Entre los argumentos de los segundos hay dos aspectos que destacan en la discusión y que tienen relación con la normalidad y con la intención del monitoreo. Estos tienden a llevar la discusión hacia el error de evaluar los hechos de acuerdo a las voluntades y las acciones comúnmente llevadas a cabo por los actores. Estos argumentos serán rebatidos a lo largo del texto.

La posibilidad de comprender procesos sociales que se reproducen en sociedades diversas y que se expanden proliferando por el planeta habla de factores comunes que no pueden ser asociados a voluntades, a decisiones particulares de actores concretos en un momento dado. Entender el sentido de los procesos sociales implica olvidar los psicologismos en favor de un análisis estructural. En este caso se trata de comprender qué significa el análisis, procesamiento y almacenamiento de información por parte del Estado.

De acuerdo a lo expuesto por el gobierno y por quienes han opinado sobre la materia, la información es muy importante y también la posibilidad de conocer la opinión de las personas. La acción ciudadana y la coordinación del gobierno para atender a la demanda de las personas recaerían en la posibilidad de desplazar información hacia los aparatos decisionales del gobierno, pero esto es obviamente mentir en la mezcla de hipérbole y metonimia. Por una parte se dice que la comunicación y la información son lo más importante, exagerando la importancia de esta en la sociedad, y por otra parte si el acto de comunicar y escuchar representasen todo lo que tiene relación con la información.

Analizando el asunto desde la teoría cibernética es posible apreciar que la información tiene una relevancia que no revelan los argumentos de quienes defienden el monitoreo. En efecto, si hubo una razón por la cual Kent Flannery revolucionó la arqueología y las teorías sobre la emergencia del Estado fue porque incorporó la variable comunicación en la explicación de por qué diversas élites en distintos lugares del mundo se habían separado de la población, controlando los aparatos que permitían tomar decisiones,  hasta el punto de configurar entidades autónomas que derivaron en una institución suprema que se adjudicó el monopolio del uso de la fuerza.

De acuerdo con la teoría de sistemas y la teoría cibernética, las sociedades intercambian materia, energía e información con el ambiente. Constantemente se crean numerosos sistemas de pequeña escala destinados a desempeñar funciones especiales y particulares. A medida que se requiere la coordinación entre sistemas aparecen nuevos sistemas que se colocan por encima de estos (promoción) pero que no desempeñan las actividades de los menores sino que, en lugar de ello, manejan la información que les permite a los demás funcionar, de tal modo que el sistema que da órdenes a los otros es aquel que es capaz de analizar y sistematizar información pertinente para los otros. Esto, que parece una abstracción insubstancial, no es tal si se piensa que lo que produce la concentración de información es necesariamente concentración de poder.

La explicación que Flannery da para la emergencia del Estado y la estratificación de las sociedades es fácil de ser admitida cuando se piensa que es algo que ya pasó y que fue reformulado en el tiempo por sociedades democráticas, pero antes de hacer tal aseveración resulta necesario ver qué tan cierto es ello.

En primer lugar, la concepción de una sociedad informacional, comunicacional, de la información, o como se la quiera llamar, requiere pensar qué implica la información en ella. Una opinión corriente es que el acceso a información y a medios de difusión de opiniones empodera a los ciudadanos, mas esto necesita ser precisado. No todo ni todos pesan lo mismo y las informaciones que se manejan en diferentes niveles crean diferencias entre los sujetos o las instituciones. No basta solo con tener acceso a información sino que depende de la capacidad de procesarlas lo que se puede hacer con ella. En el caso de sociedades asimétricas donde una institución prima sobre las otras al punto que puede obligarlas por la fuerza a actuar de una determinada manera, la concentración de información en manos de una entidad que efectivamente tiene la capacidad sistematizarla y almacenarla, a la vez que por su relación con otras instituciones puede movilizarlas para fines específicos, no solamente establece una diferencia de poder sino que las acrecienta hasta el punto de volverla insalvable. No se trata como dice el artículo de Política Rock de que “usted puede [devolver] la mano, y monitorear a Brandmetric en su cuenta de Twitter”: usted no puede devolver la mano porque no posee las capacidades técnicas de análisis de información que requiere un seguimiento, y al mismo tiempo usted no dispone de redes intersistémicas e interinstitucionales que le permitan poner en acción una maquinaria que le permita hacer que sea su voluntad y no la de otros la que se lleve a cabo. Pensar que todos somos iguales en el manejo de la información por el solo hecho de acceder a ella es un error que denota el desconocimiento de lo que es una sociedad Estatal de clases asimétrica.

