Miércoles 29 de Marzo de 2017

La política, el negocio de unos pocos

Por: Editorial - 08-04-2015

Hace más de cuatro meses se inició una investigación por fraude al Servicio de Impuestos Internos (SII) por más de $2.700 millones de pesos, en el contexto de lo que hoy se conoce como Caso Penta. Al respecto, el fiscal Gajardo, uno de los miembros del equipo a cargo de la investigación, señalaba hace unas semanas que las empresas Penta no han pagado un peso de impuestos en seis años, pero han obtenido devoluciones indebidas para 122 contribuyentes De esto se deriva una de las frases que marcaron la formalización de los controladores del grupo: Penta se ha convertir en una máquina para defraudar al fisco. Más aún, mediante la utilización de boletas de honorarios falsas, empresas Penta ha transferido cuantiosos recursos económicos a campañas de políticos de derecha.

Las pretensiones de la Fiscalía para investigar las aristas de Penta en SQM, la más importante empresa de nitratos del país y unas de las mineras no metálicas más grandes del mundo, volcaron el caso a un punto crítico, al revelarse una abierta pugna entre el SII y el Ministerio Público; si la pista de financiamiento ilegal continuaba con SQM podrían aparecer más vínculos y nombres en el mundo político. SQM por su parte recurrió al Tribunal Constitucional para no ser investigada por Fiscalía, al mismo tiempo que el directorio se quebró entre el presidente Julio Ponce Lerou, yerno del exdictador Augusto Pinochet, más miembros del directorio cercanos a la UDI, y Potash Corporation (dueños del 32% de las acciones). Los tres miembros de esta última en el directorio de SQM renunciaron ante la negativa de los primeros a permitir indagaciones (Portal Minero, 2015). Mientras tanto en Estados Unidos se preparan demandas por accionistas minoritarios y dueños de ADR (American Depositary Receipt) para demandar a la firma por perjuicios financieros en vista del escándalo de corrupción (The Clinic, 2015).

Inicialmente La Moneda dudó si ordenar al SII investigar SQM directamente. Esto, sumado a la férrea defensa de la firma ante la investigación de la Fiscalía, deja en claro que este escándalo político-empresarial amenaza con revelar impensados nexos entre centro-izquierda, derecha y el mundo empresarial. Hoy la investigación está abiertamente declarada, e incluso la Superintendencia de Valores y Seguros ha tomado riendas en el caso.

Al costado de esto, el caso Caval, aquel generado por el préstamo express por más de 6 mil millones de pesos conseguido por el hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, puede ser visto como una burda jugarreta. Sin embargo, los elementos de nepotismo, abuso de influencias y uso de información privilegiada, lo convierten en un paralelo importante del beneficio que una posición más ventajosa permite a aquellos vinculados a políticos o poderosos empresarios.

Peor aún, si el fraude de Penta sólo se descubre hacia fines del año pasado, luego de seis años de tolerancia y conocimiento de ciertos políticos y empresarios: ¿Qué nos dice de la pretendida aura de baja corrupción sugerida por algunas instituciones internacionales? ¿Qué nos dice el terror en la centro-izquierda y derecha de que se investigase a SQM, ante el riesgo que más políticos saldrían a la luz por financiamiento ilegal de campañas políticas?

Chile, sin embargo, no adolece de un problema de robo sistemático de los recursos del Estado ni sobornos explícitos, como en el caso Petrobras en Brasil, los sospechosos negocios de Peña Nieto en México o más cruentamente en el asesinato del juez Nisman en Argentina. Pero sí se visibiliza en nuestro país un pequeño grupo con acceso al poder (vía política o negocios) que, ante los ojos de la ciudadanía, puede actuar con relativa impunidad cuando se trata de delitos económicos o tráfico de influencias.

Y es que de esto se pueden nombrar varios casos: la colusión de las farmacias; el trágico (para los estudiantes) cierre de algunas Universidades privadas de dudosa calidad; las Isapres (administradores de fondos de salud privados) que se benefician estrujando las necesidades de salud de sus cotizantes; las pensiones (administradores de fondos de pensiones, AFP, privados) miserables a contribuyentes pero suculentos beneficios para sus ejecutivos; el escándalo La Polar, esa tienda de retail que estafó a ciudadanos de situación modesta, etc. Estas instancias parecen demostrar que el abuso es algunas veces legal, o que incluso ilegalmente se puede mantener hasta el momento que la codicia reina el criterio y finalmente los fiscalizadores apuntan con linterna. Y sucede que a todos estos escándalos es posible atribuirles una venia política, ya sea en la permisividad de la legislación y fiscalización o en sus orígenes allá en la década de los 1980.

En Chile la estabilidad parece más fruto del desconocimiento y una impotente tolerancia, que de un real pacto o creencia sobre las instituciones públicas y la libre competencia.

