Una de las medidas que ha causado más polémica es la del sistema de denuncias vecinales. La idea es dotar a cincuenta mil ciudadanos de todo el país de celulares de modo tal que puedan servir de informantes a los organismos de seguridad correspondientes. Se ha argumentado a favor que con esto se fomenta la participación ciudadana en el combate a la delincuencia; sin embargo, medidas como estas también tienen una serie de problemas, tales como:

i) La potencial desprotección de los informantes. Las experiencia indica que en una población con serios problemas de delincuencia “todos se conocen con todos”, lo que significa que en la práctica, si bien los pobladores saben quién es delincuente nunca lo van a denunciar, porque a su vez el delincuente va a saber que lo denunció, y por ende va a tomar represalias (esto da lugar a lo que se denomina “cifra negra” de delitos). Y en ese sentido, es muy difícil generar un incentivo en contrario para generar estas denuncuas. Como ha consignado Felipe Harboe (ElMostrador.cl), planes como éstos en caso de implementarse no convienen que se anuncien.

ii) El problema de la sobredemanda de actuación de los órganos policiales. ¿Cómo filtrar las denuncias? Un sistema así puede generar el incentivo de denunciar al vecino por cualquier conflicto o actuación que crean que constituya delito, policializando y potencialmente judicializando conflictos que no debieran resolverse en esas instancias, con todo el gasto de recursos fiscales y horas-hombre que ello implicaría.

iii) Derivado de lo anterior, pérdida de confianza entre los vecinos. En general se olvida la importancia de generar lazos de cooperación y confianza dentro de los vecindarios, cooperación que en muchos casos también se da para el combate a la delincuencia, de forma eficiente. Y esto no sólo tiene importancia a nivel criminológico, sino también a nivel político: ¿hay un real interés por parte de los agentes políticos actuales de fomentar estos lazos?

iv) Un punto que tiene su relevancia comercial, es respecto a los cincuenta mil celulares que se pretenden entregar a los futuros informantes. ¿Cómo serán las bases de licitación?; ¿qué compañías van a proveer el aparato y el servicio, y cómo será éste?; ¿cuánto le costará al Fisco la implementación?; etc. Hay que tener cuidado en este punto, ya que de no ser muy bien pensado puede generar otro incentivo perverso, que es que más de alguien se “haría informante” con el fin de obtener un celular gratis con servicio gratis –independientemente de que aproximadamente el 50% de la población chilena ya tiene al menos uno.

Además de los problemas anteriores, no pareciera tan buena idea pretender copiar un modelo proveniente de Colombia, país en el que en primer lugar los factores criminógenos son bastante distintos a los de acá –donde el narcotráfico pareciera llegar incluso a las más altas elites políticas y sociales (ejemplo Voltairenet.org)- y además en donde ha aumentado la delincuencia en los últimos años (Ecodiario.ElEconomista.es).

Respecto a las otras medidas anunciadas, el aumento en la dotación de Carabineros es una política que se ha seguido constantemente en los últimos veinte años, por lo que no es mayor novedad, y si bien no es una medida definitiva, es necesaria. Lo mismo la recaptura de prófugos, lo que siempre se intenta hacer pero no es tan fácil como pareciera, por las redes ilícitas de protección que muchos delincuentes tienen. En cuanto al uso de sistemas GPS para rastrear a imputados y condenados por determinados delitos no es algo que dependa totalmente del ejecutivo, sino que también –y diría que principalmente- del Poder Judicial, mediante su aplicación como medida cautelar, la que en todo caso no está ajena a polémicas respecto a su constitucionalidad en relación a la protección de los derechos y garantías fundamentales de las personas (tema que daría para más de una columna), al igual que si se enviara un proyecto de ley al respecto. Por último, habría que estudiar en mayor detalle, una vez que salgan a la luz pública, las propuestas de reconfiguración del Ministerio del Interior, de Gendarmería y del SENAME, o el nuevo organismo que entre en su reemplazo.

Finalmente, resulta extraño que un gobierno tan preocupado de la delincuencia no establezca mayores propuestas en materia de la prevención y sanción de los delitos económicos -los que si bien son mucho menos vistosos que la delincuencia común, en cuanto a los perjuicios económicos para la sociedad resultan mucho mayores que ésta-, materia en la que falta tanto legislación como fiscalización efectiva. Asimismo, habrá que ver el rol que la Prensa jugará durante este gobierno, en cuanto a la generación de sensación de inseguridad en la ciudadanía (tema que da para otra columna). Y por supuesto, falta ver qué propone este gobierno para atacar las causas primigenias que provocan la delincuencia, como lo son las desigualdades sociales y las falencias educacionales de la sociedad, principalmente.

La primacía de lo técnico busca otorgarle un grado de “independencia” a las decisiones políticas, es decir que éstas decisiones tengan una justificación avalada por el conocimiento científico, y por tanto necesarias y no discutibles, liberándolas de toda vicisitud política contingente. De esta manera la decisión técnica estaría fuera de todo peligro de una influencia extraña que la desvirtuaría, como el cuoteo político, conflictos de intereses, o argumentos no técnicos, ya sean culturales, sociales o religiosos. Sin embargo este razonamiento tecnocrático es una falacia en la medida en que supone que el conocimiento técnico es neutro o apolítico, o que los técnicos son independientes y no ideologizados.