Ahora bien, el empoderamiento ciudadano habría seguido una línea evolutiva en el tiempo, donde se habría ido pasando constantemente de menores niveles de libertad a mayores niveles de la misma mediante la adquisición de derechos. Para hacer más larga la línea de tiempo habría que decir que se comenzó con la sociedad no clasistas (bandas, tribus) para luego llegar al Estado Leviatán y después se avanzó hacia el Estado democrático que, teóricamente, realiza lo que el Estado totalitario no puede: ser la institución que de mejor manera administra la sociedad con tal de representar y servir a los ciudadanos. Sin entrar a considerar el concepto de democracia, y usando la teoría cibernética, es posible observar que los fundamentos sobre los que se apoya el paso del estadio dos al tres no se han transformado radicalmente y por lo tanto cabría cuestionarse la verdadera diferencia entre un punto y otro.

Que los ciudadanos han ganado derechos es incuestionable. El Estado de derecho en muchas partes funciona y ser asesinado por el Estado ya no es tan fácil como antes, pero es esta misma idea de “haber ganado derechos” es que se encuentra la contradicción y la imposibilidad ontológica del empoderamiento y de igualdad con el Estado. Para Flannery el Estado es la institución que de mejor manera procesa información  y es en razón de esto que domina una sociedad hipercoherente (donde todos los sistemas se relacionan entre sí dando cuenta de su asimetría en el desempeño de funciones), y esto no fue un proceso abstracto sino el efecto de la acción de élites concretas que, en razón de su posición social, crearon la distancia entre quienes poseen y quienes no poseen conocimiento. Así, si existe reconocimiento a la existencia de élites políticas y económicas, que se encuentran en posiciones diferenciales con capacidad de tomar decisiones y con mejor manejo de información, resulta claro que defender la expansión de este fenómeno no tiende a la democratización y al aumento de poder de los ciudadanos sino al revés, al incremento de poder de los centros de decisiones que son quienes, además de una posición estructural, al ser gobierno que ocupa el Estado, tiene la capacidad para ocupar la fuerza en caso de que el Estado no sea obedecido de acuerdo a lo que él, Estado encarnación de la élite política, propone. Si el Estado es nuestro no tiene sentido ganarse derecho respecto a él… salvo que en realidad –y esto es lo que hace ontológicamente imposible que más información devenga en más democratización hasta la democracia absoluta- el Estado no es nuestro.

Contra el argumento según el cual la ciudadanía será mejor escuchada, resulta relevante pensar por qué debe ser mejor escuchada una ciudadanía que debería ser y sentirse representada por una clase política. Si lo que se hace mediante el monitoreo es disminuir la brecha que existe entre la población y sistema político antes que proponer medidas que reparan una fisura ya hecha, se debería cuestionar que legitimidad tiene una clase política que una vez electa recién busca conocer qué piensan los ciudadanos. La pregunta se vuelve más urgente si se considera que, al ser gobierno de un Estado, aquellos que llegan al poder que no obtienen su legitimidad de parte de la ciudadanía sino únicamente de su posición diferencial (ser élites) necesariamente reproducen una estructura que les es favorable.

De acuerdo con algunos comentarios los procedimientos de monitoreo se llevan a  cabo desde hace mucho tiempo en el mundo del marketing (Sentidoscomunes.cl), lo cual es cierto, pero el argumento de la naturalidad comete una doble falacia. La primera es un error tan básico que no resulta pertinente abordarlo en este artículo, y es igualar la empresa privada al Estado, aduciendo a que lo que hace uno lo puede hacer el otro. La segunda falacia es que no está probado que la información vaya a ser usada “para malos fines”. Como se dijo, no se trata de eso, sino de que será ocupada para fines de la élite y el Estado mismo, lo que en palabras de Castells se resume en que “if the state intervenes in the public sphere on behalf of the specific interests that prevail in the state, it induces a legitimation crisis because it reveals itself as an instrument of domination instead of being an institution of representation” [si el Estado interviene en la esfera pública en favor de sus intereses específicos que imperan en el Estado, induce una crisis de legitimación porque se revela como un instrumento de dominación en vez de ser una institución de representación] (Castells, 2009, pag 31); en otras palabras, un Estado que no es representativo responderá a sí mismo, lo que de inmediato lo revelará como instrumento de dominación.

