Por Alain Faujas, Le Monde (19 de febrero 2012).
Traducción de Iván Muray.

Si faltaba una prueba de que los recursos mineros prometen un futuro brillante, fue la fusión propuesta el 07 de febrero entre el primer productor mundial de materias primas, el grupo suizo Glencor, y el cuarto grupo minero mundial, los suizos de Xstrata. Aquello resultaba una prueba rotunda. Este acercamiento, de un valor bursátil de 90 mil millones de dólares, confirma que los inversores del planeta apuestan a una escasez de materias primas frente a una demanda galopante. Ellos buscan asegurar su abastecimiento y apropiarse al máximo de esta prometedora cadena de valor.

Esta convicción se manifiesta dentro de los grandes grupos por un frenesí de inversión destinado a sustraer de la tierra más minerales metálicos o energéticos, con el fin de responder al apetito voraz de países emergentes, comenzando por China.

En el año 2011, los mastodontes anglo-australianos de BHP Billiton y Rio Tinto, los brasileños de Vale, los suizos de Xstrata y los sudafricanos de Anglo American, así como las mineras más pequeñas, invirtieron del orden de 140 mil millones de dólares, tanto en las faenas como en maquinaria. Esto permitió obtener más oro, hierro, carbón, cobre o tierras raras, para la fabricación de más automóviles, viviendas y teléfonos móviles.

En el año 2010, las grandes mineras habían desembolsado 100 mil millones de dólares, mientras que en el 2003 “apenas” 40 mil millones. El 2012 promete no ser menos. Rio Tinto anunció, el 08 de febrero, que invertiría 3,4 mil millones de dólares solo en sus minas de hierro australianas. BHP Billiton ha anunciado, el 14 de febrero, que invertirá para aumentar en 30% la producción de la mina de cobre más grande del mundo, La Escondida en Chile.

Las fusiones y adquisiciones están de vuelta, gracias a la enorme liquidez que disponen las grandes mineras después de años de beneficios astronómicos (23 mil millones de dólares en 2011 solo para BHP). El punto más alto de estas concentraciones fue alcanzando el 2007, con un monto de 210 mil millones. Según un estudio publicado el 05 de febrero por Ernst & Young, la crisis bajó estas ventas a 126 mil millones el 2008, y a 60 mil millones el 2009. La remontada del 2010 fue de 113 mil millones, que se confirmó en 2011 al alcanzar 162 mil millones de dólares.

Deseosas de hacer rendir al máximo sus capitales, estas empresas se encuentran frente “al dilema de comprar, construir o distribuir sus beneficios” según el estudio. Los grupos eligen de más en más la primera solución, porque es más fácil, más rápida y menos costosa. Comprar a un competidor junto con sus minas permite comenzar de inmediato nuevas faenas.

¿Qué países son interpelados por estas compras? Los países desarrollados, siempre más seguros, en primer lugar los Estados Unidos, Canadá y Australia. ¿Los sectores más codiciados? El carbón y el oro.

Como establece el estudio de Ernst & Young, estas inversiones externas tienen por objetivo bajar los costos, pero también alcanzar el tamaño crítico para no pagar los gastos de la volatilidad de los precios de las materias primas, los cuales son extremadamente dependientes de los problemas macroeconómicos, como por ejemplo, la crisis de la deuda.

Es por esto que este movimiento de concentración debería acelerarse en el año 2012, según el estudio, igualmente si no hay correlación entre el valor bursátil de las sociedades mineras y el precio de las materias primas, que aumentaron durante el primer semestre de 2011 y que continuaron al alza. Así, todos los observadores esperan que la nueva dupla Glencore-Xstrata tenga por objetivo el número cinco mundial, Anglo American.

Esta compra a la medida desembocará inevitablemente en cuasi monopolios que impondrán sus leyes a los países en desarrollo y sus precios a los consumidores. La única resistencia que estos mastodontes encontrarán sobre su camino vendrá de los Estados. Ya sean desarrollados (Australia), emergentes (Brasil, Rusia, Sudáfrica) o en vías de desarrollo (Venezuela, Bolivia) que querrán participar en la fiesta y no dudaran en cambiar las reglas del juego minero en su favor para obtener más royalties.

Siempre tentados por la nacionalización, como en Sudáfrica, que acaba de hacerlo, los gobiernos no olvidan que sus habitantes pagaran el precio de los daños medioambientales provocados por las maquinarias, las faenas y sus desechos. Ninguno de estos Estados desea conocer las protestas socio-ambientales de los chinos o las ocurridas en otros lugares. Estas protestas no son más que un aperitivo de lo que esperan los grupos mineros, siempre insaciables de los recursos del planeta.

PUBLICADO EN POLÍTICA INTERNACIONAL

Por Christine Legrand, corresponsal de Le Monde, Buenos Aires (15 de enero 2012).
Traducción de Iván Muray Toro.

Juan Guzmán acoso al ex dictador chileno, fallecido en 2006, durante siete años, y oso inculparlo dos veces.

