Ahora bien, no es un misterio que esta ofensiva es un esfuerzo combinado entre el gobierno y las bancadas oficialistas que surge justamente después de los demoledores resultados de la encuesta CEP, los cuales además de mostrar el magro apoyo hacia el gobierno, dan cuenta de la tremenda distancia entre Bachelet y los tres presidenciables de la derecha –aunque cabe señalar que las cifras no dan cuenta de una intención de voto–. El gobierno debió poner en la balanza lo que significaba atacar a la figura más importante de la oposición, abriendo así un flanco de conflicto, estando el discurso presidencial del 21 de mayo encima.

A medida que avanzan los días y se acercaba el 21 de mayo, el escenario se volvía más confrontacional. Las bancadas opositoras cortaron relaciones con el gobierno y a mitad de semana los senadores Eduardo Frei y Alejandro Navarro anunciaron que no asistirían a la cuenta pública, decisión que daba cuenta de una suerte de protesta por la agresiva ofensiva contra la ex Presidenta Bachelet. Todo parecía indicar que sería un discurso turbulento, pero la tormenta fue corta y el sol salió para el gobierno. El discurso transcurrió en absoluta normalidad, siendo uno de los más tranquilos en las últimas décadas.

Esos rayos de luz que asomaron entre las nubes han sido un verdadero alivio para La Moneda, pues si se hubiese llevado al Congreso Pleno el conflicto entre oficialismo y oposición, se habría empañado aún más la imagen presidencial. Cabe señalar que Sebastián Piñera siempre ha carecido de atributos personales como credibilidad y confianza, así lo han evidenciando diversas encuestas de opinión durante los últimos años y desde las últimas dos elecciones presidenciales en particular. La idea de que el Presidente carece de aquellos atributos también se ha instalado con fuerza en el imaginario social. Cuando Sebastián Piñera era candidato suplía aquella falta de atributos personales, importantísimos para todo político, con otras características o ideas que se asociaban a su figura; en su programa de gobierno, por ejemplo, se encuentra la idea del 24/7 y el sentido de urgencia, el fuerte apego a la meritocracia, la promesa de que el Estado dejaría de ser un botín de guerra para operadores políticos y el reimplantar la idea de hacer las cosas bien para la gente [1]. Ahora bien, después de más de dos años de gobierno, las protestas ciudadanas, una tremenda incapacidad del gobierno para canalizar las demandas de la sociedad civil, incapacidad para negociar con movimientos sociales y un desgaste significativo de la imagen presidencial; la situación se encuentra en un punto donde es necesario y deseable evitar cualquier conflicto. Teniendo en cuenta que este gobierno posee los niveles de aprobación ciudadana más baja durante los últimos veinte años, habría sido muy contraproducente para la figura presidencial que el conflicto entre oficialismo y oposición se trasladara a la cuenta pública.

Pero el conflicto no escalo hasta el Congreso Pleno y el tercer mensaje del Presidente destacó por su tranquilidad y también por las disculpas que ofreció el mandatario al inicio y al final de su discurso:

“Sé que hemos cometido errores y pido perdón por ellos. Pero sé también que hemos trabajado incansablemente y entregado lo mejor de nosotros mismos, por cumplir con nuestros compromisos y estar a la altura de los desafíos del Chile de hoy” (Mensaje Presidencial, 21 de mayo de 2012).

Aquellas disculpas no han pasado desapercibidas para nadie y dan cuenta del difícil momento que está pasado el Presidente, y que lo intenta sortear apelando, al menos a nivel político, al recurrente discurso de la unidad nacional –tan presente en la política chilena post-dictadura–. Y así quedó en evidencia durante la apertura del discurso:

“Yo sé que en los últimos tiempos hemos vivido un clima político de confrontación y descalificaciones, que ciertamente no es lo que los chilenos esperan ni merecen de nosotros, ni lo que el país necesita. Pero más allá de nuestras legítimas diferencias, conozco su profundo compromiso y amor por Chile y estoy seguro que todos compartimos la responsabilidad de construir ese Chile más libre, más justo y más próspero…” (Mensaje Presidencial, 21 de mayo de 2012).

