Pero agreguemos una nueva categoría, la transición de un país está completa cuando las instituciones nacidas al alero del régimen dictatorial son superadas y se instalan unas nuevas creadas en el periodo democrático, recordando así a la transición española. De ser así en Chile aún estamos transitando hacia una democracia plena, todavía quedan –aunque menos que hace veinte años– estructuras institucionales que buscan la supervivencia de la herencia normativa de la dictadura de Pinochet. No obstante, podríamos situar dos hitos en el debilitamiento del legado militar. El primero durante el 2005 con las reformas constitucionales que eliminaron varios de los artilugios que Jaime Guzmán ideó para sostener la supuesta democracia protegida. El segundo sería el año 2011 y el malestar generalizado que empezamos a ver materializado en protestas, en algunos casos con una violencia no vista en los últimos años –el recuerdo del 4 de agosto es el de una ciudad sitiada– y que llevó a un cuestionamiento generalizado de las instituciones que hasta hoy nos rigen.

El año 2011 no fue un año normal en Chile. En las universidades las movilizaciones partieron como otros años pero muy pocos se imaginaban lo que se vería semanas más tarde y la gran cantidad de demandas que se empezarían a sumar. Aunque, por cierto, las protestas parten a principios de año con el conflicto en Punta Arenas (Ballotage, 14/01/2011) que nos recordó cuan centralizado está nuestro país y el poco peso de los actores locales en las decisiones de política pública.

Más tarde vinieron las protestas contra la aprobación de Hidroaysen, que se sumarían a las que meses antes se habían generado por la aprobación de la termoeléctrica barrancones. Ambos hechos nos llevaron a un debate que alcanzó no sólo a los mecanismos de evaluación de impacto ambiental de las centrales de energía (Ballotage, 09/09/2010), sino que también a la política energética del largo plazo para Chile (Ballotage, 15/03/2011). Y es que lentamente nos hemos ido dando cuenta que en Chile parece que nada se pensara en el largo plazo y bastaran las fuerzas del mercado para alcanzar un nivel supuestamente óptimo. Es justamente debido a las fuerzas del mercado que nuestra matriz energética se va ensuciando con centrales a carbón, que proliferan casas de estudio –a las que cuesta llamar universidades– que más bien se convierten en gallinas de los huevos de oro para sus dueños aún pasando por sobre la legislación, y es gracias a las fuerzas del mercado que hoy el mundo está al borde de un abismo económico. En definitiva, no sólo en Chile, sino que en el mundo entero, la confianza en la mano invisible derivada de la revolución conservadora de los 80 y la caída del muro, se esfumó para dar paso a una incertidumbre creciente sobre el futuro. Pareciera ser que hoy ya no aceptamos tan abiertamente la ideología totalizante del mercado (Ballotage, 28/11/2011) que busca hacer de todo un producto transable.

Las protestas estudiantiles que partieron como una demanda interna, parecida a la de todos los años –financiamiento, acceso, calidad– terminó transformándose en una suma de todos los cuestionamientos que hoy existen sobre el sistema político y económico chileno. Temas que en círculos académicos resultaban conocidos desde hace algún tiempo, como la desigualdad exorbitante en la distribución de la riqueza (Ballotage, 27/11/2011), el carácter regresivo de los impuestos (Ballotage, 17/05/2011), la desnacionalización de facto del cobre (Ballotage, 19/08/2011) y la exclusión que genera el sistema político, en 2011 salieron de los centros de estudios y las universidades y se instalaron en la calle, presionando a un gobierno que pensaba gobernar a velocidad de crucero, ejecutando su programa sin muchos sobresaltos en un país que parecía funcionar con piloto automático.