Por haber inculpado al general Augusto Pinochet por graves violaciones a los derechos humanos, el juez chileno Juan Guzmán, precipito el fin de su carrera. Debido a su antigüedad, habría debido ser nombrado en la Corte Suprema de Justicia por el presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006). Su nombre también había sido evocado como posible ministro de justicia, en 2006, pero al ser electa presidente de la República, la socialista Michelle Bachelet, ella misma arrestada y torturada durante la dictadura militar (1973-1990), no lo eligió.

Después de acosar durante siete años al antiguo dictador, y haberlo encausado dos veces, el magistrado entro en retiro en 2005, sin honores. Designado como uno de los once magistrados « incorruptibles » por el diario español El País, el otrora juez continua trabajando en un gabinete de abogados y da conferencias en el extranjero para mejorar su modesta pensión.

Grande y alegre, con una voz dulce y una mirada traviesa, aquel al que se le había bautizado como « Juan sin miedo » se encuentra sereno: « tengo la conciencia tranquila. Hice mi trabajo de juez, cerré todas mis causas e inculpe a decenas de militares y civiles ».

Salvo a Pinochet. En dos oportunidades, la Corte Suprema en 2002, y después la Corte de Apelaciones, en 2005, habían considerado que el antiguo hombre fuerte de Chile no estaba en condiciones de someterse a un proceso por razones de salud. La saga Pinochet estaba cerrada. El viejo caudillo, inculpado también por fraude al Fisco y desvió de fondos públicos, murió a los 91 anos, el 10 de diciembre de 2006, en la impunidad.

Desde el comienzo de su investigación, en 1998, Juan Guzmán padeció ataques personales, amenazas e innumerables presiones. En enero de 2001 sus declaraciones a Le Monde fueron un verdadero golpe, al reconocer presiones del gobierno izquierdista del presidente Lagos.

¿Significaba esto, para el conjunto de la institucionalidad chilena, que Pinochet era intocable? Sin embargo, el gobierno chileno se había comprometido con la comunidad internacional a juzgarlo. Fue gracias a esto que Pinochet había sido repatriado a su país natal, en marzo de 2000, después de haber estado detenido en el Reino Unido durante 17 meses por orden del juez español Baltazar Garzón.

En Chile, nada predisponía al juez Guzmán, hijo de diplomático y educado hasta los 12 años en Washington, a enjuiciar a Pinochet. El día del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, la familia Guzmán había festejado con champagne la caída del gobierno socialista de Salvador Allende. El destino quiso que, en enero de 1998, Juan Guzmán estuviera de turno en la Corte de Apelaciones de Santiago, el día en que fue depositada la primera querella contra Pinochet. Luego de la detención del antiguo dictador en Londres, las querellas se multiplicaron y el juez Guzmán fue el encargado de instruirlas.

Con militares en su familia, un padre respetado como poeta, Guzmán es mirado con buenos ojos por la muy conservadora sociedad chilena. Por otra parte, el juez no tiene ninguna opinión preconcebida.

Después de recabar macabros registros a lo largo de todo Chile, para encontrar los cuerpos de los desaparecidos, y después de haber interrogado a mas de 2.000 testigos, el juez tomo conciencia, con horror y humildad, la envergadura de los crímenes cometidos. Pero en su país impera la ley del silencio. En la derecha, sus antiguos colegas tienen por él un odio feroz. En la izquierda, numerosos son aquellos que prefieren evitarlo por miedo a manchar sus carreras.

Sin embargo en las calles de la capital, Santiago, los peatones lo reconocen y todavía lo felicitan. Los estudiantes que se manifestaron durante meses en 2011 para exigir una educación gratuita no lo olvidan. Como los « indignados » de Santiago, Juan Guzmán se encuentra convencido que una reforma a la Constitución, impuesta por Pinochet en 1980, es indispensable para terminar con la herencia de la dictadura militar. A pesar del retorno a la democracia, los gobiernos de centro izquierda que se sucedieron durante 20 años no la abolieron. Ella se encuentra más vigente que nunca con el gobierno de derecha de Sebastián Piñera.

Autoridad, Estado, Nación, Republica, conceptos ausentes del discurso democrático liberal actual, pero que sin embargo parecieran resistirse al olvido, y que vuelven a aparecer con toda la fuerza de sus fundamentos cuando el sistema liberal parece incapaz de hacer frente a los problemas producidos por la globalización. Establecer que existe una relación entre el olvido de estos conceptos y la impotencia política de las democracias actuales pareciera ser a priori arriesgado, pero si nos remitimos a lo esencial enunciado por estos conceptos, veremos que es posible determinar que entre liberalismo y soberanía (porque autoridad, Estado, Nación y Republica, remiten en este contexto, al poder de la asociación política de decidir soberanamente) existe una distancia que es imposible de sobrepasar. Los esfuerzos del liberalismo fueron siempre tratar de limitar el poder político. Recordemos que esta corriente política nace en un contexto donde el poder del Estado era absoluto o aspiraba a serlo, estableciendo una separación entre la sociedad civil y la autoridad política, la cual limitaba su injerencia mediante el establecimiento de una constitución. El establecimiento del liberalismo político como régimen dominante, después del derrumbe de los socialismos reales, se hizo conjuntamente con la  institución de la economía de libre mercado, la cual podríamos caracterizar como la expresión de una sociedad civil libre, que se otorga a sí misma una autoridad política acorde con el mantenimiento de su propia libertad. He ahí la separación infranqueable entre lo político, entendido como lo público, y el mundo privado; el primero es un derivado del segundo, según la doctrina liberal.

