Domingo 24 de Septiembre de 2017

La subordinación del cuerpo de la mujer embarazada al Estado

Por: Equipo - 09-08-2015

Por Manuela Cisternas

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora nace en 1911 [1] con el propósito de promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En sus primeras instancias, el enfoque de este día conmemorativo estuvo en el derecho al sufragio y los derechos laborales de las mujeres. A partir de los ‘70 se integraron temas como los derechos humanos de las mujeres en todas sus facetas, cuando la ONU proclama en 1977 el 8 de Marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

El presente año, la consigna propuesta por la ONU es “Una promesa es una promesa: momento de pasar a la acción para acabar con la violencia contra las mujeres.” En este contexto, es importante examinar lo que abarca el concepto de ‘violencia contra las mujeres’, y cómo éste va más allá de las nociones de violencia personal física, sexual y psicológica. Los actos de violencia ejercidas de parte de una o algunas personas en contra de mujeres de esas características resultan ser más visibles y, por ello, más simples de denunciar mediáticamente, aún siendo difíciles de erradicar en la práctica. Sin embargo, existe además una violencia más acallada e invisible, casi imposible de atacar de manera mediática, porque es ejercida desde el Estado, legitimada por patrones culturales patriarcales y disfrazadas de valores judeo-cristianos o de la defensa de la moral. Esta violencia estructural y cultural no es ejercida por una persona concreta, sino que proviene del sistema político, económico y cultural, a través de la legitimación de la utilización de la ley para violar los derechos humanos de las mujeres.

En este punto, es importante recordar que según la Declaración 48/104 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se señala:

Art. 1. Por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.

Art. 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;

c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra [2].

En este sentido, podemos considerar que la legislación anti-abortista del Estado chileno es una violencia ejercida hacia las mujeres, ya que legitima el dominio del Estado sobre sus cuerpos -basado en su pertenencia al sexo femenino- y por tanto portadoras de cuerpos reproductivos, manteniéndolas así en una categoría de ciudadanas de segunda clase, subordinado a un bien moral y a la mantención de la familia por sobre su derecho individual.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 4 millones de mujeres se someten a abortos en América Latina y el Caribe al año, siendo la mayoría de ellos llevados a cabo en ambientes de clandestinidad e insalubridad. Producto de estas condiciones de riesgo, alrededor de seis mil mujeres mueren debido a complicaciones del aborto al año en la región. En Chile, se estima que se realizan entre 150 y 160mil abortos clandestinos al año, lo que significa que por cada tres embarazos, ocurre un aborto. Según estadísticas disponibles del año 2000, complicaciones a partir de los abortos ilegales causan la cuarta parte de las muertes maternas en el país, lo que coloca al aborto inducido como la primera causa de mortalidad materna en Chile [3] -al igual que en Argentina y Paraguay-, la segunda causa en Colombia y Perú, y la tercera en Brasil, Panamá y México. La incidencia del aborto inducido en la mortalidad materna y femenina ha fomentado que el debate en torno a la despenalización del aborto se enfoque desde el problema relativo a la salud pública que implica [4]. Esto se debe a que la clandestinidad y la criminalización inciden como factores de riesgo en estas muertes, al igual que la pobreza, ruralidad, escasa educación sexual y reproductiva imperante en la región. No se ha podido comprobar que la existencia de leyes anti-aborto disminuya la cantidad de abortos realizados, sino sólo que obliga a las mujeres a realizarlo en situaciones peligrosas y denigrantes. Organismos sociales, feministas, médicos y políticos que promueven la despenalización del aborto parten desde la convicción de que la disminución en la incidencia en abortos inducidos sólo se condeciría con una mayor educación sexual y reproductiva [5].

Con la excepción de Cuba y Puerto Rico, la mayoría de los países latinoamericanos poseen legislaciones sobre el aborto establecidas en el código penal desde principios del siglo XX, donde se prohíbe, excepto en situaciones extremas como malformaciones del feto, riesgo vital o de salud para la madre, o embarazos resultantes de violación o incesto. Sin embargo, la influencia de objeciones moralistas de la Iglesia Católica y criterios ultra conservadores de dictaduras militares en la región resultaron en la abolición incluso de tales excepciones, lo que causó que países como Salvador, Haití, República Dominicana, Honduras y Chile tengan prohibición absoluta del aborto, incluso por razones terapéuticas [6].