Con respecto al fondo del discurso, son dos los anuncios que han sido más destacados por la prensa: el bono de alimentos y el anuncio sobre el puente que conectará el continente con la Isla Grande de Chiloé:

“Después de largos y profundos estudios, que anuncié en Pargua en abril del 2011, he instruido al ministro de Obras Públicas para que, estableciendo un monto máximo de inversión de US$ 740 MM, cifras que asegura la rentabilidad social del proyecto, llame a una licitación internacional que presente soluciones técnicas para la construcción de un puente de tres o cuatro pistas, que conecte el continente con la Isla Grande Chiloé” (Mensaje Presidencial, 21 de mayo de 2012).

Cabe recordar que el proyecto de construcción de un puente que conecta el continente con la Isla Grande Chiloé fue cancelado durante el gobierno de Michelle Bachelet. Posteriormente pasó a ser una promesa de campaña en las pasadas elecciones presidenciales. Sin embargo, es importante señalar que el anuncio de una licitación no garantiza la construcción e implica que el tema tardará varios años. Ahora bien, esta situación permite una lectura más política y es que se encomienda a Golborne algo que Bachelet no pudo hacer, siendo el anuncio una suerte de guiño hacia el ministro de Obras Públicas. Sin embargo, una lectura así resulta un poco rebuscada, pues el escenario presidencial de la derecha está bastante complicado, en este sentido, no parece adecuado relacionar aquel anuncio con una eventual carrera presidencial [2].

Con respecto al “Bono Solidario de Alimentos”, éste apunta a aliviar el presupuesto familiar ante la sostenida alza de precios. El bono será de $40 mil por familia más $7.500 por hijo, lo cual beneficiará a 1.677.000 familias y a 6,3 millones de personas. Muchos analistas han calificado estos dos anuncios como medidas de corte electoral, situación que resulta poco precisa porque un gobierno que busca continuar en el poder evidentemente buscará credit claiming mostrando a la ciudadanía los logros que ha tenido, en este sentido, toda medida sirve para realizar aquel credit claiming. Ahora bien, en las próximas presidenciales será todo un desafío para el candidato (o los candidatos) de derecha mostrar a la ciudadanía los logros gubernamentales y a la vez intentar alejarse de la figura de Sebastián Piñera, situación contraria a lo que sucedió entre Michelle Bachelet y Eduardo Frei en la pasada presidencial.

En definitiva la primera impresión solo deja en la retina aquellos dos anuncios que han sido relevados por la prensa, sin embargo, el discurso, que superó las dos horas de duración, abordó muchos otros temas como el proceso de reconstrucción, la situación económica del país –donde se destacó el buen nivel de crecimiento, la baja tasa de desempleo y la firma de tratados de libre comercio con países como Vietnam, Turquía y Malasia–, entre otros. En materia educacional, por ejemplo, solo se ratificó la línea seguida por el gobierno a través de los recientes anuncios del ministro Harald Beyer: aumento considerable de las becas, nuevo sistema de créditos con interés subsidiado del 2% anual, nueva institucionalidad, entre otros (La Tercera, 21/05).

Sin duda es recomendable dar una segunda (y tercera) lectura con calma al discurso para advertir aquellos temas que han pasado desapercibidos, sobre todo por el manejo mediático en torno al evento, pues si seguimos las teorías de agenda setting, la prensa no nos dice que pensar, pero si nos dice sobre que pensar. En este momento la agenda de medios se centra en relevar dos temas y el llamado a la unidad nacional realizado por el Presidente, aunque seguramente con el transcurso de los días emergerán lecturas más profundas. En esta línea, también resulta importante revisar con detenimiento tres estudios –con distintas metodologías y distintos resultados– que intentan dar cuenta del nivel de cumplimiento del gobierno con respecto a los anuncios realizados el año pasado.

