Lunes 20 de Noviembre de 2017

El endeudado comienzo de Macri

Por: - 11-04-2016

La asunción de Mauricio Macri como Presidente de Argentina el 10 de diciembre de 2015 marcó, por un lado, el fin de 12 años de gobiernos kirchneristas, y por el otro, la llegada a la Casa Rosada de un referente de la cúpula empresarial. A pesar de que han pasado apenas unos meses desde el inicio de su mandato, Macri ha anunciado numerosas medidas y, por lo tanto, ya resulta posible hacer una evaluación de sus decisiones y señalar los sectores a los que favorece. Entre estos se encuentran la vieja oligarquía terrateniente, los grupos multimediáticos más concentrados y los especuladores conocidos como holdouts o “fondos buitre”.

Durante la campaña electoral se había instalada la idea de que Macri era una nueva expresión neoliberal del gobierno de Carlos Menem (1989-1999). Sin embargo, entre sus votantes se prefirió desmerecer esta calificación, indicando que en los noventa Macri no era ni siquiera funcionario. Sí, en cambio, lo había sido Daniel Scioli, su contrincante en el ballotage presidencial y candidato del oficialismo.

En Argentina, y seguramente en la mayor parte del mundo, el imaginario social asocia el poder con la dirigencia política y, más puntualmente, con gobierno de turno. En cambio, los grupos económicos que imponen y condicionan políticas muy pocas veces son señalados – tanto en el discurso mediático como por los propios electores – como responsables de los conflictos económicos, políticos y sociales. En este sentido, se construyó la expectativa de que, con la sola finalización del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, todo se iba a solucionar.

El slogan “Cambiemos” se convirtió entonces en el nombre de la alianza entre Macri, la histórica Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Implícitamente antiperonista, la alianza Cambiemos se consolidó como una suerte de reconversión moderna de la Unión Democrática de 1946, que reunía a radicales, progresistas, la Sociedad Rural, entre otros sectores que se unían para derrotar a Juan Domingo Perón. La cuestión es que en 2015 no fue Perón sino Scioli quien debió representar a la clase trabajadora, y lo cierto es que lo hizo muy mal. Tras dos gestiones paupérrimas como gobernador de la Provincia de Buenos Aires  – y de años de calculada lealtad hacia el gobierno nacional – Scioli no logró mostrarse como un candidato convincente, confiable y continuador de las políticas progresistas del Frente Para la Victoria. Finalmente, el electorado se encontró frente a dos candidatos muy parecidos en su línea ideológica, ambos de perfil conservador, provenientes de familias acomodadas, con pasado menemista y neoliberal. Scioli, que contó con un apoyo a medias de parte del kirchnerismo, finalmente salió derrotado por un acotado margen frente a un Macri que se mostraba más simpático, más indignado con la corrupción, y con más ganas de “cambiar” el rumbo del país.

El comienzo de la era Macri

Los primeros meses de gestión macrista tuvieron beneficiarios puntuales. Su primera medida económica, oficializada por el Decreto 133/2015, fue anunciar la eliminación de retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, girasol y carne, mientras que las retenciones a la soja se redujeron del 35% al 30%. De esta manera, los primeros privilegiados del gobierno de Macri fueron los grupos agro-exportadores, representados por multinacionales como Cargill, Bunge y Dreyfuss, y empresas locales como Aceitera General Deheza y Molinos Cañuelas, entre otras que concentran la venta al exterior de productos agropecuarios como la soja o el trigo. Los intereses de estas compañías se expresan a través de la histórica Sociedad Rural Argentina, que apuesta desde su fundación en 1866 por mantener una economía lo más dependiente posible del comercio exterior de bienes agropecuarios. Si bien las actividades agrícolas no tienen un peso mayoritario en el PIB, sí son importantes para el ingreso de divisas, lo cual es crucial para pagar la deuda externa.

De manera casi simultánea, se anunció la eliminación de las retenciones a la exportación de la gran mayoría de los bienes industriales, que eran del 5%. Esta segunda medida – a través del Decreto 160/2015 – benefició principalmente a los máximos referentes de la Unión Industrial Argentina, encabezada por Techint y Arcor.

Pocos días después de la reducción y eliminación de las retenciones se anunció el fin del cepo cambiario, de modo que se levantaron las restricciones a la compra de dólares y, de un día para otro, el valor oficial del peso argentino respecto a la divisa estadounidense se devaluó un 35%. Esta medida se implementó de manera acordada con las principales cerealeras, que salieron rápidamente a liquidar dólares que habían acumulado durante la gestión de Cristina Fernández, para así amortiguar la pérdida de reservas del Banco Central. Aun así la moneda argentina se continuó devaluando y, durante el mes de enero del 2016 se depreció alrededor de un 7%, mientras que en febrero su valor bajó cerca de un 13%. Recién en marzo el peso argentino pudo recuperar terreno frente al dólar, pero de manera poco significativa en relación a la fuerte devaluación sufrida desde la asunción de Macri. Entre fines de 2015 y la última semana de marzo de 2016, se puede observar una devaluación superior al 40%.

El economista Federico Kucher, en un artículo publicado en Página 12 (03/2016), afirma que en diciembre los bancos obtuvieron ganancias altísimas gracias al abrupto cambio de valor de la divisa estadounidense. Kucher destaca que los bancos ganaron ese mes casi 5 mil millones de pesos en concepto de utilidades por la diferencia de cotización, cifra que el mes anterior había sido seis veces menor. En consecuencia, salieron beneficiadas entidades financieras como Santander Río, Banco Macro, Grupo Financiero Galicia y BBVA. A su vez, el Banco Central implementó medidas tales como dar de baja la plantilla de inspectores públicos dedicados a fiscalizar agencias y casas de cambio, así como levantar la obligación que recaía sobre los bancos de liquidar en el mercado de cambios local las divisas obtenidas por deudas financieras negociadas en el exterior.