El gobierno de Sebastián Piñera se dio cuenta, quizás de la peor forma, que uno no gobierna sobre sociedades estáticas que aceptan de manera silenciosa los programas de gobierno y las decisiones políticas. Esa legitimidad de origen a la que muchas veces el presidente y diputados o senadores oficialistas han apelado para justificar la toma de decisiones ignora que no basta ser electo –es un criterio mínimo, un gobierno no electo ni siquiera merece reconocimiento– si no que hay que gobernar de manera democrática y tener la capacidad de incorporar al gobierno las demandas sociales que van surgiendo en una sociedad dinámica. Los gobiernos no reciben un poder delegado con el cual hacer cuánto quieren sólo por el hecho de haber ganado una elección. Ese es un error fundacional de Piñera, evidenciado el 2011 por la parálisis demostrada en los momentos más álgidos de las movilizaciones. El gobierno no supo reaccionar frente a un escenario que fueron incapaces de prever y si el movimiento hoy ha perdido fuerza pareciera ser más bien por el desgaste natural y el retorno a clases y no debido a una estrategia deliberada de La Moneda.

Después de ser electo, Piñera llamó a reeditar la democracia de los acuerdos, planteando el mismo mecanismo que uso Patrio Aylwin en el primer gobierno post dictadura (Red Seca, 17/03/2010). He aquí un segundo error fundamental que en 2010 pasó desapercibido –quizás por las necesidades que provocó el terremoto– pero que en 2011 fue imposible de ocultar. Llamar a gobernar con la democracia de los acuerdos es lo mismo que llamar a crear frentes populares. Se trata sencillamente de mecanismos anacrónicos que en ciertos momentos históricos y bajo determinadas estructuras sociales fueron funcionales a las estrategias políticas de la élite, pero aplicarlos en otras puede terminar siendo contraproducente. A principios de los 90 el acuerdo entre gran parte de la clase política chilena era sostener la democracia y a ello adhirió toda la generación que se movilizó por el triunfo del No el 88. Pero el 2011 ese acuerdo ya no está presente, el poder de veto de las fuerzas armadas está totalmente debilitado y la democracia no se cuestiona. De ahí que los antagonismos sociales ya no estén subsumidos a la necesidad de conservar el régimen y se manifiesten abiertamente en la arena democrática. Reeditar la democracia de los acuerdos evidencia que el gobierno y la sociedad hoy están hablando en frecuencias diferentes. Mientras en las calles se bregaba contra el lucro, por la gratuidad y por la calidad en la educación, Piñera respondía con un Gran Acuerdo Nacional por la Educación –GANE– acompañado de un cuestionable fondo de 4 mil millones de dólares –el FE– (Ballotage, 06/07/2011) que nadie tiene muy claro todavía cómo funcionará.

Y esas respuestas, burdas y simples, insuficientes para un movimiento social que no se conforma con sacos de dinero, fueron condimentadas con una represión inusitada, con prohibición de marchas y la vulneración de derechos fundamentales consagrados en la misma constitución de la cual este gobierno es tributario. El centro de Santiago se cubría en cada manifestación por una niebla de gases lacrimógenos y un contingente policial particularmente violento que hizo recordar escenas que en Chile no se vivían desde hace mucho tiempo. Intentado legitimar su actuación con la idea del orden público nuestra ciudad –y nuestro país– vieron más desorden y represión que en muchos años.

Llegamos con esto a una idea bastante particular. La sociedad está cuestionando las instituciones con matriz autoritaria, desde el sistema binominal hasta la estructura tributaria. En otros términos, como sociedad queremos dar por concluida la transición y empezar a dotarnos de nuestras propias normas creadas en ágoras democráticas, representativas e incluyentes, que reconozcan la diversidad de pensamiento y los antagonismos sociales de una sociedad que es menos pobre pero no por eso políticamente más desarrollada.

El gobierno y gran parte de la oposición, en cambio, transitan por otro carril. Le resulta cómoda la estructura actual, muchos de los que hoy caminan por los pasillos de La Moneda ya lo hicieron antes, mientras el tirano gobernaba con mano de hierro, y son parte del grupo que creó el sistema actual. Tan perfectamente atado y la vez tan perverso. No nos cuestionemos, entonces, por qué las movilizaciones van creciendo, ni por qué es tan llamativo que el hijo de Laurence Golborne, que estudió en un colegio particular, haya obtenido puntaje nacional en la PSU. Han sido 20 años de desigualdades y exclusiones que en 2011 se manifestaron con fuerza y que han anidado en el corazón de la clase media y la clase baja un resentimiento potente contra los que sin tanto esfuerzo pueden gozar de innumerables privilegios.

