¿Habrá que esperar un desenlace fatal para remecer a la clase política y que los medios masivos de una vez por todas al menos muestren – en este caso el cuerpo inerte de – un huelguista mapuche?

Con respecto al caso descrito hay muchas diferencias con el caso mapuche, mi intención ha sido más bien retratar la huelga de hambre como recurso político extremo. Pero el peso de la violencia del Estado ha caído con la misma dureza en ambos casos. Lo menos similar es el carácter terrorista asimilable a ambos casos, donde el caso chileno parece aplicar el rigor de una ley impropia de una democracia a delitos que no corresponden con la figura de terrorismo a nivel internacional, aquella que afecta la vida, la integridad física y la libertad de las personas (Elmostrador.cl), aplicándose en este caso sólo a delitos contra la propiedad o a aquellos que pueden perfectamente ser catalogados como simples desordenes públicos. El elemento más similar: la indolencia de las autoridades públicas.

Resulta pasmante la casi nula información dentro de Chile que fluye por los medios de comunicación masivos. El ‘conflicto mapuche’, tiene más relevancia para observadores políticos internacionales (Lanacion.cl) que nacionales, lo que por una parte refleja que los conglomerados de comunicaciones tienen interés en no darle importancia al conflicto y por otra parte ningún partido político –como un todo- ha denunciado la extrema situación de los mapuches en huelga de hambre ni menos ha acogido el conflicto como un tema político – que si lo es en el sentido de la facultad discrecional para ‘no aplicar’ la legislación ordinaria.

El apoyo de sectores políticos es complicado. Cuando la Concertación fue gobierno se avanzó – aunque no lo suficiente – con la ratificación del Convenio 169 de la OIT, que empodera a las etnias existentes y obliga al Estado a considerarlos como actores de veto o consulta en proyectos industriales y de uso de suelo primordialmente, y en el diseño del Programa Orígenes, pero resultó que el conflicto determinó que como partidos del gobierno no fuesen necesariamente sensibles a la persecución desencadenada por el Estado. Por otra parte la derecha hoy sigue el mismo procedimiento para lidiar con el conflicto, la aplicación de la Ley Antiterrorista, pero con el agravante que muchos profesionales a cargo de programas relativos a la CONADI son expertos en seguridad y defensa, y no precisamente en asuntos indígenas o en políticas sociales.

En este sentido, el fin de la huelga de hambre de los mapuche encarcelados es la derogación de esta Ley, aplicada arbitrariamente bajo supuestas ‘actividades terroristas’ que amenazan la organización del Estado. Sobre esto es necesario cuestionarse hasta qué punto las actividades de ciertos comuneros mapuche son tan violentas como para comprometer la seguridad del Estado – o la vida de los ciudadanos que el Estado dice defender- y requerir de una ley especial que lo que hace es prácticamente declarar la guerra a ciertos ciudadanos y someterlos a la justicia militar. También cuestionar la constitucionalidad de esta Ley que a todas luces violenta el principio del debido proceso y otras garantías que constituyen principios claves de derechos humanos – los cuales el país dice respetar y promover.

Durante su visita a Temuco el Presidente Piñera ni siquiera se pronunció sobre la huelga de hambre de los mapuche en las cárceles de Angol y Temuco. La política actual al respecto ha estado lejos de tomar en serio y, al menos, darle dignidad a la huelga otorgándole importancia. Es más hace unas semanas un funcionario de gendarmería realizo un montaje fotográfico mostrando alimento en las celdas de los huelguistas bajo la supuesta orden de un asesor en materia indígena de la Intendencia Regional (Elmostrador.cl). Todo esto llama la atención luego de la enorme movilización del gobierno y de varios partidos políticos para condenar rápidamente la situación de huelga de hambre de prisioneros políticos en Cuba. El senador Patricio Walker fue tan lejos para catalogar la huelga cubana como ‘un acto heroico, un testimonio sobrehumano’, pero sosteniendo una posición totalmente contraria en el caso de la huelga de hambre mapuche.

El lunes parientes de los presos mapuche se manifestaron ante la Corte de Apelaciones de Concepción para apoyar el recurso que se presentó contra los ‘testigos sin rostro’ que se presentan bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista (Radiobiobio.cl). Mientras el martes la Cámara de Diputados desestimó la petición hecha por 49 parlamentarios de que la Comisión de Derechos Humanos se constituyera como Comisión Investigadora a fin de indagar ‘acerca de la participación de funcionarios de la Región de La Araucanía, y de Gendarmería de Chile, en un posible montaje que busca desacreditar la huelga de hambre de los comuneros mapuches’ (Elmostrador.cl), la denuncia también incluye el supuesto pago a testigos para que realicen falsas acusaciones contra los mapuches procesados.

Por otra parte, si este va a ser el comportamiento del Estado chileno – con esto quiero comprometer a gobiernos pasados, presentes y futuros- ante las reivindicaciones étnicas, por discutible que sea su fundamento, tendrá que preparar el puño entonces para los movimientos de reivindicación en la Isla de Pascua (Radiobiobio.cl) que si bien no han tenido una expresión tan activa y compleja como la causa mapuche es muy probable que obtenga más notoriedad. Pero en el caso de Isla de Pascua por el carácter turístico e histórico reconocido en el mundo llevar una política represiva sería más notorio y condenable, eso es seguro.

Ya estando presos en Angol y Temuco a los comuneros mapuches no les quedó más remedio que protestar con sus propios cuerpos. Sobre este temerario recurso menciona el escritor Sorj Chalandon sobre Bobby Sands que ‘él no quería morir, pero más importante que su vida, quería vencer’, legitimizar su causa. Para lograr notoriedad y provocar un remezón en el status de los pueblos originarios y  sobre la arbitraria aplicación de la Ley Antiterrorista a la sombra de su actual legalidad, es  lamentable pensar que muy probablemente sea necesaria la muerte de algún huelguista.

En Vitrina: El Mostrador

No me considero una talibán del recambio generacional, pero la élite política chilena comparativamente es senil. Por ejemplo, al momento de acceder al poder la edad promedio de los presidentes de la República desde 1990 a la fecha ha sido 60 años. En América Latina el promedio de edad de los jefes de gobierno al momento de asumir alcanza hoy a 55 años (17 países), 49 años en Europa continental (15 países), y 47 años en el mundo anglo-sajón (5 países). La región nórdica es donde los jefes de Estado son los más jóvenes: 43,5 años de edad como promedio en la última ronda de renovaciones de jefes de gobierno.