Dentro de un contexto como el europeo, donde la integración económica es el fundamento de su unión política; la crisis de la deuda, la crisis del euro, son el vivo reflejo del fracaso de la Unión Europea, fracaso que el Front National, había previsto en 2002 con una aguda claridad (Fninfos.fr) y cataloga como inevitable la salida de la moneda única.

Este acento del programa de Le Pen sobre la autoridad del Estado, se debe a que su partido, reconoce el lugar central que el Estado ha jugado en la emergencia de la nación francesa a lo largo de la historia, rol que ha sido dejado de lado por los gobiernos liberales, ya sean socialistas o de centro derecha: «totalmente desarmada por treinta años de inacción y de abandono frente a la globalización, Francia debe volver al juego de las Naciones. El empleo, la reindustrialización del país, la igualdad entre los franceses, la planificación del territorio, y la vitalidad de los servicios públicos dependen de eso. En razón de nuestra historia nacional, es naturalmente el Estado quien será la punta de lanza de la reafirmación de Francia: un Estado fuerte capaz de imponer su autoridad a los poderes económicos, a los comunitarismos y a los feudalismos locales». Sin lugar a dudas es un planteamiento reaccionario. Reaccionario porque el programa es una respuesta que busca reafirmar el rol primordial del Estado frente a una política liberal fundada sobre el establecimiento de la Unión Europea «Desde su origen, la Unión Europea se ha construido sin o contra los pueblos europeos. Desde hace treinta años, los partidos en el poder nos prometen una «otra Europa», menos burocrática, más democrática, más social, más comprehensible. Y sin embargo, la realidad no deja de separarse de esta Europa sonada de la cual los Franceses escuchan hablar en cada campaña electoral. En efecto, las fuerzas no democráticas que dirigen la Europa de Bruselas tienen intereses y concepciones en ruptura con las legítimas preocupaciones e intereses de los pueblos europeos» pero que de llegar a concretizarse, el programa político del Frente Nacional marcaria una revolución dentro del actual panorama político, una revolución de tipo islandesa quizás.

El Frente Nacional surgió como un partido de extrema derecha, su nacionalismo, su lucha contra la inmigración ilegal, y la demonización de los otros partidos políticos, han dejado su marca en el electorado francés. Sin embargo en 2002, Jean Marie Le Pen pasó a segunda vuelta contra Jacques Chirac, con un 17% de los votos, dejando en el camino al socialista Lionel Jospin. Ese porcentaje de votos es un techo para el partido frentista, pero también un electorado que no lo abandona. Hoy la volatilidad de las encuestas muestra a Sarkozy y al candidato socialista Hollande con la ventaja en la intención de voto, mientras que Marine Le Pen mantiene el porcentaje histórico de su partido (Sondages-en-france.fr ).

Más allá de los resultados, cabe preguntarse si la propuesta nacionalista podrá convertirse en la respuesta  adecuada a los problemas políticos, económicos y sociales que la sociedad globalizada presenta, ya sea de una manera gradual o tacita, ya que la historia nos muestra que frente a grandes momentos de dispersión del poder político, siguen periodos de concentración y de unificación de este poder, por ejemplo la desmembración del imperio romano, la desintegración del sistema feudal o la emergencia del Estado nación. Esta misma historia nos muestra también que ningún presupuesto político es eterno, y menos lo son, los sistemas de gobierno que ellos proponen.

La vuelta a la soberanía absoluta del Estado, podría ser el resultado de todo este proceso liberal-democrático, más allá de las convicciones dominantes de nuestro tiempo, que son consideradas como verdades y el resultado de un dudoso progreso histórico.

Esta ha sido la premisa económica (y también la esperanza) en la que ha vivido Chile durante más de 30 años, desde que la dictadura militar impuso el neoliberalismo, como no lo había hecho ningún país antes que el nuestro, aportando riqueza (para algunos) y además “desregulación, desempleo masivo, represión antisindical, redistribución de la riqueza en favor de los ricos, privatización del sector público…” (Deslinde.org.co), haciendo del libre mercado, el principal valor político y cultural de nuestra sociedad, lo que se evidencia en el manifiesto carácter de marketing y publicidad que ha tomado la política chilena, a falta de ideas nuevas y compromiso, y el consumismo exacerbado que predomina en las relaciones sociales, consumismo que hace de los medios de comunicación, su catalizador más eficaz y los convierte en un arma venenosa para las conciencias de los espectadores, esto lo saben muy bien los bancos, ya que con su publicidad “buena onda y cercana” dejan de ser la institución que guarda y presta dinero, para convertirse en tu mejor amigo, en el “que piensa en ti”, en dónde lo más importante eres “tu” y donde un pato buena onda te aconseja para endeudarte, endeudamiento que por cierto se ha duplicado en los últimos diez años. Para que hablar de los miles de chilenos que hacen del crédito su forma de pago diaria, ya sea para pagar en el supermercado, en la casa comercial, las cuentas domésticas, etc. (Radiobiobio.cl).

