Domingo 22 de Octubre de 2017

Santos, las históricas negociaciones con las FARC y el riesgo electoral

Por: Diego Soto Saldías - 10-11-2013

Cumplido ya el primer aniversario de las negociaciones entre el Estado Colombiano y las FARC-EP, las cuales comenzaron oficialmente en septiembre de 2012, existen visiones disonantes respecto de sus logros al poner fin a medio siglo de conflicto armado en el país. De los seis puntos que contempla la agenda en discusión, recién ahora durante los primeros días de noviembre se logró un acuerdo en torno al complicado segundo punto: la participación política futura de los paramilitares. Es evidente que sumado al acuerdo en torno a la política de desarrollo rural, se han sobrellevado con relativo éxito algunos de los puntos más álgidos en las negociaciones. Sin embargo, la lentitud del proceso y la desconfianza de la población en el mismo, configuran un cuadro complicado para el oficialismo. Más aún para el Presidente Juan Manuel Santos, propulsor del proceso de paz, quien debe tomar una decisión con respecto a su re-postulación a la Presidencia en los comicios de mayo próximo.

La dilatación de los acuerdos ha significado un alto costo para Santos, reflejado en encuestas donde arroja bajos niveles de aprobación a su gestión, denotando además que la sociedad colombiana nunca ha confiado plenamente en el desenlace de este proceso de paz. Con todo, la publicación de novedades respecto al punto de la participación política habría tenido un impacto positivo en su imagen, según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) realizada tras el alcance del acuerdo con las FARC, la valoración positiva del Presidente alcanzó un 55% frente a un 44% de la negativa; lo que significa un incremento de alrededor de 10% respecto a mediciones de octubre y comienzos de noviembre. Sin embargo, estas cifras representarían una mejora pasajera de una situación que para Santos se ve altamente complicada pues diversas encuestas de opinión durante este mismo año han situado en alrededor del 70% el rechazo a su reelección y por sobre el 60% la desaprobación de su gestión. El ocaso del actual Presidente contrasta fuertemente con el alto apoyo con el cual asumió el cargo hacia 2010, donde contaba con un 70% de respaldo.

La caída constante de su capital político mina la definición de una nueva candidatura, a la vez que complica cada vez más su anhelo de ser el Presidente que puso fin a la guerrilla en Colombia.

La historia de desconfianza en las negociaciones FARC-Gobierno

La principal imagen que permanece en la retina de la opinión pública colombiana es la fallida experiencia de las últimas negociaciones con las FARC que tuvieron lugar durante la presidencia del conservador Andrés Pastrana, proceso que se extendió con múltiples inconvenientes entre 1998 y 2002, culminando con un reposicionamiento operativo y territorial de los paramilitares y nulos avances en temas sustantivos. Durante aquellos diálogos, que contaron con el seguimiento de múltiples organizaciones internacionales y países mediadores, se determinó la instauración de una “Zona de Distensión” desmilitarizada para propiciar los diálogos en la región de El Caguán en el Departamento de Caquetá. Este repliegue del Estado Colombiano, que no contó con un cese de las hostilidades por parte de la guerrilla, significó el otorgamiento tácito de más de 42.000 hectáreas al control paramilitar, lo que conllevó a una escalada del conflicto, el fracaso de la negociaciones, el desconocimiento de acuerdos alcanzados como el de Caquetania en 1999, y la abolición de la  Zona de Distensión en 2002.

Los años posteriores verían el triunfo de Álvaro Uribe, quien de la mano de su Movimiento Primero Colombia se descolgó del Partido Liberal, y alcanzó la presidencia con un triunfo en primera vuelta en los comicios de 2002. El discurso neoconservador de Uribe conllevó a la aplicación de su Política de Seguridad Democrática, que significaba un retorno al combate frontal a la guerrilla y otros grupos armados ligados al narcotráfico, promoviendo el involucramiento de la sociedad civil como fuente de información para el combate de las actividades ilícitas. Todo esto de la mano de la continuación del controvertido Plan Colombia, iniciativa de seguridad conjunta con el Gobierno de los Estados Unidos para el combate de los grupos armados en el país. Uribe en su postura de reforzar la presencia policial y militar en las zonas de conflicto, logró asestar varios golpes mediáticos en contra de las cúpulas de la guerrilla, además de conseguir la desmovilización del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006 y la liberación de Ingrid Betancourt en 2008. Todo esto, no sin un controvertido historial en cuanto a abusos a los derechos humanos y acusaciones de corrupción y relaciones pasadas del mismo Uribe con grupos paramilitares.

