Lunes 29 de Mayo de 2017

Chile: la crisis de la partidocracia

Por: Pablo A. Valenzuela - 25-08-2016

El término partidocracia se ha acuñado para definir ese régimen democrático en que los partidos políticos dominan todas las dimensiones del sistema político, bloqueando o dificultando el ingreso de actores nuevos que disputen las posiciones programáticas de aquellos partidos del establishment. Un caso clásico de estudio de una partidocracia es la Italia de posguerra, entre fines de los 40 y la primera mitad de los 90, cuando el sistema entró en crisis, colapsando finalmente desde 1992 en medio de una serie de escándalos de corrupción.

En una entrevista que el secretario general del Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, dio al diario La Reppublica en 1981 (La Reppublica, 2016),  se trazan las características de esta democracia deformada en que los partidos políticos dominan el sistema, pero no representan a sus electores: partidos como máquinas de poder y clientelares, con escaso o nulo conocimiento de la vida y los problemas de la sociedad; programas pobres o nulos, gestionando intereses contradictorios sin relación con las necesidades humanas o el bien común. Federaciones de facciones con sus propios jefes que han ocupado el Estado y todas sus instituciones: el gobierno, entidades locales, los bancos y las empresas estatales, la televisión pública, los hospitales, las universidades y los grandes periódicos. En Chile a este fenómeno se le ha tendido a llamar “duopolio”, término que me parece poco preciso pues si bien refleja en parte el legado binominal, oculta que en Chile existe un multipartidismo moderado en que los actores llegan a acuerdos para repartirse no solo el acceso a los cargos de elección popular como las cámaras del Congreso y los gobiernos locales, sino que también aquellos que tienen una función autónoma o paraestatal, como el directorio de algunas empresas públicas (como TVN), el Consejo del Banco Central o los cupos en el Tribunal Constitucional. El término más ad hoc, por lo tanto, parece ser el de partidocracia.

No cabe tampoco hablar de Chile como una democracia consociativa, según el término de Arendt Lijphart (1977). En primer lugar, Chile no es una sociedad con un pluralismo extremo, al modo de Bélgica (Deschouwer, 2012) o de Holanda (Andeweg & Irwin, 2014), casos que usa Lijphart para crear el concepto. Pero además en Chile los gobiernos no estaban formados por grandes coaliciones que coparticipaban en el poder. Concertación y Alianza conformaban marcadas coaliciones oficialistas y opositoras que supieron llegar a acuerdos sobre ciertas materias programáticas, pero que nunca entraron en una relación política más allá de la discusión legislativa. Aun así, progresivamente la discusión pública en el país quedó reducida ya no a los partidos políticos como estructuras de intermediación entre la ciudadanía y el sistema político, sino a sus cúpulas y camarillas, y a las que más tarde se han ido sumando los caciques de ciertos distritos electorales, especialmente en el norte del país. De este modo, grupos intermedios de organización de la sociedad civil, tales como sindicatos, gremios, colegios profesionales, clubes, federaciones de estudiantes etc., entre otras asociaciones tendieron a debilitarse. En esa misma línea, la orgánica de los partidos fue mermando dando lugar a partidos elitistas en los cuales las decisiones importantes son tomadas por una oligarquía interna que durante muchos años no ha sido desafiada y que constituyen verdaderos reservorios de fórmulas políticas pasadas: Escalona en el PS, Walker en la DC, Girardi en el PPD, Larraín en RN, Lavín o Novoa en la UDI son solo ejemplos de estos caciques partidarios que se niegan a retirarse y, a la vez, le niegan la participación a las bases partidarias que cada día se debilitan más producto de la exclusión.

Esta forma de administrar el poder público –la partidocracia– es, aparentemente, virtuosa pues genera gobiernos estables y certidumbre respecto de los turnos para ocupar espacios de poder. En Chile vemos cómo instituciones cuyos integrantes son elegidos por el Senado están cuoteadas. El Consejo del Banco Central, compuesto por cinco miembros que duran diez años en sus funciones y en cuya designación interviene el Senado, está formado por integrantes cercanos a una de las dos coaliciones y se tiene la certeza razonable que cuando el cargo de uno expire, será alguien de su mismo sector quien lo suceda para mantener el equilibrio. El mismo fenómeno se da en el Tribunal Constitucional, el directorio de algunas empresas públicas como TVN, el Banco del Estado o Codelco, consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública, del Consejo para la Transparencia o del Consejo Nacional de Televisión; el Instituto Nacional de Derechos Humanos e incluso en el nombramiento de ministros de la Corte Suprema (El Mostrador, 2016). Esto sin duda afecta la legitimidad de las instituciones y la naturaleza de los organismos cuoteados.