Probablemente con algo de ironía, si se tratase de un estado de bienestar, se podría sentenciar que una corrupción leve sería nociva pero tolerable — después de todo al menos las necesidades básicas serian garantizadas mediante impuestos, disminuyendo abusos en previsión, salud y educación. Pero no en un Estado (neo)liberal como el chileno. A propósito de esto, se desligó del Estado el quehacer en bienestar para quebrar con la “corrupción estatal” en favor de la “eficiencia privada”. So pena de persecución nadie pudo cuestionar severamente “quien se beneficia”, que es la pregunta clave al definir lo público y privado. Los frutos se ven hoy.

En estos últimos años, ese cimentado vínculo entre negocios y política recién viene a despertar interés ante los ojos de la ciudadanía – el castigo en desaprobación a Bachelet y la UDI, en recientes sondeos, es muestra de ello. Mientras quienes se han beneficiado de aquellos vínculos conocen muy bien la importancia del amigo político o aquél que cuenta con el capital para financiar campañas. El vergonzoso mensaje de apoyo del Diputado Hasbún (UDI) al gerente de Penta, Carlos Délano, que estaba siendo formalizado en ese mismo momento por delitos tributarios y soborno, se entiende como una reverencia a un verdadero mecenas. Al final no queda claro si el dinero sirve a la política o la política al dinero. Si el voto es la disciplina que el ciudadano ejerce ante sus representantes en cada ciclo electoral, el dinero parece ser el disciplinamiento permanente de una élite de financistas para comprar influencia.

Pero seamos fríos. Política y negocios son indisociables. Lo que ocurra en el terreno político afectará necesariamente los intereses variados de grupos comerciales o industrias.

Para influir en la política, digamos de un régimen monárquico de fines del siglo XVIII, bastaba seducir a la corte y ganarse el favor del Rey mientras éste viviese. Tal beneficio implicaba anular competidores y, en consecuencia, impedir el disenso y la emergencia de competidores en la arena de la política o los negocios – pudiéndose incluso heredar la posición de dominancia a los hijos. El siglo XIX rompió con tal tradición y la regulación se hizo impersonal, últimamente dependiente de los ciclos electorales. Así, si el soberano cometía un error, el próximo ciclo electoral lo podría remediar. Es esta la esencia de la democracia liberal contemporánea, aquella donde los gobernantes pueden ser hechos responsables  por sus actos en cada elección.

Si es necesario retener una lección de las revoluciones de 1776 y 1789, desde donde se genera nuestra tradición política, son la impersonalidad del poder, la independencia de los poderes del Estado y la pluralidad de intereses representados por agrupaciones que conocemos hoy como partidos políticos.

Sin embargo, cuando la relación poder-negocios se vuelve nebulosa y donde se fusiona el interés público y privado en las manos de muchos – como en países como Ucrania, donde hay que sobornar hasta al médico – o de unos pocos – como se puede observar en el caso chileno –, hablamos de corrupción. Esto entendido como la desviación de las normas entre negocios y política. O el aprovechamiento de que éstas sean débiles, en países subdesarrollados, o sean aplicadas arbitrariamente, como suele suceder en las dictaduras.

Para ser más preciso, Transparencia Internacional define corrupción política como “el abuso del poder confiado por el pueblo para la ganancia privada de líderes políticos (o autoridades públicas). Mediante diversas formas desde cohecho y el uso de fondos ilícitos para la venta de cargos públicos y el abuso de los recursos estatales” (Transparency International, 2004). Complementariamente en el mundo privado la corrupción se describe como “el fraude corporativo, la manipulación de las cuentas y el abuso de información privilegiada… el pago tradicional de comisiones ilícitas a funcionarios públicos… [también] se puede abusar del poder delegado para pactar ilícitamente con otros competidores o formar carteles, en perjuicio de los mercados y los consumidores… el poder corporativo puede ser abusado para eludir las normas o un ente regulador, o puede ejercerse influencia indebida durante la elaboración de reglamentaciones y políticas [lobby]” (Transparencia Internacional, Informe Global de Corrupción 2009).

Los casos Penta y Caval naturalmente pertenecen a ambas definiciones, y representan una suerte de privilegio en el “poder hacer” por una pequeña elite íntimamente  ligada a lo político o al poder económico. Sea por medio de la familia, como Dávalos; o como Penta y sus múltiples tentáculos en previsión social, seguros, salud, inmobiliarias, educación y, según entendemos, en la política.

Para Dávalos y cía., fue indudablemente ventajoso tener influencia política y pertenecer a la familia de la Presidenta. Se investiga un abuso de influencias para beneficio privado, ejemplarizado en su reunión en privado con el dueño del Banco de Chile que finalmente otorgó el millonario préstamo. Esto sin mencionar las supuestas referencias a “la señora”, la Presidenta, para conseguir su objetivo.