Otro problema que plantea la estrategia de establecer un gobierno tecnocrático con poca experiencia política, es la de comparar la esencia y la estructura de un Estado, con la esencia y estructura de una empresa privada, lo que es fuente de importantes problemas y conflictos. La administración y gestión de un Estado no puede ser llevada a cabo de la misma manera a como se administran y gestionan las empresas privadas, puesto que al responder a lógicas completamente distintas; la realización de una mejora en un servicio público, la implementación de un nuevo programa social o la negociación de sueldos del sector público no se corresponden con los objetivos de productividad y ganancia que priman en el sector privado, ya que el sector público se encuentra regulado políticamente y responde a otras necesidades y frente a otros órganos, además de regirse por un código administrativo específico. Una medida tomada con criterios netamente técnicos y sin el conocimiento del funcionamiento administrativo del Estado, tiene muchas posibilidades de ser inaplicable o un rotundo fracaso que impacta, necesariamente, en los ciudadanos.

El presidente electo, al querer dar una imagen de independencia política, establece un gabinete ministerial que se asemeja más a un directorio empresarial encabezado por él -remarcando así su imagen de empresario- que al deseo de forjar una imagen de Presidente de la República y de líder de su coalición de gobierno. Sin embargo, el éxito de esta decisión y la supervivencia de este gabinete, se encuentra a merced de las vicisitudes políticas que nos deparan los próximos cuatro años de gobierno. No es conveniente, por tanto, especular triunfos o derrotas futuras, sino más bien diagnosticar las capacidades y carácterísticas del gabinete que le permitan sortear un complicado primer gobierno de derecha.

La OEA es la organización multilateral más importante del hemisferio Occidental, sirviendo durante sus años de operación como un importante foro de discusión y resolución de controversias a nivel americano. Hoy los pilares principales de las actividades de la OEA conciernen la democracia, derechos humanos, seguridad, y el desarrollo. En efecto, en la post-Guerra fría la OEA ha podido ampliar la actividad en la defensa de la democracia y derechos humanos, dado al fin de las rivalidades entre las concepciones de democracia, tan latentes durante la Guerra Fría, haciendo hoy de esta política su fin de mayor relevancia. En este sentido, diversas medidas desde 1990 han ampliado las capacidades de la Organización para responder a amenazas contra la democracia, en 1991 la Resolución 1080 permite el llamado al Consejo Permanente y la Asamblea General en caso de interrupción democracia en un Estado miembro. En 1992 el Protocolo de Washington permite la suspensión de un estado cuyo gobierno haya sido removido por medios inconstitucionales. No obstante, el instrumento más importante es la Carta Democrática Inter-Americana adoptada el 2001, que provee varios criterios definitorios de una democracia representativa para ser usados en la defensa colectiva de esta en las Américas.

Sin embargo, este notable set de protocolos y compromisos destinados a resguardar la democracia se encuentra debilitado por dos razones, la primera mencionada en el primer párrafo es la crisis financiera de la Organización. Hasta un pequeño aumento en el 2006, el fondo regular había sido el mismo por 10 años sin ajustes a la inflación. Aumento de costos no-discrecionales han hecho más difícil llevar a cabo los programas y la OEA se ha hecho más dependiente en contribuciones voluntarias. Hoy la situación es peor, porque en los últimos dos años el Secretariado General ha aumentado sus gastos financiándose en los Subfondos de Reserva de la Organización sin la expectativa de que los países miembros aumenten sus cuotas. El financiamiento en déficit para el 2011 es US$9.6 millones (Reporte a la Comisión de Política Exterior del Senado Norteamericano Scribd.com). Por otra parte, el número de mandatos de la organización aumentó cuando se aprobaron nuevos documentos como la Carta Democrática Inter-Americana y en las Declaraciones y Planes de Acción en las Cumbres de las Américas. Basta observar que en las primeras cuatro Cumbres se produjeron 650 mandatos, enfocados a casi todos los temas que enfrentan lo países del hemisferio, mientras otros se han originado en resoluciones de la Asamblea General. Hoy existen cerca de 1.700 mandatos.

Debido a la crisis económica es improbable que los países miembros quieran aumentar las cuotas, por tanto deberá haber un recorte en los mandatos y actividades de la OEA, y una necesaria y complicada priorización, debido a la naturaleza política de la organización y los diversos intereses de los estados miembros para mantener ciertos mandatos. Aunque es posible estimar que los intereses principales del Caribe, por ejemplo, están en los mandatos referidos a crimen, cambio climático y muy importantemente desarrollo. Mientras que otras regiones, como América del Sur, privilegian mandatos orientados a la democracia y derechos humanos. El necesario recorte de mandatos fue reconocido por el Secretario General y se ha creado un grupo para determinar las prioridades de los estados miembros para el presupuesto del 2011 además de una política de orientar el presupuesto hacia resultados concretos.

Lo segundo que ha debilitado el compromiso democrático es la falta de la consistencia de la Organización al enfrentar amenazas a la democracia. La Organización actúa más bien como un bombero, que apaga las crisis pero no ayuda a evitar que sucedan. Por otra parte, la mayoría de las acciones a tomar en caso de crisis, tienen que ver con el “consentimiento” del gobierno en cuestión, el cual se expresa principalmente en el Ejecutivo. No obstante se está tratando de extender la concepción de “gobierno” hacia los otros dos poderes del Estado, pues claramente es el Ejecutivo que la mayor parte de las veces choca con los otros dos poderes en las crisis democráticas actuales. Un buen ejemplo en el fracaso de la actividad preventiva es el caso de Venezuela el 2002 pues la acción de la OEA, como vemos, es sólo por invitación del gobierno, mismo asunto con el hecho de que ninguna rama del Estado puede acudir a la OEA sólo el Ejecutivo.