El primer estudio es la evaluación de cumplimientos de los anuncios presidenciales realizada por el Centro Democracia y Comunidad (período 21 de mayo 2011 – 11 de mayo 2012), en base a los anuncios legislativos realizados por el Presidente. El nivel de cumplimiento se revisó en base a tres clasificaciones (cumplidos, en tramitación, sin proyecto) y dio como resultado que de 262 compromisos asumidos por el gobierno, 212 (80,9%) no se han cumplido y sólo 50 (19,1%) de las promesas se han transformado en ley –de aquellos 212 casos solo 78 presentan proyectos ingresados y 134 se encuentran sin proyecto–. El segundo estudio es el análisis de cumplimiento de anuncios de la Corporación ProyectAmérica, el cual considera un total de 44 anuncios para siete ejes estratégicos establecidos por el Presidente (crecimiento económico, empleo, seguridad ciudadana, educación, salud, superación de la pobreza y reconstrucción), de los cuales solo 23 (52,7%) fueron calificados como cumplidos. El tercero corresponde al estudio de cumplimiento del discurso del 21 de mayo de 2011 en materia legislativa, realizado por la Fundación Ciudadano Inteligente. Este estudio ofrece un análisis muy detallado por áreas y le otorga al gobierno un 56% de avance. Resulta destacable la iniciativa de la Fundación Ciudadano Inteligente porque además de ofrecer un sitio especialmente montado para mostrar de forma didáctica sus resultados, en un ejercicio de máxima transparencia ofrecen descargar las bases de datos de su estudio.

A modo de reflexión final resulta importante señalar que el tema educacional gráfica muy bien lo que ha sido este tercer mensaje del Presidente ante el Congreso Pleno. Por una parte, no se puede negar que este gobierno ha realizado avances considerables en materia educacional, quizás incluso más que los gobiernos de la Concertación, sin embargo, los estudiantes siguen en la callé, ¿por qué? Es porque mientras el movimiento estudiantil busca cambiar el modelo educacional de raíz, el gobierno solo ofrece soluciones que perfeccionan el sistema que ya existe: ninguna de las reformas en materia educacional implica un cambio radical en el funcionamiento del sistema educacional. Es por eso que cuando el Presidente rinde cuentas ante el Congreso Pleno sobre una serie de reformas educacionales que lo único que hacen es profundizar un modelo rechazado por el movimiento social, entonces es posible apreciar que este tercer mensaje evidencia que la clase política chilena sufre de una tremenda incapacidad para agregar y canalizar demandas ciudadanas. En realidad no es algo nuevo, pero resulta impresionante ver como aún no acusan recibo del malestar que existe con respecto a su incapacidad para representar.

La tormenta fue corta para el gobierno y el sol volvió a brillar a través de las nubes antes de este mensaje, pero aquella tormenta, graficada en el clima de confrontación entre gobierno y oposición, no fue por alguna reivindicación ciudadana –de las cuales hay varias en el tapete hoy por hoy– fue porque el oficialismo se atrevió a apuntar con el dedo a la figura intocable de la Concertación. Esto sugiere que esa incapacidad para representar no solo es atribuible a la derecha, sino que también a la Concertación, la cual solo parece rasgar vestiduras cuando sus intereses electorales están en juego. Toda esta incapacidad para agregar demandas ciudadanas sumada a la incapacidad que tiene la clase política para abordar con seriedad cualquier reforma al sistema político actual [3], da cuenta de un escenario donde impera un status quo terrible con una creciente desconfianza hacia los partidos políticos y cualquier otra institución democrática.

Hablar de incapacidad de agregar demandas ciudadanas es hablar de desconexión entre actores políticos y ciudadanía, entre élite y sociedad civil. La crisis de las democracias modernas y la abrumadora distancia entre gobernantes y gobernados es uno de los grandes temas (o desafíos) políticos de nuestro siglo. En este sentido Chile no se queda atrás y un ejemplo reciente y muy gráfico es la ministra Evelyn Matthei declarando a la prensa, después del discurso del 21 de mayo de este año, que este gobierno será recordado como el mejor gobierno de la historia del país. Puede que aquello sea una exageración propia de las estrategias comunicacionales estilo miente, miente que algo queda o bien puede ser una muestra de aquella desconexión terrible que tienen los políticos con la ciudadanía y la realidad del país. Resulta más plausible lo último.

N. del Editor: Se recomienda leer además “Mensaje presidencial: Piden pan, no les dan; piden queso, les dan hueso”.

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Notas al pie:

• [1] Se recomienda leer el artículo escrito por Gabriel Henríquez en mayo de 2011 titulado “21 de mayo: mesianismo y la idea de cambio”.
• [2] Se recomienda leer el reciente artículo de Renato Garín titulado “Los dilemas de la derecha”.
• [3] Quizás la propuesta más interesante del último tiempo haya sido la propuesta RN-DC, sin embargo, es pecar de inocente pensar que aquello tenía más peso en términos de propuesta que como señal política y una suerte de advertencia de cada partido para sus socios de conglomerado.

