Domingo 24 de Septiembre de 2017

De lo privado a lo común: apuntes para repensar la libertad, la democracia y la propiedad

Por: Alejandro de Coss Corzo - 14-08-2014

Introducción

Hace algunos meses, las agendas de la sociedad civil en defensa de los derechos digitales en Chile y México volvieron a coincidir. Tras medidas jurídicas como Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA), Stop Online Piracy Act (SOPA) y Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) [1], un nuevo embate llegó. Como parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), se volvieron a escuchar y leer las discusiones y preocupaciones acerca de la pérdida de libertad de expresión, la criminalización de ciertas conductas en línea y el fin de la neutralidad de la red. A últimas fechas, esta discusión ha vuelto a la agenda política mexicana, ante la ley secundaria en materia de telecomunicaciones que el Ejecutivo mexicano impulsa. La coincidencia de las medidas gubernamentales en estos dos países, y en muchos más, no es fortuita. Las guía una voluntad de extender el control del Estado y los mecanismos de la propiedad privada a espacios fluctuantes y con procesos de construcción colectiva, ajenos a la noción de control férreo a la propiedad privada que caracteriza al Estado-nación liberal.

En este ensayo no exploraré las cuestiones políticas particulares del tema. Es decir, no revisaré el cómo las previsiones en materia de propiedad intelectual, censura y vigilancia se introducen en las discusiones políticas nacionales y regionales. Mi objetivo es, de alguna forma, más básico. Me interesa conocer las ideas de propiedad y libertad que son desplegadas por estos acuerdos internacionales y legislaciones internas, que afectan no sólo al Internet, sino también a alimentos, medicinas, obras de arte e incluso procesos administrativos y técnicos. Dentro de estas ideas de propiedad y las prácticas diarias de los productores de las cosas que buscan ser apropiadas hay, sostengo, contradicciones definitivas que son potenciadas por las legislaciones planeadas. El carácter contradictorio del capitalismo se manifiesta también en la insostenibilidad de la propiedad privada. Éstas prácticas cotidianas han dado lugar a interesantes reflexiones y acciones sobre otras formas de propiedad, de crear y de ser libre. Sobre ellas construiré los argumentos finales apuntando a las tendencias y posibilidades de formas más amplias de libertad fundamentadas en figuras distintas de propiedad.

La ampliación de la propiedad privada como apropiación por desposesión

Los argumentos que defienden la persecución civil y penal de las prácticas que pudieren vulnerar la propiedad intelectual en distintos tratados y legislaciones siempre aluden a que el carácter privado de las ideas fortalece la creatividad y la innovación. La lógica es que la promesa de beneficio es lo que motiva al individuo creativo a superarse. La creatividad es un vehículo de acumulación y la forma jurídica de propiedad privada es la sanción legal que de hecho la permite. Esta visión terriblemente angosta, que olvida los procesos sociales que están en la base no sólo de la ciencia, sino de toda actividad humana, reduce la producción social de la innovación al mito del genio. Al mismo tiempo, sanciona y crea el espacio en el cual el pretendido genio puede reclamar beneficios sobre su creación, dejando en sí de ser creativo y convirtiéndose más bien en poseedor de procesos o mecanismos que le reportan ingresos por el mero hecho de ser replicados. Así, la propiedad privada en procesos y diseños, la propiedad de las ideas, es de hecho una desposesión del conjunto abstracto de la sociedad que dio pie a su creación en primer lugar.

Advierto, por supuesto, la amplitud de lo antes dicho. Expuesto así, puedo inmediatamente formular un número amplio de posiciones válidas para cuestionarme. Para cerrar la línea argumental intencionalmente abierta, elaboraré casos que muestren cómo las ideas y formas de propiedad intelectual desplegadas por tratados internacionales y legislaciones internas son, en última instancia, mecanismos de apropiación por desposesión, que limitan no sólo la creatividad y la innovación, sino las posibilidades de supervivencia para amplísimas colectividades humanas. Así, no me limitaré a hablar sobre la propiedad intelectual de procesos y productos digitales, sino también a los temas de semillas y medicamentos, incluidos en el TPP.

