no son accionistas funcionarios directivos del Ministerio Secretaría General de Gobierno ni sus cónyuges, hijos, adoptados hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad – declaración que firman todas las empresas que se suelen adjudicar licitaciones. En su página Web Brandmetric (Brandmetric.com) señala que provee una plataforma para monitorear y medir las conversaciones de marcas en Internet en tiempo real.

Sin embargo, cabe preguntarse, ¿quiere realmente el Gobierno medir las conversaciones en Internet? ¿O más bien quiere controlarlas? Es inevitable pensar en lo segundo a la luz de las masivas protestas ciudadanas en temas energéticos y educacionales, las cuales no han sido canalizadas en lo absoluto por el Gobierno. Hay un descontento creciente y un malestar social evidente, el cuál se impulsa de forma bastante eficiente gracias a las nuevas tecnologías de información, y resulta que ahora el gobierno quiere “medir” eso. Pareciera que el significado entre medir y controlar es más estrecho de lo que nos gustaría en este caso. El problema radica en que más que controlar es vigilar, y de la vigilancia al castigo hay un solo paso.

Pero más allá de las evidentes implicancias con respecto a la privacidad de los ciudadanos, este proyecto implica dos problemas que no son menores. El primero se refiere a la libertad de expresión de toda persona para manifestar sus opiniones e influir en procesos políticos, esto esta estrechamente vinculado al concepto de participación política, el cuál es una dimensión importante para el desarrollo humano.

La libertad política es fundamental para las democracias modernas. Ya en la revolución francesa fue una bandera de lucha plasmada en las ideas inmortales de Rousseau, Montesquieu y Voltaire, además está estrechamente vinculada al concepto de libertad de expresión que tiene antecedentes en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La libertad de expresión es un derecho fundamental consignado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, entre otras declaraciones y convenciones. La opinión consultiva OC-5/85 de la Corte Internacional de Derechos Humanos señala: “… (la libertad de expresión) es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”, además la califica como importante para la formación de opinión pública y para que la comunidad haga valer sus derechos de manera informada.

Sin duda, la libertad de expresión es fundamental para todo sistema político y está fuertemente vinculada a la libertad política. La libertad de expresión se deriva en libertad de prensa, la cual ya está en jaque en Chile debido a la alta concentración de los medios en la prensa escrita y la absurda parrilla programática televisiva, que más que informar, desinforma. Ya no sólo tenemos una feble libertad de prensa, sino que incluso la libertad de expresión y la misma libertad política serán puestas en jaque por este proyecto que intenta pasar desapercibido.

El segundo problema se refiere a los preocupantes ribetes de autoritarismo que caracteriza a un proyecto como este. La interceptación (e identificación) de comunicaciones es una característica de regímenes autoritarios como se ha podido apreciar recientemente en casos como el de Egipto y Túnez. Estas medidas son más propias de Praga en los sesenta donde Kundera ambienta una de sus novelas más conocidas y lo que es más preocupante, también son propias de una Alemania como la de Hitler. Solo cabe recordar a Joseph Goebbels, encargado de la propaganda Nazi, cuya principal función era controlar todos los medios existentes para a través del “marketing social” convencer a las masas de hechos bastante alejados de la realidad – e identificar y acallar el disenso. Claro, HidroAysén es bueno, la “revolución” educacional  – pocas veces he visto tal manoseo de la palabra revolución – de Lavín es excelente, la CORFO y la venta de las sanitarias es cosa necesaria para la reconstrucción, aunque no se hayan ejecutado una gran cantidad de recursos. Miente, miente, que algo queda.

En Internet Pablo Matamoros (Matamoros.cl), quien fue asesor comunicacional de Sebastián Piñera en la pasada campaña electoral, se pregunta porque tanto alboroto si se quiere “escuchar” las redes sociales con información pública (Twitter.com). Pablo, te explicaré. A pesar de que la información publicada en redes sociales y sitios de Internet sea pública, el instaurar un “sistema de vigilancia” que tipifique menciones “a favor o en contra del régimen” claramente socava las bases de la libertad de expresión pues constituye una coacción que limita la participación política en libertad. Y, para pensar en contra factuales, ¿desde cuándo un gobierno necesita medir las redes sociales cuando tiene gente marchando en las calles con claras demandas? Los temas están en la mesa, no en las redes sociales. A menos que quieran identificar a los focos más hostiles al gobierno y actuar respecto a eso.

Más importante aún. ¿Esta medida sirve al bien común? No, a menos que por bien común consideremos el bienestar de un criticado Gobierno que desea identificar los ‘focos’ de conflicto (no los temas, esos son claros para todos).

En el mundo de hoy las democracias liberales son el paradigma imperante, por eso las ideas autócratas resultan algo anacrónicas, sin embargo, no es descabellado apreciar sociedades democráticas donde hay episodios en que los ciudadanos son sobrepasados por un “poder superior”. Ese poder superior concentrado en un grupo, ese Leviatán que avanza inexorablemente y controla todo. Ese Leviatán ante el cuál lo único éticamente aceptable es resistir. Es peligroso un gobierno más allá de sus atribuciones.

Pues aquí dejamos testimonio de esa resistencia, aunque en 15 minutos lo registren, lo archiven o lo publiquen.

