Los udi y los decé sólo hablan cuando se trata de Cuba. Los primeros porque en la isla vive el “enemigo natural” y viven también algunos de los que dispararon contra Jaime Guzmán, uno de los ideólogos de la más perversa dictadura del Cono Sur que ha sido convertido en mártir -con características divinas- porque fue asesinado al inicio de la transición a la democracia. Algún rato habrá que escribir sobre su participación en la dictadura cívico militar, más allá de que salvó de la muerte inminente a algunos afortunados. Los segundos, están impregnados aún del miedo a los barbudos de los años 60, de sus relaciones pasadas con la CIA y permanentes con el Vaticano, y exigen siempre que los representantes chilenos se reúnan con la disidencia cubana y que en lo local los partidos de izquierda se pronuncien contra las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Ahora bien, esto último es más que razonable.

¿Cuándo será el día que los partidos de izquierda repudien las violaciones a los derechos humanos en Cuba? ¿Cuándo, fundamentalmente, el PC al que no se le puede desconocer su trayectoria democrática en el Chile del siglo XX, criticará la existencia del partido único, la casi nula libertad de expresión, el encarcelamiento prolongado por manifestarse en contra del régimen y la pena de muerte? ¿Cuándo habrá un partido de izquierda que defienda en el discurso y en las acciones los derechos humanos en cualquier parte del mundo? ¿Tendremos que esperar que los referentes de las nuevas generaciones, no militantes de partidos tradicionales, se institucionalicen para recoger este enorme patrimonio de la humanidad como norte y todas las otras luchas justas de los oprimidos? Se lo estoy preguntando y pidiendo a la izquierda porque a ella le corresponde.

Por ahora estamos lejos de una izquierda en Chile que tenga como eslogan “discriminados y discriminadas del mundo, uníos”. El secretario general del PC, Guillermo Tellier, dice que en Cuba hay restricciones a los derechos humanos, no violaciones. Una distinción del todo espuria. Envía condolencias al pueblo coreano por la muerte del “amado líder” Kim Jung-II, un criminal político que gobernó por 17 años con mano de hierro a un pueblo que lloró su muerte en organizadas y ridículas coreografías del poder televisadas. A Camila Vallejo estas condolencias le chocaron en su minuto, pero ha dicho y escrito hace poco que admira la “democracia” cubana.

No discuto como un hecho épico emocionante para la izquierda el triunfo de la revolución cubana y la imagen de Fidel y Cienfuegos entrando en tanque a la Habana. No soy un pacifista y estuve por responder con balas al policidio de la dictadura cívico militar que hacía desaparecer gente, que quemaba jóvenes en la vía pública y que impregnaba de un miedo enceguecedor a la población en general. Pero todo cambia: hacia fines de los ochenta todavía sentía un sabor amargo al criticar a Cuba. Pero todo cambia y que yo cambie no es extraño, felizmente. Mientras más me adentraba en la memoria sobre los crímenes de la dictadura más se afianzaba mi postura en una convivencia basada en el respeto a las personas, los diversos colectivos humanos y sus derechos.

¿Qué es la gente en la calle y los movimientos sociales hoy en Chile y el mundo sino una manifestación del reclamo y la lucha por la conquista de derechos de tercera generación como los económicos, sociales y culturales? ¿Cómo seguir defendiendo revoluciones que estancaron los derechos de primera generación? Los parrilleros del PS no lo hacen mucho mejor con su lealtad hacia la RDA que los recibió como exiliados.

OK, todos tenemos pasado, pero transcurridos 17 años de dictadura y 21 de gobiernos civiles de corte electoral debiera haber un referente político de izquierda libertario, que abogue por la causa verde, por la causa mapuche y los pueblos originarios del mundo, por la causa de las minorías sexuales [1], por el derecho a las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, por la laicización de las instituciones y la vida pública, por un nuevo orden social donde quepamos todos y todas, que esté en todas las luchas civilizatorias, que tenga contacto con los y las líderes que han guiado procesos de liberación, que tenga contacto con pequeñas comunidades que a través del mundo luchan del lado de los explotados. Pero lo que buscas está en el PPD dirán algunos, pero si está Marco Enríquez-Ominami dirán otros. No sé si me entienden, pero no me alcanza.

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Nota al pie:

• [1] El acercamiento entre Gladys Marín y Pedro Lemebel es reciente, antes de eso solo hubo una izquierda homofóbica.

Parece inentendible que una Doctora en Ciencia Política de una prestigiosa universidad alemana, emancipada en el estricto sentido de la palabra, y entendiendo que fue Ministra de Estado y ahora Senadora, justifique un hecho que atenta contra la autonomía de las mujeres.

El asunto del aborto terapéutico –y el aborto sin apellido– es una problemática de salud pública. Miles de mujeres se ven afectadas por realizar esta práctica de manera ilegal, en consultorios clandestinos, con condiciones higiénicas por decir lo menos descuidadas y, en consecuencia, poniendo en riesgo sus vidas.

El proceso del aborto asimismo, es uno de los más duros que le toca vivir a una mujer en Chile. Las humillaciones recibidas al momento de llegar al hospital público producto de la septicemia (pues la gran mayoría de los casos termina así), el trato recibido, asimilable al del peor asesino en serie, no sólo por los vejámenes a los que es sometida, sino que también el trato del personal del hospital, que suele maltratar a estas mujeres. En el proceso son esposadas a la cama, y son constantemente vigiladas por la policía. Una vez recuperada (pues una gran cantidad de mujeres no  sobrevive), son juzgadas crudamente por el sistema judicial chileno, y algunas veces encarceladas ¿Es humanitario pasar por esta situación?

Hace algunos años atrás, apareció un rimbombante titular en un conocido diario “CANTIDAD DE NACIDOS EN PRIMER TRIMESTRE DE 2009 MARCA PEAK DE LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS” [1]. Un orgullo, si observamos la constante disminución de nacimientos que se estaba produciendo hasta ese minuto nuestro país. Asimismo muchos políticos de la coalición que gobernaba en ese entonces, auguraba que mayores niveles de confianza y mejoras en las condiciones de vida habían producido esa modificación en la tendencia, pero sin haber invertido prácticamente un peso en políticas de fomento de la natalidad.

Ahora bien, lo que se ocultó tras estos resultados, fue que el grupo etario que aumentó su tasa de natalidad fue el de los adolescentes de este país. Así las cosas, la situación  se vuelve más complicada, pues una mujer de 13, 14 o 15 años, no se ha desarrollado lo suficientes en términos físicos para “prestar su cuerpo”, y asimismo el hecho de ser madre va más allá de las implicancias físicas, pues psicológicamente una adolescente aún no se encuentra emocionalmente preparada para la crianza de un hijo. Finalmente hay otro factor que no puedo dejar de mencionar que responde a las necesidades materiales, puesto que una adolescente no es capaz de mantener una casa, y en el corto plazo, al menos, no lo conseguirá Si a esto sumamos que en su gran mayoría, estos casos se dan en los sectores vulnerables de nuestro país, da para pensar entonces que la postura contraria al aborto es más bien un instrumento para la mantención del círculo de la pobreza y marginalidad.

Otro de los casos complejos, son aquellos embarazos fallidos o aquellos fetos en los que se descubren desde etapas iniciales de la gestación serios problemas de salud, tanto por la inviabilidad de sobrevivir al momento de nacer, o por las extremas condiciones de vida que les espera en el futuro. Si es que Dios (de acuerdo a la justificación cristiana) o quién sea, haya querido enviar una prueba a la familia y a estas mujeres para ser “más humildes”, y si por disposición del Estado ese feto está condenado a nacer, debiese existir una estructura pública lo suficientemente decente para contener y tratar a estos niños nacidos en condiciones vulnerables.

Las madres además de postergar su vida personal y profesional, sufren las consecuencias de esta postergación y la precarización de sus propias vidas, por intentar sacar adelante a sus hijos (que no se mal entienda que sólo busco la perfección en la raza humana). Asimismo relatar un último caso, los fetos inviables  ¿Es pertinente mantener un embarazo durante un tiempo prolongado cuando su resultado será un nacimiento fallido? Para el Derecho Internacional, cometer estas acciones  es considerado una tortura, y por tanto una falta grave a los Derechos Humanos. En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recomendó el año 2007 una “Preocupación por la legislación indebidamente restrictiva del aborto, especialmente en casos en que la vida de la madre está en peligro… El Estado parte debería modificar su legislación de forma que se ayude a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas” [2].

Frente a estos argumentos tan contundentes, todavía no se puede entender por qué la Senadora Von Baer sigue tratando a las mujeres como cosas y no como sujeto de derechos. América Latina ha dado cátedra al mundo en el acceso de las mujeres al poder, con cuatro presidentas elegidas democráticamente, especialmente Chile ha dado muestras en ese sentido. Sin embargo, parece paradójico que todavía no contemos en nuestro país con una legislación decente para solucionar esta problemática, que aqueja a sectores importantes de la población. Aquellos y aquellas que legislan deberían recordar que el padrón electoral es mayoritariamente femenino.