El nombramiento de muchos integrantes de órganos paraestatales o autónomos no ocurre en función de su competencia en el ámbito en el que deberán trabajar en algunos casos durante muchos años, sino solo por su cercanía política. Uno de los casos recientes que tuvo más resonancia fue el nombramiento de Cristian Letelier como ministro del Tribunal Constitucional, sin discusión alguna en la Cámara Alta. Letelier es abogado de la Universidad Católica, pero su especialización no es el derecho constitucional sino que el derecho penal (El Mostrador, 2015) y fue nombrado únicamente por ser ex militante de la UDI.

La crisis de la partidocracia italiana de posguerra y su equivalente en Chile

La crisis de la política italiana ocurrió desde febrero de 1992 cuando se inició la investigación conocida como “manos limpias” (mani pulite), en Milán. La detención de Mario Chiesa, administrador socialista de un hospicio público, dio lugar a una verdadera redada a la clase política que había gobernado Italia desde fines de los años 40. En algunos años fueron detenidos o investigados seis ex primeros ministros, más de 500 miembros o ex miembros del parlamento y miles de administradores locales (Vanucci, 2009) [1]. La política italiana cambió de manera radical desde entonces. La Democrazia Cristiana, el partido dominante durante varios años entre 1948 y 1992, se disolvió en 1994. Ese mismo año el PSI (Partido Socialista Italiano) también desapareció.  

Desde 1992 en adelante Italia ha tenido gobiernos cortos e inestables, partidos políticos sin ningún contenido programático o ideológico nacidos de las ruinas del derrumbe del sistema. Entre ellos está la coalición de partidos Forza Italia! que gobernó encabezada por Silvio Berlusconi.

Chile no está pasando por una situación de la profundidad de Tangentópolis, pero la situación es al menos equivalente. Italia ha sido un país caracterizado por una burocracia ineficiente, anticuada y corrupta (Zariski, 1998). Una parte del razonamiento de Putnam en torno a la política italiana y el concepto de capital social se da en el marco de la corrupción y la desconfianza en el sur del país y el desarrollo relativo del norte (Putnam, 2001). Chile, en cambio, es un país considerado por la mayoría de los indicadores internacionales como transparente y no corrupto (ambos términos no son necesariamente sinónimos). Además, desde los años 90 se ha avanzado en legislación para procurar mayor transparencia de la acción pública. Esas expectativas en torno a la probidad de Chile se han hecho pedazos en un corto lapso y se ha generado una percepción generalizada de vivir en una mentira. Chile es un país corrupto donde los políticos no solo gobiernan para sus intereses propios, sino que además se benefician y enriquecen con ello.

El escenario actual hace presagiar que estamos frente al momento terminal de la élite política que protagonizó la transición e instauró aquella partidocracia aparentemente virtuosa, pero a la larga, corrupta, que se reparte entre sí, como si se tratara de un botín, los puestos del Estado para beneficiar a su séquito. Incluso, yendo más allá: la élite política chilena de transición ha muerto, sus estertores actuales son los de un cadáver que aparenta estar vivo, pero que se está empezando a descomponer y está arrastrando a la podredumbre no solo a los partidos políticos, sino que al sistema completo. La partidocracia chilena, excluyente y poco representativa, se está derrumbando mientras los ciudadanos demandan una nueva forma de ejercer el poder y de distribuir la riqueza.

Lo peligroso de este escenario es que en la desbandada política que se está produciendo el sistema político parece no reaccionar. No hay un liderazgo eficaz que emerja para guiar a una opinión pública que muestra cada vez mayor desafección por instituciones que ya no funcionan o, al menos, no lo hacen como se espera o como deberían hacerlo. Estamos viviendo la situación de Italia después del arresto de Mario Chiesa el 17 de febrero de 1992. Vemos como la forma de repartirse el poder hace crisis por los cuatro costados, pero aún no vemos aquello que la reemplazará. Si seguimos el camino de Italia el futuro no auspicia estabilidad política ni económica. La Italia de la actualidad, sumida en una profunda crisis y virtualmente paralizada por gobiernos inestables o políticamente débiles es consecuencia de Tangentópolis y la redada de mani pulite que desbarató la red de corrupción y, de paso, hizo colapsar a su clase política.

Notas al pie

[1] La serie “1992” muestra el desbaratamiento de la enorme red de corrupción conocida como Tangentópolis (El País, 2015)

Bibliografía

  • Andeweg, R., & Irwin, G. (2014). Governance and politics of the Netherlands. Houndmills: Palgrave Macmillan.
  • Deschouwer, K. (2012). The politics of Belgium. Governing a divided society. Houndmills: Palgrave Macmillan.
  • Lijphart, A. (1977). Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New Have CT: Yale University Press.
  • Putnam, R. (2001). Making democracy work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
  • Vanucci, A. (2009). The controversial legacy of "mani pulite": A critical analysis of Italian corruption and anti corruption policies. Bulletin of Italian Politics , 233-264.
  • Zariski, R. (1998). Italy. En D. Hancock, D. Conradt, G. Peters, W. Safran, & R. Zariski, Politics in western Europe (págs. 326-429). Houndmills: Macmillan Press.

 



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