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En base a esos treinta y seis puntos se puede especular mucho. Se puede especular con HidroAysén y las protestas, aquellas donde la ciudadanía muestra una repulsa hacia lo político, esa ciudadanía que en España, en Francia y en Chile –claro, también en Chile– nos quiere decir que algo anda mal con nuestro sistema político. Como diría Marcellus al comienzo de Hamlet, algo huele mal. Se puede especular con los roces internos entre el ala conservadora y el ala liberal de la derecha, aunque eso de las alas suena a performance y “cuento”, pues en realidad el discurso hegemónico actual no entiende al liberalismo sin el conservadurismo, pero eso es “harina de otro costal”. Se puede especular con muchas cosas, pero hoy nosotros queremos especular con la educación.

En las últimas semanas han ocurrido diversas movilizaciones por parte de estudiantes universitarios, las cuales han logrado acaparar en cierta medida la atención de la prensa chilena, esa prensa esquiva que prefiere hablar de temas faranduleros y sin importancia en lugar de cosas “fomeques”. Las movilizaciones son lideradas por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), donde encontramos a dirigentes con un carisma que no se veía hace bastante tiempo, dirigentes como Camila Vallejo (FECH) y Giorgio Jackson (FEUC).

Las reivindicaciones se basan en un discurso que ha estado instalado hace años en las Universidades más emblemáticas del país y se refiere a la recuperación de la educación “pública”, poniendo fin al lucro y apelando al carácter de la educación como un derecho y a la responsabilidad estatal al respecto. Visto de esta forma, el discurso es de lo más noventero e incluso ochentero, no tiene nada de nuevo en realidad, apunta a la dictadura militar como origen del enfoque educacional actual, el cual se considera errado. Además lanzan dardos contra la Concertación por haber profundizado este modelo.

Nada nuevo bajo el sol. Usted puede utilizar el mismo discurso y reemplazar la palabra educación por “modelo económico” o casi cualquier otra y el discurso queda igual. Es de esos discursos que se aprenden en esas “escuelitas” de formación política de las juventudes comunistas, donde hay una suerte de “catequesis descriptiva” y no un ejercicio de reflexión crítica y menos algo propositivo. Es de esos discursos que pueden tener algo e incluso mucho de cierto, pero tienen un grave problema, se sustentan en lugares que se sienten comunes y no en un reflexión que explique el asunto.

Sin embargo, más allá de las críticas con la forma del discurso, éste no deja de ser cierto. Entonces, si es un discurso instalado hace tantos años, ¿por qué ahora hay tal tensión? ¿Será por el liderazgo de los actuales dirigentes? Si por liderazgo entendemos belleza en el caso de Camila Vallejo, podría ser, pero no es un motivo suficiente. Pues bien, la tensión puede explicarse porque el modelo educacional tiene en sí las semillas de su propia destrucción.

¿Suena familiar, no? Pues es un argumento clásico del marxismo con respecto al capitalismo y basta reflexionar un poco para darse cuenta que en gran medida aplica al modelo educacional chileno. Este concepto es el mismo que George Kennan bajo el seudónimo de “X” señala en el “extenso telegrama” en 1947 con respecto a los conceptos ideológicos de los dirigentes soviéticos; “que el capitalismo contiene las semillas de su propia destrucción y que, dada la incapacidad de la clase poseedora del capital de ajustarse el cambio económico, debe a la larga e ineludiblemente resultar en la transferencia revolucionaria del poder a la clase obrera”. Pues bien, difícilmente eso pasará en Chile, pero al menos la tensión se hace insostenible. Hay una incapacidad de quienes tienen en sus manos el sistema educacional para ajustarse a los cambios y el asunto está fuera de control. Cada vez más fuera de control.

El sistema de educación superior en Chile es fruto de una serie de reformas y contrarreformas que han dado sustento a la institucionalidad actual, la cual hace que el sistema se asemeje a la Hidra de Lerna. La semejanza se basa en que es un monstruo ctónico [1] porque fue engendrado en la larga noche cuando nuestra democracia dormía – aunque parece que la democracia aún no ha despertado, le recomendamos el editorial “Vieja y nueva política. De la rebeldía y el silencio ante lo público” – y además es policéfalo, pues mientras la Hidra poseía una infinidad de cabezas, en Chile existe una cantidad absurda de Universidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y otros similares, los cuales tuvieron un aumento explosivo a partir de las últimas reformas en la década de los ochenta.

Diversos autores como María Olivia Mönckeberg critican que detrás de aquellos edificios “llamados Universidades” suelen realizarse actividades más propias de la “prestación de servicios” tal como cualquier sociedad anónima, donde el objetivo principal es el lucro y no la docencia, investigación y extensión. Es precisamente por esto que el sistema está fuera de control y que todo se tensiona.

El sistema intenta regirse por el mercado, donde esos edificios prestadores de servicios que se autodenominan Universidades aumentan su oferta porque en definitiva hay demanda, pero pareciera que olvidan que el mercado a veces falla y una falla recurrente es la falta de información. Aquellos que generan la demanda en el sistema de educación superior no son agentes del todo informados, no pueden tomar decisiones totalmente racionales pues están limitados en información –situación que promueven quienes establecen la oferta– y a mitad de camino se dan cuenta que lo que estudian no es rentable ni sustentable o simplemente no era lo que pensaban. Desde una perspectiva mercantilista esto es un absurdo, pero desde un punto de vista ético-normativo y académico-intelectual, como dirían algunos pensadores, resulta una ofensa.