En Internet, tal y como hoy lo conocemos, una de las grandes fuentes de ingresos son las ventas de datos para el diseño de publicidad hecha a la medida del usuario. Google, Facebook, y muchos otros sistemas desplegados como ejemplos de innovación y emprendimiento, se sostienen a través de estos mecanismos. Los algoritmos concretos que estas aplicaciones utilizan son patentables. Las empresas, ocultas detrás del mito de los geniales creadores solitarios, los reclaman como propios, a la par de la información que computan. El usuario se convierte en un número y la información que voluntariamente provee se transforma en datos computables y comercializables a través de mecanismos con protección jurídica que les hacen propiedad de terceros. La creación de vínculos sociales es subordinada al interés económico del poseedor de la patente, desposeyendo a los usuarios de sus propias construcciones. Por supuesto, dentro de Internet, hay también espacios libres de estos mecanismos, los cuales abordaré más adelante como un ejemplo de la resolución de las contradicciones entre los mecanismos de generación de plusvalor y la creatividad humana que se despliega digitalmente.

El TPP amplía las provisiones en propiedad privada del ámbito digital al de los medicamentos. El capítulo de propiedad intelectual, divulgado hace unos meses por WikiLeaks, establece periodos de patente más largos, posibilidades de renovarles y medidas más estrictas para quien vulnere estos derechos. Esta medida defiende las prerrogativas de las grandes compañías farmacéuticas sobre productos creados hace décadas o incluso siglos. Se amenaza la existencia  de medicamentos genéricos (Médicos Sin Fronteras, 2013), única opción para amplios sectores de la población incapaces de adquirir medicinas patentadas, de alto costo. Aquí, avances médicos que se comercializan, legitiman y conciben como medidas benéficas para la totalidad de la humanidad son, en realidad, adquiribles únicamente para quienes cuentan con los recursos suficientes. En un proceso de agudización de la inequidad (Piketty, 2014) a nivel global y de privatización de los servicios médicos, la salud es integral y no secundaria a la problemática.

Finalmente, el TPP plantea la ampliación de derechos de propiedad en otro aspecto: las semillas y los productos agropecuarios. En Colombia, el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos (parte de esta “nueva generación” de tratados internacionales, como el TPP) obliga a los campesinos a utilizar semillas certificadas (Documental 9.70, 2013). El proceso de certificación demanda una patente. Dado que los procesos industriales para conseguirlos son costosos y altamente técnicos, los campesinos no pueden acceder a ellos. Así, las únicas semillas certificadas son las producidas por grandes compañías transnacionales. En el caso del arroz, éstas muestran algunas características comunes: no son útiles para volver a sembrar, el campesino debe comprar un nuevo saco por cada cosecha; no están adaptadas al medio ambiente y a menudo no ofrecen rendimientos aceptables para sostener la actividad productiva, y criminalizan el uso de semillas seleccionadas por los propios campesinos. Así, una práctica longeva y adaptada de cultivo se ve, súbitamente, decretada como ilegal. Los largos procesos de selección de las mejores semillas, realizado en común, se sustituyen por procesos inferiores, sancionados por la reglamentación vigente que ponen en riesgo la supervivencia del campo y de los campesinos en aras del beneficio y de la “creatividad” del genio mítico que logró modificar una semilla en el laboratorio.

Existe una doble contradicción en los regímenes de propiedad impulsados por los tratados internacionales y los gobiernos y empresas (TPP Abierto, 2014): por un lado, alienan el trabajo colectivo convirtiéndolo en una fuente de ingreso privada; por otro, ponen en entredicho la libertad, la capacidad de vida digna, o incluso de mera supervivencia, de amplísimos sectores crecientemente desposeídos y empobrecidos de la población. Las necesidades de reproducción y expansión del capital demandan el sostenimiento del régimen de propiedad privada, aun cuando éste vulnera los procesos colectivos de producción y de creatividad y las capacidades colectivas de supervivencia y vida digna. La acción estatal es decisiva para este proceso: el libre mercado de bienes privados que se intercambian sólo puede existir cuando desde el poder político se defienden las prebendas de los poseedores (Harvey 2004).