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Notas al pie:

• [1] Titular Diario El Mercurio. 31 de mayo de 2009. En Aumento de la Natalidad en Chile ¿Cambio Demográfico Deseable? Editorial. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, 2009; 74 (3): 133-134.
• [2] Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, 89º período de sesiones, Nueva York, 12-30 de  marzo de 2007, en  Informe Nacional de Derechos Humanos 2009-2010, Corporación Humanas, abril de 2011. Pág. 28.

La conceptualización del “orden público” no ha sido pacífica en la doctrina. De partida podemos encontrar varios ámbitos en los que es posible aplicar este término, como por ejemplo el llamado “orden público económico”. La concepción del orden público como un límite varía muchísimo según el área jurídica que se trate; así por ejemplo, en el Derecho Privado el orden público es un límite a la autonomía de la voluntad, mientras que en el Derecho Público es un límite a la actuación del órgano administrativo que se trate. Sin embargo, para intentar dar una definición lo más general posible, podríamos decir que el orden público es un conjunto de principios e instituciones que posibilitan la ordenada y pacífica convivencia entre los miembros de una sociedad, inspirando su ordenamiento jurídico y estableciendo el marco del mismo; cómo podemos ver, una definición como esta hace que muchas cosas puedan incluirse dentro del orden Público.

Durante este gobierno, el uso de este concepto ha sido bastante recurrente a la hora de hablar de las políticas de seguridad. Cada vez que las autoridades se encuentran ante un conflicto determinado (por regla general, ligado a manifestaciones de la sociedad sobre alguna problemática determinada) y se hallan en la disyuntiva sobre cómo abordar el conflicto, tienden a recurrir a la fuerza para reprimir la pugna, invocando siempre la defensa del “orden público” como el móvil principal para tomar esas medidas.

Podría parecer un recurso retórico, basado en el discurso público con a lo menos resabios de autoritarismo que muchos chilenos –del color político que sean– parecen compartir y en cierto modo validar–. Pero lo grave es que si conjugamos tanto el discurso como los hechos, da la impresión de que existen autoridades y ciertos sectores políticos que entienden al “orden público” como un concepto prácticamente supremo, incluso por sobre la misma Constitución.

Como ya hemos señalado, el concepto de “orden público” se utiliza por regla general como un límite a un derecho determinado. En ese sentido, cuando se establece explícitamente este límite en los términos ya dichos, se refiere al ejercicio de ciertos derechos que se encuentran establecidos en normas con rango legal o reglamentario (por ejemplo, normas del código civil). Sin embargo, la aplicación fáctica de este concepto en cuanto al ejercicio de ciertos Derechos Fundamentales, pareciera implicar una idea oculta, y como veremos, dogmática y legalmente errónea: el orden público como un límite al ejercicio de los Derechos Fundamentales reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Cuando se ha invocado al orden público para proceder a reprimir las manifestaciones sociales, mediante la fuerza pública, los derechos conculcados serían:

a) El derecho a la vida, e integridad física y psicológica (art. 19 N°1 de la Constitución): este derecho, y especialmente el de la integridad física y psicológica, se pasa a llevar cada vez que existe una víctima de la violencia policial desmedida e injustificada, como por ejemplo en casos de represión policial, en los que me tocó incidir personalmente (La Nación, 10/2011)

b) La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada (art. 19 N°5 de la Constitución): trasgresión que ocurre muy seguido, por ejemplo, en las comunidades mapuches del sur que sufren allanamientos que van acompañados de inusitada violencia (Cooperativa, 01/2012)

c) El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual (art 19 N°7 de la Constitución): cada vez que se producen detenciones sin seguir los procedimientos establecidos en la Constitución y en las leyes (particularmente en el Código Procesal Penal), por ejemplo durante una marcha, llegando en algunos casos a situaciones fácticas muy similares a la detención por sospecha, ya derogada formalmente en nuestra legislación. (Ver, por ejemplo, La Tercera, 12/2011)

d) La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio (art. 19 N°12 de la Constitución): son conocidos los casos en que se ha denunciado la censura previa que Carabineros impone a periodistas que se encuentran en el lugar de las manifestaciones, para grabar, informar, etc., además de los casos de agresión directa que éstos han sufrido y que han sido denuncias de corresponsales nacionales y extranjeros (Cambio21, s/f) Asimismo, cabe consignar la caída de Chile en el ranking anual de Libertad de Expresión efectuado por la organización internacional Reporteros sin Fronteras (Amnistía Internacional, 02/12)

e) El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas (art. 19 N°13 de la Constitución): Este derecho, como ya se ha escrito del tema (Ballotage, 07/2011) es transgredido jurídicamente por el DS 1086 del 15 de septiembre de 1983, que establece que se requiere autorización de la Intendencia para poder manifestarse; como también en la práctica, existiendo casos en que Carabineros, “preventivamente”, disuelve aglomeraciones de gente para evitar manifestaciones.

Cabe destacar que  estos derechos se encuentran garantizados en tratados internacionales de Derechos Humanos tales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto de San José de Costa Rica, todos los cuales, conforme al artículo 5° inciso 2° de la Constitución, también deben ser respetados y garantizados por el Estado.

En nombre del orden público, todos estos derechos son limitados y/o trasgredidos. ¿Es acaso el orden público un principio supraconstitucional que permite, eventualmente, limitar el ejercicio de estos derechos constitucionales e incluso transgredirlos? La respuesta la podemos encontrar tanto en la norma constitucional como en la doctrina.

El artículo 19 N°26 establece que “La Constitución asegura a todas las personas: La seguridad de que los preceptos legales que por mandado de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio” (énfasis agregado). Asimismo, el artículo 20° establece el Recurso de Protección en caso de la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de estos derechos, y para el caso de la trasgresión a la libertad y seguridad individual además existe el Recurso de Amparo o Habeas Corpus.

Por otro lado, el orden público como límite al ejercicio de un derecho fundamental sólo está establecido expresamente en la libertad de enseñanza (art. 19 N°11), el derecho de asociación (art. 19 N°15), y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica (art. 19 N°21), bastante dudoso por cierto para los estándares democráticos del ejercicio de los Derechos Fundamentales, pero que además hacen pensar que se trata de un límite especialísimo expresamente establecido para ciertos derechos en particular. Por otra parte, en los tratados internacionales también podemos ver que se establece el orden público como un límite especialísimo en los términos ya dichos, pero que no permiten suponer que se trate de un principio general que informe a la Constitución, y que por lo tanto permita restringir los derechos.

Por otro lado, existe lo que se llama la “colisión de derechos”, que se produce cuando el ejercicio de un derecho por una persona o el Estado implica limitar o trasgredir el derecho de otros. Se han ofrecido distintas formas de solucionar este conflicto cuando se presenta, como la presenta por Cea (1988), llamada “tesis numerológica” que consiste en privilegiar un derecho sobre otro en base al orden numérico en que están establecidos (lo que claramente constituye una doctrina arbitraria y sin mayor peso argumentativo), y otra, que parece la más acorde a los estándares democráticos de ejercicio de los derechos fundamentales, es la teoría de la ponderación de derechos, defendida por autores como Gregorio Peces-Barba (1980) en España y Pablo Ruiz-Tagle (2006) en Chile, que consiste en que el juez, ateniendo al caso en particular, debe ponderar ambos derechos para decidir hasta qué punto se pueden limitar, sin jamás llegar a transgredir el núcleo esencial de dicho derecho.

En conclusión, en ningún caso el orden público constituye un límite constitucional, ni menos supraconstitucional, al ejercicio de los derechos fundamentales. Pero en la práctica –y tal vez teóricamente– así parecen entenderlo algunas autoridades de nuestro país, que no dudan en invocar este concepto cada vez que la ciudadanía se manifiesta de alguna manera.

Pero las transgresiones a los Derechos Fundamentales no se quedan sólo en lo fáctico. Además del ya citado DS 1086, es común en el ámbito de lo penal endurecer las penas y limitar las garantías del procedimiento con el fin de combatir a la delincuencia, que al final de cuentas también responde a la idea de mantener el orden público, y a la doctrina de la seguridad ciudadana (Ballotage, 05/2011), y que en el fondo también constituye un discurso político con el fin de ganar adeptos y elecciones por parte de ciertos sectores políticos. Sin desconocer que el derecho penal es eminentemente una manifestación de la política (dado que es una discusión política el entender qué calidad y derechos tiene un delincuente, si es mejor la política de prevención general o especial, si se puede aspirar a la rehabilitación o no de un delincuente, etc.), no deja de ser sorprendente el proyecto de ley llamado “Ley Hinzpeter”, que establece ciertas penas y endurece otras respecto a hechos que se produzcan dentro de ciertos marcos de manifestaciones sociales, es decir, del legítimo ejercicio de derechos fundamentales (aquí una buena explicación de los alcances de este proyecto de ley, sugiero leer este link para entender lo que sigue).