El origen de la Universidad como institución se remonta a la Edad Media, donde nacieron como corporaciones integradas por maestros y estudiantes cuyo fin era la difusión e investigación del saber, sin desmedro de que en la Grecia clásica ya se encontraban antecedentes de actividades de índole similar. La Universidad en Latinoamérica ha desarrollado distintas fases propias de acuerdo al desarrollo histórico y social propio de la región, sin embargo, ya en el Congreso Internacional de España de principios del siglo pasado se vislumbra una clara identificación de la misión de las Universidades modernas. Una misión que apunta a la docencia, investigación y extensión, misión que esos edificios prestadores de servicios autodenominados Universidades no siguen ni de cerca.

Ahora bien, es necesario también llevar el análisis un nivel más allá y reflexionar sobre la teoría de Caussaus, que apunta a que los proyectos educativos tanto en Chile como en Latinoamérica son patrimonio de una élite política pues constituyen lo que han querido o han podido realizar y el resto de la población recibe aquello que sea la voluntad de dicha élite (Ballotage.cl). En este nivel de reflexión el identificar a la educación como un punto clave del concepto de movilidad social resulta un absurdo, y lo es más todavía si consideramos el burdo y recurrente argumento de que a mayor número de Universidades hay una mayor oferta educativa y por lo tanto hay una sociedad con mayores oportunidades de movilidad social. LaeEducación no puede representar movilidad social mientras sea manoseada como lo es, no puede representar algo sagrado mientras se considere al nivel de un bien que se compra en el supermercado. En esto radica lo absurdo del sistema.

Frente a eso es posible rescatar ciertos elementos de las declaraciones de la CONFECH, lo primero es que efectivamente señalan que la educación está en crisis –y con eso nos muestran que no están ciegos ni sordos– pero luego pasan a exigir una serie de reivindicaciones que van desde democratizar las Universidades, fortalecer las instituciones tradicionales, tarjeta única estudiantil nacional, temas relativos al aporte fiscal indirecto, etc. En definitiva un diagnóstico pobre –al menos no equivocado como hemos visto– y exigencias que tienden a centrarse en la forma y no el fondo. Detrás de todas esas exigencias se encierra una idea diádica relativa a lo público y lo privado.

¿Es tan bueno lo público? ¿Es tan malo lo privado? No seremos nosotros quienes defendamos a lo privado, pues somos amantes de lo público, pero la falta de auto-crítica siempre es deshonesta. Veremos si las Universidades “Tradicionales” están por sobre el resto y merecen una “revitalización de fondo” como exigen los estudiantes.

En diciembre del año pasado la Contraloría General de la República emitió el informe final de una auditoría integral aleatoria que aplico a la Universidad de Chile, el informe N°181/10. ¡Y sorpresa! Y mucha desazón para los hijos de Bello. Se estableció la existencia de deficiencias en el control financiero, proveedores que no habían recibido sus pagos, ejecución de obras sin contratos en algunos campus, deudas de arancel por más de 27.000 millones imposibles de perseguir por no estar documentadas, asesorías pagadas con anterioridad a la emisión de las boletas de honorarios. Poco control sobre las actividades de altas autoridades. Casi 1.600 millones sin rendir en el Parque Científico y Tecnológico tarea encomendada a una Fundación ligada a un ex personero de la Concertación involucrado en el caso Mirage (Ciperchile.cl), entre otras irregularidades que no se detallarán en el presente artículo.

De esta serie de desórdenes administrativos, irregularidades e incluso atisbo de corrupción, no podemos culpar a la dictadura y a Pinochet, tampoco podemos culpar al Estado y su despreocupación. Esto solamente es ineficiencia absurda, intolerable y pavorosa.

¿Qué hacer frente a tanto absurdo entonces? Cuando Heracles se enfrentó a la Hidra de Lerna, al cortarle una cabeza quemaba el muñón para que no surgieran más y cuando quedo la última cabeza inmortal, ésta la enterró bajo una gran roca. Quizás esto nos da una idea de que hacer, pues simbólicamente aquello representa la clausura de una situación, lo cual inevitablemente sugiere un nuevo comienzo.

En Chile necesitamos un nuevo comienzo. Necesitamos comenzar a pensar en serios cambios estructurales en educación y otras áreas. La idea de una nueva Constitución debe tomar fuerza.

Nota al pie:

• [1] Ctónico es un término que se utiliza para referirse a los dioses o espíritus del inframundo, marcando una contraposición con aquellos que son celestiales.

La fotografía utilizada fue extraída de http://www.fech.cl

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Los problemas descritos están de alguna forma vinculados a los enclaves autoritarios que señala Garretón, especialmente a los de carácter legal como por ejemplo el círculo vicioso entre los tres quintos necesarios para realizar reformas políticas importantes en el Congreso y la imposibilidad de obtenerlos debido al sistema electoral de carácter binominal. Sin embargo, autores como Siavelis señalan que además hay una serie de “enclaves de transición”, los cuales son prácticas más bien informales que se instalaron desde el plebiscito hasta las reformas constitucionales del 2005 y de alguna forma han contribuido al desprestigio de los partidos políticos en Chile y al bajo nivel de accountability. Estos enclaves son: el cuoteo, el control de la élite en selección de candidatos y política electoral, dominación de partidos en la política, formulación de políticas elitistas y la intocabilidad del modelo económico heredado desde el régimen de Pinochet.