Honduras

Esto nos lleva a examinar el caso de Honduras en función de la efectividad de la Organización y la dirección del actual Secretario General Insulza. La polémica propuesta del ex Presidente Zelaya de convocar a un referendo a una Asamblea Constitucional, fue declarada inconstitucional por el poder judicial hondureño en Mayo del 2009, y luego de perder una apelación en Junio de ese año Zelaya continuó con su plan. Mientras la situación se deterioraba el 17 de Junio Insulza envió un representante y el Consejo Permanente redactó una resolución llamando a “evitar una disrupción del orden constitucional” y enviando una Comisión Especial. No obstante, las declaraciones públicas hechas por el enviado del Secretario General agravaron la situación pues parecía apoyar la votación.

Luego de la expulsión de Zelaya se condenó la acción y se declaró que debía restituirse al legitimo presidente con prontitud, que ningún gobierno que emanase del Golpe seria reconocido, y se llamó a una reunión extraordinaria de la Asamblea General el 1 de Julio que amenazó con suspender la membrecía de Honduras a la OEA si no se reponía al Presidente. El 4 de Julio Insulza informo a la Asamblea General de sus consultas en Honduras, y se suspendió a Honduras de acuerdo al artículo 21 de la Carta Democrática.

Debido a la inhabilidad de la OEA para comprometer a ambos bandos, el Presidente Costarricense Oscar Arias ofreció sus buenos oficios, apoyado por el Departamento de Estado norteamericano, para llegar a un acuerdo entre Zelaya y el Presidente de facto Micheletti. La OEA no monitoreó la elección hondureña del 29 de Noviembre, debido al quiebre del acuerdo posterior.

Si bien es claro que existe una notable afirmación del principio de la defensa colectiva de la democracia por la respuesta unánime al quiebre democrático, se critica que la OEA tomo una postura demasiado hostil con el gobierno de facto, endureciendo las posiciones, y fallando a incentivar el dialogo entre las partes involucradas. Por otra parte, la asociación del Secretario General con el intento abortado de Zelaya de regresar a Honduras el 5 de Julio dañó la imagen de la OEA como interlocutor honesto. Sobre el ultimátum de 72 horas para la restauración de Zelaya, representantes ante la OEA critican que es “absurdo colocar esas condiciones 24 horas luego del golpe” y “la lección es que la OEA no debe apresurarse a hacer juicios”.  También la OEA jugó un rol de apoyo y no líder en la resolución de la crisis.

En definitiva, la OEA ha demostrado respuestas decisivas a golpes tradicionales pero relativa pasividad hacia la erosión gradual de la democracia, a pesar de la relación clara entre estas dos amenazas, como lo ilustran las recientes crisis. En Venezuela y en Honduras, la postura desafiante del Ejecutivo ante las otras instituciones gubernamentales provocó el quiebre del régimen democrático.

A pesar de ser un miembro electo y supeditado a un foro político, Arturo Valenzuela comenta que “…el Secretario General tiene cierta autonomía y habilidad para moldear la agenda” pudiendo por tanto usar instrumentos formales e informales para ejercer el liderazgo en protección democrática en la región. Por otra parte, como “hábil diplomático, el Secretario General puede jugar un rol de soft power efectivo incluso sin el permiso del país comprometido” según comenta un analista que dio sus comentarios al Reporte citado anteriormente.

Insulza ha llamado para una sesión especial de la Asamblea General para conducir su reelección en Marzo del 2010, cuando su mandato finaliza en Mayo y si bien no existe fecha para las elecciones estas se realizan en la Asamblea General anual. Lo que disminuye el tiempo de competición entre candidatos, se realiza una costosa sesión adicional y se altera el ciclo “electoral” en la OEA. Es importante que el liderazgo en el turbulento año pasado sea examinado e incluso, según moción argentina, puedan estos presentar al Consejo Permanente sus propuestas con tiempo.

Finalmente,  sobre la decisión de EE.UU. de apoyar la reelección de Insulza, es claro que se necesita un liderazgo fuerte para sostener los principios democráticos de esta ante gobiernos populistas y agresivos retóricamente como Venezuela. Sin embargo, a pesar de lo negativo del reporte contra Insulza se debe considerar que es un político de izquierda moderada, un socialista a lo Lula, que representa una de las dos almas de izquierda del continente, la otra siendo representada por el socialismo de Hugo Chávez.  Querer sacarlo de la OEA probablemente exacerbaría el antinorteamericanismo venezolano a la vez que alienaría de EE.UU. a importantes contrapesos como Brasil (Foreignpolicy.com). La decisión dentro de EE.UU. versará sobre como los intereses norteamericanos y la democracia se sostienen en un segundo periodo de Insulza dado el veredicto analizado.

En el papel Piñera ha buscado aprovechar el centro político para obtener dos efectos. El primero sin duda es debilitar la posición de la Concertación como oposición. En este ámbito el hecho de haber integrado a Jaime Ravinet proyecta por una parte la inconsecuencia con la que algunos militantes pueden actuar, lo cual se expresa en que el propio Ravinet fue Alcalde y Ministro por la Concertación y en la última elección votó por Frei (Elmostador.cl) y semanas después aparece como flamante Ministro de Sebastián Piñera el cual dada su preferencia no era su candidato ni proyecto político elegido. Esta señal es pésima, sobre todo de cara a la ciudadanía, ya que deslegitima profundamente tanto a los partidos como al conjunto de ideas que conforman la diferenciación política en nuestro sistema lo cual deja los principios políticos en una débil posición. Este hecho se vio más agudizado con la continuidad de Álvaro Sapag en la dirección ejecutiva de CONAMA de forma transitoria, ya que ni el PPD ni el gobierno sabían de esta decisión, lo que claramente apunta a que la comunicación y la lealtad dentro del todavía oficialismo es frágil (Elmostrador.cl).