Lo grave, o mejor dicho gravísimo, que tiene este proyecto de  ley, es que pretende penalizar conductas que en general son parte del ejercicio de legítimos derechos constitucionales, o en otras palabras, está penalizando el ejercicio de estos derechos, limitándolos a tal punto de que incurrir en alguna de estas actividades implicaría eventualmente la privación de libertad de una persona. Como se ha dicho, el derecho penal es una expresión de diversas discusiones y/o consensos políticos respecto a la materia, pero resulta particularmente grave cuando se aspira a que se genere un consenso político –si entendemos por consenso la mayoría parlamentaria, lo que puede resultar discutible– para restringir el ejercicio de los derechos fundamentales a través de sanciones penales, y todo esto en el nombre del orden público.

Para concluir, pocas veces en nuestro país hemos tenido gobiernos que se hayan alejado de los principios básicos de las respectivas constituciones –independientemente del mérito y/u opiniones que tengamos de ellas–: evidentemente lo hizo la dictadura de Pinochet; lo hicieron los diversos golpistas de los años ’30; y los sectores opositores acusaron de lo mismo al gobierno de la Unidad Popular. A la luz de lo ya expuesto, ¿está el actual gobierno también poniéndose al margen de la actual Constitución, teniendo en consideración que esta Constitución es en sí misma autoritaria? La respuesta formalmente puede tenerla el Tribunal Constitucional, o los entendidos en temas constitucionales, pero toda persona y toda institución (compuesta por personas) siempre pueden cometer errores.

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De tragedias sí hemos sabido: el terremoto del 27 de febrero, hace dos años, los mineros atrapados, el incendio en la cárcel de San Miguel, el accidente de Juan Fernández, sólo por nombrar algunas tragedias que han matizado el mandato presidencial de Sebastián Piñera, haciendo que popularmente sea acusado de atraer la mala suerte. Pero doy fe que la superstición no es lo mío, eso se lo dejo a los astrólogos y tarotistas, de los cuales la gente tanto gusta y disfruta. Lo que nos interesa está en lo segundo, en aquel despertar, muy a tono con el fenómeno de la indignación que se dio a nivel mundial en el 2011. Pues de protestas también hemos sabido, y bastante. Desde protestas medioambientales por Hidroaysén, huelgas de hambre de los mapuches, hasta el comentado movimiento estudiantil. A eso se suman ahora las protestas por la lenta reconstrucción y toda la batahola que se ha formado en Aysén. Y eso que seguramente dejé algunas o varias en el tintero.

Negro es entonces el bicentenario, por donde se le mire. Para los supersticiosos por la mala suerte y el halo oscuro que nos cubre, manifestado en tragedia tras tragedia. Para quienes vemos en aquellas tragedias sólo una seguidilla de tristes acontecimientos, resulta un bicentenario negro por la capucha. Un bicentenario encapuchado. Encapuchado en invierno con paraguas y en verano bajo el sol, en Santiago y en regiones, en días hábiles y en fines de semana. La capucha ya tiene hasta la coronilla a las autoridades que cada vez responden con más represión y amenazan con proyectos de ley que eventualmente terminarían por criminalizar completamente la protesta social. En definitiva este es un problema de falta de regulación del conflicto; el descontento lleva a peticiones y protestas que sólo encuentran en la autoridad oídos sordos y represión policial, ante esto la capucha emerge y la represión policial recrudece, un círculo vicioso del cual es difícil abstraerse.

De esta vorágine encapuchada Aysén es buen ejemplo, pues demuestra que el fenómeno no sólo se encuentra en Santiago y que es algo que va más allá de los estudiantes o de un grupo de hippies, como quieren creer –y hacernos creer– algunos sectores. Esto es algo ciudadano. El descontento en Chile desborda debido a la injusticia y la permanente exclusión en todos los niveles (Ballotage.cl, 02/2012). Sin embargo, lo de Aysén no es algo tan nuevo y no sólo porque este Chile del bicentenario esté plagado de protestas, sino porque durante el verano pasado, hace un año recién, sucedió algo muy similar en Magallanes, aunque con mucha menos violencia de lo hoy está ocurriendo.

La gran protesta ciudadana que ocurrió el año pasado en Punta Arenas, se gatilló porque durante la elección presidencial del año 2009, el entonces candidato, Sebastián Piñera, prometió mantener el precio del gas en Magallanes, situación que le habría permitido en parte obtener una gran votación en la región (54,55%) (Ballotage.cl, 01/2011). Sin embargo, a fines de diciembre de 2010, ENAP comunicó la decisión de aumentar en un 20% el precio del gas, principalmente por la moción de dos ministros que formaban parte del directorio de la estatal: Laurence Golborne (Minería) y Ricardo Rainieri (Energía). Aquello movilizó a casi toda la región durante enero de 2011.

En ese entonces el gobierno no consideró el carácter estratégico de Magallanes como enclave fronterizo, donde es de esperar que el Estado facilite las condiciones de vida para poblar tales zonas. Además se puede señalar que el manejo del gobierno no fue óptimo, hubo declaraciones encontradas entre la hoy ex Ministra Von Baer y el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, denotando un alto grado de improvisación. El conflicto escaló hasta tal punto que los trabajadores de ENAP amenazaron con cortar el suministro de gas a las empresas que lo vendían.

Un año después la historia se repite en Aysén, aunque con mucha más crudeza. Las exigencias son muy similares, subsidio a los combustibles, sumado en este caso a un sueldo mínimo regionalizado, mejoramiento de la conectividad y participación vinculante en la decisión del destino de los recursos naturales de la zona. En resumen, mejorar las condiciones de vida de la población en la región. Lo complejo es que en esta época del año poca atención se presta a estos fenómenos, los medios parecen tener interés sólo para el Festival de Viña del Mar y temas de farándula –aunque en el año tampoco es mucho mejor el asunto–, así que el conflicto de Aysén ha pasado a un tercer o cuarto plano. Aunque más que conflicto quizás habría que denominarle batalla; y es que durante la semana del 20 de febrero las protestas recrudecieron a un extremo pocas veces visto en esta región de la Patagonia: Carabineros y manifestantes se enfrentaron en sucesivas oportunidades en el puente Ibáñez y se levantaron barricadas en las principales calles de Puerto Aysén.

Aysén parece zona en guerra. Por un lado manifestantes batiéndose con piedras y latones, formando barricadas aquí y allá, por el otro, Carabineros formando piquetes y enfrentando a quienes protestan, con bombas lacrimógenas y perdigones de acero, no de goma, como señalan observadores y medios locales, aunque Carabineros lo desmiente. Sin embargo, aunque los balines fuesen de goma, el tema es que existe una regulación estricta del uso de rifles antimotines y estos no pueden estar dirigidos a personas, tal como lo ha señalado Lorena Fríes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (El Mostrador, 02/2012), sin embargo, existen dos personas que se encuentran hospitalizadas con compromiso ocular, lo que sugiere que los disparos sí fueron dirigidos. A todo esto hay que sumar una gran cantidad de detenciones violentas, a tal grado que la misma alcaldesa de Aysén, Marisol Martínez, señaló que la violencia utilizada ha sido absolutamente desproporcionada.

El viernes 24 fue un día álgido, cerca de tres mil manifestantes se enfrentaron a Carabineros por más de once horas en el puente Ibáñez. Pasado el mediodía los protestantes retomaron el puente, derrotando a Fuerzas Especiales de Carabineros, las cuales se habían quedado sin bombas lacrimógenas y pertrechos para reprimir la protesta.

La historia se repite, la incapacidad del gobierno para resolver conflictos sociales y su aparente facilidad para ayudar a que se intensifiquen es increíble. En términos populares es como si intentaran apagar los incendios con bencina. Por un lado se anuncia diálogo, pero por otro se intensifica la represión policial. Ya han pasado casi dos semanas de conflicto y el gobierno sólo envía personeros sin mayor peso político a dialogar, sin embargo, recientemente han señalado a través del Ministro del Interior que están analizando el pliego de peticiones de once puntos y éste que será revisado por los ministros sectoriales respectivos (El Mostrador, 02/2012). Es en este contexto que el puente Ibáñez fue despejado el sábado 25 por parte de los manifestantes, clara señal de apertura al diálogo. Además, tal como señaló Iván Fuentes, presidente del Movimiento Social por la Undécima Región, el sábado también se autorizó el ingreso a Puerto Aysén de camiones con combustible y alimentos. Por otra parte, la agrupación de camioneros Sembrando Futuro, que se encuentra bloqueando la carretera que da acceso al Aeropuerto Balmaceda, permitirá el paso a estudiantes universitarios para que puedan acceder al aeropuerto con copia del pasaje y un certificado que acredite su condición.

En definitiva, durante estos últimos días todo parece estar más en calma, lo cual se ratifica con las declaraciones de este domingo de la alcaldesa de Puerto Aysén, en las cuales señala que el fin de semana ha sido tranquilo, en parte porque no hay presencia policial, y porque los mismos vecinos han organizado una patrulla comunitaria para controlar el orden en la ciudad (La Tercera, 02/2012).

