Domingo 24 de Septiembre de 2017

Lo que dejó el 2012: el desahogo de las municipales

Por: Editorial - 02-01-2013

Una de las cosas que dejó en términos políticos el año 2012 fueron las elecciones municipales realizadas a fines del mes de octubre. Y es que en un régimen político que permite sólo cada cuatro escoger a las principales autoridades, las elecciones municipales se erigen como una especie de plebiscito local que permite pasar la cuenta al gobierno de turno sobre su desempeño. Si bien las políticas municipales poco tienen que ver con las materias de mediano y largo plazo que competen al gobierno central, en períodos relativamente agitados las elecciones locales pueden bien representar al gobierno, sobre todo en localidades políticamente agitadas. Eso es precisamente lo que ocurrió a fines de octubre y se erige como uno de los desahogos políticos más importantes del año que hemos dejado atrás.

 

Las elecciones fueron escenario de un desahogo, y al parecer de una vuelta a tomar aire por parte del ciudadano hasta las próximas elecciones. Lo primero, el desahogo, por el pésimo resultado para el gobierno con respecto a la mantención de alcaldías históricas, consecuencia de la movilización ciudadana contra los representantes “en terreno” de la política combativa del gobierno contra las movilizaciones sociales, en particular los depuestos Pablo Zalaquett (Santiago) y Cristián Labbé (Providencia). Además del evidente descontento con la administración de Piñera por su desempeño global, plasmado en los resultados de cada encuesta de opinión efectuada en el país durante el 2012.

 

Aunque a decir verdad no es que el gobierno lo esté haciendo pésimo, sino que las expectativas sembradas fueron demasiadas, particularmente en la “lucha contra la delincuencia” y en educación, donde en campaña el entonces candidato Piñera abocaba por una educación gratuita y de calidad. Más aún, el tacto comunicacional del gobierno ha sido pésimo, contaminando áreas de la gestión, particularmente economía, donde se está haciendo una buena tarea, prácticamente similar a la Concertación –manteniendo el navío estable–.

 

Lo segundo a lo que hacemos referencia, a la vuelta a tomar aire, tiene que ver más bien con la respuesta del gobierno, natural receptor de la “opinión” expresada en las urnas. La única acción a la que se le adjudicó algún ánimo de responder al ciudadano fue el cambio de gabinete, que más bien respondió a una necesidad de des-electoralizar el gabinete y habilitar las condiciones para que las campañas de Allamand y Golborne se pudiesen comenzar a desplegar en sus dimensiones locales. En cierto modo tal acontecimiento era inevitable ante la creciente  la tensión entre los candidatos (y sus sectores políticos) al interior del gabinete. Por lo tanto, es bastante improbable que tal respuesta haya sido un gesto conciliatorio con el ciudadano.

 

Prueba de lo anterior es que la actitud gubernamental con el ciudadano no cambió en las pocas semanas que quedaban para acabar el 2012. El cambio de Andrés Chadwick a la ex Intendenta Cecilia Pérez no dejó otra lectura más que la continuación de una línea comunicacional dura luego del desempeño de Pérez ante las manifestaciones estudiantiles en Santiago. Durante noviembre la nueva vocero de gobierno declaró, luego de las críticas al manejo gubernamental del brote de meningitis que “hacer mea culpas es perder el tiempo, lo que corresponde es esforzarnos y trabajar con más interés”, como si diese lo mismo la responsabilidad administrativa y ética. Horas después de aquella declaración, Mañalich, atinadamente, declaraba que era su responsabilidad el accidentado despliegue de vacunación en los consultorios.

 

Por otra parte, el clima entre gobernantes y gobernados se enrareció aún más con los sucesos de la elección municipal. Si antes se podía advertir una pérdida de legitimidad del público con respecto a los agentes del sistema político, más precisamente los partidos políticos (aglutinados en gobierno y oposición), luego de la elección las mismas instituciones que articulan el proceso electoral fueron puestas en duda. El caso de Sabat en Ñuñoa, donde milagrosamente se contaron más votos a su favor en el segundo recuento que en el primero, y los efectivos descuadres de votos ocurridos en otros municipios, son los primeros hechos desde 1990 que se configuran como atisbos de sospecha de fraude electoral. Si bien el descontento hasta hoy se percibe con respecto a las opciones políticas disponibles, que dependen ciertamente de factores institucionales (como el sistema electoral), el hecho de que el mismo proceso político-electoral sea puesto en duda socava el último bastión de tranquilidad de todo ciudadano: que aunque no se pueda elegir lo que uno quiera, al menos el proceso funciona limpiamente.