El cuoteo fue una forma de distribución del poder que se utilizo bastante en los gobiernos de la Concertación consistente en una división específica de los cargos de exclusiva confianza presidencial, en especial aplicada al gabinete. Este método no está normado y ha sido bastante informal, sin embargo ha obedecido ciertas premisas básicas como buscar el equilibrio entre los partidos de la coalición de forma proporcional de acuerdo al peso electoral para los distintos nombramientos, e incluso la práctica de nombrar en cargos importantes a candidatos emblemáticos que fueron derrotados en elecciones parlamentarias recientes.

Esta práctica aseguró un trabajo coordinado con los distintos partidos políticos y generó fuertes incentivos que permitieron la unión de la Concertación como coalición. Sin embargo, en la opinión pública ha sido fuertemente cuestionado y caricaturizado, principalmente porque durante los gobiernos de la Concertación fue muy común que ciertos nombramientos recayeran en personas que no tenían ni siquiera la mínima preparación para hacer frente a las responsabilidades del cargo en que fueron nombradas.

Esto fue explotado por años por parte la Alianza por Chile, hoy Coalición por el Cambio, que esgrimieron reiteradamente como argumento principal contra de la Concertación el tema de la corrupción ligada al cuoteo. Prometieron transparencia y una suerte de moral intachable que contrastaría con la corrupción transversal que caracterizaba a la Concertación según su discurso. Se habló del gobierno de los mejores y los más capacitados, incluso el Presidente el 21 de mayo del 2010 dijo esto sobre el Sistema de Alta Dirección Pública y el cuoteo:

“… extenderemos y perfeccionaremos el Sistema de Alta Dirección Pública, para asegurarle al Estado buenos servidores públicos, independiente del color político y origen social, poniendo fin a la cultura de la burocracia, cuoteos, pitutos y operadores políticos, y reemplazándola por la cultura del emprendimiento, la transparencia, el resultado y la eficiencia, al servicio de nuestros ciudadanos” (Mensaje Presidencial, 21 de mayo de 2010).

Pero la experiencia nos demuestra que la corrupción e ineptitud parece no ser derrotero exclusivo de un sector específico.

Durante los dos primeros años de gobierno del Presidente Piñera no sólo hemos visto problemas ligados a la reconstrucción, a la ex Intendenta del Bío Bío y otros que se podrían calificar como de corrupción, sino que específicamente hemos visto los mismos problemas que tenía la Concertación con el cuoteo. Desde el primer gabinete se pudo apreciar un equipo de corte empresarial, una suerte de directorio empresarial que evidentemente no tenía las características que debía tener a un gabinete gubernamental. Tenemos que aprender de una vez por todas que un ingeniero con MBA no es experto en cualquier tema como nos ha querido hacer creer este gobierno.

En el primer año de gobierno tuvimos al aparato público en una paralización pavorosa, subsecretarías con equipos incompletos, problemas y retrasos en nombramientos y pulverización del Sistema de Alta Dirección Pública. Lo peor es que muchos problemas fueron precisamente porque se quería nombrar a personas ligadas a violaciones a Derechos Humanos o derechamente personas que tenían problemas con la justicia, casos como José Miguel Stegmeier y Angelo Barbieri.

¿Qué pasó con los famosos grupos Tantauco que estaban preparando la implantación del gobierno? Parece que todo eso era fantasía o simple cuento. Recién a los dos años ya se ve más normalidad y orden en el ejecutivo. Pero sólo ‘cierto’ orden pues los conflictos de intereses estuvieron a la orden del día y evidentemente el gabinete en general respondió a un perfil similar; ser una suerte de Chicago Boy y/o cercano a los sectores conservadores de la Iglesia Católica. El gabinete parece un club social dominical que salta de las sociales de El Mercurio a la sección Nacional y Reportajes.

Por otra parte, el Sistema de Alta Dirección Pública no fue para nada fortalecido, todo lo contrario. Se apostó por una suerte de razzia política en el ejecutivo, lo cual es muy perjudicial para el concepto de servicio civil. Es necesario diferenciar de una vez por todas entre instalar un nuevo gobierno que requiere un recambio en los puestos de confianza, y otra situación muy distinta que es barrer con mandos medios y puestos técnicos. Eso es persecución política y es absolutamente nocivo para el aparato estatal. El Sistema de Alta Dirección Pública ha sido utilizado con una discrecionalidad tremenda en base al artículo 59 de la ley que establece nombramientos temporales y en base a la solicitud de renuncias a los directores elegidos por el sistema. ¿Y el perfeccionamiento del Sistema? No se moleste, muchas gracias.