De la historia del neoliberalismo en Chile, sacando un cálculo extremadamente analítico, 20 años de ella han sido bajo los gobiernos de la Concertación, es decir de la “centro izquierda chilena”, por lo que podemos concluir que la administración del sistema político y económico que nos rige ha sido mayoritariamente SU responsabilidad, y no podrían negarlo puesto que con ello, negarían a su vez su obra, es decir la “buena” gestión macroeconómica. Por esto mismo me llama sumamente la atención que la ex presidenta Bachelet, allá lejos en un país muy pequeño pero tremendamente desarrollado como lo es Suiza, afirmara lo siguiente: “Se ha demostrado como falsa la vieja tesis de que cuando un país crecía se provocaba ‘el chorreo’ y que este crecimiento llegaba a los pobres. Con un mayor crecimiento se puede aumentar la desigualdad si uno no tiene políticas sociales intencionadas” (Lanacion.cl) La tesis que ha guiado los últimos 30 (o más) años la economía chilena, de los cuales 20 han sido dirigidos por los gobiernos de la Concertación es falsa, según las propias palabras de Bachelet, mostrando un cinismo que roza en la hipocresía, aunque a su programa social le llame de protección, cuando en el fondo parece ser más que un burdo asistencialismo (necesario a veces, puesto que peor es nada).

Faltando un mes para el Bicentenario pareciera que no hay mucho que celebrar en vista de los últimos acontecimientos, el terremoto y tsunami, la posible muerte de los mineros de la tercera región, que nos muestra la debilidad de los trabajadores frente a las empresas, el incremento de los índices de pobreza y el mantenimiento de la desigualdad entre los que tienen más y los que tienen menos (Americaeconomia.com), hacen que esta fiesta, que prometía ser la celebración de un país triunfador cercano al desarrollo, se convierta más y más en un acto reflexivo que nos permita mirarnos tal cual somos y ver el verdadero estado de nuestra situación, y para realizar esto deberemos dejar a un lado la falta de autocrítica, el delirio ideológico escondido en la “apoliticidad” del mercado, la hipocresía imperante en el mundo político, pero también dentro de las relaciones sociales cotidianas, para que dentro de cien años más podamos al menos decir que se han hecho las cosas bien y que ellas han dado sus frutos.

Este suceso corresponde a las detenciones ocurridas desde el 18 de marzo de 2003 bajo la orden de Fidel Castro para “contrarrestar” la política estadounidense contra Cuba, bajo el amparo de la ley 88, “Protección de la independencia nacional y la economía de Cuba”  cuyo artículo primero señala: “Esta Ley tiene como finalidad tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar, o colaborar con los objetivos de la Ley “Helms-Burton”, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado Socialista y la independencia de Cuba.” (Ruleoflawandcuba.fsu.edu).

Bajo esta ley se procedió a la detención de opositores al régimen de Castro, que “pusieron la seguridad cubana en peligro” al emitir sus opiniones críticas al gobierno, como lo atestigua Amnistía Internacional “la fiscalía los acusó, entre otras actividades, de publicar artículos críticos sobre asuntos económicos, sociales y de derechos humanos en Cuba, de participar en grupos no oficiales considerados por las autoridades como contrarrevolucionarios y de mantener contactos con individuos juzgados hostiles a los intereses del país. Después de un examen detallado de la documentación legal disponible relativa a los 75 casos, Amnistía Internacional consideró a los 75 disidentes presos de conciencia (7) y exigió su excarcelación inmediata e incondicional.” (Cubanet.org) Bajo esta perspectiva, la pretensión del gobierno cubano, de negar la existencia de presos políticos, se debilita considerablemente, y muestra la precariedad de la libertad de expresión, derecho inalienable de todo ser humano, en la isla castrista.

La pregunta que surge al respecto para nosotros que no nos encontramos en Cuba, ¿qué razones tenemos para apoyar un régimen como el cubano? ¿Se puede apoyar a Cuba hoy sin volvernos a la nostalgia revolucionaria del pasado? Objetivamente vemos que se detiene a ciudadanos por manifestar abiertamente su rechazo al gobierno, probablemente no sean la mayoría de los ciudadanos cubanos quienes piensen así, pero sin embargo existe una minoría perseguida y acosada por manifestar su descontento político, con un trato vejatorio no sólo a los presos, sino que también a sus familiares y a los disidentes que permanecen en libertad. Quienes defienden incondicionalmente el régimen castrista justificarán estos atropellos a la dignidad del ser humano tachándolos como actos necesarios del “proceso revolucionario”, o quizás no verán ninguna semejanza entre lo ocurrido en Chile respecto de las libertades civiles y lo que actualmente ocurre en Cuba.