Leyó bien. Mientras en Chile el máximo cargo de representación popular se alcanza cuando se han superado los 60 años, en algunas sociedades aquello sucede 5, 10 e incluso 20 años antes. Lo anterior parece contradictorio si consideramos que vivimos en un continente más joven que el europeo y con transiciones a la democracia más recientes. Así, es evidente que la democratización en Chile contribuyó a congelar más que impulsar una renovación generacional.

¿Cómo podemos explicar este curioso hecho? Lo primero tiene que ver por falta de “tiraje de la chimenea”. En otros contextos democráticos existen mecanismos de selección de candidatos abiertos y competitivos. Las trayectorias de líderes como Zapatero en España, Reinfeldt en Suecia y Kiviniemi en Finlandia reflejan ello. En los tres casos, sus carreras políticas comenzaron en juventudes políticas, pero tempranamente desembocaron en el Parlamento. Antes de los 30 años compitieron y accedieron al Congreso y antes de los 40 años dirigían sus partidos. Coronaron sus carreras políticas a los 44, 41 y 42 años respectivamente.

En Chile, la carrera política se ve limitada por sistemas de selección de candidatos desde arriba, lo que impide la renovación. Este argumento es válido para todo el espectro ideológico. Un solo dato: terminado el ciclo de renovación en los ocho partidos con representación parlamentaria, el promedio de edad de sus presidentes será de 54 años, unos 15 años por encima de la situación europea. En Chile, nuestros líderes llegan tarde a dirigir la juventud, al Congreso, a la presidencia del partido y a la Presidencia de la República.

Un segundo factor es el dinero. Dada la estructura de financiamiento electoral, los candidatos requieren recursos propios para financiar sus campañas, lo que impone una primera barrera. Pero además, si un candidato (o candidata) no tiene acceso a una actividad económica alternativa rentable, una vez electo tendrá un fuerte incentivo para permanecer en la actividad política. A ello se suma la ausencia de un subsidio estatal que permita el pago de una jubilación a un representante electo luego de los 65 años. En una sociedad de mercado como la chilena, el servicio público en cargos de representación popular constituye un serio problema no sólo para la renovación, sino que para el acceso al poder.

La tercera cuestión se asocia con las trayectorias de la militancia. La carrera política circula en torno a quienes participan del aparato estatal y muy pocas veces fuera de éste. Las fuerzas emergentes difícilmente han podido contrarrestar el peso de las dirigencias y su nutrida red de repartición de cargos—en el gobierno y la oposición— a nivel local y/o nacional. Como además tenemos un sistema electoral que inhibe la competencia, las posibilidades reales que nuevos grupos puedan “golpear la mesa” son francamente mínimas.

Al evaluar el ciclo de renovaciones en el PPD, PS, UDI, RN y PDC se refleja una todavía tímida transición. Y no podría ser de otro modo. En las actuales condiciones, a los grupos emergentes les resulta casi imposible romper con dinámicas que están ya instaladas en las tiendas partidistas. O pactan, o se van para la casa.

En síntesis, el mayor promedio de edad de nuestros dirigentes (con la excepción de Tohá en el PPD) se explica por tres condiciones básicas: falta de democracia en los partidos, ausencia de recursos para los más débiles, y redes de poder.

Que no se mal interprete. No tengo nada contra los mayores de edad. La batalla que planteo no es ni puede ser generacional. Más bien, se trata de terminar con los perversos incentivos que impiden refrescar y fortalecer las tiendas partidistas. La solución pasa, entonces por encarar las siguientes cuestiones: primero establecer simples pero efectivas normas de convivencia en los partidos (limpiar padrones, primarias, votaciones directas); segundo, incentivar la participación real de las mujeres, y tercero, un cambio profundo al financiamiento de los partidos para estimular una competencia interna menos desigual.

La reforma de los partidos resulta esencial en esta coyuntura. Un contexto como el actual debilitará la democracia, profundizará el clientelismo y creará tendencias plebiscitarias en nuestra sociedad.

Esperemos que la sabiduría de los nuevos dirigentes impulsen una agenda reformadora de sus propias prácticas.

En Vitrina: La Vanguardia

China ya es la segunda potencia económica mundial, sólo superada por Estados Unidos. Su PIB crece por encima del 10% anual desde hace lustros y compra deuda pública a mansalva de los acongojados países desarrollados, incluida España. Pekín no es una capital cualquiera por razones obvias. Los depauperados agricultores chinos de los cincuenta escucharon incrédulos a Mao, cuando les invitaba a dar el gran salto adelante para superar al Reino Unido. Hace una semana rebasaron estadísticamente a Japón. De ser un país receptor de caridad, China se ha convertido en inversor e inquietante rival industrial en sectores como el electrónico.

Las marcas fashion fabrican allí, aprovechándose de que los obreros industriales chinos producen a destajo. Los críticos internos dicen que no son tratados como máquinas, sino peor: como simples piezas de repuesto. Pero un mercado potencial de 1.400 millones de personas genera estrabismo y atrae como moscas a los occidentales. Alemanes, franceses y británicos llevan la delantera en la larga marcha europea. Aquí se intentan ganar posiciones.

Por eso, el presidente Zapatero abrirá hoy el día de España en la Exposición Universal de Shanghai. Acudirá escoltado, entre otros, por el alcalde Hereu y su cohorte de munícipes. No hay fetichismos ideológicos en la visita. El recuerdo de la influencia maoísta en Europa aún quita el hipo. Desde los experimentos de Althusser hasta la gimnasia quebrantahuesos de Enver Hoxha. En España, la revolución cultural propició tal cantidad de siglas que agotaría la inabarcable simbología china, a razón de medio militante por letra. Pero ahora nadie viaja a China para evocar caducos experimentos. Vamos como comerciales de operadores turísticos con la esperanza de atraer al futuro imperio del consumismo.

En Vitrina: El Mostrador

El senador hizo hincapié en que “lo importante sería buscar una mesa de diálogo”.

El senador del PPD Jaime Quintana se refirió a la situación de los presos mapuches que cumplen casi 50 días de huelga de hambre.

En entrevista con Radio ADN, el parlamentario dijo que “Aquí hay pocas salidas. Una es dejar que esto siga a situaciones extremas que nadie desea, con un desenlace que puede ser tal vez el que nadie desea, y la otra es establecer alguna mesa de diálogo de conversación. Sobre todo, porque hoy día rige un contexto distinto con un Convenio 169 que justamente consagra estos temas: La protección de los derechos humanos de estos pueblos originarios”.