Juan Manuel Santos, otrora delfín político de Uribe, logró un contundente triunfo en segunda vuelta electoral en 2010, asumiendo con un discurso de continuidad de las políticas de Uribe respecto al conflicto armado. Santos había sido Ministro de Defensa durante el segundo mandato de Uribe, y había jugado un rol preponderante durante hitos tales como la “Operación Fénix” que significó dar muerte –en territorio ecuatoriano- a uno de los cabecillas de las FARC, Raúl Reyes, lo que conllevó a un serio impasse diplomático con Ecuador y Venezuela, o la “Operación Jaque” que culminó con la liberación de Ingrid Betancourt. Estos antecedentes hacían poco presumible el acercamiento que tendría Santos con las FARC para entablar el proceso de paz que hoy se desarrolla. Los primeros atisbos de acercamientos secretos se dieron al asumir, pero se vieron entrampados por la entrega del cadáver de un policía en cautiverio desde 1998, y muerto en 2006. Ya a partir de 2011 se retomaron contactos entre funcionarios de gobierno y dirigentes paramilitares sobre las condiciones para el diálogo, y ya en 2012, contando con la mediación de Cuba (seleccionada por las FARC,  y Noruega, por su historial de participación en resolución de conflictos) y la veeduría de Venezuela (propuesta por la guerrilla) y Chile (propuesto por el Gobierno), se dio el vamos a la ronda de negociaciones que tendrían lugar en Oslo y La Habana.

Desde un comienzo el “uribismo” ha sido contrario al entablamento del diálogo, y sobre todo a los puntos de la agenda acordada entre los subversivos y el Gobierno para negociar. En 2012, Uribe denunció las reuniones entre Gobierno y guerrilla que se habían desarrollado en Cuba, acelerando una declaración pública de Santos respecto del establecimiento formal del diálogo, dejando en claro que éste no significaba el abandono de la política de seguridad actual ni de la presencia militar en las zonas de conflicto. Era claro que Santos pretendía no emular los errores de Pastrana, y encontró buena acogida por parte de las FARC quienes también reconocieron la apertura del diálogo mediante una comunicación de su líder Timoleón Jiménez (alias “Timochenko”) en la cual estipulaba que las FARC llegaban a la mesa de diálogo “sin rencores ni arrogancia”.

De esta manera, obtenía Santos lo que él consideraba una oportunidad real de acabar con el sangriento e intrincado conflicto armado que arrastra el país desde mediados de la década de los 60’. Conflicto que a partir de la década de los 80’ presentó un escalamiento progresivo y mortífero entremezclándose el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción política y la confrontación militar directa. Este proceso de diálogo, como se ha dicho, se incluye dentro de otros procesos más o menos formales o públicos de negociaciones entre el Estado y las guerrillas. Ya en  la década de los 80’ bajo el mandato de Belisario Betancourt existieron diálogos secretos que conllevaron a los Acuerdos de La Uribe que permitieron la creación de una coalición política, la Unión Patriótica, que significó una alternativa partidario-institucional para los grupos rebeldes. La experiencia culminó tristemente con un proceso exterminio sistemático de sus miembros por parte de los mismos grupos paramilitares. Otros intentos de acercamiento se dieron en 1986; en 1990 tras la toma por parte de las FARC de la Embajada de Venezuela; en 1994, bajo la presidencia de Ernesto Samper; y el mencionado proceso durante el gobierno de Pastrana. Todos, sin mayores resultados, mientras la violencia escalaba por parte de ambos bandos en las regiones más pobres de Colombia.

Los puntos críticos de la negociación

No es de sorprender entonces que exista poca confianza por parte de la sociedad colombiana frente al desarrollo de este proceso, existe una idea generalizada de que las FARC no poseen un compromiso real de honrar los acuerdos establecidos, además de que se critica su postura impositiva respecto ciertos temas.

No obstante, si existe un punto a favor para las intenciones presidenciales  de sostener el diálogo, pese a su lentitud.  Este último ha permitido reabrir el debate en el seno de la sociedad colombiana respecto a un escenario postconflicto. Ciertamente hoy, con el avance de las negociaciones es posible preguntarse cómo operaría el sistema socio-político colombiano donde las FARC y otros grupos depusieran las armas y se sumaran al proceso democrático. La dificultad principal de este posible escenario, es la del proceso intermedio, cuáles serán las garantías de su éxito y, más que nada, cuáles serán las concesiones que se le otorgarán a las FARC para su inserción a la vida política y pacífica.