El segundo efecto se apega a crear un ambiente de desconfianza al interior de la Democracia Cristiana. Este hecho no puede pasar desapercibido, ya que Piñera siempre se ha mostrado como humanista-cristiano, ante lo cual él ve con muy buenos ojos un proyectado quiebre dentro del partido y que finalmente la Democracia Cristiana se aleje de la centroizquierda, lo cual inclinaría la balanza de poderes hacía la derecha. En su momento esta sensación ya fue avistada con el conflicto que generó Adolfo Zaldívar al interior del partido, lo cual por fortuna para la Concertación no pasó a mayores, pero dejó la fuerte sensación de que las posturas ideológicas dentro del conglomerado son cada vez más divergentes tanto a nivel de coalición como de partido. De hecho el propio Ravinet lo confirma, ya que se ha autodefinido como “el más derechista dentro de la Concertación” (Latercera.com). Esta frase denota sin duda que Piñera ha jugado bien sus cartas y que es cosa de tiempo para que la bomba dentro del Democracia Cristiana explote y haga caer el establishment que por 20 años gobernó nuestro país.

Ahora bien, con estas determinaciones Piñera nos ha dejado en claro cuál es el cambio que quiere implantar en la política, no es ni la política de los acuerdos ni la unidad nacional. Todos estos acontecimientos apuntan a generar una suerte de tipo apolítico (Ballotage.cl) en nuestro sistema, las señales están claras. Primero con la conformación de un gabinete extremadamente técnico y la molestia de los partidos de derecha, y la segunda con el debilitamiento de la Concertación y la ocupación del centro como futuro bastión homogeinizador de nuestra clase política. Porque ¿qué más cómodo que apuntar hacia una política “sin divergencias” desde el centro? lo cual atrofia sin lugar a dudas el cómo la sociedad se construye, sin diferencias ni puntos de vistas alternativos empobreciendo el debate político, desprestigiando la labor política y pulverizando aún más la pobre labor que juegan las ideologías en nuestra sociedad. Pero claro, tal política no es “ideológica”, ¿o si?

Fotografía extraída del Flickr de Sebastián Piñera.

Sin embargo, habría que partir siendo honesto y mencionar que la responsabilidad del manejo político de Bachelet recae principalmente en quienes la eligieron, y no, no me refiero a los electores, sino a quienes dentro de la Concertación la ungieron como candidata presidencial a punta de encuestas y no capacidades o aptitudes políticas (política errática de elección de sucesores que se radicalizó el 2009 pero que resultó esta vez en derrota de la presidencia) que en definitiva le permitiesen cumplir sus tres roles de jefa de Estado, de Gobierno y de Coalición. Todo esto, la elección de un presidente, con el fin de generar una sucesión en el gobierno, ya que un mandato, creo, se puede calificar como exitoso si establece una continuidad por un segundo periodo, quizá no de la misma persona pero si la misma coalición, y NO como pensaron muchos personeros de la Concertación en función de cuan popular es la Presidenta, asunto que claramente no tiene como resultado un éxito de la Coalición.

Partiendo por lo primero, es claro que la figura de Bachelet como representante de la nación, o Jefa de Estado, ha sido exitosamente recibida en el extranjero y percibida sorprendentemente bien por sus ciudadanos, asunto que explica su alta aprobación. Su extremadamente positiva recepción en el extranjero, podemos explicarla por el carácter histórico de su elección como primera mujer presidenta, su historia personal (Economist.com)  como hija del asesinado General Bachelet y su horroroso paso por Villa Grimaldi, su carácter de madre soltera, además de su reconocida simpática y encanto personal. Todo esto sumado al buen estatus internacional de Chile, y la estabilidad política chilena, la llevo a ser considerada mucho más de lo que incluso el ex Presidente Lagos con toda su experiencia y prestigio en la arena internacional, pudo lograr. Su liderazgo en términos internacionales pasó principalmente, entonces, por su simpatía e historia personal.

Como jefa de gobierno, se debe analizar el manejo político coyuntural, y su estrategia de gobierno que se compone por los principales ejes legislativos y de políticas. Dentro de lo segundo claro está que en seguridad social y el manejo de la crisis económica fueron los puntos fuertes de su gobierno. Sin embargo muchos otros temas fueron dejados de lado y tratados de una forma inusual y poco efectiva, como en educación donde, luego de una severa crisis que obligó a cambios en la dirección de la cartera el 2006, se planteó una Comisión asesora que dejó pocos resultados concretos, buscando más bien calmar ánimos pero no proveer sólidas políticas. Dentro del manejo de coyunturas, o el perfil político del gobernante, podemos observar la forma de enfrentar los desafíos y problemas típicos de la gestión gubernamental, dentro de lo cual Bachelet se caracterizo por tener un primer periodo de adaptación bastante errático que culminó con la concepción de una política de auto-victimización (Elmostrador.cl)  para evitar una caída de su autoridad como presidenta y como forma de bloquear los ataques de la derecha que se hacían frecuentes, en la figura del femicidio político (que chocó a los entendidos en derechos humanos por la manipulación de tal concepto). De este modo victimizando su figura y su forma de hacer política que después de todo dio un giro cuando los “equilibrios de género” y  el “nadie se repetirá el plato” se quebraron, mientras a nadie le quedo claro lo que era un “gobierno ciudadano”, ante la necesidad de regresar figuras de experiencia al gobierno ante el déficit que presentaba el actual equipo y la falta de manejo de la presidenta.