En ese sentido, subrayó que “lo importante sería buscar una mesa de diálogo que permita revisar, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo con la aplicación de la ley antiterrorista, y yo valoro que en los últimos hechos no se esté aplicando. Aquí nadie está pensando en la impunidad, ellos tienen que responder, quienes sean culpables. Pero tampoco me extrañaría que algunos de ellos salgan finalmente absueltos, como ha ocurrido en otras causas”.

Agregando que “la mayoría de estos casos, de los diez que yo visité, están acusados por ley antiterrorista y por lo cual arriesgan penas que superan largamente los 80 o 90 años, en la mayoría de los casos sin resultado de muerte. Entonces estamos hablando de una situación casi de ensañamiento de nuestra institucionalidad en contra de estos comuneros mapuche, donde ellos tienen que responder penalmente, pero no de la forma como hoy día el Estado se ha encargado de hacerlo ver”.

“Lo que estamos haciendo es aplicar una ley que es propia de una dictadura, que es la ley de conductas terroristas del año 1984. Esa es la ley que aplicando en plena democracia y, más aún, con un estatuto especial que consagra la protección a estos pueblos. Y eso es lo que genera un clima especial, un contexto distinto al que teníamos hace un año atrás”, concluyó el legislador.

Sindicalismo y la estabilidad

El problema de la persecución y sicariato dentro del trabajo dirigencial sindical no es algo nuevo para la historia venezolana. Por el contrario, hace ya tiempo que la influencia y poder que han tenido los trabajadores han estado basados en estas características. El factor relevante que ha aparecido, es la persecución bajo el argumento de utilización de las manifestaciones como mecanismos de inestabilidad para el gobierno más que como mecanismos de reivindicaciones sociales para los trabajadores. Hoy en día parece paradójico que un gobierno “revolucionario” juzgue como “delito” el hecho de manifestarse (Noticia del 16 de Agosto en CNN Chile). Sin adentrarse en los problemas que puedan haber con los sindicatos a nivel nacional dentro de Venezuela, esta nueva perspectiva de tratar a los manifestantes y los problemas derivados del aumento de la deuda externa y las desigualdades de las “Misiones” Sociales con respecto a la previsión de los trabajadores –centradas principalmente a los trabajadores formales, casi le minoría de los trabajadores totales del país (Santeliz, 2008)- hacen pensar que la alianza –en un momento, estratégica, para el Gobierno de Chávez- se debilita dentro del proceso social que vive en la actualidad Venezuela, siendo ahora compleja la relación que se vive entre los diversos sindicatos y el Gobierno.

El tema se vuelve delicado, tomando en cuenta que gran parte del apoyo del Gobierno está basado en el aporte que desde los sectores sindicales puedan tener para asegurar la estabilidad del país. Esto es aun más importante si desde la economía aparecen señales de desgaste que podría empeorar por el posible aumento, en el mediano plazo, del gasto público, por las elecciones parlamentarias, y luego por las elecciones presidenciales del 2012. Complejo escenario, si además se suma una disminución sistemática del PIB en los últimos cinco trimestres (Noticia del 16 de Agosto del 2010 en El Nacional Diario Electrónico).

Los primeros años del régimen de Hugo Chávez en Venezuela, fueron para la economía un periodo de gran crecimiento. Por una parte, se le entregó a la empresa estatal “Petróleos de Venezuela SA”, la capacidad de acumular activos por la producción de dólares, evitando que los vendiera al Banco Central de Venezuela (aumentando así la capacidad de inversión) (Santeliz, 2008). De la misma forma, en la medida que crecía el PIB también lo hacía el gasto público y la implementación de Misiones Sociales para disminuir la inequidad social. Este cambio también se aprecia en el aumento de la capacidad del mercado interno del país. El problema, sin embargo, es otro. Los activos acumulados en su mayoría, se localizaron fuera de Venezuela, lo que hizo imposible que se generara inversión interna para aumentar la capacidad instalada en la producción interna; de la misma manera, el crecimiento del PIB no estuvo al margen de las inversiones, sino de la capacidad instalada ya existente antes del cambio de la Ley de PDVSA.

Por otra parte, muchas de las Misiones no lograron revertir los problemas de inequidad existentes en el país. Según la encuesta de Presupuestos Familiares del 2007 realizada por el Banco Central de Venezuela “Destaca que el 48,3% de la población se ha beneficiado de, al menos, una misión (…) Sin embargo, del primer decil el 39,3% no ha recibido ayuda alguna por parte de dichas misiones, mientras que el 31,9% del noveno decil se han beneficiado y un 15,1% del décimo decil también se han visto beneficiadas” (Santeliz, 2008: 100). De esta manera, la disminución del PIB provoca un efecto dominó en lo que al gasto social implica, y en lo que se refiere a la estabilidad de la alianza con los sectores trabajadores. Mientras el gasto público aumenta, también aumenta la deuda externa desde un 19% (Santeliz, 2008) el 2007 a casi un 29% (Noticia del 16 de Agosto del 2010 en El Nacional Diario Electrónico) del PIB el 2010. Por otra parte, el mismo gasto social se encuentra basado casi únicamente por el aumento del gasto público y no por la incorporación de nuevos fondos derivados del crecimiento de la economía, puesto que no hay inversión para diversificar los ingresos del petróleo (o al menos complementarlos con la industria derivada de dicha industria).

En otras palabras, la revolución Bolivariana ha fallado en entregarle a Venezuela un vuelco a la economía del país, cosa que hoy amenaza con pasarle la cuenta a raíz de la disminución del PIB a causa de la crisis internacional la cual puede resentir, por una parte la capacidad de gasto  del Estado y por otro la estabilidad del país por la disminución del mercado interno no salvaguardado.

Las grietas del sistema económico pueden entonces desatar el fin de lo que aun puede ser un cambio revolucionario y con perspectiva de largo alcance, si consideramos las ventajas que trae el hecho de que EEUU haya dejado de lado su hiper-preocupación en los asuntos Latinoamericanos, muy ocupado hoy en los conflictos de Medio Oriente. Los resultados de estas elecciones, entonces, pasan a ser cruciales para saber en qué pie se vendrán las elecciones presidenciales del 2012, al tiempo que se hace necesario mantener la imagen de un gobierno alternativo hacia el continente en un contexto donde la UNASUR da sus primeros pasos como el primer proyecto regional con aspiraciones, bien fundadas, a largo aliento.