Perfeccionar el Sistema de Alta Dirección Pública y extenderlo a cargos de nivel regional y comunal estuvo entre los anuncios del 21 de mayo pasado, sin embargo, según un el “Índice 21 de Mayo: Medición de calidad del Gobierno en base a los anuncios de la cuenta pública 2010” publicado el domingo 15 de mayo en El Mercurio y desarrollado por Libertad y Desarrollo, no se ha tomado casi ninguna medida al respecto. Si ellos mismos lo dicen, no los vamos a cuestionar.

Lo más complejo es que pareciera que el gobierno tiene un concepto algo trastocado de la probidad pues busca sólo cumplir con normas jurídicas dejando de lado asuntos más bien éticos y deontológicos. Hecho que muestra su poco entender de los asuntos públicos y un manejo político que si bien se mantiene en la raya de lo legal, muchas veces no respeta asuntos de orden ético-normativo. Y es que el cuoteo no sólo ha sido la única práctica referente a los enclaves de transición que ha caracterizado a la derecha, pues el tomar decisiones entre cuatro paredes o entre gallos y medianoche también se ha vuelto una práctica habitual a pesar de la molestia de la ciudadanía en varios casos como el tema termoeléctrico, Educación, HidroAysén, Magallanes, mapuches, etc.

Es necesario aclarar de todas maneras que en sí el cuoteo como forma de distribución del poder e incentivo de trabajo partidario en coaliciones no es malo. Lo que es nocivo es cuando se utiliza de una forma perjudicial en base a amiguismo y nepotismo, cuando los nombramientos dejan que desear y no están a la altura de las circunstancias.

En este aspecto la derecha nos ha mostrado como lo que hacía mal la Concertación ellos lo pueden hacer peor.

El caso no sólo sorprende por su naturaleza – aunque muchas personas ya no se sorprenden por este tipo de hechos, pues se ha instalado una suerte de repulsa hacia lo político en la sociedad – sino que además sorprende porque a mediados de febrero la Intendenta fue ratificada en su cargo por el gobierno, apuesta que desafió los pronósticos de todos los sectores, incluso de las filas de la Coalición por el Cambio, pues se esperaba que Van Rysselberghe fuese removida.

Evidentemente el no removerla es una apuesta política que deriva de la presión de la UDI y el interés de buscar romper el doblaje de la Concertación en la región para las próximas elecciones parlamentarias con Van Rysselberghe como candidata. Sin embargo, más allá del cálculo electoral, la decisión sigue siendo llamativa por dos razones: a) el apoyar a una autoridad cuestionada por temas de corrupción menoscaba la ya deteriorada credibilidad – como atributo personal – de Sebastián Piñera, y b) de alguna forma demuestra un extraño manejo del concepto de probidad por parte de la derecha (se recomienda leer “La nueva forma de ignorar la probidad”, editorial de Ballotage).

Fue precisamente aquella segunda razón, la que destacó Osvaldo Andrade, unos de los diputados que presento la acusación y presidente del Partido Socialista, “… Queremos que la nueva forma de gobernar incorpore honradez y decencia en la gestión pública” (Elmostrador.cl). Junto con Andrade, fueron otros nueve diputados más los que presentaron la acusación, entre los que se cuentan parlamentarios de la Concertación y del Partido Comunista.

De acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica del Congreso, no menos de diez diputados ni más de veinte pueden presentar una acusación formal. Han existido antecedentes de acusaciones constitucionales a Intendentes, siendo las más recientes las realizadas contra Marcelo Trivelli (2002), Iván de la Maza (2004) y Ximena Matas (2010), por otra parte, unas de las acusaciones más bulladas del último tiempo – y que por lo demás terminó con pronunciamiento de culpabilidad – fue contra la ex Ministra de Educación, Yasna Provoste (2008) (Ballotage.cl).

El procedimiento consiste en que la Cámara de Diputados declara ha lugar la acusación y el Senado se pronuncia sobre la posible culpabilidad. De ser culpable el acusado resulta destituido e inhabilitado por cinco años para desempeñar funciones públicas, incluso las de elección popular. El Senado funciona como jurado y puede considerar todo tipo de pruebas, en este sentido la acusación también se suele denominar juicio político, pues no sólo retira el nombramiento, sino que además impide que la persona sea investida nuevamente en un plazo determinado.

La acusación contra la Intendenta en particular (descargar documento), se sustenta en la infracción de los artículos 8, 112 y 19 N°2 de la Constitución mediante los siguientes cuatro actos: a) mentir deliberadamente a los vecinos de la población Aurora de Chile de Concepción, b) inventar una historia falsa señalando que personas que no habían sido afectadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010 si lo fueron, c) promover privilegios y beneficios habitacionales a determinadas personas, y d) arrogarse atribuciones que no le corresponden al cargo que tiene.

La acusación toma fuerza al señalar nuevas irregularidades que han ido apareciendo en el último tiempo, más allá de lo señalado por el Senador Navarro durante el verano. Principalmente se refieren a irregularidades en el municipio de Concepción – adulteraciones y desapariciones de documentos – y situaciones similares en Talcahuano. La argumentación central de la acusación se basa en el relato de hechos donde se observa que la Intendenta ha entregado información incorrecta y faltado a la verdad en diversas oportunidades, ante autoridades superiores en el Estado, medios de comunicación y habitantes de su región.