Aún quedando muchos argumentos por esgrimir y por rebatir, la conclusión acá es que no se puede apoyar el proyecto de monitoreo porque es antidemocrático. Ciertamente, no porque haya sido planteado por la derecha o porque los que están en el gobierno sean malos, sino simplemente porque el control de información de un ente centralizado es parte de un Estado no democrático que impone a la elite sobre las personas. ¿Para qué se usará la información? Para controlar. Nuevamente, no porque los políticos sean malos, sino porque el control es la esencia del poder. Esto en un sistema que necesita segregar a la población y crear élites para existir.

Quizá quiera objetarse el que haya usado apenas dos autores y de una teoría determinada para sustentar algo que tiene muchos puntos de vista. Es cierto que la opinión acá queda sesgada por la teoría, pero no es una complicación si se toma en cuenta que la teoría de sistemas es la que han usado los gobiernos socialdemócratas y liberales para sustentar sus políticas democratizadoras. La idea acá es mostrar que aún dentro de las teorías evolucionistas que ven en el Estado la institución suprema del desarrollo humano y las teorías más complacientes que ven la libertad de los sujetos en la existencia de Internet, el monitoreo resulta antidemocrático y absolutamente indeseable. Por supuesto, si en lugar de teoría de sistemas y cibernética usáramos una teoría de izquierda, la crítica al monitoreo sería aún más radical.

La imagen utilizada es de Godzilla, donde “el otro” salvador destruye la ciudad en medio de su gesta heroica.

Bibliografía:

• Castells, M. (2009). Comunication Power. Oxford University Press
• Flannery, K(1972),. The Cultural Evolution of Civilizations. Annual Review of Ecology and Systematics, Vol. 3 pp. 399-426

De esta manera, ante la polémica que ha suscitado esta medida, la opinión pública –especialmente a través de las redes sociales- se ha formulado algunas preguntas. La primera se refiere a si es legal esta medida.

Antes de intentar responder a esta interrogante, es bueno recalcar que no es lo mismo que algo sea formalmente ajustado a una norma, a que pueda ser considerado legal, o mucho menos ajustado a la Constitución. Desde una interpretación meramente formalista efectivamente esta medida podría ser considerada legal –aunque con serias dudas como veremos-, sin embargo, no nos olvidemos de que el Derecho no sólo está constituido por normas escritas, sino que también por principios, y sobre todo, está informado por las garantías constitucionales que se le reconocen a todos los ciudadanos. De esta manera, enfocar el tema sólo desde un punto de vista formalista no sólo es un error, sino derechamente una miopía, una falta de propósito democrático, independientemente de que se sea de derecha o de izquierda -en tanto se crea en la democracia.

Como se adelantó, respecto a la legalidad misma de la medida surgen serias dudas, y de hecho ya se presentó por parte de un parlamentario un requerimiento a la Contraloría General de la República para declarar ilegal esta medida gubernamental (ElDinamo.cl). En este sentido, se alega que esta medida vulneraría la normativa contenida en la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada o Protección de Datos de Carácter Personal, que en su artículo 10 establece:

Artículo 10.- No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.

Y esto se relaciona con el artículo 2 letra g) del mismo cuerpo legal, que establece:

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:

g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.

Citados ambos artículos, para dilucidar la respuesta a la legalidad o ilegalidad de la medida cabe responder a otra pregunta, ¿es pública la información?