Lo que llevó a Bachelet a nombrar a Dávalos en cargo de Primera Dama, sin duda también guió su manejo respecto a la crisis generada por su hijo. Torpemente indicó que se había enterado por la prensa de su préstamo y dudó si removerlo del cargo, evidenciando falta de determinación y una notoria ingenuidad, sacrificando parte importante de su capital político y echando por tierra uno de sus atributos más valorados: la credibilidad. Hoy un 39% de las personas no le cree nada a la Presidenta según la encuesta CERC de marzo de 2015. Pero también téngase en mente que un hijo de Presidente algo más prolijo, con múltiples y poderosos vínculos en organizaciones internacionales, estaría aprovechando aquellas conexiones en vez de dedicarse a especular sobre un terreno en una provincia sureña de Chile.

Por otra parte, más allá de la investigación de fraude al fisco en el caso Penta, las aristas políticas son las que causarían más preocupación. Para RN sus competidores directos se financiaron ilegalmente mediante la emisión de boletas – pues compiten en la misma lista. Para el sistema político, indudablemente hay una influencia ilegal del sector privado en candidatos a puestos públicos. Si se puede corroborar financiamiento corrupto, quedaría la difícil tarea de saber qué compró precisamente ese dinero.

Aun así, no hace falta que se pueda comprar a la policía o sobornar jueces para hablar de corrupción. Joseph Stiglitz escribe de manera pesimista sobre el desenlace de la crisis sub-prime respecto a la debilidad de los propietarios de hogares ante la explosión de la burbuja inmobiliaria y el peso del sector financiero, sentenciando que “en Estados Unidos la venalidad está a alto nivel. No es que los jueces en particular sean comprados, sino las leyes propiamente tales, a través de contribuciones de campañas y lobby, en lo que se ha denominado ‘corrupción al estilo Americano’” (ProjectSyndicate, 2010).  Similar actitud podemos tomar para considerar los casos en cuestión como corrupción a la chilena.

Pero más allá de la corrupción y los ilícitos, hay consecuencias aún más nefastas.

Las prácticas cercanas al nepotismo y el aprovechamiento del contexto político últimamente tienen un efecto similar a aquél de la concentración y perpetuación de la riqueza en un puñado de hombres. Por eso resulta irónico escuchar a Bachelet hablar de igualdad cuando el nepotismo y apitutamiento parece tan inherente al ejercicio político, en izquierda y derecha. Los partidos y campañas parecen cada vez más eventos enormes de apitutamiento en un puesto estatal, para participantes y familia. No por nada se ha atribuido al Estado el apelativo de “botín” a adquirir por la coalición ganadora, premio que se reparte de acuerdo a grado de contribución al esfuerzo político. Participar en una campaña es ganar el empleo que perderá el funcionario que llegó con la administración pasada. Ya hemos sabido de correos enviados “desde arriba” presionando a funcionarios a “colaborar”.

Por otra parte, la herencia es un elemento fundamental para dar cuenta de las oportunidades y el posible éxito de las personas. La monopolización del capital económico en manos de pocos y el enriquecimiento instantáneo de los hijos; así como el acaparamiento del capital político para el beneficio pecuniario y político, tendrán el efecto de sobre-beneficiar a quién no ha hecho absolutamente nada productivo en relación al capital familiar y ha contribuido escasamente al desarrollo económico de la nación.

La concentración de la riqueza debería alertarnos contra el menoscabo económico de las clases medias, que es en gran parte a lo que se refiere el debate generado por El Capital en el Siglo XX del célebre Thomas Piketty. Y  del mismo modo, las practicas nepotistas en las familias políticas y el apitutamiento debería alertarnos del menoscabo generado por las oportunidades absorbidas por unos pocos beneficiados por vínculos o parentesco. Más aún, afectando el prestigio del ejercicio democrático.

Si en política la lealtad es un alto valor al evaluar relaciones, éste no debería aplicarse fielmente a la conformación del Estado, donde el criterio debiese ser meritocrático y competitivo.  Es razonable que altos cargos sean llenados por gente de confianza, que conozcan bien el programa de gobierno y puedan ejecutarlo sopesando presiones verticales y horizontales. Pero bajo aquella capa, hasta hoy, parece llenarse de los “conocidos” o los que participaron en la campaña haciendo quien sabe qué. Un servicio civil extendido ampliamente permitiría evitar el apitutamiento de los ganadores, el abuso de posición (como esas subidas de sueldo milagrosas) y se introduciría un componente de competencia, que puede bien conjugarse con la ya manoseada igualdad. 

Ese sería un buen primer paso para comenzar a limpiar el prestigio de la labor pública, desprestigiada ante los ojos de la ciudadanía. Pero más complicado será cortar y regular los nexos entre política y negocios, pues buena parte de los que pueden legislar al respecto se benefician, lamentablemente, del contexto actual. Más aún, un acuerdo político parecido al Longueira-Insulza, del  2001, simplemente salvaría a los políticos expuestos, dinamitando la deteriorada confianza en el sistema político.

Referencias

  • Transparencia Internacional. Corrupción y Sector Privado en Informe Global de Corrupción 2009. P8.


Comentarios

comments powered by Disqus
Newsletter
Redes Sociales
Sitios Amigos