A raíz de todo esto podemos concluir que si aceptamos la idea que en Chile la transición no ha terminado, sí tenemos que aceptar que al menos 2011 marcó un punto de inflexión. La aceptación y la autocomplacencia parecen haberse acabado y ya no tomamos tan a bien el abuso de las empresas de retail, la destrucción del medioambiente o el endeudamiento desenfrenado. El mercado no lo hizo tan bien y el malestar social provocó que cientos de miles de personas salieran a las calles.

No sé si estamos frente a una primavera chilena como algunos han denominado a este proceso, tampoco es claro dónde terminará todo, si acaso el 2011 chileno será recordado como el mayo del 68 francés o como la fundación de un nuevo proceso político que inaugure la apertura de las grandes alamedas que permitan construir una sociedad mejor, como lo dijera Salvador Allende en el día trágico de nuestra democracia. Lo que sí es cierto es que ya no podemos mirar de la misma forma a nuestro país. Nos encontramos en una situación crítica y si no queremos terminar con un líder carismático y demagogo que aproveche la incapacidad institucional de resolver los problemas sociales, es fundamental aceptar que tenemos que cambiar y empezar a construir un país donde la actividad política no sólo se asocie a los partidos y la democracia no solo sea acudir a una urna para emitir un voto.

Este ha sido el razonamiento y la lógica planteada por la Argentina. Un país donde –hay que decirlo- los procesos por violaciones a los Derechos Humanos y la política del “Nunca Más” permean a todo nivel dentro de la sociedad. El tema de entregar asilo a un “ex frentista” por la posible vinculación con el asesinato de uno de los más acérrimos colaboradores del régimen dictatorial acá en Chile se puede transformar en un tema con grandes consecuencias políticas en la relación nuestro vecino. Allá, donde el estado de derecho efectivamente es más dependiente del ejecutivo que acá en Chile, el tema no se ha visto como un tema netamente judicial, porque en definitiva, -y tomando las bases de la costumbre sobre el asilo político-, no lo es, como se ha demostrado en las respuestas que se han tenido desde nuestro país con respecto a dicha decisión.

¿Por qué es importante esto? Porque para Argentina, Apablaza ES un asilado político. Y esto es importante porque, a diferencia de lo que se quiere plantear a este lado de la cordillera- la decisión nada tiene que ver con la capacidad del sistema legislativo de uno u otro país para poder juzgar los crímenes o salvaguardar las disposiciones de un “debido proceso”.  Tiene que ver, más bien, con las grandes diferencias que tenemos entre los dos países en mirar hacia atrás y valorizar los acontecimientos en época de dictadura y cómo estas distintas apreciaciones pueden repercutir dentro de la estabilidad interna. Además Chile con un gobierno recién instalado parece lentamente incorporarse al training de la diplomacia latinoamericana –recordar el impasse con Miguel Otero-, y Argentina con una Presidenta con la vista en las elecciones arriesgando votos en cada paso que da.

Por lo anterior es que debemos dejar de lado los aspectos judiciales que envuelven este problema. No porque no sea importante que un crimen como el de Jaime Guzmán deba ser esclarecido, sino porque en este momento, son las relaciones entre Chile y Argentina mucho más importantes que el esclarecimiento de un asesinato complejizado por el contexto histórico del país, las indagaciones del caso, la obtención de información y el misterio de la orden que se dio para asesinar al ex Senador.

La decisión que tomó la Presidenta Fernández  mantiene una postura que disminuye los costos políticos al interior del país: por un lado, no contradice la noción casi igualitaria dentro de los Argentinos acerca de lo que significaría entregar a Apablaza, principalmente por la opinión que en su conjunto tienen acerca de la democracia y los derechos humanos. Y por otro disminuye el impacto en los votos que desde la izquierda pueda perder la Presidenta en el caso que no sepa tratar el tema.