Fuentes

• Santeliz, Andrés. “1999-2009, LA Economía en Diez Años de Gobierno Revolucionario” Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 2008. Vol 14 N°3 (Sept-Dic) pp. 83-119, 100, 104-105.

Hobbes teoriza una visión absolutamente negativa del ser humano. Ya Maquiavelo había marcado una pauta presentando una visión de la naturaleza humana donde imperaba el egoísmo del gobernante, sugiriendo un comportamiento amoral del hombre público, en distinción a la moral requerida por la Iglesia para reglar los asuntos políticos. Tal negatividad de Hobbes llega al punto de relacionar a la política, o la necesidad de un soberano, con la seguridad de la vida de los individuos.

El Leviatán surge en el contexto de la Guerra Civil Británica en 1642, en un clima de evidente desgobierno y violencia que impactó ciertamente sobre su teorización de la necesidad de un soberano absoluto. Al respecto, describe un estado de naturaleza donde el caos reina y la vida de cualquier hombre corre peligro debido a la alta inseguridad, por eso propone un contrato social donde se renuncie a los derechos naturales, para concentrar todo el poder en un soberano o un grupo, un gran Leviatán, un pacto inviolable, una teoría que sustentaba, y legitimaba, el creciente poder de las monarquías absolutistas.

Evidentemente los pensadores son hijos de sus tiempos, y aplicar teorías a la actualidad sin la menor reflexión es irresponsable, sobre todo considerando que hoy la democracia pareciera ser el paradigma – democracia y libre mercado añadirían algunos. Sin embargo, considerando el Leviatán como símbolo de la concentración del poder, hoy en el caso de nuestras sociedades globalizadas también de la información, no sería desfachatado hacer el contraste entre una sociedad democrática – en la cual teóricamente vivimos – y episodios que provocan que el ciudadano por una parte se sienta sobrepasado por un poder superior, semejante al Leviatán, en cuanto a su impacto sobre la sociedad. Entonces es posible plantearse la inquietud de “¿por qué sucede esto?”, en un sistema tan abierto como el democrático.

Las áreas que podrían considerarse con notable influencia en la vida pública hoy son los medios de masas, el gobierno (representado en el Ejecutivo), y los partidos políticos que se desenvuelven principalmente en el Legislativo. Considerando los medios como quienes informan de la ‘realidad’ a los ciudadanos, el gobierno como introductor de temas en la agenda política (cuando decide actuar sobre algún tema o evitarlo), y los partidos políticos también como introductores de temas, pero a la vez representativos de los variados intereses de los ciudadanos, podríamos revisar unas cuantas situaciones donde estos, como últimos responsables de los asuntos públicos, parecen minimizados y abrumados ante la realidad que comunican efectivamente los medios y la agenda dirigida por el gobierno y respaldada por los partidos.

En nuestro país comúnmente se invoca el hecho de que existe una gran concentración sobre la propiedad de los medios de comunicación masivos, que en la práctica permite la concentración y exclusividad de la información y del poder de decisión sobre lo que es importante, que parece arrancar de las manos y conciencias de los ciudadanos responsabilidades clave. La etiqueta terrorista que hoy tienen los mapuches encarcelados – y en huelga de hambre- y la ‘causa mapuche’ sin existir ningún medio masivo que informe sobre los acontecimientos últimos – como si lo hacen los medios extranjeros- es preocupante (Cooperativa.cl). La aprobación de la termoeléctrica en Punta de Choros, por unanimidad de todas las autoridades dependientes del mismo Presidente, el hecho de que ningún partido como tal se haya pronunciado al respecto hasta después de la aprobación, la negativa de los canales de televisión de difundir el spot publicitario que hablaba sobre el impacto ambiental de la termoeléctrica, la represión ante las manifestaciones y la nula cobertura al respecto (Ballotage.cl) es increíble, en un país donde se supone que la libertad de prensa se ejerce activamente. Como diría Marcellus en Hamlet: “something is rotten in the state of Denmark”, pero en este caso en Chile.

Los medios están dramáticamente concentrados, el pluralismo en la prensa chilena es vergonzoso, todos los medios repiten prácticamente la misma pauta noticiosa y deliberadamente omiten muchísimos temas. Hace unos meses se filtró un instructivo desde La Moneda, una suerte de manual de “razzia política”, salió sólo en un par de medios y pequeños, sin embargo, el instructivo contra las faldas de la Intendencia de Coquimbo se discutió hasta en los matinales. Nos tienen hasta el cuello con el tema de los mineros atrapados, volviendo en algo banal y quitando todo valor al hecho de que muchos chilenos, en este caso mineros, trabajan en condiciones laborales paupérrimas exponiendo incluso sus vidas a diario.

Sólo quedan dos posibilidades: o tenemos una masa de periodistas tan mediocres que no se dan cuenta de lo que pasa en el país, o los dueños de los medios ejercen un control tal sobre la información que prácticamente se censuran temas para el conocimiento de la ciudanía, esto bajo claras tendencias ideológicas y políticas. Ahí juzgue Usted.

Desde un enfoque sistémico, podría decirse que evidentemente están fallando los mecanismos de comunicación entre la sociedad civil, las élites políticas y el gobierno. Usted, en el periodo entre elecciones, no tiene ningún mecanismo para vetar alguna ley o política de gobierno (menos aun de proponer legislación, como la iniciativa popular de ley), sólo tiene el recurso de salir a marchar a la calle, con la esperanza que su protesta sea exhibida en los medios y que entonces no sea catalogada como subversiva. Los partidos, de los cuales en la práctica en Chile existen dos, Concertación y Alianza, rara vez impulsarán fuertemente un tema que pueda afectar a sus socios de coalición, eliminando muchos temas de la agenda política. El ejemplo más perverso es la discusión del aborto y el matrimonio homosexual y las evidentes concesiones que se tienen que dar partidos tan contrarios ideológicamente como el PS y la DC, para mantener la armonía de la alianza.

Así, dentro de la filtrada información que recibimos a diario, sobre todo en televisión, el hecho de que los partidos no puedan introducir temas de ‘impacto’, pues provocarían escaramuzas con sus compañeros de coalición, y que ni usted ni yo podemos influir en leyes o políticas sino cada cuatro años, a veces pareciera indicar que el ciudadano se enfrenta diariamente al Leviatán de información y poder. Frente al cual la sociedad civil, como conjunto de ciudadanos, apenas tiene el recurso de salir a la calle o realizar campañas en Internet para alertar sobre problemas y realidades que si existen y sobre los cuales el ciudadano de esta República debería como mínimo poder informarse, gracias a la tan preciada pero poco activa y eficiente libertad de prensa.