Lo que se ha acordado hasta el minuto no deja de ser revelador con respecto a estas materias. El primer punto acordado, hacia mayo de este año, guarda relación con las demandas de las FARC en cuanto a una Política de Desarrollo Agrario Integral. Punto complicado pero extremadamente necesario para un campo colombiano que vive entrampado entre el abandono estatal -so pretexto de la inestabilidad propiciada por el conflicto- y el fuego cruzado de guerrillas de izquierda y paramilitares de derecha. Los más de 5,7 millones de campesinos desplazados por el conflicto y las más de 6,5 millones de hectáreas abandonadas (The Economist, 2013) por efectos del mismo hablan de lo imperioso de este primer punto. El acuerdo cerrado contempla: una nueva jurisdicción agraria (con tribunales y jueces especializados), un plan de formalización masiva de la propiedad de las tierras, la creación de un fondo de tierras para su reparto, programas de apoyo productivo, actualización del Catastro Rural (desde los 70’ que no se ha aplicado seriamente un censo agrario), un programa de 10 años para inversiones en zonas rurales que comprendan salud y educación, y la promoción del cooperativismo y la participación campesina en el proceso.

Al pacto en torno al agro, sobrevino el dilatado y complicado acuerdo alcanzado en noviembre en torno a la participación política. En éste último punto se contempla la creación de Circunscripción Transitorias Especiales de Paz, las cuales buscan finalmente permitir el acceso de representantes de las zonas en conflicto en el Congreso. Además, se entrega seguridad a las FARC respecto de la posibilidad de entablar un movimiento político, o partidos en el futuro, así como la instauración de una futura Comisión de Estatutos de Garantías para la oposición, de la mano de Consejos de Reconciliación que guiarán el proceso a nivel local. Las reacciones no se han hecho esperar, y muestran lapolarización de diversos actores en su visión del proceso de paz. Por una parte, el conservadurismo uribista que ya cuenta con candidato para las presidenciales, el exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, lo tildó de “burla”. Otros sectores destacaron el logro de acuerdo en un punto tan complicado y el hecho que todo se supedita al abandono de las armas por parte de las FARC. La duda principal sería: “¿Quiénes y, en concreto, qué miembros de la guerrilla una vez firmado el acuerdo final podrán participar en política, hacerse elegir o llegar al Congreso?” (Quintero, 2013).

El tratamiento a los líderes de la guerrilla es el punto clave a determinar. Evidentemente, existen resquemores ante la posibilidad de amnistiar a jerarcas guerrilleros relacionados con crímenes de guerra [1], narcotráfico y violaciones de derechos humanos. La impunidad pasará a ser el foco de la atención social cuando avancen las negociaciones en torno al tercer punto de la agenda: el fin del conflicto y la desmovilización de la guerrilla.

Pendientes también están el cuarto punto, políticas de drogas. El quinto, reconocimiento y reparación de las víctimas. Y el punto final sobre implementación y ratificación del acuerdo. La tarea futura es ardua para el equipo negociador en Cuba encabezado por Humberto de la Calle, pues por una parte debe responder al mandato presidencial de “avanzar, avanzar y avanzar” y por otra, lidiar con la opinión pública que se muestra mayoritariamente reacia a perdonar la cárcel, el castigo de los líderes guerrilleros y los guerrilleros rasos.

En términos generales, el futuro político de Colombia, se entremezcla con el de Santos. Un avance en las negociaciones del tercer punto, marcaría la senda  para la resolución de los puntos restantes. Con la idea del referendo aprobatorio del posible acuerdo mayoritariamente aceptada al gobierno le queda poco tiempo para lograr ir cerrando las negociaciones en La Habana, las cuales no han estado exentas de polémicas. La carrera presidencial no depende únicamente de esta negociación en todo caso, y ese puede ser el principal error de Santos. Su desaprobación gira en torno a una mala evaluación de su desempeño económico, en el empleo, la salud o temas educacionales. Sin duda, apostar por ser el Presidente que logró la tan ansiada paz en Colombia, puede traer créditos históricos para Juan Manuel Santos, pero los costos políticos de estos logros pueden ser altos, en una sociedad que se muestra menos optimista que las élites políticas, empresariales y de la sociedad civil, respecto del proceso de paz. Esa disparidad de percepciones respecto al delicado proceso de paz puede hacer tambalear todo lo que se pueda avanzar. A Santos le quedan dos tareas titánicas, que parecen similares, pero no lo son: por una parte, persuadir a la sociedad del éxito y los beneficios de los acuerdos; y por otra, que afianzar su posición electoral frente a un uribismo en restructuración, una sociedad civil que se ha movilizado como lo hizo en agosto pasado, y unas elecciones que se avecinan en un contexto incierto y complejo para el oficialismo.

Nota al pie

  • [1] Punto polémico de las negociaciones ya que Colombia no puede contravenir el Estatuto de Roma, vigente de 2002, que prohíbe la amnistía de crímenes de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional, ya ha manifestado su preocupación al respecto.

Fuentes



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