En segundo lugar, hay que tomar en cuenta la importancia estratégica que significa para Chile mantener buenas relaciones con Argentina. Nos guste o no, para Chile es mucho más importante Argentina de lo que nosotros somos para ellos; esto a razón de los negocios energéticos, la importancia económica y el papel que juegan a nivel regional tanto en el Mercosur como en la UNASUR. Por otra parte, desde hace tiempo que para Chile, la hipótesis de conflicto con Argentina quedó en el pasado, un trabajo arduo y de largo aliento realizado por la Cancillería hoy podría verse perjudicado por una posición inquebrantable por parte del gobierno. Clara muestra de esto es el ejercicio “Cooperación I” coordinado por la FACH (Cooperacion1.fach.cl) la semana recién pasada en el sur de nuestro país, y donde el Parlamento Argentino negó el permiso a su Fuerza Aérea aduciendo el impasse con respecto a este tema.

La UDI pareciera olvidar que ya no se encuentra en la oposición, sino que, a pesar de todo lo que pueda manifestar en la prensa, pertenece al gobierno y corresponde a ellos velar por los intereses del Estado por sobre los intereses ideológicos. De la misma manera se hace necesario pensar en la imagen país con respecto a temas tan delicados como son los Derechos Humanos.

Esto es de especial relevancia porque, en palabras de César Bunster –también ex frentista vinculado al Caso Guzmán- en entrevista con medios Argentinos, “el gran énfasis que pone la derecha, (en el caso Apablaza) contrasta enormemente  con el desinterés que han puesto por años en aclarar las gravisímas violaciones a los derechos humanos” (Cambio21.cl). Una diferencia notable cuando se está en el aparato estatal, y que da malas señales al exterior, sobre todo tomando en cuenta que nuestro país no tiene juicios ni imputados por Crímenes de Lesa Humanidad ni menos por violaciones a los Derechos Humanos [2], posición contradictoria con muchas de las posturas que el país ha manifestado en conferencias internacionales, a través de la firma de diversos tratados multilaterales y con el concepto “Estado Moderno y Democrático” del cual Chile tanto se enorgullece.

En un momento tan crucial como es demostrar al país que la derecha puede gobernar en democracia y con la mirada internacional sobre aquellos temas de los cuales Chile no ha podido dar respuesta coherente ni certera, el gobierno no se puede dar el lujo de dar señales equívocas mientras pelea por una causa con fuerte carga ideológica al mismo tiempo que carga con acontecimientos sin resolver con anterioridad al asesinato de Jaime Guzmán.

Se hace necesario resguardar la dimensión política de las relaciones chileno-argentinas. Lo de Apablaza deja como desafío a la derecha chilena aprender a ser gobierno, dejando de lado aquellos fanatismos ideológicos –que no se muestran en otros crímenes igualmente de violentos y punibles- a favor de tener un buen desempeño en el gobierno con respecto a las relaciones internacionales y cómo debe actuar el país respetando la costumbre y el Derecho Internacional dentro de la región a través de las relaciones con la vecina Argentina.

Notas al pie:

• [1] En Primer Caso de Asilo político en la Región, fue el caso de Haya De La Torre, perseguido por temas políticos en Perú, ingresó a la Embajada de Colombia, donde el Estado Colombiano le entregó Asilo político por 40 años dada la negación por parte de Perú a entregarle un salvoconducto para que Haya de La Torre pudiera abandonar el país. (Remiro-Brotóns, 2007)
• [2] Lo que existe en Chile es el “secuestro permanente” que no es una tipología de crimen de Estado sino una construcción legal para que los crímenes vividos en época de dictadura no prescribieran. Por otra parte, la prescripción no cuenta para los Crímenes de Estado ni de Lesa Humanidad, además de que por costumbre internacional, el Estado DEBE penalizar los crímenes de esta categoría, situación que en Chile no ha ocurrido.

Es así que en Chile el Estado debe fomentar a que los privados se hagan cada vez más cargo de la educación nacional. Es dentro de este marco de “fomento”  a la iniciativa privada, que el sistema educacional chileno se convirtió en un gran mercado de la educación, en donde el producto que se transa en este mercado, es la educación de todos los chilenos. Por esta razón podemos ver el gran auge de las universidades y centros de formación técnica privados, que compiten por captar la mayor cantidad de consumidores educacionales, montando grandes campañas publicitarias para vender sus productos, al igual que cualquier otra mercancía, como un desodorante o un teléfono celular. Esa es la dignidad que la educación tiene en Chile, gracias al establecimiento del sistema neoliberal y la complacencia culpable de los gobiernos concertacionistas, incluso siendo más pragmáticos podríamos preguntarnos si nuestra economía está en las condiciones de ocupar a la gran masa de estudiantes universitarios que el sistema produce, o tendremos que acostumbrarnos cada vez más a ver a universitarios ordenando nuestras bolsas de compras en los supermercados.