 Desde los 90 ha existido un creciente reconocimiento de la despenalización del aborto como cuestión legítima de derechos humanos, en especial respecto al tema de salud pública. En 1994 esto se reconoce por primera vez en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, aludiendo en un documento intergubernamental que las consecuencias físicas y de salud de los abortos ilegales en las mujeres debieran tratarse. Además en 1995, en el documento firmado en la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, se recomienda que los países revisen las leyes que penalizan a las mujeres que incurren en abortos donde estos son ilegales.  En el 2000, el documento final de Beijing +5 también incorpora la necesidad de revisar las leyes que penalizan la práctica del aborto y recomienda que los gobiernos implementen el entrenamiento de profesionales para la atención de mujeres que aborten, indicación acordada en Cairo +5 en 1999 [7].

En el caso de Chile, el aborto terapéutico era permitido por el Código Sanitario entre 1931 y 1989. El artículo 119 establecía que se podía interrumpir el embarazo cuando la vida de la mujer estuviera en peligro, siempre y cuando se contara con la aprobación y firma de dos médicos cirujanos. El 06 de Julio de 1988 se presenta la moción de Ley 18.826 para modificar el Código Penal en los Art. 342, 343, 344 y 345, y cambiar el Art. 119 del Código Sanitario, todo bajo la legitimación de la Constitución de 1980 que bajo el Art. 19, Nº 1, inciso segundo dice “La ley protege la vida del que está por nacer”. Este cambio fundamental de la Constitución -en conjunto con la resolución de 1989 por cambiar los artículos anteriores del Código Penal y Sanitario y penalizar todas las formas de aborto provocado- establece una valoración diferencial entre el cuerpo de las mujeres (y el derecho y soberanía de éstas sobre sus cuerpos) y los derechos adjudicados al feto en gestación.

Para efectos de esta discusión, el tema de si el feto puede ser considerado vida, persona, niño/a no influye en la crítica que se realiza hacia la regulación, dado que se aboga por poner en relieve la inconsecuencia entre esta regulación y la concesión internacional respecto a los derechos humanos. En este sentido, se entiende que la legislación chilena “considera a la mujer y el valor de su vida como un bien jurídico subordinado al feto en gestación [8]” por tanto la mujer está subordinada, en caso de embarazo, a otra persona, perdiendo su calidad de sujeto de derechos sobre su persona. Esto la inhabilita para decidir, quedando sujeta a las normas que dictaminarán la modificación y utilización de su cuerpo y su vida, impuesta desde el Estado. Esta discriminación y violencia sobre los cuerpos de las mujeres constituye una afrenta mayor a la manifestada por aquellos que quieran percibir el aborto sólo como un tema de salud pública y cae bajo la categoría de violación a los derechos humanos.

Recordando las palabras de la Senadora von Baer hace casi un año atrás –cuando aún se debatía la moción por aprobar el aborto terapéutico en Chile [10]– se recuerda también la polémica e indignación que causó desde diferentes frentes. En aquella instancia, la Senadora manifestó que legislar a favor del aborto era un atentado contra el derecho a la vida y que las mujeres “prestaban” el cuerpo para el desarrollo de una vida independiente [10]. La noción de que el cuerpo de las mujeres se prestaba generó ofensa, en especial desde sectores feministas, dado que se estaba sugiriendo que las mujeres estaban al servicio de la reproducción, recalcando una vez más la diferencia y subordinación de los cuerpos femeninos a su rol materno y doméstico y la representación de éstas como mujeres-úteros-recipientes, valoradas sólo en esta medida. Creo, sin embargo, que la ilegalidad absoluta del aborto en Chile representa un problema mucho más grave que esto, porque si la Senadora Von Baer tuviera razón y en Chile el cuerpo de las mujeres se prestara para la vida, entonces se establece de hecho que las mujeres entregan voluntariamente su cuerpo a un tercero, considerando que éste tiene soberanía sobre su cuerpo y todos los órganos, fluidos y vísceras que en él existieren.

Prestar significa entregar, a través de un contrato social entre dos o más entes, un elemento que es de tu propiedad a condición de que sea devuelto (las condiciones en las que sea devuelto son variables según el contrato), sin que el prestante pierda dominio sobre el elemento en cuestión. En todas sus formas, el préstamo es voluntario, un contrato social al cual se entra con otro bajo voluntad propia. El hecho de que el Estado chileno obliga -a través de la explícita penalización del aborto en todas sus formas- a la mujer a cumplir con la gestación del feto y una consecuente maternidad significa que se elimina el derecho de la persona a elegir entrar en este contrato de “préstamo de cuerpos”.  Se establece así la primacía del Estado respecto a decidir sobre el uso de ese cuerpo.