Lo más interesante, sin embargo, es analizar la Presidenta como Jefa de Coalición y su rol en la campaña oficialista. El Presidente como jefe de estado y de gobierno es a la vez el líder de la coalición o el partido que representa, como tal tiene la responsabilidad de mediar y resolver disputas internas pues debe mantener el orden y la disciplina en la arena política por excelencia, el Congreso. Por esta razón en los regímenes Parlamentarios es mucho más visible el protagonismo del Primer Ministro vis-à-vis la política partidaria, pues él convive directamente con el poder Legislativo, mas en un régimen Presidencial la separación física de ambos poderes implica que el Presidente debe estar más atento a los acontecimientos en el Legislativo y en sus partidos.

La Presidenta, primero intentó independizarse de los partidos políticos prometiendo una “nueva forma de gobernar”: paridad, no repetición, apertura a la ciudadanía, sin embargo los problemas que surgieron en el primer año de gobierno la hicieron retroceder y darse cuenta que “debe” gobernar con los partidos políticos. Y así lo consolidó hacia el final de su gobierno.

No obstante, Bachelet si bien se sometió a la (lógica) dinámica partidaria no ejerció un rol de líder dentro de esta sino que se limitó a hacer un laissez-faire a las cúpulas políticas Concertacionistas concentrándose ella, más bien, en labores de la administración del Estado y a Política Exterior. Pareciera ser que dejó que la maquinaria política funcionase sola, creyendo que su rol no era aquel, o que dedicarse a este provocaría daños a la percepción popular de la Presidenta cercana a la ciudadanía, alongando aún más la brecha entre partidos políticos y ciudadanía y el evidente desprestigio de los primeros. En definitiva una actitud pasiva y complaciente, lejos de ser audaz y responsable políticamente.

Este desapego de los asuntos partidarios se consolida con su actuar durante la campaña de Eduardo Frei, quien si bien no fue el candidato mejor escogido por el conglomerado de centro izquierda sufrió de la inicial indiferencia y tibio apoyo posterior que le entregó Bachelet. Sólo cuando las encuestas parecían dejar a Frei en un peor lugar del que se había anticipado, presionada quizá, comenzó a apoyar, bastante tarde, la candidatura de su propia coalición de gobierno. Sin embargo, el momento crítico dentro de la falta de liderazgo político de Bachelet se dio en el último episodio que podría refrescar la campaña de Frei, cuando se esperaba renunciaran los presidentes de partido en signo de sumisión y disciplina con el candidato de la Concertación. Contrario a las voces dentro de la Concertación y el ánimo de la ciudadanía de que los presidentes  Escalona y Latorre debiesen renunciar por su intransigencia e intolerancia en la campaña presidencial, Bachelet ocupo su 80% de apoyo para respaldar la gestión de Camilo Escalona (Ballotage.cl), su gran amigo. De esta forma, su único gran paso en la definición de la carrera presidencial fue para erráticamente, defender a una figura claramente impopular que opacaba las opciones, aunque muy estrechas, de Frei.

Finalmente, es justo también mencionar que ese 80% no se traspasó, un poco siquiera, al candidato de la Concertación también por causas de la política partidaria de la misma coalición, que comenzaron con primarias en una sola región, y que se consolidó con la indiferencia de los líderes de los dos grandes partidos de ceder sus cargos en apoyo al candidato de su coalición. Sin embargo, Bachelet es una de las grandes responsables (aunque evidentemente no la única) que de Frei haya sufrido de la indisciplina partidaria en la Concertación, cuyo mayor expresión es el surgimiento de los díscolos, los exilios dentro de la Concertación de personeros a formar nuevos referentes, cuyo ápice fue la perdida de la mayoría en ambas Cámaras, y la candidatura de Alejandro Navarro y últimamente Marco Enriquez-Ominami, así como de la fatal autonomía partidos-Presidente, y consecuentemente la falta de liderazgo en la conducción de la coalición de gobierno durante el periodo y de no ejercer un rol preponderante en la campaña del candidato oficialista.

El gabinete político de la Moneda tiene su punto alto con el nombramiento de Cristián Larroulet quien por su gran trayectoria y peso político marcará el paso del Ministro del Interior (Rodrigo Hinzpeter) y la vocera de gobierno (Ena von Baer). Sin embargo los tres deberían conformar un muy buen equipo, una estupenda primera línea. Por otra parte, más allá de nombramientos esperados como el de Felipe Larraín (Hacienda) y otros que no nos dicen mucho hasta que veamos a sus titulares en acción como en Salud (Jaime Mañalich), hay grandes aciertos como Juan Andrés Fontaine en Economía lo cual apunta a revitalizar esta cartera tan dejada de lado en el último tiempo, y Obras Públicas con el peso y tonelaje de Hernán de Solminihac. También hay nombramientos que resultan muy complicados como el caso de Alfredo Moreno (Relaciones Exteriores) por su escasa experiencia política y diplomática, Joaquín Lavín (Educación) por lo complicada que resulta la cartera, y Camila Merino (Trabajo) por su nula experiencia política y la dificultad natural del sector en el próximo gobierno. También resultan interesantes nombramientos como el de Felipe Kast que es avalado por diversas credenciales académicas que lo vinculan directamente con la cartera asignada (Planificación).