El caso de la “Universidad” UNIACC es una muestra de cómo esta concepción mercantil del “fomento privado” a la educación se manifiesta. El uso de la beca Valech, está destinado a reparar a las víctimas de la dictadura militar y a sus familiares, y puede ser efectivo en cualquier centro de educación superior, público o privado, o en un centro de formación técnica (Chileclic.gob.cl) La beca cubre el 100% de los estudios superiores, y debe ser el alumno interesado quien la solicita. El reciente reportaje sobre las irregularidades cometidas por esta institución, muestra como una “casa de estudios” se empeñó “caritativamente” a buscar a personas que podrían tener acceso a este beneficio, para maximizar sus propios ingresos como empresa, incluso quiso entregarles sin su autorización esta oportunidad  (Elmostrador.cl) o incluso otorgando estudios superiores a personas analfabetas. Según la empresa en cuestión estas oportunidades de estudios superiores se encuentran enmarcadas dentro del Programa Universitario en Comunicación, Gestión y Nuevas Tecnologías. La entidad aludida ha recibido el 79% de los fondos del beneficio estatal, lo que corresponde a 5.259 millones de pesos anual, (Revistalapagina.com) del bolsillo de todos los chilenos destinados a financiar una “Universidad” o empresa privada.

Las denuncias sobre este caso no son nuevas, ya en 2007 a dos años de promulgada la ley de este beneficio la UNIACC era cuestionada (Elperiodista.cl) sin embargo nada de esto salió en los medios de comunicación tradicional. Más vergonzoso resulta que “figuras” concertacionistas formaban parte del directorio de esta “Universidad”, así tenemos a la ex ministra de educación DC Mariana Aylwin, a el ex diputado PPD Jorge Schaulsohn lo que muestra la nebulosa afinidad entre los “servidores” públicos y las instituciones privadas, no sólo en el ámbito educacional, sino que en otras empresas como mineras o AFP (Aninat). Mientras el mercado sea el dueño del desarrollo de la educación en Chile, nuestra educación permanecerá siendo mediocre en la medida en que los recursos estatales van a parar a los bolsillos de los sostenedores de los colegios subvencionados, y no a mejorar la calidad de los establecimientos públicos, o a los bolsillos de las empresas educacionales y no a las universidades que han hecho verdaderamente progresar al país por décadas y cuyo fin es cultivar el conocimiento para el desarrollo del país y no captar matrículas para su financiamiento. Nuestros congresistas y autoridades gubernamentales debieron haber escuchado con más atención el no al lucro en la educación proclamado por la revolución pingüina, entendido como fin último de la educación privada, sin embargo para muchos de ellos el lucro es la esencia del sistema educacional chileno, como en cualquier empresa, y de sus propios intereses.

Sin embargo fue aquella dictadura la que ha creado la institucionalidad democrática que tenemos, siendo su principal artífice Jaime Guzmán, principal forjador de la Constitución Política de 1980 (Cristi; El pensamiento político de Jaime Guzmán). Cuya visión conservadora es la que se impone, y es mantenida por el sector político afín a sus ideas, principalmente el partido político fundado por él, la UDI.

Para Guzmán la democracia sólo es concebida como un mero medio para elegir autoridades, sin ningún valor en sí misma, y por lo tanto un instrumento, que puede servir sólo hasta cierto punto: “entender la democracia como un medio y no un fin… permite asumirla no como una meta, sino como un camino” (Guzmán; Escritos personales). En esta concepción de democracia, esta se manifiesta tan válida como cualquier otra forma de gobierno, ya sea un autoritarismo o una oligarquía, pues lo importante es que ella funcione bien para gobernar.