Documentos para descargar:

• Mensaje del Presidente ante el Congreso Pleno.
• Minuta Ejecutiva Cumplimiento Legislativo 2012, CDC.
• Informe de Cumplimiento Legislativo Mayo 2012, CDC.
• Cumplimientos anuncios del Mensaje Presidencial 21 de mayo 2011, Corporación ProyectAmérica.

El Presidente con la aprobación ciudadana más baja en la historia de nuestra democracia reciente arriba al Congreso para dar su tercera cuenta pública, nuestro propio State opening of Parliament, que Su Majestad británica realiza todos los años desde el trono en la Cámara de los Lores, en un acto cargado de tradición y simbolismo, como muchas de las cosas que ocurren en la política del Reino Unido. En Chile también tenemos esas tradiciones, el Ford Galaxie (coincidentemente, donado por la Reina Isabel II) se ha convertido en un ícono de esta fecha, pero claro, es una anécdota, una especie de joya que recorre las calles sólo unas cuantas veces en cada periodo presidencial.

Lo importante es que ver al Jefe de Gobierno rindiendo cuenta ante los depositarios de la soberanía popular, los miembros del Congreso, ocurre casi la misma cantidad de veces que las que el Galaxie recorre las calles, y el resto del tiempo, con menos pompa, la relación entre el ejecutivo y el legislativo se hace a través de la asistencia de los ministros o los subsecretarios a las comisiones legislativas o a las sesiones de la cámara o el Senado. Algo impensado en democracias parlamentarias, donde el primer ministro es sometido de forma periódica –cuando no semanalmente– a rondas de preguntas en las que debe rendir cuentas sobre el estado del gobierno. En el canal de Youtube del Parlamento Británico se pueden ver varios de estas rondas.

Pero en Chile, desde hace algunos años, más que la cuenta sobre el Estado de la Nación, lo que parece importar más es la expectación generan los anuncios del Jefe de Estado. En la última década este acto republicano –un acto del Estado convocado por el poder legislativo, como le llamaron algunos diputados y senadores oficialistas durante los últimos días– ha pasado a ser una vitrina donde se lanzan a la opinión pública la más amplia gama de promesas, bonos, proyectos de ley, políticas públicas y hasta reprimendas a manifestantes en  las tribunas, como le hiciera Ricardo Lagos hace algunos años, no sin antes recordar la democracia por la que Él luchó (la mayúscula es apropósito). Pero lo malo no es tanto que se hagan promesas, sino más bien muchas de ellas no se cumplen. Un estudio del Centro Democracia y Comunidad revela que sólo un 19,1% de los anuncios hechos en los discursos del 21 de mayo de 2011 se han convertido en ley. En tanto, la Fundación Ciudadano Inteligente señala que el cumplimiento total del discurso del año anterior alcanza un 56%, siendo las áreas menos avanzadas las de empleo, pueblos originarios, defensa y energía; y los con un mayor cumplimiento  los de tercera edad, seguridad pública, modernización del Estado y desarrollo social.

Algo interesante del discurso de este 2012 es que estuvo menos cargado a las promesas, que no estuvieron ausentes pero sí alcanzaron un énfasis menor, y fue más una cuenta del estado de avance de las promesas gubernamentales. Varias de ellas contenidas en el programa de gobierno y otras surgidas por la contingencia. Porque claro, para qué prometer tanto, si a la larga la credibilidad del presidente es baja.

Si el 2010 fue la reconstrucción y el 2011 educación los ejes que marcaron el discurso, este año fue un barniz general por varios asuntos, desde una especie de reconocimiento por los errores cometidos… en realidad, de alguna forma hay que explicar el 26% de aprobación, hasta temas sociales, como un bono a las familias de menos ingresos para compensar el alza de los precios de los alimentos; y asuntos en educación, como la gratuidad de la educación preescolar para el 60% de la población más vulnerable. Los anuncios en educación superior se limitaron a repetir de forma superficial aquello que fuera anunciado hace algunas semanas por el ministro Beyer.

El resto del discurso, a excepción de resucitar el puente sobre el Chacao, fue una alocución que repasaba los grandes logros del gobierno –seamos ecuánimes, hay avances significativos en algunas áreas– que en algunos puntos parecían algo así como un déjà vu a los años anteriores,  pero dejando de lado desafíos que son parte de la agenda. Incluso, resultó cuestionable el dato de victimización que entregó el presidente, señalando que había bajado, pues en la última ENUSC (Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana) el dato objetivo es que en 2011 son más las personas que dicen haber sido víctimas de un delito, en comparación con 2010 o 2009.