Sin entrar en mayores detalles resulta bastante evidente que la derecha económica y académica – no se puede decir que intelectual por razones que veremos más adelante – se ha impuesto en la configuración del gabinete (Elmostrador.cl). No obstante, más allá de eso es importante distinguir dos cosas, lo primero es que la independencia política no existe, aquello por lo menos es una falacia, la distinción correcta es con respecto a la militancia política, pero es difícil imaginarse que alguien nombrado por el Presidente electo es “independiente”, es sabido hace mucho que grandes personeros políticos prefieren mantenerse al margen de un partido y presentarse como líderes transversales de su sector, en la misma Concertación hay ejemplos de aquello. Lo segundo es con respecto al concepto de meritocracia o “equilibrio técnico-político”, el cual se ha instalado con fuerza en la opinión pública como una falsa necesidad de separar lo político de lo técnico, siendo que lo realmente importante es reforzar la profesionalización de los cuadros políticos, la cual además debe ser adecuada pues no se es técnico de un sector sólo por ser tener un MBA. Sebastián Piñera nos ha querido hacer creer – equivocadamente – con su gabinete que cualquier persona con un MBA de Chicago u otra Universidad similar esta capacitado para ser ministro de cualquier cosa, aquello no es correcto y quedará demostrado con los ajustes que deberá realizar antes del segundo semestre en su gabinete.

Los dos aspectos señalados anteriormente están entrelazados y apuntan a la idea de apoliticidad que caracteriza al pensamiento conservador chileno, idea alimentada por el “mito portaliano” dónde se considera que el poder debe tener un carácter despersonalizado y se desprestigia profundamente el ejercicio político (se recomienda leer La apoliticidad en el pensamiento conservador chileno, Editorial de Ballotage).

Por otra parte, también se vislumbran evidentes problemas en la configuración del nuevo gabinete que apuntan a la falta de experiencia y peso político – tan sólo destacan como figuras políticas fuertes Larroulet, Hinzpeter y Lavín – de los nuevos ministros, lo cuál podría ser lógico pues la derecha no ha sido gobierno, sin embargo aquel argumento resulta falaz pues no es necesario ser parte de un gobierno para tener conocimiento de lo público. También hay muchísimos conflictos de intereses siendo los más evidentes el de Alfredo Moreno por el caso de la instalación de empresas en que ha trabajado en Perú y el de Jaime Mañalich director de la Clínica las Condes, no entraré en más detalles pues aquello eso es digno de otra columna. Finalmente señalar lo preocupante que resulta la poca diversidad del gabinete, al parecer es requisito obligatorio ser todo un Chicago Boy y ser cercano a los sectores conservadores de la Iglesia Católica, parece en cierta medida un club social dominical, y más allá de lo meritocratico que pueda resultar es paradójico ver la presentación del “gabinete del bicentenario” en el lugar dónde O’Higgins asumió como Director Supremo acompañado de los antepasados de la mayoría de quienes nos dirigirán por cuatro años más, a veces pareciera que la democracia, monarquía y aristocracia resultan más parecidas de lo que nos gustaría.

Un puñal en el corazón de la Concertación

Punto aparte merece el hecho político más destacado del atípico “show mediático” que se presento para anunciar el primer gabinete del próximo gobierno, el nombramiento de Jaime Ravinet como Ministro de Defensa. Finalmente Piñera consiguió una de las cosas que más anhelaba, reclutar a una figura importante de la Concertación para su gobierno.

El no sentirse impactado por la estocada de Ravinet al corazón concertacionista es desconocer la realidad política de Chile y dejarse guiar por una falsa ilusión de una Democracia Cristiana caricaturizada por los conflictos que vivió durante la época de la Unidad Popular, hace ya casi cuatro décadas. La DC chilena es un partido de centro-izquierda que cultiva una identidad mucho más alejada de la derecha que los demás partidos de la Concertación – con excepción claramente del Partido Socialista – de hecho durante los últimos años dicha actitud le ha costado cierto distanciamiento con sus pares internacionales.

Ravinet ha justificado la incorporación al gobierno de Piñera mencionando la unidad (Elmostrador.cl), sin embargo el manoseado concepto de “Unidad Nacional” corresponde a gobiernos en tiempos de crisis política, hoy sólo resulta una estrategia de Piñera para poder acercarse cada vez más al “centro político”, por otra parte ni siquiera corresponde a una real re-articulación política propia de sistemas más dinámicos como el parlamentario o fruto de sistemas electorales más flexibles y democráticos. Es inevitable comparar los motivos de Ravinet con el caso de Kouchner en Francia, una gran figura de la oposición de Sarkozy que asumió como su Ministro de Relaciones Exteriores esgrimiendo la frase “Francia me llamó, no podía negarme” (Elmostrador.cl).

Si bien la DC de inmediato ha respondido condenando la actitud de Ravinet (Elmostrador.cl) es necesario esperar un tiempo para ver las reales consecuencias que traerá esta situación. Con respecto a lo anterior existen expectativas de que eventualmente la DC o una facción de esta se pueda incorporar al gobierno de Piñera, sin embargo me aventuro a señalar que lo de Ravinet es sólo un caso aislado que a corto plazo dará impulsos a ciertos sectores en la batalla para configurar la oposición (Ballotage.cl). Sin embargo, a mediano y largo plazo las cosas podrían cambiar, aunque hoy eso parece bastante difícil.

