Domingo 22 de Octubre de 2017

El acceso a la cultura en las comunas de Chile y la desigualdad de siempre

Por: Alejandro Caviedes - 02-09-2013

Escribo esto sentado en una cómoda silla de la biblioteca municipal de Ñuñoa. El recinto está impecable y bien calefaccionado. De fondo, se escucha una pieza de Chopin, interpretada al piano por un profesor o algún estudiante desde la sala de exposiciones. Estoy, por supuesto, rodeado de libros de diversos autores y épocas. Hoy no voy a poder leer ninguno, puesto que me encuentro escribiendo éste artículo y tengo otras obligaciones, pero sé que de no mediar algo extremadamente radical como un incendio o un accidente, los libros estarán quietos en su estantería esperando.  En otras palabras, tengo acceso a diversos bienes culturales por el sólo hecho de estar sentado aquí. Es inevitable preguntarse si esta suerte puede correr para cualquier persona que tenga el tiempo de acudir al centro cultural de su comuna, y lamentablemente la respuesta es “no”.

Las unidades de cultura municipal (corporaciones de cultura, departamentos, oficinas y funcionarios municipales dedicados exclusivamente a la difusión cultural en una comuna) son el puente más directo entre los bienes culturales y la población. Cuando hablamos de bienes culturales nos referimos a las bibliotecas, a espacios donde poder ver una exposición, a un concierto al aire libre o a un taller para desarrollar algún área de nuestro interés.  Lo anterior puede sonar a elitismo o a un lujo que un país con temas pendientes en educación, salud y desigualdad no puede darse. Para la UNESCO (1982) [1] el BID (1999)[2] y la OEA (2002) [3] la cultura no es un obstáculo para el desarrollo sino su complemento e incluso su fin último. El desarrollo no sería un proceso lineal en donde una vez alcanzado ciertos bienes y estándares mínimos podemos recién complejizar nuestras necesidades y acceder a bienes más abstractos o artículos de lujo como muchas veces se mal entienden las manifestaciones artísticas. Vale entonces la pregunta ¿Para qué queremos y buscamos el desarrollo económico sino es para tener una mejor calidad de vida y acceso a los insumos que indudablemente entrega la cultura?

La institucionalidad cultural de las municipalidades se basa en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOC) de 1988. En el artículo 4 se indica que entre las funciones compartidas del municipio se encuentra la administración de bienes culturales, la educación pública y el deporte, los que pueden ser subvencionados con un aporte indefinido de hasta un 7% del presupuesto municipal a personas jurídicas de carácter público o privado sin fines de lucro. Sin embargo, la política no establece una sección o departamento exclusivo para la cultura, los recursos para cada unidad cultural (cuando existe) varían enormemente de comuna en comuna, no existe un cargo formal para el recurso humano y hay alrededor de 30 maneras distintas de referirse a la unidad cultural de un municipio [4].

Acotando lo anterior a los municipios de la Región Metropolitana, podemos observar que existe una desigualdad importante en el acceso de la población a los bienes culturales. La primera diferencia entre las comunas más adineradas y las menos está en la institucionalidad cultural. Comunas como Vitacura, Ñuñoa y (hasta el año pasado) Providencia, externalizan la función cultural del municipio por medio de las corporaciones de cultura.  Estas corporaciones de derecho privado reciben infraestructura a comodato, fondos municipales para generar una oferta cultural y son capaces de autofinanciarse por medio de talleres, fondos públicos, donaciones y arriendos, sin ser parte formal de la estructura administrativa de la municipalidad. Comunas con menos recursos como Independencia no tienen unidad de cultura y Conchalí cuenta con un área destinada para ese fin en el departamento de desarrollo comunitario a cargo de un solo funcionario.

Las diferencias en la infraestructura de las instituciones culturales también son llamativas. Mientras la comuna de Vitacura cuenta con nueve recintos equipados para desarrollar una oferta cultural dirigida a segmentos específicos de la población (un programa exclusivo para los niños de básica, otro para los jóvenes, otro enfocado en la tercera edad, otro que entrega cursos de capacitaciones para los trabajadores de la comuna y un largo etc.) en la comuna de Estación Central, la corporación de cultura se encuentra en el cuarto piso del Mall Plaza Alameda. Providencia cuenta con dos cafés literarios, el parque Museo de las esculturas y dos edificios patrimoniales, el Centro Cultural Monte Carmelo y el palacio Schacht, Ñuñoa cuenta con dos edificios patrimoniales, un teatro municipal y un café literario. Pero una comuna como Alhué no cuenta con ni con unidad cultural ni con infraestructura  para ese fin.