La respuesta depende mucho del enfoque con el que se le mire. Si lo miramos desde el punto de vista del acceso a la información por parte de cualquier usuario de Internet, efectivamente lo es. De hecho, ese ha sido el argumento principal esgrimido por quienes defienden esta medida o no la encuentran tan grave (por ejemplo, esta columna o en esta otra); sin embargo, hay que recordar que las redes sociales tienen normas de privacidad. En ese sentido habría que analizar si se violarían o no estas normas de privacidad. En segundo lugar, una cosa es que la información sea “pública” (que se pueda ver en la red) y otra muy distinta es que los usuarios de las redes sociales consientan que el Gobierno los registre y los clasifique, incluso con la posibilidad de determinar vía herramientas tecnológicas la localización exacta de la persona que publicó esa opinión. En ese caso, la típica cláusula “He leído y acepto las condiciones de privacidad y uso” u otras de índole similar -las cuales, dicho sea de paso, prácticamente nadie lee- tendría que incorporar una cláusula para aceptar que el Gobierno recabe y clasifique sus opiniones sobre un tema determinado.

Por lo tanto, respecto a la legalidad de la medida, y parafraseando el artículo 10 de la ley ya citada, no hay ley que autorice a hacer esto -es una medida de la Administración, y si fuese por un ley merecería claros reparos constitucionales. Por otra parte, no hay consentimiento del titular -por lo que explicaba del tema de la cláusula-, y definitivamente no son datos necesarios para otorgar beneficios de salud. La respuesta, entonces, salta a la vista.

Otra pregunta recurrente se refiere a si es necesaria una medida como ésta.

El Gobierno ha señalado que el monitoreo serviría para “conocer los intereses e inquietudes de la ciudadanía en torno a la gestión…”   (Cambio21.cl). Estimo que para conocer dichos intereses e inquietudes basta con apreciar y sobre todo escuchar la gran cantidad de movilizaciones ciudadanas que hay, las cuales pasan prácticamente una vez a la semana marchando en frente de La Moneda antes de ser disueltas por la fuerza pública. No es necesario recurrir a medidas de dudosa calidad democrática para aquello. Por otra parte, esto más que medir opinión pública solo sirve como método de identificación de emisores de opinión.

Además esto implica el uso de recursos estatales para conocer en detalle la opinión y postura política de un gran número de ciudadanos. Basta saber un poco de historia para tener noción del peligro que implica que el Estado maneje detalladamente esa clase de información.

Ante esto cabe preguntarse, ¿por qué el Gobierno tendría que abstenerse de usar las herramientas que sí puede usar cualquier empresa o cualquier persona natural?, tal como se preguntan en este artículo. El solo preguntarse aquello es signo de una falta de comprensión de la naturaleza, funciones, intereses, y por sobre todo, potestades de la Administración Pública, las cuales evidentemente son muy distintas a las de un simple sujeto.

Por último, he visto en las redes sociales comentarios del tipo “me parece bien esta medida, porque así la gente va a hacerse más responsable de las cosas que dice”. Eso no es entender nada de nada. Si por ejemplo yo twitteo que “Fulano de Tal es un ladrón”, ese “Fulano de Tal” cuenta con los medios procesales y legales para querellarse contra mí por injurias y calumnias, lo que está perfectamente normado y tipificado. Sin embargo, si el Gobierno clasifica mis datos en base a mis opiniones y los utiliza para de una u otra manera perjudicarme –nadie habla de ir a la cárcel, como intenta caricaturizar este artículo- con ciertos “castigos indirectos” como por ejemplo el ingreso a la Administración Pública. Aquello significaría una sanción estatal absolutamente ilegal y arbitraria.

No olvidemos que hasta unas pocas décadas atrás, para ingresar a trabajar a la Administración Pública, investigaban los antecedentes de las personas, para ver si habían tenido alguna participación política de índole comunista, o si tenía familiares comunistas, siendo esto un criterio tácito de aceptación o rechazo.

En fin, invito a la esfera de las redes sociales a analizar este tema no con la miopía de si nos cae bien o no este gobierno, ni tampoco con la ceguera de centrarnos en la mera formalidad legal de la medida. No entender que medidas como éstas involucran elementos más profundos es simplemente ignorancia o mala intención.

A3

N. del Editor: Lamentablemente por cambios en nuestro sistema de comentarios hemos perdido algunos comentarios en este artículo. Nuestras más sinceras disculpas.