En este sentido, no existe un préstamo durante la gestación y maternidad, sino que el cuerpo de la mujer está sujeto a ser confiscado por el Estado con el fin de cumplir con un rol biológicamente establecido y socialmente impuesto. Las significaciones culturales que rodean a la maternidad en nuestra sociedad legitiman esta obligación, al enaltecer de valores a las mujeres que aceptan su destino, ser madre. Las mujeres que abortan subvierten un orden natural de las cosas, se independizan del bien común por individualizar sus propios deseos y aspiraciones, reclamando los derechos humanos que la cultura espera que renuncien al momento de quedar embarazadas. La ley chilena, si bien consagra el derecho a la vida de todas las personas, hace la excepción respecto a las mujeres embarazadas. Su vida, su cuerpo y sus derechos están condicionados a los fetos en gestación, sin importar si fueron planificados, producto de violaciones, sean inviables o pongan en riesgo la salud de la mujer o su vida. Sobre esta base, la vida de la mujer, incluido su cuerpo, no constituye sino un depósito respecto del cual ella no tiene ninguna autoridad, y el Estado, toda [11]

Este dominio del Estado sobre los cuerpos de sus ciudadanos es único en su clase. En ninguna otra circunstancia el Estado impone el uso de un cuerpo para mantener a otro ser humano con vida. Considero que, aunque sea una obviedad, es importante recalcar que es el hecho de ser mujeres lo que genera esta diferencia -por ser biológicamente cuerpos reproductores y sujetos culturalmente maternos- y por tal razón constituye una discriminación de género hacia las mujeres, y una violencia y violación de parte del Estado.

Notas al pie

  • [1] 8 de Marzo de 1911 es el primer Día Internacional de la Mujer, aunque le propuesta fue discutida a partir de Agosto, 1910 en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, en Copenhague.
  • [2] Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993
  • [3] RSMLAC, 2004. Las mujeres hablan sobre sus derechos. Revista Mujer Salud, 31-55(4).
  • [4] Alanís, M., 2004. Aborto en Latinoamérica y los acuerdos de El Cairo y Beijing. La mirada de Católicas por el Derecho a Decidir.. Revista Mujer Salud, Issue 2-3, pp. 99-104.
  • [5] Anon., 2011. FORO SALUD DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. [En línea]
    Disponible en:  http://forosalud.wordpress.com/category/aborto/ [Último acceso: 4 Marzo 2013].
  • [6] Alanís, M., 2004. Aborto en Latinoamérica y los acuerdos de El Cairo y Beijing. La mirada de Católicas por el Derecho a Decidir. Revista Mujer Salud, Issue 2-3, pp. 99-104.
  • [7] Alanís, M., 2004. Aborto en Latinoamérica y los acuerdos de El Cairo y Beijing. La mirada de Católicas por el Derecho a Decidir.. Revista Mujer Salud, Issue 2-3, pp. 99-104.
  • [8] Encarceladas. Leyes contra el Aborto en Chile, Un Análisis desde los Derechos Humanos, Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, Canadá, 1998, pág. 49.
  • [9] El último proyecto de ley que impulsó el debate tuvo fecha el 15 de Diciembre del 2010, siendo finalmente rechazado el 4 de Abril del 2012.  Tal proyecto buscaba modificar el Art. 119 del Código Sanitario y el Art. 345 del Código Penal, al agregar que no se considerará aborto -y por tanto excluido de pena punitiva- cuando se produzca la interrupción del embarazo o la muerte del feto como consecuencia de “una intervención, tratamiento o administración de algún fármaco que sea indispensable para salvar la vida de la madre, lo que deberá ser certificado por un grupo de tres médicos” ni cuando un grupo de tres médicos haya certificado la inviabilidad fetal. Además, agregaría algunos incisos respecto a las condiciones y procedimientos llevados por los médicos que certifican ambas circunstancias.
  • [10] Una mujer no tiene derecho a abortar porque presta el cuerpo a una vida que se desarrolla”. Palabras de Ena Von Baer, Marzo 2012.
  • [11] Encarceladas. Leyes contra el Aborto en Chile, Un Análisis desde los Derechos Humanos, Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, Canadá, 1998, pág. 50.


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