Aclaración: Los editoriales de Ballotage representan nuestro sentir institucional frente a ciertos temas importantes. Más información aquí.

En este contexto, “Pirincho” retrató una serie de elementos que caracterizaron la elección (Latercera.com) y que extrañamente sacó ronchas tanto en la candidatura de Ignacio Walker como en la de Mariano Fernández (el más golpeado por Navarrete) principales listas en competencia, sin desmerecer la de Leonel Sánchez, la que en función de su exiguo apoyo no llamó la atención del analista.

Elementos, contrastes y decadencia

Los aspirantes a suceder a Juan Carlos Latorre en la presidencia de la Democracia Cristiana, demostraron tener mínimas diferencias en sus planteamientos de cara a la elección (Latercera.com). Elementos como una oposición fuerte, renovación y rearmado de la tienda fueron los bastiones de ambas candidaturas. En este sentido si queremos encontrar diferencias, la más notable es la prioridad estructural, en donde Walker, aboga por un modelo de afuera hacia adentro privilegiando el concepto de coalición, desde ese prisma, el candidato planea rearmar y reforzar el partido. En la otra esquina Fernández apuntaba a fortalecer la unidad del partido para luego buscar el lugar ideal de la tienda dentro de la Concertación.

Este contraste es fundamental para concebir el futuro del partido, ya que deja entrever cuales pueden ser las posiciones estratégicas de cara a acuerdos tan importantes como el próximo candidato de la oposición a la presidencia. En esto Walker tiene una predisposición más abierta a acuerdos amplios dentro de la Concertación, descartando a facciones que la abandonaron, como la que lidera Marco Enríquez-Ominami. Por otra lado, la opción de Fernández había dejado claro que a toda costa la idea era posicionar a un democratacristiano como candidato presidencial, lo que podría generar puntos de conflictos que ya hemos visto con anterioridad. Por lo tanto, esta diferencia que puede parecer pequeña dentro de un conjunto de ideas tan parejo, ha sido probablemente muy importante en la definición de la elección interna.

Más allá de este contraste, es relevante destacar el pobre debate de ideas que se ha hecho costumbre al interior de la oposición, sacando a flote polémicas totalmente ajenas que en nada ayudan al rearme de la colectividad. Muy por el contrario, desmotivan la participación y potencian la magra imagen que tiene la sociedad de la política. También hay una falta de participación tremenda, un claro ejemplo es la paupérrima cifra de participantes que se esperó para la elección de este domingo, en donde de un padrón partidario de 70.000 militantes, las proyecciones indicaban que sólo 15.000 acudirían a votar, recién mañana lunes se podrá saber cuantos militantes efectivamente votaron. Esto llevó incluso a realizar publicidad radial para promocionar la elección (Emol.com), lo que denota el debilitamiento que ha mostrado la DC en la última década. Otro ejemplo claro de esta tendencia, fue la última votación de la Juventud Socialista, en donde aparte del comentado fraude que habría existido en algunas comunas por falta de padrón y suplantación de identidades (Radiobiobio.cl), el presidente electo obtuvo poco más de 800 votos (Jschile.cl), una cifra francamente triste tomando en cuenta que esta votación es nacional.

Navarrete al banquillo

En su columna “Pirincho” ahondó el análisis en la distribución de los apoyos y en elementos ya examinados como la renovación del partido. Si bien en ciertos puntos sus argumentos apuntaron a que Fernández sumó apoyos de última hora – que vendrían siendo “lo que dejó la ola” según el propio Navarrete -, en general no fue un análisis mayormente sesgado o que estuviese fuera de lugar. Por el contrario, era una opinión necesaria para exponer ideas y contextualizar sobre un acontecimiento que se aproximaba. En base a esto y a que ambas candidaturas soltaron amarras a la hora de enjuiciar lo expresado por Navarrete, es innegable que toda la polémica generada tiene una concepción totalmente artificial. Sobre todo si nos centramos en las desbocadas reacciones de distintos militantes del partido como el diputado Lorenzini, que critica la nula participación partidaria de Navarrete e invalida su opinión por esta razón, la que se suma a la del diputado Chahín, quien en la misma línea critica la “falta de sintonía con la realidad del partido” (Elmostrador.cl).

Claramente ambos parlamentarios desprecian la diferencia entre analistas y políticos. De hecho, concurren a un lugar común en el cual para opinar hay que estar participando activamente en el partido, y si no es así, mejor te callas y no opines. Esta es la visión que aleja a la sociedad del ambiente político y que determina realidades tan pobres como las que ejemplificamos anteriormente. Navarrete puede haber sido ninguneado por sus camaradas, pero sin duda sacó al tapete la intolerancia, el poco respeto y la carencia de ideas que está caracterizando a los partidos de la Concertación. Incluso su comentario, y la polémica resultante, puede bien haber sido el punto más interesante de toda la elección interna democratacristiana.

En Vitrina: Cambio 21

Habla a nombre del Presidente con los mineros. Estuvo preso por hurto, giro doloso de cheques y arraigado por no pago de pensión de alimentos. Gana más de 4 millones y sólo tiene licencia secundaria…

El domingo y el lunes se vivieron uno de los momentos más emocionantes en la mina San José, cuando se hizo contacto con los mineros.

El ministro Laurence Golborne fue uno de los protagonistas de este momento, aunque sólo le duró por unos minutos. Porque cuando se entabló la comunicación por citófono con los trabajadores atrapados, fue Cristián Barra Zambra quien tomó el control de la conversación con uno de los mineros.

“Don Lucho…le habla Cristián Barra del Ministerio del Interior, le quiero hacer extensivo un saludo del Presidente Piñera. Él ha estado en cuatro oportunidades en la mina, preocupado siempre y su compromiso es que lo vamos a sacar lo antes posible…” fueron las palabras con que el actual asesor “Coordinador de Gobiernos Regionales y Provinciales”, tal como dice la página de Gobierno Transparente por el cargo que desempeña en la actualidad.

Sus palabras quedaban en la memoria de los medios de comunicación transformándose en el protagonista en el yacimiento San José.