Todos tenemos el derecho de elegir nuestra postura política, sea cual fuere, sin embargo negarse a criticar o por lo menos poner en tela de juicio aquello que sucede en contra de los derechos humanos, aquellos derechos que son anteriores a cualquier postura política, por motivos de lealtad política, es precisamente abandonar la capacidad humana de distinguir lo justo de lo injusto. El gobierno cubano abusa de los derechos esenciales, así como lo han hecho otros gobiernos, y como otros lo siguen haciendo. La prometida liberación de estos 52 presos políticos, por una parte mejora las condiciones de los prisioneros y de sus familias, pero sobre todo muestra el vergonzoso actuar del régimen cubano, ya que esta liberación viene con un pasaje en avión con destino a España, lo que más parece un exilio que una acción de restitución de derechos ¿qué habrá hecho ceder definitivamente al gobierno cubano su postura? Una serie de circunstancias, como lo afirma el huelguista Fariñas  ”hay toda una serie de condicionamientos que hacen que las circunstancias hayan cambiado totalmente, sobre todo en contra del gobierno cubano…están tratando de levantar la posición común de la UE, así como la presión social… puesto que la sociedad cubana está en estos momentos en un estado de convulsión debido a la situación de desastre económico” (Bbc.co.uk). Probablemente una ayudita económica en tiempos de crisis a cambio de algunos prisioneros políticos cubanos haya jugado a favor de estos últimos.

Pero ese mar que tranquilo nos baña y que nos promete un futuro esplendor, como dice la letra de nuestro himno patrio, es también una gran fuente de riqueza para miles de pescadores artesanales y también para grandes empresas salmoneras y multinacionales extranjeras. Durante mayo pasado el congreso aprobó un proyecto de ley que cambia el estatuto jurídico de las concesiones otorgadas a la acuicultura con lo cual estas concesiones pasan a formar parte del patrimonio de las innumerables empresas salmoneras, por lo cual ellas están en condiciones de realizar acciones de venta y compra, así como hipotecarlos (Todoschile.cl).

Este proyecto no ha contado con el beneplácito de los pescadores artesanales, quienes se han visto afectados por la gran contaminación producida por las salmoneras en el sur de nuestro país, ni por diversas entidades que aseguran la mala calidad del salmón producido en Chile: “(las empresas)… manejan en forma secreta y hasta criminal las dosis de antibióticos compuesto por Quinolonas, que suministran a los salmones. La impactante cifra de 385 toneladas de antibióticos usadas en el último año en el país remece a las organizaciones defensoras de los derechos ambientales y ha provocado estupor en los países europeos y norteamericanos, ya que el antibiótico Quinolonas está prohibido porque el consumo de esta droga por seres humanos afecta el sistema inmune, provocando una escasa resistencia a enfermedades bacterianas y virales” (Elsiglo.cl). Sin embargo el gobierno de la Concertación y el apoyo de la derecha, no se han cansado en apoyar a esta industria, otorgándole ayudas salidas del presupuesto nacional, cercanas a los 500 millones de dólares, así como de legislar explícitamente a favor de ellas y en desmedro del patrimonio de todos los chilenos.

Esto puede ser confirmado cuando nos enteramos que el principal gestor de este proyecto, que otorga derechos patrimoniales sobre un bien de uso público, es el ex subsecretario de pesca Felipe Sandoval, flamante nueva contratación de las empresas AquaChile, una de las empresas salmoneras más importantes de nuestro país. Este traspaso del ex subsecretario de pesca al mundo privado pone de manifiesto el estrecho vínculo que existe entre las empresas privadas y las reparticiones gubernamentales, puesto que la misma empresa señala que contrata a Sandoval por su larga trayectoria en el mundo público (Aqua.cl). Lo que se encuentra en tela de juicio, es la imparcialidad del gobierno de Michelle Bachelet frente a los diversos conflictos que surgen entre el mundo público y privado, ensuciando su rol de mediador ecuánime, sobre todo a la magnitud de los conflictos, como por ejemplo Pascualama, Hidroaysen o este caso de las salmoneras.

La fundación Terram lo expresa así: “este hecho afecta gravemente todo el proceso que se ha realizado en el último tiempo. Además, le resta credibilidad a las modificaciones sanitarias y ambientales realizadas en la industria acuícola, que fueron impulsadas precisamente por la persona que hoy pasa a ser ejecutivo de AquaChile” puesto que además Sandoval fue el coordinador de la mesa del salmón o Grupo de Tareas del Salmon, encargado de enfrentar la crisis de la industria salmonera. Frente a este evidente conflicto de intereses podríamos preguntarnos si el ex subsecretario de pesca trabajaba para el gobierno de Chile o para las empresas salmoneras, o cuanto de las medidas adoptadas por esta comisión buscaban encubiertamente ayudar a la alicaída y poco higiénica empresa del salmón chileno, en desmedro de los pescadores artesanales o del ecosistema nacional.

La falta de vergüenza del ex subsecretario y de la empresa salmonera, nos muestran el actual estado de la política chilena, más bien cercana e involucrada con los intereses privados y virtualmente alejada de ciudadanía, sin apoyo popular, desprestigiada a los ojos de los chilenos.