Afortunadamente la pequeña noticia no paso tan desapercibida, pues de inmediato comenzó a causar impacto y revuelo en las redes sociales, principalmente porque el proyecto de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno pone en jaque la privacidad de los ciudadanos. Además hay que añadir que la empresa ganadora de la licitación, Brandmetric, ha señalado la posibilidad de localizar geográficamente el origen de las publicaciones.

En Mercado Público – Plataforma de Licitaciones http://www.mercadopublico.cl/ – el nombre de la adquisición es “Diseñar e Implementar un Panel de Control” (ID N°876-7-LE11), su descripción es “Plataforma de seguimiento de personalidades y conceptos de Internet”. En la licitación participaron dos proveedores, Ingesmart S.A. (RUT 96.858.370-0) y Brandmetric S.A. (RUT 76.096.575-8), siendo Brandmetric quien se la adjudicó por un monto de $14.388.000.-

Las bases de la licitación consignan a Ximena Mardones, funcionaria de la Secretaría de Comunicaciones como contraparte técnica. El producto requerido consiste en “… un Panel de Control Ejecutivo que permite acceder a información en base real time, de conceptos seleccionados (Ministros, Ministerios, Autoridades de Gobierno, Temas Específicos) que se repiten en un determinado período de tiempo en Internet (menciones), para conocer lo que se dice, opina o se menciona de ellos. Estos deben estar ordenados de forma de conocer su origen, canal de comunicación [...] tono de la mención (positivo/negativo), términos más relevantes mencionados, manejo de línea de tiempo, gráficas, estadísticas entre otros”. Entre sus objetivos específicos, las bases señalan la identificación de los principales actores en twitter, blogs, medios, etc. y contempla un sistema de alerta cuando existan “cambios significativos” en la actividad de un concepto seguido.

Las preguntas de la licitación disponibles en Mercado Público, versaron sobre datos técnicos, sin embargo hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, se discute sobre la solicitud de que la latencia de captura de datos no sea mayor a 15 minutos, es decir, que la información deba ser capturada a más tardar 15 minutos después de su creación. Además se solicita la capacidad de tipificar el “tono” de las menciones, separando en positivas, negativas y neutrales, teniendo en cuenta términos “coloquiales” usados comúnmente en Chile.

El contrato entre el Ministerio Secretaría General de Gobierno y Brandmetric S.A. (descargar contrato) contiene una declaración jurada simple sobre inhabilidades firmada por Sebastián Gumucio Aninat (Linkedin.com) representante legal de la empresa, donde señala que Brandmetric es una sociedad en comandita por acciones o anónima cerrada donde no son accionistas funcionarios directivos del Ministerio Secretaría General de Gobierno ni sus cónyuges, hijos, adoptados hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad – declaración que firman todas las empresas que se suelen adjudicar licitaciones. En su página Web Brandmetric (Brandmetric.com) señala que provee una plataforma para monitorear y medir las conversaciones de marcas en Internet en tiempo real.

Sin embargo, cabe preguntarse, ¿quiere realmente el Gobierno medir las conversaciones en Internet? ¿O más bien quiere controlarlas? Es inevitable pensar en lo segundo a la luz de las masivas protestas ciudadanas en temas energéticos y educacionales, las cuales no han sido canalizadas en lo absoluto por el Gobierno. Hay un descontento creciente y un malestar social evidente, el cuál se impulsa de forma bastante eficiente gracias a las nuevas tecnologías de información, y resulta que ahora el gobierno quiere “medir” eso. Pareciera que el significado entre medir y controlar es más estrecho de lo que nos gustaría en este caso. El problema radica en que más que controlar es vigilar, y de la vigilancia al castigo hay un solo paso.

Pero más allá de las evidentes implicancias con respecto a la privacidad de los ciudadanos, este proyecto implica dos problemas que no son menores. El primero se refiere a la libertad de expresión de toda persona para manifestar sus opiniones e influir en procesos políticos, esto esta estrechamente vinculado al concepto de participación política, el cuál es una dimensión importante para el desarrollo humano.