De hecho al ex Jefe de División de Gobierno Interior del propio ministerio de Rodrigo Hinzpeter, se le ha visto en televisión todos los días, siempre a un costado del ministro Golborne luciendo fielmente la parka roja junto al subsecretario y al jefe de cartera de Minería. “En la mina hace las veces de uno que las quiere hacer todas. Ordena a los periodistas del gobierno, trata de darnos órdenes a nosotros, dice donde se tiene que parar Golborne, le da órdenes a la Intendenta, etc” nos señala uno de los periodistas de la televisión que está en el campamento minero.

Pero en Renovación Nacional el nombre de Cristián Barra Zambra no es nuevo. De hecho “perdió su candidatura a diputado en la Araucanía y el senador Alberto Espina, lo colocó en ese cargo de gobierno” señalan políticos de su propio partido desde Temuco.

Sin embargo una de las caras más visibles en el yacimiento ha enfrentado en años recientes numerosos fracasos comerciales, que en su momento le costaron problemas con la justicia. A ello se suma la detención por giro doloso de cheques, una acción legal por hurto y hasta el año pasado le pesaba una prohibición de salir del país por pensión de alimentos de su primera esposa, Mónica con quien tuvo 2 hijos.

La historia “no contada”

Barra fue presidente regional de RN en la IX Región, es un conocido y por décadas leal “operador político” del propio Mandatario y del senador Espina.

Ya en 1992, cuando el entonces senador Piñera luchaba contra Evelyn Matthei por una candidatura presidencial, su acérrimo enemigo Sergio Onofre Jarpa le criticaba ferozmente haber contratado como gerente de marketing de Bancard a Barra, entonces presidente metropolitano del partido.

El registro de Chile Transparente de marzo lo muestra como “asesor y coordinador de las políticas ministeriales relacionadas con los gobiernos provinciales y regionales”, con un sueldo bruto de $2.673.448.

En abril apareció recibiendo $6.683.620 mensual, como “coordinador político ministerial de gobiernos regionales y provinciales”. Pero el lunes 24 de mayo su sueldo fue modificado: ahora figura con $4.010.172.

Barra aparece sólo con un certificado de “Licencia de Enseñanza Media”.

Para el diputado Gabriel Silber (DC) es inaceptable la situación. “No es posible que un hecho tan importante cómo el rescate de los mineros se empañe por la presencia de operadores políticos”.

En conversación con Cambio21 el parlamentario aseguró que “esta labor debe ser llevada por personas acorde al tema, porque no es sano tener personas de escasa labor profesional”.

“Por eso insto al gobierno a sacar a todos los operadores políticos y otros personajes cómo éste que empañan una labor tan digna como rescatar a los mineros”, insistió el legislador.

Por su parte el presidente del Senado, Jorge Pizarro aseveró a Cambio21 que “hay un abuso en términos comunicacionales y espero que sea el propio Presidente quien responda por ellos”.

Agregó que “todos los funcionarios de este gobierno son operadores políticos y el presidente deberá hablar por ello”.

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados de la DC, Patricio Vallespín, dijo a Cambio21 que Barra Zambra “tiene definitivamente un prontuario”. El parlamentario añadió que “Barra es un típico operador político que se gana el cariño y la lealtad de figuras políticas, en este caso por todos conocidos. Piñera, Hinzpeter y Espina”.

“Consultaremos en las próximas horas, al Gobierno cuál es la labor que desempeña Barra y porque una persona con sólo cuarto medio gana más que un abogado”, agregó Vallespín.

Y finalizó señalando que “les preocupa que una persona de este singular currículo, que nosotros decimos prontuario, tenga el protagonismo en una operación tan delicada como lo es el rescate de nuestros mineros”
Vallespín exigió que Piñera responda si autoriza a Barra a hablar a nombre de él “y si es así, el mandatario comete un gravísimo error que deberá corregir públicamente”.

El diputado Roberto Delmastro de Renovación Nacional dijo molesto que conocía a Barra “pero no voy a hablar de esto”.

Sus problemas con la justicia

El ex candidato a diputado por el distrito 49, Cristián Barra, incursionó en varios emprendimientos comerciales. En 2000, junto a seis socios valdivianos, abrió, en la Avenida Perú de Recoleta, el restaurante AZ, cuya abundante carta ofrecía desde pastas hasta sushi.

Según el diario La Nación, Barra era socio y gerente general. Con una inversión inicial cercana a los 100 millones de pesos, el local partió muy bien.

“Él había trabajado en Central de Restaurantes con Peter Hiller, así es que se encargaba de administrar todo. Al parecer, al local le iba excelente, porque dejaba más de diez millones de pesos en utilidades”, señaló una fuente conocedora del proceso.

Los socios se alarmaron al poco tiempo. Al revisar el registro de Dicom, se dieron cuenta que Barra tenía una cantidad importante de cheques protestados y la cuenta creada para el restaurante estaba reventada. Además, sumaba varios millones de pesos en imposiciones declaradas que no habían sido canceladas a sus empleados. Decidieron removerlo de su cargo, pero nunca consiguieron recuperar la inversión inicial. “Las deudas y la fama del restaurante habían llegado a tal nivel que, respecto de los protestos los bancos, sólo aceptaban dinero en efectivo, porque a Barra ya no le creían nada”, señala la misma fuente.

El 27 de octubre de 2000, Barra giró un cheque de la cuenta bipersonal que mantenía con su esposa, Mónica Fuschslocher, para pagar a uno de sus deudores. El documento fue protestado el 2 de noviembre de ese mismo año. Por lo mismo, las órdenes de aprehensión, tres en total, también se extendieron a ella luego de que los acreedores iniciaran acciones judiciales.

En 2003, Barra estuvo preso durante dos días. La Policía de Investigaciones lo detuvo debido a una querella en su contra por giro doloso de cheques. A la fecha se habían dictado otras cinco órdenes de igual carácter por causas similares.

Polémica amistad

Barra mantiene una “polémica” amistad con Sebastián Piñera. En 1992, en medio de las tensiones de RN que terminaron con el Piñeragate (el actual Presidente pidió que dejarán en ridículo a la senadora Evelyn Matthei en un programa de TV. La conversación telefónica fue grabada y emitida al aire por el fallecido empresario, dueño de Megavisión y enemigo de Piñera, Ricardo Claro).

Sergio Onofre Jarpa envió una carta al entonces presidente de la colectividad, Andrés Allamand, denunciando que Piñera había contratado a Barra, entonces presidente metropolitano, en el cargo de subgerente de marketing de Bancard, con el fin de ´comprar´ el partido”, agrega.