Sin duda hay claras posibilidades de diálogo y que éste llegue a buen puerto, es entonces que la pelota está en los pies del gobierno, sólo cabe esperar dos cosas. Lo primero es que no se demoren una eternidad en estudiar el petitorio, son sólo once puntos y una demora excesiva en su evaluación empezaría a evidenciar la espera del gobierno por el desgaste del movimiento, pues aquello no es nuevo en esta administración, de hecho, es la estrategia que utilizaron a contar de septiembre del año pasado con el movimiento estudiantil: esconder al presidente, hacer oídos sordos a las protestas, reprimir y criminalizar al movimiento y esperar que éste se desinflara. Con aquellas tácticas es bien difícil construir país. Lo segundo, entrelazado en parte con lo anterior, es que eviten caer en la tentación de declarar estado de emergencia en la zona, pues aquello sólo ayudaría a militarizar la región y haría que el conflicto escalara y se desregulara absolutamente, criminalizando la protesta social y cerrando las posibilidades de diálogo.

En resumidas cuentas es de esperar que el gobierno trate de hacer un poco menos negro este bicentenario, y dado que no soy un hombre dado a la superstición, no acusaré a su excelencia de traernos mala suerte, pero sí lo acusaré de ser alguien que no sabe manejar conflictos sociales y que incluso tiene la extraña capacidad de hacerlos crecer. Curiosa habilidad la suya para manejar disputas, considerando además que una vez estas se agrandan, sólo cruza los dedos, esperando que se desinflen como por arte de magia.

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Si durante la dictadura militar los derechos humanos aparecieron como un bien jurídico vulnerado masivamente por las botas militares, el verdadero rol que terminaron cumpliendo a lo largo del proceso de transición democrática fue el de discurso de legitimación de la Concertación. Y es comprensible, se trataba de volver razonable el hecho de que un ideólogo de un partido golpista fuese el que sacara a los militares del poder. Lo lógico sería, por supuesto, que el discurso tuviese una continuidad en las políticas públicas, pero la historia terminó siendo bien distinta. El conglomerado gobernante continuó la política económica de la dictadura militar, su labor de inteligencia mediante la conocida “oficina” de Belisario Velasco, y en definitiva, perpetuó la institucionalidad que, desde la misma Carta Fundamental, aleja a la ciudadanía de sus representantes y de la gestión de las políticas que la rigen.

La Concertación se constituyó en diferencia con sus adversarios desde el discurso de vulneraciones de derechos humanos durante dos décadas. Aun hoy, en las últimas campañas presidenciales, la diferenciación entre la Concertación y la derecha, imposible desde la política económica o los avances en la superación de las enormes brechas de pobreza, se hizo desde el archiconocido relato del régimen militar y del irrestricto apoyo que tuvo por parte de la derecha. En definitiva, cuando hablamos de derechos humanos en Chile, es central comprender que no hablamos únicamente de un compendio de garantías mínimas que todo gobierno democrático debe resguardar y promover, sino además, de una valiosa herramienta que la Concertación hegemonizó por décadas gracias a sus manos notablemente menos manchadas de sangre.

No es de extrañarse que se utilice hasta el absurdo el concepto de derechos humanos, extendiéndolo a los más insólitos productos. En un país en que metódica y constantemente se criminaliza a los pueblos originarios y a todo el que protesta, y se restringen las libertades públicas mediante órganos de inteligencia y tentativas de monitorear las redes sociales, se fundan museos que recuerdan que hubo una irrupción militar, y se reabren comisiones que persiguen la indemnización pecuniaria de los abusos de ayer, los únicos siquiera mencionables. Es justamente la segunda versión de la comisión Valech la que hoy transita un camino paralelo con la nueva institucionalidad de derechos humanos.

La propuesta de actualización del concepto de derechos humanos de la derecha, es completamente comprensible tomando en cuenta que el pasado los condena grotescamente. En un país que carece de violencia institucional en el presente (si es que lo hay) no es necesario enmendar la historia con subsecretarías y alteraciones en los textos escolares, y parece estar de más plantear estas maniobras como una posibilidad de internalizar en la sociedad una realidad que le es ajena. Un país continuamente vulnerado, y en el que no existe voluntad política de superar la violencia, es justamente el mejor escenario para inventar subsecretarías y parar museos, porque es necesario renovar el discurso, abstraerlo y llevarlo a lugares donde sea inofensivo. Si el pasado es de la Concertación, parece que la derecha quiere hacerse del presente, una idea torpe, tal vez, si sabemos que el que controla el pasado controla el presente, y eventualmente lo hará con el futuro. Pero de torpezas siempre podemos aprender un poco más, y la paciencia de este país sufriente y desmemoriado da para mucho, así que podemos decir que unos nos dan un museo, y los otros una subsecretaría.

La nueva institucionalidad, que el Presidente se esfuerza en caracterizar como un órgano multidisciplinario y transversal a toda la administración del Estado, viene de la mano de la elongación del nombre del Ministerio de Justicia, de igual forma que se alargó el nombre del Ministerio del Interior. Y paradójicamente, en razón de nuevas orgánicas contradictorias, la de seguridad y la de derechos humanos. Piñera señala que “es importante reconocer que el tema de los derechos humanos es un tema que debe preocuparnos siempre, cuando haya atropellos, pero también cuando no hay atropellos” (Emol, 30/01). Me permitiré afirmar que en Chile no es posible hablar seriamente de que no existen atropellos a los derechos humanos. Son observables diariamente cuando alguien se atreve a protestar, ya sea en la calle, ya sea cuando un uniformado es dado de baja y discriminado por sus superiores, o cuando los proyectos de superación de la pobreza o resarcimiento patrimonial terminan en nada.

Es un atropello de proporciones que un número inferior a las diez mil personas hayan resultado beneficiadas por la calificación de la segunda comisión Valech, cuando las presentaciones, nuevamente y como la primera vez, superaron las treinta mil. Es un atropello idéntico, que desde el Estado, cuando se reclama que no existen instancias de reconsideración y que el Presidente debe hacerse responsable de justificar los rechazos de solicitudes de la comisión Valech, se señale que dicha comisión asesora presidencial no es parte del Estado, y que cada cual debe quedarse tranquilo con una lista en Internet que indicaba tan solo quiénes eran y quienes no eran víctimas, y por tanto, beneficiarios.

El Instituto de Derechos Humanos nace junto a la segunda comisión Valech, en los estertores de la era concertacionista. Hoy en día este órgano casi invisible parece no dar abasto a las necesidades de la Alianza por Chile; el nuevo oficialismo, el que elige no perseguir las responsabilidades institucionales de Carabineros de Chile cuando un niño muere en el contexto de protestas, quiere actualizar los derechos humanos para hacerlos parte de la cotidianidad de la ciudadanía. Esto se consigue con actos efectivos de resguardo y promoción de los derechos humanos, no con subsecretarías y cambios de nombre en las carteras de gobierno, que operan en el vacío de un constituyente continuamente vulnerado por sus gobernantes. Es contradictorio y constituye una ofensa contra el sentido común de la ciudadanía y los ojos que globalmente nos observan, que paralelamente a la discusión de una subsecretaría de derechos humanos, se profundice en la aplicación y promoción de la ley antiterrorista, a la vez que se cierre la puerta a la reconsideración de decenas de miles de casos de derechos humanos descartados por falsos sin una fundamentación mínima a los solicitantes.

La necesidad de esta nueva institucionalidad es justo la contraria a la del Instituto de Derechos Humanos. Este último nace de los mismos creadores del museo de la memoria y la segunda comisión Valech; está dedicado a revolver la olla de las violaciones de derechos humanos de la dictadura para convertirlas en mecanismo de legitimación y en lo que oficialmente se entiende por atentado contra los derechos humanos. Tal vez el fin del recorrido guiado por el museo de la memoria debiese ser un vistazo al presente, una revisión crítica de la canción del No. Por otro lado, la nueva subsecretaría pretende, como Piñera mismo señala, actualizar lo que entendemos por derechos humanos, e internalizarlo culturalmente en la población, pues si bien estamos en una era libre de horror, no se puede “bajar la guardia”. En ambos casos se niega el presente, omitiéndose el hecho de que una cultura de derechos humanos necesita, ante todo, un Estado cuya función cotidiana sea de promoción de las libertades públicas y la protección de las garantías constitucionales mínimas. La abstracción de los derechos humanos cumple con la función de hacerlos una entidad ajena a la realidad diaria de la ciudadanía, la misma que parece no darse por enterada de que aumenta el precio de los bienes de primera necesidad al mismo ritmo que baja el de los bienes suntuarios.