Foto: Juan Farías | Latercera.com

Por eso el llamado a Ravinet para hacerse cargo del Ministerio de Defensa es una ardid para debilitar a la Concertación y principalmente a la Democracia Cristiana, haciéndoles creer a sus militantes que tienen cabida dentro del actual gobierno, pero sólo si no se oponen a él, lo cual es perfectamente concebible dentro del juego político. Sin embargo Jaime Ravinet, quien tiene una gran trayectoria, quien fue alcalde de Santiago desde 1992 hasta 2000, y luego Ministro de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y Ministro de Defensa durante el gobierno de Lagos, ha alcanzado su figuración pública gracias a su contribución en los gobiernos de la Concertación, es gracias a esa figuración que pudo postular a ser alcalde de Santiago, aunque no se interesara en ganar. Jaime Ravinet por ser político y empresario, no es una persona ingenua, es más, su entrada al gobierno del presidente empresario está muy bien pensada para atraer ingenuos concertacionistas que avalen al primer gobierno de la derecha, como un gobierno de unidad nacional, y aún más triste es que Ravinet pueda dejar sin ningún remordimiento 49 años dentro de la Democracia Cristiana por tener desacuerdos “políticos” que siempre han existido dentro de los partidos. Por entrar al gobierno de la derecha sólo para que Piñera pueda hablar de un “gobierno de unidad” la cabeza de Jaime Ravinet merece rodar por el piso de esta Guillotina.

Aclaración: “La Guillotina” es el rincón donde periódicamente personajes políticos por el peso de sus acciones serán expuestos y “ajusticiados” públicamente. Más información aquí.

Estos llamados a la unidad y la renuncia al partido son catalogados como gestos de que el Presidente debe estar por sobre las luchas y los intereses particulares de los partidos o de grupos de presión, dando a entender que el Presidente posee ante todo una independencia política: “El Presidente de Chile, es el jefe del Estado no está sujeto a ninguna presión partidaria ni al seguimiento de algún interés en particular. Él encarna la institucionalidad completa del país” según las palabras de Carlos Larraín (Rn.cl). Sin embargo el significado de estos llamados se enmarca en un trasfondo totalmente distinto.

Para el pensamiento conservador la figura del Presidente de la República es la encarnación del “principio de autoridad” que estaría por sobre toda discusión política, democrática y que pudiera impedir o retardar la eficacia del poder ejecutivo. Esta concepción de la autoridad presidencial nace a principios del siglo XX en oposición al régimen parlamentario impuesto en Chile después de la guerra civil de 1891 (Cristi-Ruiz 1992). De esta forma figuras importantes del pensamiento conservador como Alberto Edwards y Francisco Encina ayudaron a formar el “mito portaliano” según el cual la única forma de gobierno adecuada es una autoridad fuerte sin ningún tipo de contrapeso. Es esta concepción portaliana del Estado y de sus instituciones, la misma que adoptó la dictadura militar para justificar su gobierno autoritario: “Conforme a la inspiración portaliana que lo guía, el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden ejercerá con energía el principio de autoridad, sancionando drásticamente todo brote de indisciplina o anarquía. Despersonalizará el poder, evitando todo caudillismo ajeno a nuestra idiosincrasia” (Declaración de Principios del Gobierno Militar). Esta visión autoritaria del poder se caracteriza por achacar a la política y a los políticos todos los males que provocaron el gobierno de la Unidad Popular y el derrumbe de la democracia chilena, es así que durante 17 años se denostó el ejercicio de la política y de los políticos como los causantes de todos los males que aquejaban al país.

Esta misma actitud se encuentra en la mentalidad de los herederos políticos de la dictadura que buscan hacer de la autoridad una entidad pretendidamente apolítica que se dedique a administrar el gobierno como si éste estuviera ajeno a la discusión política. Por eso no cabe extrañarse cuando la derecha hable da “politiquería” o de “antigua política”, esta actitud de la derecha chilena pretende evitar cualquier discusión democrática, en pos de la estabilidad y de la “independencia” de las instituciones que podría alterar las estructuras políticas y económicas de nuestra sociedad, instituciones que fueron impuestas por la fuerza sin ningún debate democrático y con el apoyo del sector que hoy habla de “democracia de los acuerdos”. Por supuesto que para este sector cualquier referencia a esto es inmediatamente descalificada como una mirada retrógrada hacia el pasado, mientras que ellos poseen una visión de futuro, sin embargo futuro para ellos es continuar con el status quo que ellos mismos ayudaron a edificar.

Aclaración: Las editoriales de Ballotage representan nuestro sentir institucional frente a ciertos temas y a pesar de estar firmadas son un juicio colectivo. Más información aquí.