Barra tuvo una relación comercial con el hermano menor del mandatario, Miguel “Negro” Piñera, con quien abrió una discoteca. El negocio no prosperó y en 2002 el propietario del inmueble, Andrés Muzzard, presentó una querella por hurto ante el 33er Juzgado del Crimen de Santiago luego de que, al recibir el local, se diera cuenta de que faltaba un conjunto de equipos de música.

La acción judicial demandaba el pago de ocho millones de pesos tanto a Barra como a Miguel Piñera. El 30 de junio de 2002 se emitió una orden de aprehensión en contra de ambos. Ninguno fue detenido.

Orden de arraigo

Asimismo, se da cuenta de la extensa causa judicial que mantuvo hasta el año pasado con su primera mujer y las dos hijas de ese matrimonio por pensión de alimentos.

Radicada en el 2º Juzgado de Menores de Santiago, hasta el año pasado Barra mantuvo una orden de arraigo debido a que se negaba a pagar la pensión. Luego de ser condenado en 2007 a cancelar tres sueldos mínimos para la mantención de su primera familia, en 2008 presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, que fue rechazado por votación unánime.

En diciembre de 2009, o sea hace sólo ocho meses, fue candidato a diputado en La Araucanía por la Coalición por el Cambio, perdiendo su postulación.

En Vitrina: La Tercera

Parten ganando $ 522 mil brutos; el 90% estudió en una universidad tradicional, y el 95% tiene un postítulo o magíster.

Que en sus clases no vuela una mosca; que para resolver los ejercicios de matemáticas enseña un método para tontos y otro rápido, sólo reservado para inteligentes; que es autor de varios libros; que estudia matemáticas en francés; que lo puedes parar en el pasillo y es capaz de solucionar mentalmente un ejercicio de cálculo avanzado; que saca a sus alumnos a punta de gritos al pizarrón; que no sólo sus estudiantes, sino también los otros profesores, le llaman “el cabezón”, no por el tamaño de su cabeza, sino por lo que sabe.

Tan múltiples son las historias que corren en los pasillos del Instituto Nacional sobre Orlando Ceballos (65), como los videos que los alumnos graban con sus salidas y suben a YouTube. Y es que, según los propios escolares, “cuando entras en séptimo sabes que hay dos profesores secos: Belfor Aguayo y Orlando Ceballos, y verlos en acción es impresionante”.

A fines de abril, Orlando Ceballos (65) dejó de ser material para las historias legendarias o YouTube. Decidió jubilar y pasar su primer invierno en casa, después de casi dos décadas en el edificio de calle Arturo Prat.

No le duró mucho, ya que fue convocado para liderar una misión de la que, sentía, no podía restarse: con motivo del Bicentenario nacional y del propio Instituto, que se cumple en dos años más, el colegio más antiguo de Chile se autoimpuso celebrar la fiesta en grande, obteniendo más de 60 puntajes nacionales en la PSU, su récord histórico. Y es Ceballos el encargado de liderar la tarea.

Desde entonces, el ex jefe del departamento del área hace clases en los cuartos medios y en el preuniversitario, al que, pese a funcionar los sábados en la mañana y ser voluntario, asiste más del 90% de los 720 alumnos de cuarto medio.

Este es uno de los motivos por los que se levanta a diario. El otro: su sueldo no lo paga la municipalidad, sino los apoderados, comprometidos tanto como los profesores y los alumnos en el logro de la meta autoimpuesta. “A mí me ofrecieron muchas veces irme, pero nunca quise”, confiesa.

Su perfil coincide con el de casi todos los 170 profesores del Instituto: altamente comprometidos, con una edad promedio que bordea los 55 años, de los cuales, al menos, 15 los han pasado en el colegio (la edad promedio de los docentes del país es de 48 años, según la última Encuesta Longitudinal Docente) y muy especializados. El 80% tiene un postítulo y el 15% un magíster (contra el 21% y 7% de docentes de todo el país, respectivamente), y mientras en promedio, a nivel país, un tercio de los docentes presenta alguna licencia médica en el año, en el Nacional no lo hace más del 6%. Además, el 90% egresó de una universidad tradicional.

Mal pagados

Pero en otras cosas son bastante parecidos con sus pares: no pasan ninguna selección más que los concursos que hace el municipio para llenar las vacantes de maestros de todos sus colegios, ni son mejor pagados.

Por un acuerdo con el municipio, los docentes de la comuna perciben un sueldo un 30% superior al definido por el estatuto. Así, un profesor con 30 horas de contrato a la semana parte en $ 522 mil brutos al mes. A ello le agregan un bono de excelencia trimestral, que llega a $ 240 mil para los profesores con 30 horas; y los ingresos extras por los talleres que se dictan en la tarde.

Para ellos, la fórmula del éxito del colegio, que ha logrado que 14 de sus alumnos sean presidentes de la República, no pasa ni por sus salarios ni por su especialización ni por su compromiso. Sino por el nivel de exigencia que imponen los propios alumnos. “Son muy demandantes y los profesores tienen que estar a su altura”, dice el rector, Jorge Toro.

Es una opinión consensuada entre los docentes: “Los alumnos son una motivación. Si me voy a otro colegio, es probable que no obtenga los resultados de acá”, dice Silvia Acevedo, evaluadora de la Unidad Técnica Pedagógica.

José Sánchez, profesor de Historia, quien llegó al Instituto en 2008, relata una historia que lo dejaría impactado. Mientras hacía una clase a un octavo básico sobre el Renacimiento, un adolescente se levantó y le dijo: “A mí me gustaría poder disertar la próxima clase, porque este tema me gustó y me interesa profundizarlo”.

“Si la clase es aburrida o no haces participar a los alumnos, te acusan”, agrega Sánchez.

Así, mientras en la mayoría de los colegios del país cuando suena el timbre los escolares y profesores se fastidian por volver a clases, acá se entusiasman. Por eso, aunque a muchos docentes los llaman para irse a trabajar a otros colegios, la mayoría prefiere sólo coquetear. Después de todo, tienen que mantener a sus familias.

Según datos del Instituto Nacional, el 70% trabaja en otros establecimientos. Gran parte se desempeña en colegios privados, otros en preuniversitarios y un tercer grupo en universidades y colegios subvencionados.

Igual que el resto, apenas tienen tres horas a la semana para preparar las clases, cuando debieran ser 10. Pero la estructura ordenada del colegio permite que esas debilidades se subsanen. “Acá nadie hace su clase solo. El departamento automáticamente te impone una línea de trabajo”, dice Sánchez.