La extensión de lo que se manifiesta como “derecho humano”, depende del ejercicio diario del poder estatal, en equilibrio con el ejercicio de la soberanía ciudadana; vale decir, no se trata solamente de combatir el estereotípico modelo del fascismo más obsceno o evitar los secuestros permanentes. Antes que retocar a la administración con vehículos vacíos, vale la pena hacerse cargo de las recomendaciones del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, que piden ir más allá de las comisiones reparatorias de carácter patrimonial, o darle una rápida leída a los informes respecto a la situación de derechos humanos en Chile, que una institución privada como la UDP es capaz de producir sin tanta faramalla de por medio. Lo que se requiere actualmente es ampliar el campo de los derechos humanos, interiorizar en los gobernantes y en los ciudadanos el hecho de que las formas de violencia a las que están expuestos escapan de la vulgar figura del dictador y se encuentran expandidas, discretamente dispuestas en nuestros medios de comunicación y en las políticas públicas que determinan cómo nos relacionamos con nuestro entorno social.

PUBLICADO EN POLÍTICA NACIONAL

En la imagen el presidente Sebastián Piñera y la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes.

Por Christine Legrand, corresponsal de Le Monde, Buenos Aires (15 de enero 2012).
Traducción de Iván Muray Toro.

Juan Guzmán acoso al ex dictador chileno, fallecido en 2006, durante siete años, y oso inculparlo dos veces.

Por haber inculpado al general Augusto Pinochet por graves violaciones a los derechos humanos, el juez chileno Juan Guzmán, precipito el fin de su carrera. Debido a su antigüedad, habría debido ser nombrado en la Corte Suprema de Justicia por el presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006). Su nombre también había sido evocado como posible ministro de justicia, en 2006, pero al ser electa presidente de la República, la socialista Michelle Bachelet, ella misma arrestada y torturada durante la dictadura militar (1973-1990), no lo eligió.

Después de acosar durante siete años al antiguo dictador, y haberlo encausado dos veces, el magistrado entro en retiro en 2005, sin honores. Designado como uno de los once magistrados « incorruptibles » por el diario español El País, el otrora juez continua trabajando en un gabinete de abogados y da conferencias en el extranjero para mejorar su modesta pensión.

Grande y alegre, con una voz dulce y una mirada traviesa, aquel al que se le había bautizado como « Juan sin miedo » se encuentra sereno: « tengo la conciencia tranquila. Hice mi trabajo de juez, cerré todas mis causas e inculpe a decenas de militares y civiles ».

Salvo a Pinochet. En dos oportunidades, la Corte Suprema en 2002, y después la Corte de Apelaciones, en 2005, habían considerado que el antiguo hombre fuerte de Chile no estaba en condiciones de someterse a un proceso por razones de salud. La saga Pinochet estaba cerrada. El viejo caudillo, inculpado también por fraude al Fisco y desvió de fondos públicos, murió a los 91 anos, el 10 de diciembre de 2006, en la impunidad.

Desde el comienzo de su investigación, en 1998, Juan Guzmán padeció ataques personales, amenazas e innumerables presiones. En enero de 2001 sus declaraciones a Le Monde fueron un verdadero golpe, al reconocer presiones del gobierno izquierdista del presidente Lagos.

¿Significaba esto, para el conjunto de la institucionalidad chilena, que Pinochet era intocable? Sin embargo, el gobierno chileno se había comprometido con la comunidad internacional a juzgarlo. Fue gracias a esto que Pinochet había sido repatriado a su país natal, en marzo de 2000, después de haber estado detenido en el Reino Unido durante 17 meses por orden del juez español Baltazar Garzón.

En Chile, nada predisponía al juez Guzmán, hijo de diplomático y educado hasta los 12 años en Washington, a enjuiciar a Pinochet. El día del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, la familia Guzmán había festejado con champagne la caída del gobierno socialista de Salvador Allende. El destino quiso que, en enero de 1998, Juan Guzmán estuviera de turno en la Corte de Apelaciones de Santiago, el día en que fue depositada la primera querella contra Pinochet. Luego de la detención del antiguo dictador en Londres, las querellas se multiplicaron y el juez Guzmán fue el encargado de instruirlas.

Con militares en su familia, un padre respetado como poeta, Guzmán es mirado con buenos ojos por la muy conservadora sociedad chilena. Por otra parte, el juez no tiene ninguna opinión preconcebida.

Después de recabar macabros registros a lo largo de todo Chile, para encontrar los cuerpos de los desaparecidos, y después de haber interrogado a mas de 2.000 testigos, el juez tomo conciencia, con horror y humildad, la envergadura de los crímenes cometidos. Pero en su país impera la ley del silencio. En la derecha, sus antiguos colegas tienen por él un odio feroz. En la izquierda, numerosos son aquellos que prefieren evitarlo por miedo a manchar sus carreras.

Sin embargo en las calles de la capital, Santiago, los peatones lo reconocen y todavía lo felicitan. Los estudiantes que se manifestaron durante meses en 2011 para exigir una educación gratuita no lo olvidan. Como los « indignados » de Santiago, Juan Guzmán se encuentra convencido que una reforma a la Constitución, impuesta por Pinochet en 1980, es indispensable para terminar con la herencia de la dictadura militar. A pesar del retorno a la democracia, los gobiernos de centro izquierda que se sucedieron durante 20 años no la abolieron. Ella se encuentra más vigente que nunca con el gobierno de derecha de Sebastián Piñera.

En medio de esta sospecha –aun no comprobada- el nombre de Charles Horman y su captor, Ray Davis, agregado militar norteamericano en 1973, parecieran ser parte no sólo de un hecho aislado a las violaciones de Derechos Humanos que se dieron sistemáticamente en la época, sino más bien una pieza dentro del rompecabezas que confirmaría una de las sospechas que, de ser constante, ha pasado a ser parte del relato que esgrima las razones que llevaron al Golpe de Estado en nuestro país.

La extradición de Ray Davis hace renacer estas interrogantes, sacando el mutismo bajo el cual se ha construido nuestra transición para dar paso a buscar las respuestas que tanto la familia como un país entero necesita con respecto a lo que sucedió en aquel entonces: ¿Habría sido posible el golpe de estado en 1973 sin la ayuda Norteamericana?… y de existir aquel vínculo entre Estados Unidos ¿Charles Horman podría haberla comprobado?

The “Missing”

No se puede hablar de Ray Davis sin hablar de Charles Horman y Frank Teruggi; ambos ciudadanos norteamericanos que vivían en Chile en época de la Unidad Popular. El primero periodista y cineasta, había trabajo intensamente en establecer otra mirada a lo que sucedía en ese entonces en el país, la idea era poder mandar a Estados Unidos mediante medios de comunicación alternativos para tener otra opinión de los hechos en Chile (Memoriayjusticia.cl). Con ese fin había recorrido Latinoamérica para estudiar lo que pasaba en el continente y darlo a conocer en otra línea a la oficial de los medios de comunicación dentro del país del norte. Era su trabajo –que antes de su detención estaba concentrado en buscar los nexos entre el gobierno norteamericano y las ramas militares que llevaron a cabo el golpe en 1973- uno de los puntos conflictivos ante la mirada del cuerpo oficial norteamericano en nuestro país y que había hecho ver su trabajo como “problemático” a las relaciones que Estados Unidos mantenía con nuestro país y el continente (Derechos.org).

Teruggi, estudiante en nuestro país había sido investigado desde 1972 por sus acciones tanto en Chile como en Estados Unidos con respecto a la recopilación de información sobre lo que estaba sucediendo en Chile. Al igual que Horman, estaba vinculado a grupos de izquierda que buscaban expandir la frontera informativa con respecto a Latinoamérica. En el caso que se está viendo en Chile, sin embargo, aparecen antecedentes sobre cómo era visto el trabajo de ambos ante las autoridades norteamericanas; “mediante  memorándum, de 28 de noviembre de 1972, al  Director Ejecutivo del FBI, desde la legación norteamericana en Bonn, Alemania, califica a Frank Teruggi de “subversivo” y se indica  que la información en relación con a Teruggi fue proporcionada por el 66° Grupo de Inteligencia Militar (66th MIGp),  bajo clasificación confidencial y marcada (con la nota) “Alerta – Fuentes y Métodos sensibles involucrados. Originalmente provenía de… desde Heidelberg, Alemania. La naturaleza de esta fuente debiera ser protegida” (Lasegunda.com).

Ambos habían sido catalogados de subversivos por la información difundida en el boletín FIN (Fuente Informativa Norteamericana) de la época y la búsqueda de información secreta relacionada con la participación de Estados Unidos en el golpe militar chileno. Este caso ha sido conocido no sólo por las respuestas por parte del gobierno norteamericano o las respuestas que tuvieron los familiares con respecto a la capacidad de la delegación diplomática para proteger a sus ciudadanos y los datos que le siguieron a las investigaciones en el Congreso Norteamericano, sino que también al ser retratada en la película Missing de Costa-Gavras.

El caso reabierto que exige la extradición a Chile de uno de los involucrados, Ray Davis, no solo pone de manifiesto la vista gorda que hizo Estados Unidos en temas de violaciones a los derechos humanos, incluso a sus propios nacionales en pos de detener “al enemigo interno” que ponía como sospechoso a cualquiera que fuese tildado de “subversivo” por llevar una línea distinta a la del gobierno norteamericano, sino que establece la posibilidad de reabrir aquel rumor escondido de lo que pudo haber sido la intervención norteamericana.