La libertad política es fundamental para las democracias modernas. Ya en la revolución francesa fue una bandera de lucha plasmada en las ideas inmortales de Rousseau, Montesquieu y Voltaire, además está estrechamente vinculada al concepto de libertad de expresión que tiene antecedentes en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La libertad de expresión es un derecho fundamental consignado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, entre otras declaraciones y convenciones. La opinión consultiva OC-5/85 de la Corte Internacional de Derechos Humanos señala: “… (la libertad de expresión) es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”, además la califica como importante para la formación de opinión pública y para que la comunidad haga valer sus derechos de manera informada.

Sin duda, la libertad de expresión es fundamental para todo sistema político y está fuertemente vinculada a la libertad política. La libertad de expresión se deriva en libertad de prensa, la cual ya está en jaque en Chile debido a la alta concentración de los medios en la prensa escrita y la absurda parrilla programática televisiva, que más que informar, desinforma. Ya no sólo tenemos una feble libertad de prensa, sino que incluso la libertad de expresión y la misma libertad política serán puestas en jaque por este proyecto que intenta pasar desapercibido.

El segundo problema se refiere a los preocupantes ribetes de autoritarismo que caracteriza a un proyecto como este. La interceptación (e identificación) de comunicaciones es una característica de regímenes autoritarios como se ha podido apreciar recientemente en casos como el de Egipto y Túnez. Estas medidas son más propias de Praga en los sesenta donde Kundera ambienta una de sus novelas más conocidas y lo que es más preocupante, también son propias de una Alemania como la de Hitler. Solo cabe recordar a Joseph Goebbels, encargado de la propaganda Nazi, cuya principal función era controlar todos los medios existentes para a través del “marketing social” convencer a las masas de hechos bastante alejados de la realidad – e identificar y acallar el disenso. Claro, HidroAysén es bueno, la “revolución” educacional  – pocas veces he visto tal manoseo de la palabra revolución – de Lavín es excelente, la CORFO y la venta de las sanitarias es cosa necesaria para la reconstrucción, aunque no se hayan ejecutado una gran cantidad de recursos. Miente, miente, que algo queda.

En Internet Pablo Matamoros (Matamoros.cl), quien fue asesor comunicacional de Sebastián Piñera en la pasada campaña electoral, se pregunta porque tanto alboroto si se quiere “escuchar” las redes sociales con información pública (Twitter.com). Pablo, te explicaré. A pesar de que la información publicada en redes sociales y sitios de Internet sea pública, el instaurar un “sistema de vigilancia” que tipifique menciones “a favor o en contra del régimen” claramente socava las bases de la libertad de expresión pues constituye una coacción que limita la participación política en libertad. Y, para pensar en contra factuales, ¿desde cuándo un gobierno necesita medir las redes sociales cuando tiene gente marchando en las calles con claras demandas? Los temas están en la mesa, no en las redes sociales. A menos que quieran identificar a los focos más hostiles al gobierno y actuar respecto a eso.

Más importante aún. ¿Esta medida sirve al bien común? No, a menos que por bien común consideremos el bienestar de un criticado Gobierno que desea identificar los ‘focos’ de conflicto (no los temas, esos son claros para todos).

En el mundo de hoy las democracias liberales son el paradigma imperante, por eso las ideas autócratas resultan algo anacrónicas, sin embargo, no es descabellado apreciar sociedades democráticas donde hay episodios en que los ciudadanos son sobrepasados por un “poder superior”. Ese poder superior concentrado en un grupo, ese Leviatán que avanza inexorablemente y controla todo. Ese Leviatán ante el cuál lo único éticamente aceptable es resistir. Es peligroso un gobierno más allá de sus atribuciones.

Pues aquí dejamos testimonio de esa resistencia, aunque en 15 minutos lo registren, lo archiven o lo publiquen.

N. del Editor: Lamentablemente por cambios en nuestro sistema de comentarios hemos perdido algunos comentarios en este artículo. Nuestras más sinceras disculpas.

El concepto de libertad política ha sido fundacional de las democracias contemporáneas, fue una bandera de lucha en la Revolución francesa de la mano de las ideas de Montesquieu, Rousseau y Voltaire, por otra parte esta fuertemente vinculado a la idea de libertad de expresión el cual tiene antecedentes en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y es consagrado como un derecho fundamental o humano en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmado en el Pacto de San José a través de su artículo 13.