 

En vez de convertir la flaqueza, que podría adjudicársele a la longevidad de las instituciones electorales en Chile, en una posible vía de mejoramiento del sistema político, el entonces vocero de gobierno reaccionó arrogantemente a las críticas. En particular ante la carta de académicos expertos en estudios electorales pidiendo poner atención al conteo de votos y difusión de resultados, por la obvia desconfianza que su descuadre puede lograr, el ahora ex vocero respondió en su momento: “Yo les digo a esos académicos, que acostumbrados ahora a tener como deporte nacional poner todo en duda, colaboren en algo”. Con tal actitud y sin la menor autocrítica ante la eficiencia del Servicio Electoral, el gobierno pierde una nueva oportunidad de convertir una debilidad en fortaleza, como ocurrió con la política de seguridad minera y la ONEMI en años anteriores.

 

Haría bien una reconsideración seria del gobierno con respecto a sus objetivos y los medios para obtenerlos de cara a la elección. No hace falta más dureza y declaraciones recalcitrantes, que a estas alturas contribuyen a la desaprobación del gobierno y al hastío con él. Una suerte de terca reacción al fracaso, tratando de calzar un cuadrado en un círculo simplemente por ser “autoridad”. Por otra parte, el miedo al discurso conciliatorio o a asumir un error ha llevado a la desconcertante facilidad para evitar hablar con la verdad en varios temas críticos.

 

Si al menos al gobierno y la derecha le importa la huella histórica que pretende dejar, harían bien en considerar un poco de apertura y humildad para este año entrante. Lo más notable es que en el universo de políticas no es imposible alguna flexibilidad, otorgando ciertos gestos hacia el centro político, algo estratégicamente normal en cualquier país bipartidista. Si el gobierno desea ser competitivo en lograr un segundo periodo para RN y la UDI, debería partir por una redefinición de su aparato comunicacional y de serios proyectos, con alcance medio, que converjan al centro político. De no suceder lo anterior, como muchos analistas han advertido, la municipal ha sellado ya el destino de la derecha.

 

Por otra parte, la situación en la oposición hoy hace recordar a un cambio de papeles previo a la campaña del 2009. Manteniendo piloto automático, la Concertación aglutinada en torno a Michelle Bachelet ganaría la próxima elección presidencial sólo porque efectivamente Piñera logró lo que le tomó 20 años a la Concertación: hastiar a la ciudadanía, no ejecutar cambios significativos a la matriz política o económica, y presentar cuadros políticos que generan antipatías y desconfianza. Lamentablemente, hasta hoy la Concertación tiene un candidato ganador pero no un programa político a la altura de las reformas que deben ocurrir en el país. Sin tal requisito el escenario político para los próximos años se ve inestable, aunque queda ver que pasará el primer trimestre de este año en curso donde se efectuaran las primarias del PDC entre Claudio Orrego y Ximena Rincón, pre-ambulo de las primarias concertacionistas a mediados de año –si es que no se cancelan para proclamar anticipadamente a Bachelet–.

 

Un clima enrarecido se ha instalado para este año. La municipal no generó un cambio en la llegada del gobierno con el ciudadano, y episodios como la elección por secretaría de Sabat dejan abierta la ventana a suspicacias y dudas sobre posibles fraudes en próximas elecciones. Lo que es claro es que en una elección parlamentaria y presidencial los episodios de discordancias en la emisión de votos y el conteo llevarían a fisuras irreparables en la ya distanciada relación entre clase política y ciudadanos. Lo peligroso de esta posibilidad es que si las instituciones no funcionan ya no queda mucho a qué aferrarse.



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