Este es el tema que más complicaría a Estados Unidos; la extradición de Ray Davis no sólo sería para responder sobre las responsabilidades individuales que su relación con estos delitos puedan tener. Los antecedentes recopilados con referencia a la omisión que causó el bajo apoyo de la embajada para ayudar a estos ciudadanos más la información entregada que decantó en la relación directa en la ejecución de Teruggi, deja el espacio abierto a las acciones que Estados Unidos tuvo no sólo en Chile, sino que en todo el continente (Video.latam.msn.com y Elmundo.es). Esta es el mayor problema al cual el gobierno norteamericano deberá enfrentarse y que ya por las gestiones de la esposa y familiares de Horman fueron medianamente dilucidadas en el Congreso de Estados Unidos a través de informes que revelaban la incapacidad de la embajada norteamericana en Chile para defender a uno de sus ciudadanos.

La demostración de la existencia de una decisión premeditada para terminar con la vida de estos dos ciudadanos por ser catalogados de “subversivos”, incluyendo la entrega de información que ayudara a la captura y consiguiente ejecución por ser parte contraria a la política norteamericana, pone en jaque pilares importantes de lo que es la política exterior del país del norte; el respeto por los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos y, ciertamente, el discurso que se ha querido instalar sobre lo que pasó en aquella época en todo el continente.

A pesar de lo anterior –que sin duda alguna implicaría un avance en los procedimiento por la penalización de aquellos que violaron los derechos humanos en época de dictadura en nuestro país- el avance de las investigaciones con respecto a la labor tanto oficial como extraoficial de Ray Davis en la muerte de Teruggi y Horman nunca podría determinar cuál fue el alcance de la política norteamericana con respecto a nuestro país y hasta qué punto estaban involucrados los agentes diplomáticos no sólo en la ejecución misma del golpe, sino que también en la instalación del modelo económico. Más allá de las conjeturas, relatos y cierto sentimiento que se pueda tener a este respecto la decisión de revelar qué fue lo que pasó y bajo qué lógicas sucedieron sigue estando en manos del gobierno estadounidense. Lo que sí queda luego de este llamado, es la imagen que pueda dar este país al respecto, notificando mediante sus acciones hasta qué punto están sus compromisos reales hacia quienes sufrieron los albores de la Guerra Fría redimiendo a través de esto, los errores del pasado.

Referencias de medios:

• http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-15953252
• http://latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-408262-9-pediran-extradicion-de-ex-militar-estadounidense-por-crimenes-cometidos-en-chile.shtml
• http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/11/111129_ultnot_juez_chile_solicita_extradicion.shtml

“Los mismos hombres que van a juzgar a Luis [XVI], tienen una República que fundar: los que otorgan alguna importancia al justo castigo de un Rey no fundarán jamás una República…

[La usurpación del poder] es un crimen eterno contra el cual todo hombre tiene el derecho de levantarse y armarse; es uno de esos atentados el cual la ceguera de todo un pueblo no podría justificar: el pueblo es criminal contra la naturaleza por el ejemplo que ha dado; y todos los hombres tienen de ella la misión secreta de exterminar la dominación en todo el país…No se puede reinar inocentemente” [1].

El Rey, como personificación absoluta del ancien régime, perdía  toda compatibilidad con el nuevo régimen que instituía los ideales de libertad e igualdad política. La figura del Rey, así, contrastada con el nuevo régimen se convertía en un peligro pues los códigos y valores de la monarquía eran irreconciliables con los de la naciente República. Bajo las categorías del nuevo régimen el Rey pasaba a ser un usurpador de la soberanía durante su pasado reinado.

Así, la política, como arena de expresión de la moral pública, es el lugar de creación y expresión de identidad e ideología –ideales y valores que guían el quehacer político– que distancian y diferencian los regímenes políticos, revelando las concepciones de bien y mal en el quehacer público, destacando lo deseable e indeseable en el nuevo orden político y diferenciando lo propio de lo impropio en el actuar mediante acción o palabra.

Otros ejercicios fundacionales o refundacionales suelen ser menos drásticos que la fundación revolucionaria y, ciertamente, parecen más cercanos a nuestra memoria histórica. La refundación de casi toda la Europa de la postguerra, por ejemplo, acarreó el retorno de las instituciones previas a la guerra bajo el serio cuestionamiento de las causas que llevaron a la inestabilidad del periodo e implicó un consenso moral sobre los crímenes cometidos durante la guerra, en particular por alemanes y japoneses (sin exclusión de los crímenes aliados). Sin entender tales fundamentos de la moral política occidental de postguerra, es difícil comprender la relevancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1947 y los pactos posteriores que apuntan a proteger el ser humano en las variadas dimensiones del quehacer social.

Respecto a la refundación política (o transición de un régimen a otro), podemos observar que esta acarrea dos procesos básicos: uno de retomar los hilos de la tradición política perdida (por algo es re-fundación) y, por otra parte, diferenciarse sustancialmente del antiguo régimen (que es el componente revolucionario), a través de la generación de una moral pública que redefine el bien y el mal; planteando cruciales distinciones con el régimen pasado e interrogando abiertamente la legitimidad de códigos y conductas del régimen hoy deslegitimizado –generalmente vía juicio político.

Existe, además, un carácter pedagógico en el quehacer político en épocas de refundación o transición, pues el nuevo régimen debe guiar y facilitar el compromiso de los ciudadanos con las nuevas instituciones y relaciones políticas. Al mismo tiempo, se debe considerar el impacto en las nuevas generaciones de tal moral política, o cómo los nuevos ciudadanos van a comprender el régimen en el que viven y los antecedentes históricos a su realidad – lo que permite legitimarlo a través del tiempo. Pues al carecer estos últimos de conocimiento experiencial del “por qué” del paso del antiguo régimen a un nuevo régimen – y por qué uno y no otro régimen, que es la elección moral de sus fundadores – es imprescindible proveerlos en la vida pública de símbolos y comportamientos que se inspiren en esta nueva moral política.

Como sabemos, la transición en Chile se caracterizó por ser un pacto de cúpulas entre la Concertación y la derecha. El costo del camino a la democracia fue la mantención de las instituciones económicas del régimen militar, la Constitución de 1980 y una tácita repartición de poder entre los “pactantes”, excluyendo hasta hoy la emergencia de nuevas fuerzas políticas. Sin embargo, tal “pacto” no sólo afectó las esferas políticas y económicas, sino que fue más allá. El excesivo pragmatismo de los “transitólogos” coartó la evolución de una moral política, una que plantease claras distinciones y fuese incluso antagonista (basada en la incompatibilidad) con el régimen militar, como sí sucedió en gran parte de América Latina. Los “pactos” hicieron de la contestación al anterior régimen un tabú, la administración de la economía y la democracia electoral fueron los únicos terrenos de libre acción para la Concertación. Todo lo demás fue tutelado.

Durante la década de 1990, los lentos avances en derechos humanos y democratización reflejaron el miedo de la Concertación a desafiar a los sectores duros de la derecha; existió una vacilación a poner seriamente los “retóricos” ideales por delante del comportamiento pragmático. En definitiva, la democratización fue bastante escasa más allá del aspecto electoral. La reivindicación de los derechos humanos como componente de la moral del nuevo régimen democrático fue bastante tímida en términos políticos, pues el “en la medida de lo posible” relativizó el valor de los derechos humanos al no plantearlos como un valor “absoluto”. Se dejó a los tribunales la tarea que debió ser resuelta por la política.

Nunca hubo un juicio político al antiguo régimen, que a la vista era diametralmente opuesto al nuevo. A lo más se planteó el “no querer volver al pasado”, el “nunca más” – vacíos en contenidos y más ligados a la efervescencia política que vio a la democracia caer más que el régimen que la sustituyó. La no reafirmación de nuevos valores mediante su concientización política no tuvo efectos morales sobre los cuales sostener el nuevo régimen. De ahí la perduración de la ultraderecha, de los negacionistas y de los justificadores de crímenes atroces contra civiles desarmados. De ahí los homenajes a condenados por crímenes de lesa humanidad, de ahí la representación –y sobre-representación– política de sectores inmorales a los valores e ideales de una democracia moderna.

Claro ejemplo de la relativización de los valores democráticos y de derechos humanos es la asunción de Pinochet en el Senado y su rescate del arresto en Londres por parte de la Concertación. También el hecho de que nunca haya sido juzgado –como homicida o como tirano, como usurpador del poder– y que una institución de la República como el Ejército de Chile le haya rendido homenaje en su funeral. La convivencia de los valores del antiguo régimen, con los de un supuesto orden republicano neutralizó cualquier surgimiento de una moral política capaz de sostener al nuevo régimen coherentemente. El pragmatismo intentó quedar bien con todos, pero a la larga hizo de la transición un ejercicio político amoral.