La crisis del Euro representa hoy el mayor peligro para la existencia de la Unión Europea y amenaza con resquebrajar todo el armazón político, económico y social que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial los gobiernos y las economías de Europa han tratado de construir. Es tal la magnitud de la crisis de la moneda única que para la representante del gobierno germano, Ángela Merkel, el fracaso del euro sería el fracaso de Europa: “Es un desafío existencial y tenemos que estar a la altura. El euro está en peligro, y si no lo evitamos las consecuencias para Europa serán incalculables. Si el euro cae, Europa cae” (Eltribuno.info). Así mismo, Alemania ha decidido prohibir las ventas cortas al descubierto, es decir aquellas operaciones en que se vende un instrumento financiero sin haberlo recibido o sin siquiera haberse asegurado de que se lo recibirá, como sucedería en una venta normal (Gestion.pe). El alarmismo germano y esta medida unilateral por parte del gobierno alemán, han generado el descontento de los otros miembros de la Unión Europea que han hecho un llamado a la acción coordinada para enfrentar esta crisis.

Sin embargo la ayuda a Grecia está condicionada a que el Estado griego adopte una serie de medidas que disminuyan su gasto fiscal, lo que equivale en otras palabras a disminuir los salarios a los empleados fiscales, reformas al sistema de pensiones, reducir la edad de jubilación, en suma un cóctel de reformas neoliberales. Estas son algunas de las peticiones efectuadas por el FMI y la Unión Europea para poder hacer efectiva la ayuda económica, y es más, éstas medidas se plantean como la forma económica dominante para el conjunto de los Estados miembros de la unión: “Las decisiones recientes reconocen explícitamente que una unión monetaria es muy débil y como tal, requiere una fuerte coordinación fiscal. Inevitablemente, esto significa que esos países tendrán que ceder parte de la autonomía que tienen hasta el momento para administrar sus asuntos fiscales” (Df.cl).

Es de esta manera que una crisis económica amenaza no sólo con la estabilidad económica de los países miembros, sino además que se avecina una pérdida considerable de autonomía económica por parte de estos Estados, que deberán adoptar las indicaciones que el Banco Central europeo disponga para evitar nuevas crisis. Es así que surge la pregunta sobre el futuro de la soberanía de los pueblos para determinar su propio orden económico o sus propias decisiones sobre asuntos tan relevantes como el sistema de pensiones, el mercado laboral interno, en resumen el dinero de los Estados, dinero público, proveniente de la recaudación de los impuestos, impuestos que salen de los bolsillos de los ciudadanos ingleses, alemanes, italianos o franceses, que primero son ciudadanos de sus respectivos países y que sus Estados son los asociados a la Unión Europea y no ellos, pues aún no existe una “nacionalidad europea”, aunque no se esté lejos de ese propósito.

Si consideramos la baja representatividad del parlamento europeo, debido a la alta abstención dentro de los países miembros en las elecciones europeas, el sistema político que la UE propone no es representativo de la voluntad de los países que la conforman, bastante lejos del ideal de democracia liberal que se propone, y en vistas a la magnitud de la crisis y del peligro que ella conlleva para la existencia de la Unión Europea, se ve claramente que la esencia de ella se encuentra más en sus raíces como un gran mercado común, que una asociación política de Estados y menos aún de los pueblos que conforman esos Estados.

Los sectores del actual gobierno buscan responsabilizar a la señora Bachelet del mal manejo de la catástrofe durante y en los días posteriores al sismo, mientras que los funcionarios del anterior gobierno tratan de deslindar su responsabilidad hacia otras instituciones estatales, como las Fuerzas Armadas, especialmente con el bochornoso desempeño de la Armada (Latercera.com). Si bien encontrar y determinar responsabilidades políticas, administrativas y técnicas es imperioso y necesario para dejar en claro que el Estado es capaz de aleccionarse a sí mismo y de reparar las fallas que se cometieron, no debe dejarse de lado el trasfondo que fundamental esta investigación: el Estado chileno en su conjunto, no estuvo a la altura del desafío que la catástrofe ameritaba. La descoordinación patente que muestra el video entre los diversos actores (gobierno, ONEMI, F.F.A.A.) nos permiten señalar la flaqueza del sistema preparado para enfrentar este tipo de acontecimientos.

Frente a la debilidad que mostró el Estado, deberíamos preguntarnos cuán seguro y cuán protegido está Chile, frente a un acontecimiento de verdadero peligro para nuestro país, vimos que nuestro sistema es frágil frente a las catástrofes naturales tan frecuentes en Chile ¿deberemos esperar un conflicto armado para saber si nuestra defensa es efectiva o no lo es? Los cierto es que ha quedado en evidencia que la presidenta Bachelet no contaba con la información necesaria para tomar una decisión acertada debido al fallo generalizado de quienes debían responder en primer lugar frente a lo sucedido. Sin embargo, esto no exime a la ex mandataria de su responsabilidad, en cuanto ella era la Jefa de Estado, correspondiéndole exclusivamente el gobierno y la administración del Estado, según la Constitución Política de nuestro país (art.24) además de disponer al conjunto de las Fuerzas Armadas y dirigirlas según las necesidades de la seguridad nacional (art.32, incisos 17 y 18).