Se apunta a que su actuar contraviene la probidad y ética pública, los cuales son fundamentales para una sociedad democrática. Por ejemplo, el artículo 7 de la Constitución prescribe que los órganos del Estado sólo pueden actuar dentro de sus competencias y en el artículo siguiente se aborda que el ejercicio de las funciones públicas obliga a los titulares al cumplimiento del principio de probidad. Incluso antes de la entrada en vigencia de la actual Constitución, la Contraloría General de la República había considerado el principio de probidad como uno general del derecho administrativo. Además, el principio de probidad esta regulado en varias otras leyes de distinto rango.

Por otra parte, la misma Constitución señala que las funciones de los Intendentes son la coordinación, supervigilancia y supervisión de los servicios públicos creados, en este caso los dos últimos son puestos en jaque en el caso de la Intendenta. Otro punto complicado es que el intentar beneficiar a un grupo determinado constituye una falta al principio de igualdad ante la ley.

Como contrapunto a los argumentos de la acusación, la defensa de Van Rysselberghe se sustenta en la inexistencia de irregularidades.

Se señala que el Programa Fondo Solidario de Vivienda puede entregar recursos a conjuntos habitacionales con menos de un 80% de familias damnificadas sólo si lo autoriza el Subsecretario de Vivienda. Sin embargo, aquello es una excepción regulada por resolución exenta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se considera a petición del Director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región correspondiente. El problema es que la Intendenta afirmó en su momento que todos los pobladores eran afectados y no se solicitó dicha excepción. Es precisamente en este punto donde frases como “inventamos una historia” o “logramos convencer en Santiago de que si estaban afectadas” justifican la irregularidad a pesar de que se trate de apelar a una excepción a la regla general, lo cual no viene a lugar porque en su momento no fue considerada. De hecho, entre los documentos acompañados en la acusación presentada, se encuentran el video y el audio de la reunión de la Intendenta con los pobladores la población la Aurora de Chile el 09 de septiembre de 2010 y la respectiva transcripción, además de varias entrevistas realizadas en distintos medios de comunicación que delatan como las versiones del Subsecretario, de la misma Ministra y de la Intendenta se contradicen e incluso van variando en la medida que evoluciona el conflicto.

Lo más preocupante de esta situación es que el Director del SERVIU de la Región y el mismo SEREMI se encontraban presentes en la reunión con los pobladores en septiembre, cuando la Intendenta pronunció aquellas frases para el bronce. Este hecho es señalado en la acusación, pues precisamente pone en jaque los mecanismos de control intraestatal y accountability horizontal, los cuales se refieren específicamente a la fiscalización entre distintos organismos y/o autoridades del Estado.

En definitiva, ahora que la acusación ha sido ingresada, deberá ser la Cámara de Diputados quien la declare a lugar o no, lo cual se votará a fines de abril o principios de mayo. Sin duda la UDI cerrará filas, y desde ya ha comenzado a presionar a RN para que también lo haga mediante declaraciones de algunos de sus parlamentarios en medios de comunicación (Cooperativa.cl). Por otra parte, hay que ver si la Concertación logra cerrar filas y agrupar también a independientes y a los parlamentarios del Partido Comunista. Al menos la presentación de la acusación ya es una primera señal de que hay consenso para buscar la caída de Van Rysselberghe. Además hay que considerar que La Moneda no se quedará de brazos cruzados y buscará respaldar a la Intendenta para no incurrir en costos políticos mayores después de haberla apoyado y respaldado tan firmemente a mediados de febrero.

En el caso de que la acusación se llegase a encontrar a lugar en la Cámara de Diputados, es muy probable que el lobby en el Senado sea muy intenso y no se le encuentre culpable, o bien si es que las cosas no son muy favorables, todo termine con la renuncia de Van Rysselberghe antes de que el juicio político se realice, pues así no quedaría inhabilitada para presentarse en las próximas elecciones. Sin duda, cualquiera de estos escenarios se verá directamente influido por la capacidad de la Intendenta de hacer valer su posición dentro de la UDI y dentro del mismo gobierno, capacidad y manejo que hasta la fecha ha demostrado con creces, pero que podría verse disminuida por alguna situación imprevista.

Estas modificaciones fueron argumentadas por los parlamentarios que votaron a favor – los cuales pertenecen a todos los sectores políticos – en base a que favorecían la tranquilidad y comodidad de la discusión y el trabajo en comisiones. Sin embargo, estas modificaciones no son menores y resultan bastante complejas si consideramos dos cuestiones importantes: a) la función de las comisiones es bastante más importante de lo que se podría pensar de buenas a primeras, y b) las modificaciones en definitiva constituyen un problema de transparencia y además ponen trabas al correcto funcionamiento del sistema político y democrático.

¿Cuál es la función de las comisiones?

Las leyes en Chile se inician a través de un proceso que puede ser impulsado por un mensaje cuando la iniciativa proviene del ejecutivo, o por una moción cuando el proyecto proviene de los mismos parlamentarios. En el caso de la moción, esta es presentada en la cámara respectiva, sin embargo, el mensaje puede presentarse en cualquier cámara, respetando que en la de diputados se presentan leyes sobre tributos, presupuesto y reclutamiento, por otra parte, el Senado trata leyes de amnistía e indultos.