La libertad de expresión es fundamental para todo sistema democrático y está fuertemente vinculada a la libertad política, a su vez de ésta se deriva la libertad de prensa, la cual en Chile es puesta en jaque por la alta concentración de los medios en la prensa escrita, la cual esta sometida a un duopolio de mercado manifestado en la concentración económica de los medios, que abordan autores como Sunkel y Geoffroy (2001). Por otra parte la baja oferta programática en televisión nacional refuerza esta situación.

Dentro de este contexto, resulta interesante prestarle atención a lo que sucede con la cobertura de las elecciones a través de medios no tradicionales, especialmente a través de plataformas y redes sociales tales como Facebook y Twitter, porque son alternativas de comunicación bidireccional, es decir posibilitan en cierta medida una participación política de carácter “electrónico”.

Por ejemplo, los tres debates presidenciales realizados fueron comentados por Twitter, logrando alto impacto. El primer debate televisado por TVN fue comentado con el hashtag (etiqueta dentro de los mensajes de Twitter) #debate09 y alcanzó un 0,81% de las menciones mundiales en dicha franja horaria, por otra parte el segundo debate realizado por Canal 13 comentado con el hashtag #ChileDebate logró un 0,41% de las menciones mundiales y fue seguido por más de 13.000 personas (Simplycit.com). Para tener un parámetro de referencia, cuando la selección chilena clasifico al mundial de fútbol sólo se logró un 0,45% de las menciones.

El mayor logro fue en el tercer debate transmitido por cadena nacional, para comentarlo se utilizo el hashtag #DebateAnatel y se alcanzo un 0,9% de las menciones mundiales en la franja horaria, convirtiendo a dicho hashtag en el primer Trending Topic de Twitter en Chile (palabras claves más usadas en un momento dado) (Simplycit.com)

Sin duda estos datos refuerzan la idea de que el incremento en el uso de tecnologías de información puede posibilitar una gran transformación que acorte las distancias entre los ciudadanos y políticos y hacer funcionar de mejor manera el sistema político “superando el elitismo inherente a la democracia directa clásica” (Colombo 2006).

En este contexto han surgido diversos conceptos como e-democracia o cyber-democracia o incluso Política 2.0 para afirmar de distintas maneras la misma idea anteriormente expresada. Sin embargo es importante no dejarse encandilar por palabras compuestas que suenan bien.

Según el Informe de Desarrollo Humano 2006 del PNUD sobre nuevas tecnologías (Desarrollohumano.cl) un 50% de los chilenos mayores de 18 años se siente fuera del mundo de las nuevas tecnologías. Por lo general el chileno medio se siente descolocado frente a los cambios en esta materia, por otra parte la relación entre el decil más rico y el decil más pobre en Chile al año 2003 con respecto al acceso a Internet es sólo de un 33,6% (Casen 2003). Como podemos ver, la penetración de Internet no es suficiente como para hablar de una posible dimensión de participación política “electrónica”.

Si bien podemos saber como interactúan los ciudadanos con las nuevas tecnologías de información gracias a informes y estudios del PNUD, no sabemos mucho cómo lo hacen los partidos políticos. Según un estudio del Departamento de Gobierno del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile presentado en el XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública en Buenos Aires en noviembre del 2008, se puede concluir que hay un escalamiento en tres niveles con respecto al uso de tecnología por parte de los partidos políticos chilenos, sin embargo los tres niveles son bastante primarios.

En conclusión, Internet no es un medio importante en las campañas políticas chilenas, más bien se utiliza principalmente como herramienta de “branding” o posicionamiento y no como una dimensión de participación política. Esto seguramente responde a una “elección racional” por parte de los actores políticos pues el envejecimiento del padrón electoral es un fenómeno que se ha incrementado fuertemente durante los últimos diez años en Chile, de hecho según datos del Servicio Electoral los menores de 30 años representan apenas el 7,6% del padrón electoral (Bcn.cl) y es precisamente uno de los sectores más cercanos a las nuevas tecnologías. Así, como hemos visto, hablar de e-democracia en Chile, es como hablar de democracia en el siglo XVIII.