Guzmán entiende la democracia como un medio para generar autoridades y nada más, y como ella es un instrumento y no una finalidad deseable, su ejercicio no implica ningún cambio cualitativo en la realidad social de Chile: “Otros buscan proyectar la democracia hacia un concepto económico-social de bienestar; de igualdad, ya sea de oportunidades… de variados anhelos que han generado incluso el termino de democracia económica. Esto me parece, en cambio, confuso y confundidor” (Guzmán). Al eliminar la concepción de la democracia como el fin de una sociedad, ella no puede ser considerada como una forma de establecer alguna influencia de la mayoría sobre la estructura política, económica y social del país, quedando en manos de las autoridades políticas elegidas y por sobre todo las autoridades técnicas. Esta concepción de la democracia, nace luego de que proyectos políticos reformadores de la sociedad hayan contado con el apoyo de una mayoría democrática, como fue el caso de la Democracia Cristiana del gobierno de Eduardo Frei y la Unidad Popular de Salvador Allende.

La razón que se esconde bajo este mecanismo, es separar radicalmente la política de los ciudadanos, quienes solo tienen el derecho a concurrir a elegir a sus autoridades. Esta separación entre el gobernante y los gobernados, es un principio fundamental del legado de la dictadura militar, al establecer la distinción entre poder político y poder social, fundamento de la nueva institucionalidad impuesta al país: “El poder político o facultad de decidir en los asuntos de interés general para la nación, constituye propiamente la función de gobernar al país… El poder social, en cambio, debe entenderse como la facultad de los cuerpos medios de la sociedad para desarrollarse con legítima autonomía hacia la obtención de sus fines específicos” (Declaración de Principios del Gobierno Militar). De esta manera la forma de gobierno, no podrá ser nunca la vía por la cual se ejerza un poder democrático que efectúe los cambios que la mayoría quisiera implantar, sino que se dejan a la voluntad de quienes gobiernan, creando un sistema político autónomo de la soberanía popular. Podemos recordar a modo de ejemplo, que los cambios en materia de educación llevados a cabo bajo el régimen de Michel Bachelet, no nacieron de la voluntad de nuestras autoridades, sino que se vieron obligados por el descontento general de los estudiantes, expresado en paros, protestas y tomas de colegios mayoritariamente públicos.

Tomando en cuenta estos antecedentes que nos muestran la esencia de la democracia implantada en Chile, tenemos fundadas razones en creer que los continuadores de la obra de Guzmán, la Unión Demócrata Independiente, profundizarán esta separación y además tendrán un gran poder político para implantar sus propios principios conservadores, ya que son el partido más fuerte dentro de la nueva coalición gobernante. Así temas como la legalización del aborto, la píldora del día después, o reformas que busquen cambiar el modelo económico y político, estarán en las manos de una oposición que mayoritariamente es conservadora y autoritaria, “La Unión Demócrata Independiente sostiene que es lícito que –a través de un órgano jurisdiccional independiente- se suspenda el ejercicio de los principales derechos cívico-políticos a las personas o grupos que pretendan valerse de ellos para conculcarlos… El debilitamiento del matrimonio, la legislación del aborto… son síntomas que se fomentan o aprovechan por esta nueva expresión gramsciana del marxismo… Enfrentar los peligros que entraña dicha agresión contra el espíritu y los valores de la cultura occidental y cristiana, es una misión de especial actualidad que Unión Demócrata Independiente asume” (UDI, Declaración de Principios).

Frente al panorama de un gobierno de la derecha, en que la UDI es el partido más fuerte y a la vez más ideologizado, cabe esperar una profundización de las políticas y restricciones impuestas en la dictadura, ya sea en el campo político, económico y moral, a menos que el nuevo presidente tenga el liderazgo para refrenar el impulso de las fuerzas más conservadoras que existen dentro de su coalición. Con las fuerzas de la derecha dentro del gobierno, no debemos esperar que nuestra democracia tome un carácter más sustancial, y no sea sólo un mero instrumento para elegir autoridades, ya que esta vez, las autoridades son las mismas que implantaron este sistema democrático, ajeno a la tradición republicana de nuestra historia política.

Aclaración: Los editoriales de Ballotage representan nuestro sentir institucional frente a ciertos temas importantes. Más información aquí.