Y es que pareciera que el problema del gobierno es que tiene un set de alternativas de políticas muy reducido. El prisma con el que La Moneda mira la realidad parece ser el mismo que en los 90 nos mostraba como los jaguares en el Cono Sur. El problema de ello es que esa mirada en los 90 era relativamente útil, porque éramos un país que salía del oscurantismo y se encontraba de bruces con el crecimiento económico que llenó de edificios acristalados nuestras grandes ciudades. Nos hicimos rápidamente más ricos, el crédito aumentó nuestro bienestar material, las concesiones modernizaron nuestras carreteras y hoy ya están alcanzando a los hospitales –quizás en 20 años más se concesione algún ministerio–. Pero en esos vertiginosos 20 años de democracia esa mirada de los años 90 se volvió cada vez más estrecha. La sociedad se modernizó, adquirimos otros valores, cambiaron nuestras preferencias… en fin, para bien o para mal cambiamos, hoy somos otros, aunque en el fondo quizás sigamos siendo los mismos, lo cierto es que ya no basta que nos digan que se han creado 700 mil empleos o que el crecimiento del país alcanza el 6% en promedio. Lo malo es que evaluado a través de ese lente, estrecho y restringido, el gobierno parece estar haciendo bien las cosas.

Esa mirada del gobierno le deja un punto ciego muy grande. Un espacio gris donde no se sabe cómo reaccionar y, a decir verdad, no sé si otro gobierno, el que fuese, hubiera podido reaccionar mejor. La élite política chilena parece estar cada vez más apartada de lo que pasa en el Chile real, les cuesta interpretar las demandas y operacionalizarlas en propuestas de políticas públicas, que lo que teóricamente deberían hacer los partidos políticos y el gobierno. La mayoría de ellos vive una realidad endogámica, anclados a discusiones del pasado y a soluciones que hoy no funcionan. It’s not the economy, stupid sería un consejo de gran ayuda para el presidente, para el gobierno y para  la oposición.

Y esa mirada estrecha ha quedado en evidencia, nuevamente, en el discurso presidencial. No hay nada lo suficientemente nuevo que apunte a generar cambios profundos en nuestro sistema político, en nuestros mecanismos de representación o en la distribución de la riqueza. Como versa una canción infantil de hace algunos años piden pan, no les dan; piden queso, les dan hueso. Pues en honor a la ecuanimidad, en el bono que se entregará –no muy distinto a los que en su momento entregaron Bachelet o Lagos– se gastarán sólo 178 millones de dólares y con la reforma tributaria la recaudación aumentaría sólo en 700 millones de dólares. Lo que se dice con más sigilo es que la misma reforma contiene rebajas tributarias por más de 1100 millones de dólares.  Tómese en cuenta nada más que en el Fondo de Estabilización Económico y Social hay más de 12 mil millones de dólares y el PIB ya ha sobrepasado los 200 mil millones de dólares.

En otras palabras, cada una de las medidas, con excepción de algunas que tienen cierto potencial, como el aumento del post natal o el Ministerio de Desarrollo Social, tienden a dar cierta apariencia de cambio y modernización, pero no son más que tránsitos circulares en torno a lo mismo que se critica. Esto me lleva a pensar, a modo de conclusión, que el gobierno de Sebastián Piñera no es endógenamente incompetente. Tiene una carencia de habilidad política notable y programáticamente es pobre, aunque dentro de esa estrechez no hace las cosas tan mal. El problema es cuando salimos de su rango de visión. El gran problema pareciera estar en un conjunto de instituciones que influencian a actuar de tal o cual forma, que están alejadas de las discusiones importantes y necesarias para el Chile del futuro y de ahí que lo se necesite sea situarse en un plano superior, realizar cambios profundos que permitan actualizar la democracia, poner al día nuestra instituciones, ajustarlas a una sociedad que cambió. Confió en que el próximo gobierno lo haga. Para este los meses están contados y el tiempo que tenía para cambiar se le acabó.