Democracia, capitalismo y libertad: de lo privado a lo común

La ampliación de los derechos de propiedad privada y su defensa a través de los mecanismos judiciales del estado pueden ser vistos como parte del corolario a la crisis de 2008. Ésta, a su vez, es resultado del largo proceso de la conversión de la deuda en el motor del capital (Harvey 2010). El dogma del libre mercado, que gozó de popularidad enorme en los años 70, 80 y 90 del siglo XX, implicó no sólo la disminución de los impuestos, la pérdida de los derechos de los trabajadores en los países centrales o la implantación de dictaduras en América Latina: también requirió del endeudamiento del estado, primero, y de los ciudadanos, después. Ambos buscaron, a través de la deuda, solventar sus necesidades y obligaciones básicas. Para los segundos, la educación, la salud y la vida cotidiana se volvieron incosteables sin deuda. Para los primeros, las funciones de seguridad social remanentes, de construcción de infraestructura y de sostenimiento del día a día gubernamental se convirtieron impensables sin la inyección de dinero público y privado en forma de deuda.

Hoy, la economía fundamentada en la deuda ha llegado a un punto de inflexión. El colapso de los mercados financieros, de las complejas ecuaciones que invertían en futuros sobre hipotecas, en precios posibles de alimentos o energéticos y, en lo general, en deudas – entendidas no únicamente como relaciones monetarias, sino como obligaciones económicas y sociales que atan el presente al futuro (Graeber, 2011) – ha provocado una profunda transformación de la economía. El estado, como garante de la reproducción del capital, logró la conversión de esta deuda privada en deuda pública, socializando las pérdidas de los bancos y fondos de inversión sin socializar sus millonarios ingresos. Además, los últimos servicios públicos en manos estatales fueron privatizados, poniendo en serio entredicho la capacidad de vida digna de trabajadores y ciudadanos. La expansión del capital se impuso sobre la democracia, entendida como el régimen en el cual la participación de la ciudadanía decide el futuro de la colectividad a través de la deliberación libre.

A la par de estos procesos de privatización y conversión de la deuda privada en deuda pública, se encuentran los procesos de acumulación por desposesión a través de la privatización de lo común. Como un reverso de los procesos de socialización de las pérdidas del capital a través de los mercados financieros, se impone la privatización de los recursos aún existentes como contrapeso para solventar el problema de reproducción del capital en la economía real. Espacios antes producidos por el trabajo colectivo y la acumulación de conocimiento, hoy son objeto de legislaciones que prohíben lo común y garantizan lo privado. Aquí también el capitalismo vence a la idea de democracia como aquella que, ampliando la definición antes dada, no sólo implica la decisión colectiva del futuro común, sino también la existencia y reproducción de una vida digna, definida también en conjunto (De Sousa, 2014).

Además, los procesos de desposesión no se limitan a la expansión de la propiedad intelectual. En el caso de los países del Sur global, la ampliación de la economía extractivista permanece. Las minas a cielo abierto, la privatización del agua en proyectos hidroeléctricos que favorecen a escasos consumidores y la utilización de tierras de cultivo para la construcción de aerogeneradores eléctricos a cambio de magras “rentas”, obligadas por el Estado, son contraparte necesaria de los procesos de apropiación de lo común que antes mencioné. La extracción no es sólo física, sino también de procesos técnicos que antes no podían ser replicados automáticamente, sino que dependían del conocimiento empírico de los productores/consumidores. La ciencia se apareja con la expansión capitalista y se convierte en prueba de la permanencia de lo que Marx (1976) llamó acumulación originaria y aquí denominamos acumulación por desposesión (Perelman, 2000; Bonefeld, 2001; Harvey, 2004).