En Argentina, por ejemplo, la mayoría de los militares acusados por crímenes de lesa humanidad están encarcelados en cárceles comunes. En Uruguay se eliminó la prescripción de los crímenes de la dictadura para ser investigados, juzgados y castigados. En Brasil sucede algo similar. Chile es la excepción a estos acontecimientos.

La falta del juicio político como componente de la transición permitió la relativización de valores que son, en el mundo Occidental, absolutos. Es así como la tortura en Chile para algunos sectores se justificó en los “avances del Chile autoritario”, por otra parte, los crímenes fueron considerados “necesarios para defender al Estado” –aunque fueron cometidos en tal asimetría de poder, como el de la bota a una hormiga, que hacen risible cualquier concepción de “honor”. No es casualidad o anecdótico que luego de 21 años sigamos escuchando estas mismas justificaciones.

La indignación surge hoy de generaciones que han debido aprender –casi por ellas mismas– el deber ser de un régimen democrático, sus valores e ideales, y han construido una moral con componentes universales. Las señales nunca vinieron del mundo político chileno. Siempre hemos estado en una crisis moral, pero no lo percibimos pues la élite política se encargó de dar por “superados” o “solucionados” tantos temas que en realidad están lejos de ser resueltos – o discutidos.

Más allá de la malintencionada apelación a la libertad de expresión, detrás de la defensa de Labbé, al homenaje a uno de los grandes torturadores y homicidas del régimen de Pinochet, existe la confianza en la impunidad. No existen consecuencias políticas más que el lamento de algún político torturado; la ultraderecha puede confiar en salir incluso fortalecida –a Labbé la UDI ya le ofreció apoyarlo en la elección municipal y sectores pinochetistas le asestaron un golpe al Ejecutivo enrostrándole las promesas de campaña a los militares “perseguidos” por sus crímenes.

Algo que hubiese sido condenable política, jurídica y socialmente en Argentina, Uruguay o Brasil –ni hablar de Alemania– en Chile es un impasse, o a lo más una desubicación.

Hoy el silencio de Sebastián Piñera ante el homenaje a Krasnoff, el silencio de nuestro Jefe de Estado, quien representa moral y simbólicamente a nuestro régimen político, es precisamente el silencio de un régimen republicano re-fundado a medias.

Nota al pie:

• [1] Opinión del ciudadano Saint-Just, Diputado del Departamento de l’Aisne, concerniente al Juicio de Luis XIV. Sesión del 13 de noviembre de 1792. Año 1 de la República Francesa.

Aclaración: Los editoriales de Ballotage representan nuestro sentir institucional frente a ciertos temas importantes. Más información aquí.

Por Nicolás Facuse, Director Centro de Estudios Jurídicos FECH (CEJFECH) 2010-2011.
Artículo en el marco del aniversario de CEJFECH.

Nuestra vida universitaria estudiantil es breve, pero muy enriquecedora. Es un espacio formativo no sólo académico, sino que también, muy humano. A mi parecer CEJFECH es un aporte más, entre varios, a esas actividades “extra curriculares” que hacen a la Universidad de Chile tan distinta a las mayoría de las casas de estudios del país, que alimenta su alma republicana y su compromiso con el progreso de Chile y su desarrollo.

Es mucho lo que se ha escrito y escribirá sobre todo lo ocurrido este año en relación a los estudiantes, sus demandas y su convicción de cambiarlo todo. Las consecuencias de este “movimiento” aun las desconocemos, como así también cuánto tiempo durará el estado de “movilización” que no se reduce ni termina con retomar de manera regular las actividades académicas.

Lo que sí es claro, es que hemos asistido a un momento histórico en la historia de nuestra República, en que por meses las nuevas generaciones le han mostrado al país que el sistema económico-político actual no lo sentimos propio ni nos acomoda y que no tenemos los temores que tuvieron las pasadas generaciones en avanzar mucho mas allá y no sólo “en la medida de lo posible”. En términos concretos y haciendo mía la frase de mi amigo Italo Jaque en su alegato ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se podría resumir esta nueva voluntad popular en que “Nuestra generación, la misma que hoy exige educación gratuita y de calidad, no fue parte del Chile de la dictadura y no le interesa vivir bajo sus leyes”.

En este contexto social, que para muchos ha sido “enrarecido”, pero que personalmente calificaría como “esperanzador” se han levantado demandas y reivindicaciones que se vienen construyendo hace años, pero que ahora han cobrado la fuerza necesaria para ser puestas con el ímpetu necesario sobre la mesa. Junto con estas demandas y no sólo me refiero a las estudiantiles, sino que también a las medioambientales, de género y de libertades sexuales, entre otras, se ha levantado una nueva forma de entender el derecho que tenemos los ciudadanos a demostrarle a la administración nuestra disconformidad con el devenir de los asuntos públicos.

A partir de lo anterior y con mucha humildad, me parece que el aporte de CEJFECH, Asesoría Ciudadana, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otras  organizaciones,  le ha dado un giro copernicano a la forma de entender el derecho a la reunión pública, es decir, el derecho que tenemos como pueblo a manifestar de manera espontánea nuestras alegrías, frustraciones y demandas. Durante décadas nuestra democracia respetó el restrictivo concepto de orden público que nos impuso la dictadura, que nos llevó a asumir que es requisito para una concentración pública “pedir permiso” y que los maltratos físicos y psíquicos al momento de ser detenidos, en este contexto, eran parte de un “actuar policial ordinario”.

Las generaciones que nos antecedieron, las que pelearon en las calles e institucionalmente contra la dictadura, asumieron muchos procedimientos como normales y propios de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Incluso las organizaciones de Derechos Humanos que valiente y arduamente salieron a defender a miles de chilenos durante los 80, también dieron por sentado una serie de prácticas que hoy simplemente nos parecen aberrantes

Como en toda sociedad, la renovación generacional es la savia nueva que le permite progresar. En este sentido, a mi parecer nos ha tocado tomar la posta, quizás antes de lo esperado y tal vez aun no tan preparados como se quisiera, pero absolutamente libre de los prejuicios y temores que marcaron a quienes nos antecedieron. Para las generaciones anteriores, para la sociedad que se formó durante la dictadura, una violación a los DD.HH. tenía relación con los crímenes de lesa humanidad, con la tortura, con la violación a las libertades más fundamentales. Para nosotros el negar el legítimo derecho a manifestarse públicamente, los golpes y amenazas a quienes han sido detenidos ya constituye un atentado contra los DD.HH. y ante ellos nos hemos indignado y hemos actuado.

Desde CEJFECH, en alianza con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Asesoría Ciudadana, hemos trabajado en terreno en las mayorías de las manifestaciones, visitando las comisarías siendo, de manera general, observadores de DD.HH. Además, contribuimos al trabajo realizado por Pikete Jurídico y un enorme grupo de voluntarios de la Facultad de Derecho para difundir herramientas y nociones de lo que llamamos “Derecho y Protesta Social”. En ese contexto, se realizaron cientos de talleres y foros dirigidos a estudiantes universitarios, secundarios, padres y apoderados movilizados.

Nos hemos coordinado para responder decenas de consultas recibidas en  nuestro correo institucional. Expusimos en el CONFECH del 22 de Octubre realizado en Osorno, en donde asumimos la responsabilidad de iniciar la coordinación en el plano jurídico de todas las Federaciones del país. Aportamos en la presentación e informe que realizara Asesoría Ciudadana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Y nuestro trabajo no sólo se ha centrado en la violencia policial y en la manifestación pública. El año pasado asesoramos a diferentes gremios de operadores de buses  del Transantiago en la regulación normativa de la tarifa y el funcionamiento del mismo sistema. En la actualidad nos encontramos impulsando una alianza estratégica junto “Periodistas por la Refundación”  con quienes abordaremos sus derechos laborales y la función pública de la prensa. Así mismo, hemos abierto nuevos espacios de trabajo relacionados con los derechos sexuales y reproductivos.

En suma, esta iniciativa ha crecido en número de personas participantes, pero también, en contenido y en la convicción de que es absolutamente posible utilizar el derecho como una herramienta de cambio social, en re-enfocar nuestras vocaciones académicas y en retroalimentarlas con un trabajo que hemos sentido cercano, productivo y transformador.

Esperemos que este sea el primero de muchos aniversarios de CEJFECH, que los informes de trabajo y boletines con publicaciones se multipliquen con el transcurso del tiempo, que los estudiantes sigan siendo el alma que mantiene joven en ideas a esta Universidad.

Informe Anual CEJFECH 2010 – 2011 disponible aquí.