Esto deja en evidencia la falta de liderazgo de la ex presidenta de la República, en cuanto responsable de un Estado que no funcionó cuando fue requerido y no por las razones que argumenta el diputado Hasbun de la UDI, que hace una alusión a esta falta de liderazgo de Bachelet por no tomar ciertas decisiones (Radiobiobio.cl) por cuanto cualquier mandatario enfrentado a la falla sistemática de los organismos de seguridad y de emergencia, no hubiese contado con la información necesaria para actuar debidamente. Si las responsabilidades son individuales, es tan bien cierto que aquí hubo fallas institucionales que nos muestran una debilidad material pero también una debilidad conceptual en lo que se refiere a materias de Defensa Nacional y de Seguridad Nacional, y de las relaciones recíprocas que existen entre ambas, pues no puede ser que el actual ministro de Defensa exprese que “Las Fuerzas Armadas no están para ser las enfermeras ni los curadores de los terremotos y los aluviones, si no para cuidar nuestras fronteras y asegurar la seguridad del país” (Latercera.com) desconociendo que en la página web de su propio ministerio se define el objetivo de la Defensa Nacional como el de resguardar y proteger a la población que habita en el territorio nacional (Defensa.cl). Es detrás de esta descoordinación conceptual y material, en que se encuentra la falla del sistema de seguridad nacional, una falla de la estructura de la institucionalidad chilena, de la cual forman parte el gobierno, la ONEMI y las F.F.AA. No obstante, no hay que esconder la responsabilidad individual detrás de la falla institucional, por eso los intentos de blindar a la ex mandataria, blindada ya en lo político, en cuanto Jefa de Gobierno, no hacen más que mostrar que a nuestra clase política le interesa más cuidarse a sí misma, que velar por un bien público como es la Defensa y la Seguridad de Chile y sus habitantes.

Sin embargo esta designación ha levantado un sin número de suspicacias debido al manifiesto conflicto de intereses que implica la presencia de un ex director de trasnacionales mineras en el seno de una empresa estatal de la importancia estratégica de CODELCO. Hernández actualmente es Presidente de la división de metales base de la multinacional BHP Billiton y además es miembro del Comité Ejecutivo de dicha empresa (Bhpbilliton.com). Por esta razón diputados de la Democracia Cristiana y del PRI objetan la designación de este ejecutivo, señalando las incompatibilidades de pertenecer a una empresa minera, en abierta competencia con la empresa pública, la cual entrega la mayor cantidad de recursos al Estado. Estas suspicacias nacen debido a que aún existiría una relación monetaria entre Hernández y la multinacional: “¿qué le va a convenir al señor Hernández? ¿Qué le vaya mal a BHP Billiton, si su jubilación futura está cifrada en la suerte de esta compañía ?… existiendo un interés público involucrado, hacemos un llamado al señor Hernández a que especifique cual es el eventual conflicto de intereses que pueda haber en esta materia…en los próximos 4 años, en CODELCO se van a tomar decisiones que van a significar inversiones por más de US $ 16 mil millones y tienen impacto en el largo plazo, en los próximos 10 o 20 años cuando el señor Hernández, que va a tomar estas decisiones, sería una gran accionista de BHP Billiton, la competencia de CODELCO y que se vería perjudicado en sus ganancias si a CODELCO le va bien con estas inversiones” Señalaron los diputados DC. (Elmostrador.cl) mientras que el diputado Pedro Araya, jefe de la bancada de diputados PRI, manifestaba que “vemos con preocupación que Hernández una vez que termine su gestión en CODELCO pueda volver inmediatamente a operar en una firma minera y con la información de lo que ocurre en la empresa pública” (Elmostrador.cl)

Cabe señalar que la minera BHP Billiton prohíbe a sus ex ejecutivos trabajar en otra empresa minera antes de seis meses, porque está consciente del nivel de información privilegiada que ellos manejan. Sin embargo esta clausula contractual ha sido levantada en el caso de Hernández, para que pueda asumir la dirección de CODELCO. No es difícil de imaginar que la multinacional anglo-australiana quiera tener a un hombre ligado a ella dentro de la cuprífera nacional, una de las mayores empresas mineras del mundo y por supuesto su competencia.

Además de este claro conflicto de interés, el profesionalismo de Hernández queda en duda al conocerse que durante su permanencia a cargo de importantes mineras que operan en suelo chileno, estás sólo declararon pérdidas económicas, en claro perjuicio tributario para el Estado chileno:  “Minera Manto Blancos S.A. también perdió el 8 % de sus ventas en los mercados de futuro, y en 1995 llegó a perder  49 millones de dólares en los mercados de futuro, pérdida que representaba el 25% de sus ingresos totales por ventas, que ese año fueron de 198 millones de dólares. Proporcionalmente era una pérdida  3 veces superiores a las de CODELCO… El Presidente de Mantos Blancos S.A. y por tanto, con algún importante grado  responsabilidad en esas considerables pérdidas en los mercados de futuro, era el Sr. Diego Hernández… El directorio y los accionistas de Minera Mantos Blancos S.A., no despidieron al Sr. Diego Hernández, por tales pérdidas, ni a ningún directivo de la empresa. Por el contrario, el Sr. Diego Hernández, fue premiado, porque en 1996 fue ascendido a Presidente de Minera Collahuasi, una empresa de mayor envergadura.” (Elnortero.cl)