En la cámara de origen – dependiendo de dónde se haya presentado – el presidente da cuenta del ingreso del proyecto, entonces éste es analizado por una comisión de estudio que presenta sus conclusiones a la Cámara, luego en la discusión general en la sala se aprueba o no el ánimo de legislar y el proyecto vuelve a la comisión para un estudio específico, cuyos resultados se presentan a la sala antes de la discusión específica y la votación respectiva. Cómo podemos ver, el trabajo en comisiones es crucial para todo proyecto de ley, pues es el lugar dónde muchas veces se determina con anterioridad la viabilidad de un proyecto, se negocian acuerdos y se realiza cabildeo.

Un problema de transparencia debilita nuestra democracia

Como se ha señalado, el trabajo en comisiones es bastante importante, muchas veces es el lugar donde realmente se determina la viabilidad de un proyecto y se negocian apoyos y condiciones, por lo cual el hecho de que se imponga secreto a su accionar resulta bastante complejo desde distintas perspectivas teóricas, pues cuestiona avances en cuanto a temas de transparencia y también debilita en cierta medida nuestro sistema político y democrático.

Este “secretismo parlamentario” contraviene la norma general que ha imperado desde la entrada en vigencia – en abril de 2009 – de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública, más conocida como Ley de Transparencia. Esta norma precisamente regula el principio de transparencia en la función pública y norma el derecho de acceso a la información pública – la cual corresponde a los actos y resoluciones de los órganos del Estado, además de procedimientos y cualquier tipo de información elaborada con presupuesto público –, además constituye una buena forma de prevenir la corrupción, entendiendo el término según la definición de Transparencia Internacional, es decir, el uso indebido de poder que ha sido confiado para un beneficio particular (Transparency.org).

Por otra parte, el secretismo también pone en jaque el concepto de accountability, el cual es un término anglosajón que no tiene traducción literal a nuestro idioma, sin embargo, distintos autores utilizan términos como ‘control’, ‘fiscalización, ‘responsabilización’, ‘rendición de cuentas’, siendo los dos últimos los más ocupados. Según autores como O’ Donnell se puede distinguir entre accontability de carácter vertical, que es el que ejerce la ciudadanía mediante las elecciones, y de carácter horizontal, que apunta al control intra estatal – mediante instituciones como contralorías, auditorías, etc. – adicionalmente, otros autores como Peruzzotti y el mismo O’Donnell, han llegado a distinguir el accountability societal vertical o social, el cual es llevado adelante por movimientos sociales, ONGs o medios alternativos, y en definitiva es una especie de control ciudadano del quehacer estatal.

En esta línea y en términos teóricos, los principales afectados por las modificaciones mencionadas son el accountability vertical, pues la ciudadanía no tendría plena y total información del actuar de sus representantes, por lo cual no puede premiarlos o castigarlos correctamente en las próximas elecciones, en esta línea, se podría considerar que se genera una suerte de racionalidad limitada en el marco de la elección racional. También resulta afectado el accountability societal vertical, pues los medios alternativos, movimientos sociales u otras instituciones, no tienen acceso a las fuentes de información primaria para generar un correcto control social.

Finalmente, resulta preocupante que las modificaciones que precisamente causan toda esta controversia, hayan sido aprobadas en comisión mixta por parlamentarios de distintos sectores, sólo con la negativa de Jorge Burgos (DC), quien argumentó que precisamente el cambio contraviene las normas de transparencia. Sin embargo, actualmente está pendiente la discusión de un proyecto que modificaría en parte lo anteriormente señalado (Votainteligente.cl), permitiendo la publicidad de grabaciones y apuntes, ante lo cual parlamentarios como el diputado Ceroni (PPD) – que apoyó las modificaciones anteriores – ahora han flexibilizado su postura.

En este sentido, la tradición está ligada al concepto anglosajón de accountability, el cual no tiene una traducción exacta en nuestro idioma, y está ligado a mecanismos de control y limitación del poder a gobernantes mediante pesos y contrapesos. Desde una perspectiva teórica, la rendición de cuenta pública particularmente, está ligada al concepto de control social acuñado por el CLAD (Consejo Científico del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo), el cual apunta a disminuir la brecha de asimetría en la relación entre ciudadanos y la autoridad, con el objetivo específico de responder a la confianza pública informando a la ciudadanía y a la sociedad civil de las decisiones y estrategias tomadas.

Este año fue muy especial, pues desde el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez en 1964, que el discurso no era dado por un Presidente de derecha, sin embargo nos encontramos con las sorpresa de que “el cuervo no era tan negro como el grajo”, pues el discurso de Piñera marcó claras diferencias con la derecha conservadora chilena, aunque el mismo Presidente lo niegue a través de la prensa. No obstante aunque el discurso fue “mucho más de centro que de derecha”, de todas maneras logra dejar satisfecha a la UDI, gracias a ciertas señales importantes dentro del mensaje.

El discurso tuvo una serie de hitos (Gobiernodechile.cl) que lo dividen en dos partes principalmente, la primera apunta a la unidad y aborda el terremoto, en esta parte Piñera evito ataques frontales contra la Concertación, de hecho rindió homenaje a los ex Presidentes. La segunda, señala una serie de propuestas, lo cual no es equivocado pues no había mayor necesidad de cuenta pública dado lo reciente del gobierno, además el presentar los ejes de trabajo ha sido una práctica tradicional.