“Rusia se resucitará y será más bella que antes porque el pueblo ruso está lleno de héroes”

Piotr Krasnov

Los cuerpos cosacos integrados por alrededor de 28.000 personas, entre las que se contaban niños, mujeres y ancianos, dejaban en mayo de 1945 el territorio italiano para cruzar los Alpes con destino a Austria. Las unidades acampaban en los límites del pueblo de Lienz cuando recibieron la buena nueva británica; sus raciones de alimentos serían aumentadas. Confiados por aquello, no se imaginaban qué sucedería en los días siguientes. El día posterior los británicos les exigieron a los oficiales entregar sus armas personales, y al día subsiguiente, el 28 de mayo, más de 2.000 funcionarios y oficiales, encabezados por el General Krasnov, fueron detenidos, transportados y entregados posteriormente a los soviéticos como prisioneros de guerra.

Mientras los oficiales cosacos eran entregados a los soviéticos, los británicos anunciaban a los civiles que serían repatriados “voluntariamente” a la Unión Soviética. Ante esta noticia, los cosacos se resistieron, se negaron a comer e hicieron cadenas de oración, sin embargo, luego de un par de días fueron rodeados por tropas británicas y comenzó la masacre. Aquellos soldados que acababan de derrotar al nazismo, avanzaron con bayoneta en mano sobre un grupo de mujeres, niños y ancianos. Muchos murieron, principalmente los niños. La repatriación “voluntaria” se llevó a cabo a través de camiones repletos de cosacos inconscientes que lograron sobrevivir a la matanza. Muchos de esos sobrevivientes prefirieron incluso el suicido antes que volver bajo la sombra de Stalin.

La masacre fue el pago de los británicos a los soviéticos por la ayuda para enfrentar a Hitler. Las deudas a veces pesan más que la palabra empeñada, prueba de ello es que poco importó que el General Krasnov hubiese negociado su rendición con los británicos bajo la única condición de que no serían entregados a los soviéticos. Los cosacos fueron la moneda de cambio, gracias a ellos los británicos honraron los pactos de Yalta entre Churchill y Stalin. La mayor parte de quienes no murieron en la masacre y no cometieron suicidio, terminaron ejecutados o en Siberia, lo cual seguramente fue mucho peor que el patíbulo.

Entre los primeros oficiales entregados, como se mencionó, se encontraba el General Piotr Krasnov, Atamán cosaco de Don y antiguo líder del Ejército Blanco. La vida del General Krasnov fue de aquellas que dan material para un bestseller. Tuvo una carrera militar destacada; fue ascendido a general por su sobresaliente participación en el frente durante la Primera Guerra Mundial y posteriormente, en 1917, se opuso a los bolcheviques jurando lealtad al Zar, pero ante la caída de la dinastía Romanov, intentó llevar adelante el proyecto de una “República Cosaca Independiente”,  aspiraciones que fueron aplastadas en 1921 por el Ejército Rojo y también en buena medida por la falta de apoyo del movimiento blanco. Fue entonces el momento del exilio para Krasnov, el momento del repliegue intelectual, el momento para escribir y reflexionar en Alemania, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Krasnov colaboró con los nazis y encabezó una unidad cosaca apoyada por el ejército alemán. Todo terminó con la Operación Keelhaul, la operación británica descrita en los primeros párrafos de este artículo, la cual afectó a prisioneros de guerra pero también a muchísimos civiles.

La figura del antihéroe calza con Krasnov. El antihéroe en la literatura representa a aquel héroe desprovisto de las cualidades clásicas que se le pueden atribuir a un héroe, pero también representa a quien tiene características ciertamente antiéticas, pero aún así realiza ciertos actos considerados heroicos a través de métodos cuestionables. Pero cabe preguntarse, ¿en qué punto el antihéroe se convierte en villano? En el corazón de esta pregunta está la misma visión maquiavélica que separa los fines de los medios, en contraposición al pensamiento clásico del todo compuesto por las partes; donde los medios antiéticos definen fines antiéticos. En el fondo, la pregunta que se presenta es, ¿cómo el afán de un hombre llega a tal extremo que para combatir a sus opositores termina colaborando con el nazismo?

Krasnov fue ejecutado en Moscú por traición a la patria y crímenes de guerra, junto con él fue ejecutado su hijo; el padre de Miguel Krassnoff Martchenko, Brigadier en retiro del Ejército de Chile, condenado por violación a los derechos humanos durante el régimen autoritario de Augusto Pinochet. El mismo Krassnoff que actualmente se ha convertido en el centro del debate gracias al homenaje que quiere rendirle Cristián Labbé, alcalde de Providencia.

Krassnoff como oficial del ejército se desempeñó en su época de teniente como agente de la DINA, uno de los principales órganos de represión del régimen de Pinochet. Este organismo responsable de un sin número de violaciones a los derechos humanos, fue dirigido por el Coronel Manuel Contreras, condenado a dos presidios perpetuos y a más de 300 años de cárcel, ante lo cual Krassnoff no se queda atrás, acumulando más de veinte condenas que superan sobradamente los cien años de cárcel.

Es posible escuchar a algunos defensores de Krassnoff acusar o al menos sugerir una suerte de “persecución stalinista” por el rol que jugó su abuelo, premisa que por lo absurdo de su validez no vale la pena tratar de refutar, sin embargo, sí vale la pena preguntarse qué es más atroz, ¿la “Solución Final”, la masacre de Lienz, los “secuestros permanentes” en Chile, la masacre de Bleiburg donde los partisanos de Tito asesinaron y torturaron a civiles y soldados desarmados? La respuesta es todo, y el todo es el totalitarismo en sí mismo e incluso la reacción que emerge para enfrentarlo. Todo aquello son expresiones de un totalitarismo que con su naturaleza corrupta y abiertamente anti-política pulverizó las categorías clásicas de pensamiento. Para Arendt el fenómeno del totalitarismo  debe ser entendido como uno causado por el hombre, no ajeno a él; un fenómeno incrustado en el corazón mismo del siglo recién pasado, cuya comprensión significa entender que se vive en un mundo donde esas atrocidades son posibles, donde pasan y no son ficción (Amiel, 2000). El totalitarismo inhabilita el espíritu y la misma libertad del hombre.

Para Arendt (1951) el totalitarismo es distinto a otras formas de opresión política que se han conocido a lo largo de la historia, y aunque es muy tentador compararlo con la tiranía, la dominación totalitaria tiene otro carácter; desafía todas las leyes positivas, pero afirma obedecer las leyes naturales o las de la historia, desde donde proceden supuestamente todas las leyes positivas. En este punto, en este desafío, radica una forma más elevada de legitimidad, desde donde la ilegalidad totalitaria apuesta por haber encontrado un camino para hacer justicia en la Tierra. Es entonces, que la política totalitaria no reemplaza un conjunto de leyes por otras –de hecho desafía sus propias leyes positivas– sino que promete hacer a la misma humanidad la encarnación de la ley, con lo cual todas las leyes se convierten en leyes en movimiento ocasionando un vacío institucional que es ocupado por el terror total, el cual adquiere su carácter de total ante la falta de oposición. Para Arendt mientras le legalidad es la esencia de lo no tiránico y la ilegalidad de lo tiránico, el terror es entonces la esencia de la dominación totalitaria.

La fuerza de la historia o de la naturaleza se hacen posibles por el terror, es decir, por la ley en movimiento, la cual se encarga de cualquier obstáculo a través de su eliminación. Los obstáculos en definitiva son los enemigos; razas, clases, individuos con tales o cuales características. En el totalitarismo es el terror quien ejecuta juicios, los asesinos no asesinan, ejecutan sentencias de muerte en pos de la eliminación de singularidades a favor del todo. Esto es precisamente lo que permite que Krassnoff o Contreras puedan apelar a que terminan “presos por servir al país”, es aquello precisamente lo que permitió a los nazis calificar como “Solución Final” el exterminio masivo y sistemático de judíos, gitanos y personas con discapacidad, convirtiendo  una atrocidad que se erige como una llaga en el corazón del siglo XX en algo absolutamente rutinario. Es aquello lo que permitió que sucedieran atrocidades como las que vivieron los cosacos en Lienz o los croatas frente a los yugoslavos. Pareciera que Krassnoff en sí mismo constituye una paradoja de la vida y de la historia para los Krasnov, aunque el pinochetismo quiera engañarse con un análisis superficial y pensar lo contrario.

En definitiva, querer honrar a Miguel Krassnoff no solo significa una afrenta al proceso de reparación y justicia en materia de derechos humanos en Chile; sino que además significa avalar el drama del totalitarismo, lo cual en definitiva implica la posibilidad real de arruinarlo todo, significa avalar a quienes abandonaron la responsabilidad de darle sentido al mundo y se entregaron al sinsentido del totalitarismo, abrazándolo, deseándolo y admirándolo. Sin embargo, también es difícil pedirle a Labbé y al pinochetismo que resistan lo que ni siguiera grandes pensadores como Heidegger pudieron resistir.

En la fotografía León Trotski pasa revista al Ejército Rojo en octubre de 1917, otra vida vinculada a la paradoja del totalitarismo stalinista.

Referencias:

• Amiel, Anne (2000). “Política y acontecimiento”. Nueva Visión. Buenos Aires.
• Arendt, Hannah (1951). Los Orígenes del Totalitarismo.