Además, todos los martes los propios profesores deben ir a clases: un colega expone sobre un tema y los docentes deben resolver guías.

Los arrepentidos

Entre tanto coqueteo con colegios particulares, entre 2008 y 2010 renunciaron 11 profesores. Pero muchos de los que se van, regresan.

Le pasó, por ejemplo, a un docente que, luego de dos décadas en el Instituto, decidió aceptar una oferta de un colegio inglés. “Me pagaban cuatro veces más”, dice. Pero luego de cinco años, decidió volver: “Allá, los alumnos lo tienen todo: si fallaron en una nota, al día siguiente tienen profesor particular, tienen la empresa de su padre y auto propio. Por ello, no necesitan estudiar. No les interesa. Allá nadie tenía menos de 5,9 de promedio, las notas se regalan. En el Nacional, en cambio, los alumnos se esfuerzan, porque saben que la educación es el motor del progreso”, dice.

Hoy hace clases en las tardes en otro colegio privado, donde, dice, los alumnos carretean todo el día.

La misma experiencia vivió otra profesora, aunque ella partió en la educación pagada. “Los rectores pedían ajustar la escala de notas, los alumnos se transforman en clientes y eso me fue desmotivando”. Llegó al Nacional hace 10 años. “Acá me reencanté y me interesa mantenerme así, porque acá puedo hacer lo que estudié”.

Con ella coincide Belfor Aguayo, jefe del Departamento de Matemáticas, quien, con sus 32 años en el Instituto, es otra de las leyendas vivientes que también tiene registro en YouTube. “Aquí se viene para ser el mejor. En un mundo donde todos son de primera, es imposible ser malo, porque el que no se adapta se va. Yo escogí ser profesor porque quería dejar una huella. Y espero que mis alumnos digan: ‘Yo fui discípulo de Belfor Aguayo”, afirma.

En Vitrina: El País

El ministro del Interior francés invita a su despacho al líder de la Conferencia Episcopal francesa para explicarle la política oficial.

El ministro del Interior francés, Brice Hortefeux, manifestó el lunes por la mañana su voluntad de reunirse con el presidente de la conferencia episcopal, el Cardenal André Vingt-Trois. La invitación responde a las críticas formuladas durante el fin de semana por varios religiosos franceses contra la política de expulsión de gitanos del Gobierno y la mención apenas velada del papa Benedicto XVI el domingo, quién evocó -en francés- la necesidad de “saber acoger a las legítimas diversidades humanas”. Los ataques se multiplican también en el seno del partido gubernamental, liderados por el ex primer ministro Dominique de Villepin, para quien las medidas de Nicolas Sarkozy suponen una “mancha de vergüenza” en la bandera francesa.

“He oído con atención lo que ha dicho el Papa, no olvido que la religión católica es la primera de Francia, estoy dispuesto a reunirme con quienes lo deseen”, declaró Hortefeux en las ondas de Europe 1. En particular, manifestó su predisposición a encontrarse con el Cardenal André Vingt-Trois, quien aceptó de inmediato la invitación. Aunque de momento, no se ha fijado ninguna fecha.

Hortefeux hacía así referencia a las declaraciones realizadas por el papa Benedicto XVI ante los peregrinos franceses en su residencia estival de Castel Gandolfo, al sur de Roma. “Los textos litúrgicos (…) son también una invitación para saber acoger las legítimas diversidades humanos, después de que Jesús viniera para reunir a los hombres de todas las naciones e idiomas”, declaró el domingo tras el rezo del Ángelus. Se trata de las primeras palabras, aunque indirectas, del sumo pontífice sobre la polémica política de París.

En Francia también varios religiosos han hecho público el creciente malestar entre la comunidad cristiana. Christophe Dufour, arzobispo de Aix-en-Provence, testigo de uno de los cerca de 90 desmantelamientos de campamentos ilegales llevados a cabo en las últimas tres semanas, denunció el domingo un “inaceptable” discurso político “que puede dar a entender que hay poblaciones inferiores”. Menos diplomático todavía fue el padre Arthur, de la ciudad norteña de Lille, quien aseguró que rezaba, “pido perdón, por que Sarkozy tenga un ataque al corazón”. Unas horas más tarde rectificó. “No quiero su muerte, quiero simplemente que Dios le hable a su corazón”.

Pese al carácter indirecto de las palabras del Papa, las reacciones en Francia han sido muy variadas, empezando por la de la ex ministra Christine Boutin, líder del Partido Cristiano-Demócrata, que forma parte de la Unión por un Movimiento Popular de Nicolas Sarkozy. Esta se mostró “alegre” por la toma de postura del sumo Pontífice y aseguró no descartar una escisión de su formación del partido gubernamental. El ministro de Inmigración, Eric Besson, interpretó por su parte el discurso papal como un llamamiento a una “fraternidad universal”, en el que, aseguró, “Francia asume más que su parte”, según declaró ayer en la radio France Inter.

En este contexto, el ex primer ministro, Dominique de Villepin, enemigo íntimo de Nicolas Sarkozy que aspira a convertirse en alternativa en el seno de la derecha, cargó contra una política que supone una “mancha de vergüenza en nuestra bandera”, en una tribuna publicada en el vespertino Le Monde con fecha del martes. Ante “el rostro irreconocible de la patria de los Derechos Humanos”, Villepin, que en junio creó su propia formación política, República Solidaria, lanza un llamamiento a un “deber de rechazo” y de “coraje político para preparar la alternativa republicana que se impone”.

Sin duda será también un tema tratado por el Partido Socialista, que este fin de semana celebra su anual universidad de verano en La Rochelle. El portavoz socialista, quizás animado por un sondeo publicado el domingo por el diario Libération, según el cual el 55% de los encuestados desean la victoria de “la izquierda” en las próximas presidenciales, lanzó el primer dardo. “¿Qué diferencia a Brice Hortefeux de Marine Le Pen?”, preguntó Benoit Hamon de forma retórica, al comparar al ministro con la líder del partido de extrema derecha, el Frente Nacional. “Ella todavía no ha sido condenada por racismo”.

Hortefeux fue efectivamente condenado a principios de junio por injuria racial, tras una broma de mal gusto dirigida a un militante de su partido de origen argelino. Casualmente, este militante hizo público ayer que abandona la UMP para aliarse a Villepin, quién oficialmente todavía forma parte del parte del partido gubernamental.