Como si fuera poco, el Banco Central acordó en enero un préstamo de 5 mil millones de dólares, otorgados por los bancos HSBC, JP Morgan, Santander (mil millones cada uno) y el Deutsche, BBVA, Citi y UBS (500 millones cada uno) con un plazo de 11 meses y una tasa de 6,76%. Como colateral, el Banco Central cedió títulos públicos por un valor de mercado estimado en 10 mil millones de dólares. De esta forma, Argentina recurre al endeudamiento no para realizar obras o financiar el gasto público, sino para engrosar las reservas del Banco Central, corriendo el riesgo de incrementar aún más la deuda externa en un año donde la prioridad financiera del gobierno es acordar y pagar a los fondos especulativos que no aceptaron las propuestas de canje de deuda de 2005 y 2010.

No obstante, este préstamo tuvo poca repercusión mediática. Mientras tanto, se desarrollaron las negociaciones con los holdouts en juicio con Argentina, encabezados por NML Capital. A pedido de Thomas Griesa, juez de Nueva York, Mauricio Macri presentó un proyecto en el Congreso para derogar la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano, como requerimiento para cerrar un acuerdo con los fondos litigantes. Al concretarse la derogación de ambas leyes, Argentina se compromete a pagar 12 mil millones y medio de dólares a NML y compañía.

En la madrugada del jueves 31 de marzo, el Senado aprobó la derogación de las leyes en cuestión, autorizando al Poder Ejecutivo a emitir nuevos bonos para conseguir los dólares con los cuales pagar a los holdouts. De esta manera, el Ejecutivo enviará en los próximos días al Secretario de Finanzas, Luis Caputo, de gira por Estados Unidos y Europa junto a representantes de las mismas entidades que prestaron reservas al Banco Central hace unos meses, para colocar los nuevos bonos a emitir.

Para dar cuenta del escenario hacia el que se lanza Argentina si Macri continúa priorizando la mirada hacia el exterior en términos financieros, es preciso observar el país que recibe el nuevo gobierno. La deuda externa pública a fines de 2015 era de aproximadamente 75 mil millones de dólares, la cual se duplicaba si se considera además la deuda externa privada. En términos absolutos, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) no logró reducir el monto de la deuda externa, e incluso dejó sin resolver las demandas de NML capital y otros tenedores de deuda.

No obstante, la relación entre deuda y PBI (en la cual el producto del país ganó terreno frente al monto de la deuda entre 2003 y 2015) fue uno de los argumentos ofrecidos durante las gestiones kirchneristas para explicar que en ese período se logró desendeudar al Estado argentino: en 2005 la deuda pública extranjera equivalía al 35% del Producto, mientras que a septiembre de 2013 ese porcentaje bajaba al 14%. Lo cierto es que el PBI es un indicador de la actividad económica, y el hecho de que la misma haya crecido no implica que la capacidad de pago de Argentina haya mejorado en la misma proporción. Una muestra de ello es que durante el gobierno de Cristina Fernández, las reservas en dólares del Banco Central se redujeron casi a la mitad, luego del repunte que habían tenido durante el mandato de Néstor Kirchner (2003-2007).

Por su parte, en pocos meses Macri decidió pedir préstamos para esa entidad por 5 mil millones de dólares, acordar con los acreedores litigantes el pago de una cifra superior a los 12 mil millones de dólares, y solicitar al Banco Mundial créditos por un valor de 3,5 mil millones de dólares – que, sumados a un acuerdo previo del gobierno saliente, alcanza los US$ 6,3 mil millones.

El apuro de Macri por endeudar a la nación no es para nada llamativo. Ya durante su gestión como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires endeudó innecesariamente a uno de los distritos más privilegiados del país, contando con recursos económicos más que suficientes para gobernar la capital de la nación. Sin embargo, no deja de ser lamentable que después de una serie de “decretazos”, el primer proyecto enviado al Congreso haya sido un paquete de leyes destinado a “honrar las deudas” con especuladores que nunca prestaron dinero a la Argentina.

Además de los anuncios sobre las retenciones al agro y la industria, la situación de la devaluación y el endeudamiento externo, Macri se ocupó de dar una mano a otros sectores. En este sentido, las retenciones a exportaciones mineras – que eran menores al 3% – fueron directamente eliminadas por el Decreto 349/2016, favoreciendo principalmente a la minera canadiense Barrick Gold, de gran importancia en provincias como San Juan y Catamarca.

El presidente también accedió a un reclamo permanente del Grupo Clarín, y derogó parcialmente la denominada “Ley de Medios”. Gracias a esto, se eliminaron las reglas antimonopólicas en el mercado de la televisión por cable y se disolvió la AFSCA, organismo enfrentado a los intereses de Clarín desde la sanción de esa ley. Asimismo se aprobó la compra de la empresa telefónica Telecom por parte de Fintech, socio de Clarín en Cablevisión, la principal operadora de cable en Argentina. La atención de Macri hacia el principal grupo multimediático de capital nacional se extendió con la cesión de la televisación de los partidos de fútbol de mayor rating (desde 2009 el Estado Nacional es titular de los derechos de televisación de los partidos de primera división) a Canal 13 (Clarín), Telefé (Telefónica) y América TV (Grupo Uno), junto con otra serie de medidas orientadas a consolidar la concentración existente en el campo mediático.

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