En este contexto, en los países del Sur global, y especialmente en América Latina, han surgido movimientos que reclaman la propiedad común como bandera y la idea de democracias de alta intensidad como formas de gobierno. Antes he hablado del movimiento zapatista en México (De Coss, 2014). Este caso es paradigmático, pero de ninguna forma es único. En Colombia hay amplios movimientos contra la minería. De igual forma, en ese país los campesinos han realizado numerosos paros agrarios (TeleSur, 2014), reclamando la propiedad común de las semillas que siembran y la noción del beneficio común como parte necesaria de esta forma de propiedad. En América Latina, cuando estos movimientos se aparejan con movimientos de reivindicación de la identidad indígena, se alude a la existencia de prácticas milenarias de propiedad común y la divergencia entre capitalismo y formas de producir y vivir propias de los pueblos originarios. Así, se alude a la persistencia del colonialismo no sólo como práctica política, sino como relación económica. Se señala, además, la erosión del discurso y práctica de lo público, entendido como lo estatal, como forma de representar el interés colectivo. La derrota de la democracia frente al mercado, sancionada por el Estado, ha terminado por minar su legitimidad en situaciones de conflicto sobre la desposesión de recursos diversos entre ciudadanos y empresas.

Internet es también un ámbito en el cual la defensa de lo común, entendida como producción colectiva, ha sido estandarte de lucha frente a las medidas que amplían la propiedad intelectual. Desde numerosos frentes, incluidas empresas digitales, se ha manifestado que el endurecimiento de la propiedad privada actúa en detrimento de la creatividad y la libertad de expresión e información (Derechos Digitales, 2014). La discusión, creo, es aún más profunda. Tal y como en la defensa de los bienes comunes, existen ya medidas en línea que buscan superar la noción de la propiedad privada, sin soslayar las aportaciones del individuo a la construcción de lo común. Figuras como Creative Commons u Open Access permiten vislumbrar futuros en los cuales el motor económico es común. Aquí la deuda no es una figura opresiva que sostiene a la economía, sino el reconocimiento social de que lo creado en el presente responde a los esfuerzos colectivos del pasado y deja un legado a las colectividades futuras (Baudrillard, 1993).

La idea de lo común implica una noción más amplia de libertad de la que existe en el mercado. Siempre localizada (ya sea en una comunidad geográfica o una virtual), pero siempre en diálogo, permite pensar en el derecho a decidir sobre la forma de nuestros futuros colectivos y nuestro rol en ellos como más que un consumidor. Es una forma de repensar la democracia a través de la particularización de lo universal. La figura abstracta del ciudadano o del trabajador aterriza en espacios concretos, que son a su vez fundamento de prácticas culturales, políticas y económicas plurales. La emergencia de lo común como respuesta al avance agresivo de lo privado demanda abrir el diálogo sobre las características de la democracia. En la encrucijada entre capitalismo o democracia se abre la posibilidad de pensar en futuros posibles en el sólido fundamento de la creatividad, la libertad y la diferencia como prácticas que, al mismo tiempo, se fundamentan y crean lo común.

Notas al Pie:

[1] Las primeras dos medidas son leyes estadounidenses, limitadas al Internet, que encontraron gran oposición entre usuarios y empresas digitales. La tercera es un tratado global firmado, pero aún no en vigor, que trata sobre la defensa de la propiedad intelectual en numerosos rubros: medicinas, Internet y bienes en general. En este sentido, ACTA es mucho más cercano a lo que se propone en el TPP en el tema de propiedad intelectual.

Referencias

  • Baudrillard, Jean (1993[1976]) Symbolic Exchange and Death. Thousand Oaks, CA: SAGE
  • Bonefeld, Werner (2001) “The Permanence of Primitive Accumulation: Commodity Fetishism and Social Constitution” en The Commoner, 2
  • Harvey, David (2004) “The ‘New’ Imperialism: Accumulation by Dispossession” en Socialist Register, 40
  • ___________ (2010) The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism, Nueva York: Oxford University Press
  • Graeber, David (2011) Debt: The First 5,000 Years, Nueva York: Melville House
  • Marx, Karl y Engels, Friedrich, Obras Escogidas, Moscú: Editorial Progreso
  • Perelman, Michael (2000) Classical Political Economy and the Secret History of Primitive Accumulation, Durham, NC: Duke University Press
  • Piketty, Thomas (2014) Capital in the Twenty-First Century, Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press


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