El discurso tuvo una serie de coincidencias con las políticas impulsadas por la Concertación. En este sentido genera presión y es una buena estrategia para conseguir los apoyos necesarios en el Parlamento, donde el gobierno tiene minoría. Por otra parte, también realiza un guiño a la UDI con una “agenda valórica” escondida a través de anuncios como el bono de bodas de oro, y la exclusión de temas como las uniones homosexuales, además se potencia el concepto clásico de familia en distintos puntos del discurso. A continuación, revisaremos algunas medidas en las varias áreas abordadas durante el mensaje, como podrán apreciar muchas de ellas son propuestas asociadas tradicionalmente al mundo de la Concertación.

En combate a la pobreza una de las medidas más llamativas es el anuncio de la creación de un ingreso ético familiar de $250 mil para familias de cinco miembros, sin embargo aún no hay total claridad con respecto al tema, de todas maneras el Ministro Kast (MIDEPLAN) ya anunció que sería una especie de subsidio complementario al sueldo base. También llama la atención el anuncio de modernización de la Dirección del Trabajo.

Con respecto a las medidas económicas, destaca la reducción a la mitad del impuesto de timbres y estampillas, lo cual es un avance con respecto a la postura de la Concertación en el mismo tema. También se reducirá de 27 a 16 días la creación de nuevas empresas, lo cual también es un avance, aunque quizás sería bueno explorar subsidios para el proceso de creación, ya que en muchos países el proceso dura menos de una semana y además no se incurre en mayores gastos.

Las medidas en Educación fueron las que demostraron mayor coherencia, potenciadas por la positiva gestión de Lavín, fue el tema que abarco más tiempo del discurso superando los diez minutos. Destaca la creación de quince liceos de excelencia a marzo del 2011, sin embargo este mismo tema es el que provoca mayor controversia pues es una medida que provocaría concentración de buenos alumnos, en lugar de mejorar homogéneamente el sistema, por otra parte hay escepticismo en torno al éxito de la exportación de modelos de colegios tradicionales. También destacan medidas interesantes como mantener los colegios abiertos hasta las 20.00 hrs. en comunas con altos índices de delincuencia y drogadicción, sin embargo eso tendría que ir aparejado con algún programa de actividades extra programáticas y recursos necesarios para aquello. También destaca la ampliación del Simce – aunque es cuestionado por algunos como herramienta de medición – y los incentivos para estudiar pedagogía en materia de becas, aunque en este punto debería mejorarse el tema de los sueldos. Hay falta de claridad en temas como Servicio País en Educación, pues resultaría muy complejo integrar masivamente profesionales – se hace hoy, pero de forma acotada – sin mayor experiencia en pedagogía al sistema de educación pública.

En materia de seguridad ciudadana destaca la inminente creación del Ministerio del Interior y Seguridad Ciudadana, lo cual se ha venido trabajando desde los gobiernos de la Concertación. También destaca la creación de un registro público de pedófilos y condenados por violación y el aumento en la dotación de Carabineros y ampliación del Plan Cuadrante. Esto último es cuestionable pues específicamente el Plan Cuadrante no tiene evaluaciones reales y no se ha medido satisfactoriamente su impacto.

En Salud destaca la eliminación del 7% para adultos mayores, aunque hay que ver a quienes afectará, lo lógico sería que fuese a quienes cotizan en FONASA, este tema fue presionado por la Democracia Cristiana en frecuentes ocasiones durante el gobierno de Michelle Bachelet, incluso secundado algunas veces por el Partido Socialista, sin embargo el Ministro Velasco siempre le puso freno, por lo cual es una coincidencia absoluta con la Concertación. También se anunció la meta de terminar con las listas de espera Auge en dos años, sin embargo esto topa con la gran falta de especialistas y fallas en la infraestructura en el sector público. Otros anuncios interesantes son el proyecto de Superintendencia para fiscalizar FONASA y el aumento de actividad física e incentivos para evitar la comida chatarra en colegios.

Más allá de las concordancias en temas, el discurso tuvo el sello propio de Piñera, marcado por la utilización de términos de su campaña haciendo referencia a las “oportunidades” y a la nueva forma de gobernar. Quizás fue excesivamente largo – tanto que el embajador de Argentina se quedo dormido – y hubo algunos errores de pronunciación e imprecisiones como la referencia a Checoslovaquia.

Con respecto a las diversas declaraciones de la oposición y el oficialismo, no hay mucho que decir pues era absolutamente esperable que unos declarasen que faltaron detalles y otros lo alabaran. Sin embargo, llama la atención las señales dadas, como el acercamiento entre RN y el PRI, la distancia entre las listas opositoras de RN, la cercanía entre Kast y Longueira y otros hechos anexos al discurso que tienen que ver con los procesos de elecciones internos que se están viviendo en cada partido político (Elmostrador.cl).

Resulta interesante ver como Piñera recoge propuestas no tradicionales de su sector y a la vez deja relativamente tranquila a la derecha más dura, sin embargo es preocupante que algunos anuncios, excedan su mandato presidencial, también resulta complejo la gran amplitud de temas, pues aquello implica el riesgo cierto de no concretar varios puntos.

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Fotografía: Foto Presidencial