N. del Editor: Se recomienda leer además “Discurso del 21 de mayo: ¿la tormenta que amainó?”.

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Después del golpe militar que puso fin al gobierno de uno de sus más destacados militantes, como fue Salvador Allende Gossens, la tortura y el exilio marcaron las divisiones y fragmentaciones de la colectividad. Una vez reconquistada la normalidad institucional y la democracia, el PS se transforma en la bisagra institucional entre la izquierda más radical y el centro político. En esta dinámica el PS ha logrado mantener su vigencia en el re-acomodo del sistema de partidos desde los años noventa hasta la actualidad. Sin embargo, esta labor de “bisagra” no ha dejado del todo conforme a la diversa militancia socialista, especialmente si observamos que a partir del re-establecimiento del PS durante los noventa, éste albergó a una serie de figuras políticas provenientes de las más diversas corrientes de izquierda, tales como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), la Izquierda Cristiana (IC), entre otros movimientos políticos que sucumbieron a la dictadura militar. Asimismo hay que considerar las profundas divisiones ideológicas que sufrió el partido en la clandestinidad, las cuales enfrentaron a socialistas renovados y a socialistas radicales, de hecho con los últimos se debió trabajar paulatinamente para su incorporación en las diversas alianzas democráticas. Estos últimos sectores donde se encontraban los grupos más radicalizados y menos proclives a generar acuerdos con el centro políticos, eran representados por el actual senador Camilo Escalona, por otra parte, los grupos más renovados eran representados por figuras como el ex senador Ricardo Núñez, Carlos Altamirano, entre otros.

No se sabe con certeza porque hasta el día de hoy el fraccionamiento interno en el PS se mantiene, pues las diferencias ideológicas de los ochenta han sido superadas con creces. Nadie pondrá en duda el proceso de renovación socialista mundial y la incorporación de la tienda a la Internacional Socialista (asociación que vincula a todos los partidos de vertientes socialistas, progresistas y socialdemócratas del mundo). Al parecer desde aquellos años ochenta la discusión ideológica ha pasado silenciosa y el acostumbramiento a la lógica de mercado del sistema político, económico y social chileno, sumado a la gran cantidad de militancia que ingresó al Partido Socialista de Chile, con falencias doctrinarias e ideológicas, han terminado por debilitar el sustento político de esta tienda y su enjambre popular de antaño.

Hoy en día el PS se encuentra realizando alianzas con el centro político, de una manera impensada hace treinta años atrás, generando una colaboración política con la Democracia Cristiana, partido que en sus inicios se encontraba muy lejos de la posibilidad de hacer alianzas con un partido marxista como lo fue en un momento el PS en los años setena y ochenta. Asimismo es importante considerar la mala presentación de este eje supuestamente “histórico”, que no ha hecho más que confundir tanto a la militancia socialista y simpatizantes, como también al electorado. En definitiva para ser strong>una alianza que solamente ofrece volver al poder con Bachelet, pues más allá de eso hay una ausencia brutal de propuestas programáticas.

Otro aspecto que no se puede soslayar en el análisis retrospectivo del PS es la profunda falta de democracia interna. Las distintas familias-agrupaciones (lotes), se han caracterizado por monopolizar la competencia interna. Sin embargo, a lo largo de estos 22 años de democracia, sólo dos tendencias han alcanzado la dirección nacional del partido, la Nueva Izquierda y la Renovación Socialista (el senador Escalona y el ex senador Núñez respectivamente). Han existido algunas excepciones, pero como dice el dicho “una sola golondrina no hace verano”. El monopolio de la “mayoría” ha obligado a otras tendencias menores a subyugarse al mandato de los “grandes” y a sus posiciones políticas, dejando a un costado, y por lo general olvidadas, las ideas de cambio social. Cabe recordar, además, las sensibles renuncias que tuvo el PS durante el año 2009, que evidenciaron una profunda falta de democracia y un absolutismo en la gestión de Escalona, quién en ese entonces había protagonizado un mediático altercado con el presidente del PRSD, José Antonio Gómez, durante la “primaria presidencial” que daba por ganador a Eduardo Frei. Las renuncias más sentidas fueron la del ex Ministro de Educación Jorge Arrate, quien posteriormente fue candidato presidencial, y las renuncias de Carlos Ominami y Marco Enríquez-Ominami, quiénes abandonaron el partido para levantar la candidatura de éste último, obteniendo un gran resultado electoral que socavó profundamente la votación de Eduardo Frei, el candidato de la Concertación y del “socialismo oficialista”.