Sin embargo esta aparente contradicción entre el “profesionalismo” de Hernández y sus “logros” al frente de las mineras mencionadas tienen una explicación bastante clara: las mineras privadas declaran pérdidas al Estado chileno con el fin de no pagar ningún tipo de impuesto por el cobre extraído en nuestro país, sin embargo poseen una gran cantidad de utilidades fuera de las fronteras chilenas, en paraísos fiscales (Julián Alcayaga “Manual del defensor del cobre” pág. 23). Entonces cabe preguntarnos, por qué el presidente de la República nombra a una persona que ha trabajado y que aún trabaja para los intereses privados y extranjeros, y participando en el escándalo de la evasión tributaria, negando recursos económicos propios de nuestro suelo, que podrían perfectamente estar disponibles para el desarrollo del país o para su reconstrucción. La señal es clara: la intención de acercar el mundo privado a la empresa estatal, infiltrarla para posteriormente permitir la participación privada en las utilidades permanentes de CODELCO. Como decía el poeta Armando Uribe “El espíritu de la patria es superior, en sí mismo, a la obra y a las asechanzas de los vende-patria” a pesar de un presidente empresario y de todo el séquito que lo sigue, que quiere prefiere poner en intereses privados, aquella riqueza que es y que debe estar para el beneficio de cada uno de los chilenos.

Es así que en Chile el Estado debe fomentar a que los privados se hagan cada vez más cargo de la educación nacional. Es dentro de este marco de “fomento”  a la iniciativa privada, que el sistema educacional chileno se convirtió en un gran mercado de la educación, en donde el producto que se transa en este mercado, es la educación de todos los chilenos. Por esta razón podemos ver el gran auge de las universidades y centros de formación técnica privados, que compiten por captar la mayor cantidad de consumidores educacionales, montando grandes campañas publicitarias para vender sus productos, al igual que cualquier otra mercancía, como un desodorante o un teléfono celular. Esa es la dignidad que la educación tiene en Chile, gracias al establecimiento del sistema neoliberal y la complacencia culpable de los gobiernos concertacionistas, incluso siendo más pragmáticos podríamos preguntarnos si nuestra economía está en las condiciones de ocupar a la gran masa de estudiantes universitarios que el sistema produce, o tendremos que acostumbrarnos cada vez más a ver a universitarios ordenando nuestras bolsas de compras en los supermercados.

El caso de la “Universidad” UNIACC es una muestra de cómo esta concepción mercantil del “fomento privado” a la educación se manifiesta. El uso de la beca Valech, está destinado a reparar a las víctimas de la dictadura militar y a sus familiares, y puede ser efectivo en cualquier centro de educación superior, público o privado, o en un centro de formación técnica (Chileclic.gob.cl) La beca cubre el 100% de los estudios superiores, y debe ser el alumno interesado quien la solicita. El reciente reportaje sobre las irregularidades cometidas por esta institución, muestra como una “casa de estudios” se empeñó “caritativamente” a buscar a personas que podrían tener acceso a este beneficio, para maximizar sus propios ingresos como empresa, incluso quiso entregarles sin su autorización esta oportunidad  (Elmostrador.cl) o incluso otorgando estudios superiores a personas analfabetas. Según la empresa en cuestión estas oportunidades de estudios superiores se encuentran enmarcadas dentro del Programa Universitario en Comunicación, Gestión y Nuevas Tecnologías. La entidad aludida ha recibido el 79% de los fondos del beneficio estatal, lo que corresponde a 5.259 millones de pesos anual, (Revistalapagina.com) del bolsillo de todos los chilenos destinados a financiar una “Universidad” o empresa privada.

Las denuncias sobre este caso no son nuevas, ya en 2007 a dos años de promulgada la ley de este beneficio la UNIACC era cuestionada (Elperiodista.cl) sin embargo nada de esto salió en los medios de comunicación tradicional. Más vergonzoso resulta que “figuras” concertacionistas formaban parte del directorio de esta “Universidad”, así tenemos a la ex ministra de educación DC Mariana Aylwin, a el ex diputado PPD Jorge Schaulsohn lo que muestra la nebulosa afinidad entre los “servidores” públicos y las instituciones privadas, no sólo en el ámbito educacional, sino que en otras empresas como mineras o AFP (Aninat). Mientras el mercado sea el dueño del desarrollo de la educación en Chile, nuestra educación permanecerá siendo mediocre en la medida en que los recursos estatales van a parar a los bolsillos de los sostenedores de los colegios subvencionados, y no a mejorar la calidad de los establecimientos públicos, o a los bolsillos de las empresas educacionales y no a las universidades que han hecho verdaderamente progresar al país por décadas y cuyo fin es cultivar el conocimiento para el desarrollo del país y no captar matrículas para su financiamiento. Nuestros congresistas y autoridades gubernamentales debieron haber escuchado con más atención el no al lucro en la educación proclamado por la revolución pingüina, entendido como fin último de la educación privada, sin embargo para muchos de ellos el lucro es la esencia del sistema educacional chileno, como en cualquier empresa, y de sus propios intereses.