El financiamiento municipal  para la cultura varía enormemente de comuna en comuna. Sabemos que éste no puede exceder un 7% del presupuesto anual y que debe “competir” con la educación y el deporte. Comunas que manejan muchos recursos como Providencia y Vitacura subvencionaron con más de M$1000 a sus respectivas corporaciones de cultura durante el año 2012 [5], mientras que las corporaciones culturales de comunas con menos ingreso como Recoleta y Peñalolén recibieron subvenciones de M$240 y M$200 respectivamente [6], siendo notoriamente menores. Y ojo, aquí estamos hablando sólo de las corporaciones, las que de acuerdo a la única investigación gubernamental hecha en la materia, el Diagnóstico de la gestión cultural en los municipios de Chile publicado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el 2006, son las unidades de cultura con mejor desempeño. Si pensamos en las comunas con menos recursos de la región y del país, es claro que los fondos para los departamentos y bibliotecas son muchísimo menores. Otra diferencia en éste punto se da con respecto a los fondos concursables. Mientras Providencia, Vitacura y las Condes no postulan a los fondos estatales como el FONDART o el Fondo de Desarrollo Regional, las corporaciones y unidades con menos recursos deben hacerlo para poder aumentar la cobertura de su oferta cultural. El problema es que  estos fondos constituyen una fuente de ingresos irregular ya que no siempre son adjudicados y requieren muchas veces de conocimiento especializado para el diseño de proyectos que puedan terminar siendo “elegibles”.

Otro canal de financiamiento usado por las unidades culturales son las donaciones hechas por medio de la Ley 18.985 de Donaciones Culturales o “Ley Valdés” que consiste básicamente en la exención tributaria para aquellas empresas que hagan su donación.  La ley ha recibido dos modificaciones (la última realizada el 2013) la cual aumenta el número de empresas que pueden ser potenciales donantes (antes sólo podían ser beneficiaras las empresas que obtuvieran utilidades) y de los beneficiarios, quienes ahora pueden ser junto a las corporaciones, fundaciones y organizaciones vecinales, cualquier persona natural dueña de algún patrimonio arquitectónico. No obstante el beneficio que significa la obtención de recursos por éste medio, se constata en el diagnóstico de la CNCA  y en investigaciones posteriores, la necesidad que tienen la mayoría de las unidades de cultura de las municipalidades de capacitarse en el funcionamiento de esta ley debido a su complejidad técnica, lo que significa que aquellas unidades que cuentan con funcionarios especializados en gestión cultural tengan más posibilidades de conseguir financiamiento por esta vía [7].

La desigualdad que podemos observar tanto en educación como en calidad de vida se replica en el acceso y el financiamiento de la cultura. Si bien contamos con una institucionalidad municipal que va a cumplir un cuarto de siglo, su extrema flexibilidad conlleva que su puesta en práctica esté inevitablemente condicionada a las características socioculturales de su territorio. El financiamiento de las unidades de cultura menos aventajadas en lo económico puede aumentarse por medio de los fondos concursables y la ley Valdés, pero ambas políticas tienen como supuesto la existencia a nivel nacional de gestores capaces de diseñar proyectos competitivos, económicamente viables y con conocimiento especializado, realidad que no corresponde a  gran parte de las municipalidades del país. Esto es preocupante, ya que contribuye y complejiza nuestro problema de desigualdad. Sin duda se hace necesario reevaluar el funcionamiento de la política cultural de los municipios y estructurar soluciones más acordes a los contextos socioeconómicos particulares de las comunas con el fin de generar ofertas culturales que potencien el desarrollo local donde es más necesario y quizás más valorado por la gente.

Notas al pie

  • [1] UNESCO (1982) Conferencia Mundial sobre políticas Culturales de México. Informe Final. Unesco, México.
  • [2] BID (1999) Foro sobre Cultura y Desarrollo.
  • [3] OEA (2002) La Cultura como Finalidad del Desarrollo,  seminario de expertos en políticas culturales, Vancouver.
  • [4] Consejo Nacional de La Cultura y las Artes (CNCA) (2006). Diagnóstico de la gestión cultural en los municipios de Chile. Valparaíso, CNCA.
  • [5] I. Municipalidad de Providencia (2012) Cuenta pública. I. Vitacura (2012) Cuenta Pública.
  • [6] Lennon, M (2013) Así funcionan las corporaciones de cultura. El Mercurio, Artes y letras, 27 de marzo, p.4.
  • [7] Consejo Nacional de La Cultura y las Artes (CNCA) (2006). Diagnóstico de la gestión cultural en los municipios de Chile. Valparaíso, CNCA.


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