Sin embargo esta vez el “estadista” merece ser ajusticiado debido a su gran desfachatez y oportunismo luego de la derrota presidencial de la Concertación. Queriendo sobresalir como el líder natural de la coalición gobernante, Lagos lanzo una arenga a los afligidos concertacionistas que veían como veinte años ininterrumpidos de gobierno se acababan en un solo día. Si bien nunca está mal levantar la moral de los correligionarios, el gesto de Lagos más pareció una proclamación que un apoyo, queriendo presentarse como el salvador del conglomerado, quizás para las próximas elecciones, luego de haber querido pasar inadvertido en los años de gobierno de Bachelet para no hacerse públicamente responsable por las calamidades descritas en el primer párrafo y, por tanto, no afectar su figura pública. Con esta misma pose mesiánica el ciudadano Lagos esperaba ser nombrado por la Concertación como candidato único en estas elecciones, negando toda posibilidad de competencia interna y aún más prestando escaso apoyo a la candidatura oficialista. De esta manera es muy probable que este discurso se haya comenzado a escribir el mismo día de la proclamación de Frei como candidato, esperando que con una derrota, los acongojados concertacionistas vayan a rogarle que vuelva a ser presidente… Por querer lavarse las manos y aprovecharse de la derrota para hacer proselitismo a su ego, don Ricardo es mi víctima en La Guillotina esta semana.

Aclaración: “La Guillotina” es el rincón donde periódicamente personajes políticos por el peso de sus acciones serán expuestos y “ajusticiados” públicamente. Más información aquí.

En este sentido, la configuración de la oposición se puede analizar desde dos escenarios, el primero corresponde a la crisis y eventual separación de la Concertación, situación influenciada por la estrategia de regresar a la “democracia de los acuerdos” de la derecha (Ballotage.cl), la cual busca hacer mella en el carácter de centro-izquierda de la coalición y trata de eventualmente formular acuerdos transversales como “Parlamentarios por la Vida” (UDI-DC). Esta estrategia también apunta a los posibles rumbos que pueda tomar el socialismo chileno, siendo uno el camino socialdemócrata versus la opción popular con fuerte arraigo en los trabajadores, este último camino, un posible factor de quiebre de la Concertación.

Sin embargo, nadie se habría imaginado que la primera gran mella en la Concertación post elecciones – y por lo tanto un posible obstáculo en la configuración de la oposición – vendría del mundo radical y no de la democracia cristiana (Elmostrador.cl).

Por otra parte, tenemos una aparente atomización de los sectores de centro-izquierda a través del surgimiento de movimientos como Frecuencia Pública liderados por Sebastián Bowen o el eventual nuevo referente de Marco Enríquez-Ominami.

A pesar de todo esto, la DC y el PS han reiterado un trabajo conjunto como oposición y el tema radical al parecer fue un pequeño impasse. Incluso se han acallado rumores sobre posibles apoyos de grupos programáticos de Frei al futuro gobierno de Piñera (Elmostrador.cl). También el PS da pautas para sus militantes, señalando que sólo deberían ocupar cargos técnicos en el próximo gobierno (Elmostrador.cl).

Todo parece apuntar que el segundo escenario es el más probable y éste corresponde a la configuración de una oposición no muy alejada de la Concertación actual, pero con nuevos rostros y un fuerte liderazgo de Ricardo Lagos, como ya se advertía el día de la segunda vuelta (Ballotage.cl).

En este contexto, surge entre los círculos laguistas la tesis de la renovación “argelina” llamada así por el Congreso de Argel dónde el socialismo chileno decide realizar un acuerdo de centro-izquierda para confrontar a Pinochet (Elmostrador.cl). Dicha renovación se basa en el convencimiento de lo positivo que resulta la diversidad y densidad ideológica de la Concertación, expresada especialmente en la alianza socialista-democratacristiana.

Dicha renovación no se basa en cambiar el espectro político chileno a través de un cambio del sistema político y electoral, sino que se basa en dar el relevo a las “nuevas generaciones” concertacionistas – especialmente las que son del agrado de Lagos – encarnadas en Carolina Tohá, Claudio Orrego, Alberto Undurraga, Ricardo Lagos Weber, etc. Figuras que por lo demás sólo pueden ser consideradas “nuevas” debido a lo estancado que se encuentran los procesos de recambio generacional dentro de la Concertación.

Esta suerte de renovación no tiene nada de democrática y es absolutamente cupular, por otra parte obedece a una suerte de instauración de “partido transversal” dentro de la Concertación, dónde se pasaría de una coalición a un “partido único de carácter pragmático” – todo dentro de la informalidad – , lo cuál reforzaría el bipartidismo de nuestro sistema político y mantendría enclaves autoritarios como el sistema electoral binominal. (Se recomienda leer “¿Por qué la Concertación debe dejar de existir?” Editorial de Ballotage).

Con esto se ratifica que el “acuerdo contra la exclusión” tenía un carácter meramente electoral y se consolida la monopolización del poder político dentro de la Concertación y la prohibición de oposiciones con la excusa de formar un cuerpo político cohesionado, un argumento casi como la “razón de estado”, lo cual deja bastante que desear. Esto deja de lado a muchos otros grupos y partidos cuya inscripción incluso ha sido cancelada (Radiobiobio.cl), también impide una correcta rearticulación política – y no una forzada y tutelada como quieren los círculos laguistas – que interprete de mejor manera las demandas ciudadanas y posea una mayor honestidad y profundidad ideológica-programática.

No sólo estamos ante la inminente instalación de un nuevo gobierno, sino que además ante una batalla descarnada para articular la oposición, lucha que librarán principalmente quienes tratarán de articular un cuerpo homogéneo y quienes buscarán proyectos políticos con mayor identidad y desafiarán el bipolarismo político. Es en este contexto, donde el surgimiento de movimientos como Frecuencia Pública respaldados por el mismo Lagos, parecen jugadas estratégicas para contrarrestar a otros grupos que son un obstáculo para al “partido transversal”.