Ahora bien, la falta de credibilidad institucional en Chile ha tocado con fuerza no sólo al gobierno sino también a la oposición. El “anti politicismo pinochetista” ha re-sonado con fuerza en las cabezas de chilenos y chilenas, haciendo que los ciudadanos hayan perdido por completo el interés en participar y/o informarse sobre los temas políticos, los cuales por cierto son de gran relevancia nacional. Frases como “detesto la política” o “no me gustan los políticos porque son todos malos y corruptos” se hacen cada vez más frecuentes. En este sentido y considerando un escenario con una inscripción automática y un voto voluntario, como el que se aproxima, el futuro resulta incierto. En este marco, ¿qué ha hecho el PS para generar una identidad al interior del sistema de partidos chilenos? Lamentablemente nada, sólo ha logrado confundir a su electorado. En materia ideológica el partido que antiguamente reunió a “obreros e intelectuales” ni siquiera ha logrado mantener ese sello en las capas sociales, por otra parte, el PS ha sido visto por una buena parte de su militancia como una canal de ascenso social rápido, como una suerte de valor agregado a las mediocres profesiones de algunos militantes, o incluso a su mediocre desempeño universitario. Cabe destacar que este rasgo no es exclusivo del PS sino también de la DC, del PPD y del PRSD, de toda la Concertación en realidad.

El Partido Socialista de Chile debe tratar de enmendar estos errores, saber conquistar a la nueva base social y diversificar a sus representantes. Debe ser capaz de encantar a la posible militancia que se encuentra en las poblaciones y en las universidades, no a través de la capacidad de emplear y usufructuar del Estado, sino a través del cambio social que Chile necesita para dejar de ser una sociedad escandalosamente desigual como es ahora y luchar por una integración plena de Chile con América Latina. Si el PS sigue en la senda de aplastar a las minorías, solo logrará constituirse como un partido homogéneo y sin capacidad de diálogo, marcado por los conflictos internos y las desavenencias. Lo más probable es que para gobernar durante esta difícil etapa que se avecina, se recurra a algún histórico, ante lo cual no cabe duda de que la pelea mayor será entre Escalona y Núñez. En este escenario las generaciones más jóvenes, incapaces de unirse y reclamar lo que por derecho les pertenece, serán nuevamente desplazadas a un lado. Es de esperar que cualquiera de los dos históricos pueda re-ordenar el complejo y dañado estado en que se encuentran las relaciones políticas al interior del partido, de lo contrario el PS no subirá de su 10% histórico de representación y estará condenado a ser un partido que vive de su historia pasada, pero carece de un futuro claro.

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“Si me hundo yo, que se hundan todos conmigo”… tal parece ser el leitmotiv de la coalición gobernante entrando al tercer año de gobierno. En este segundo aniversario del terremoto la derecha ha redoblado e intensificado los ataques a la ex Presidenta por su manejo luego de la tragedia del 27F. Si bien antes, por la agencia de Ena von Baer, las críticas iban dirigidas como un todo al “gobierno pasado”, en un abanico de temáticas –incluyendo el manejo del 27F- hoy Bachelet es el blanco de toda la artillería de la derecha: desde el recalcitrante Victor Pérez, en la UDI, hasta el propio Presidente. Las presidenciales a dos años y las crecientes críticas al propio manejo del gobierno en la reconstrucción podrían haber adelantado la “caza” de la todavía popular ex Presidenta. Incluso las municipales también podrían haber gatillado la temprana campaña de desprestigio a “la” figura popular de la Concertación (El Mostrador, 02-2012). Pero, ¿cómo podemos explicar los aireados ataques a Bachelet –que ni siquiera sabemos con certeza si competirá en la presidencial- en un gobierno que está a mitad de camino y que tendría tiempo para acumular méritos propios para el 2014?

La amputación programática

En primer lugar, hoy no sería difícil aseverar que la coalición gobernante parece haber perdido el rumbo, lo que en parte se ve reflejado en los niveles cada vez más bajos de aprobación al gobierno, en particular a la figura del Presidente. Existe hoy agenda programática cada vez más reducida y menos ambiciosa: se descartó una (necesaria) reforma tributaria, reformas educacionales fueron vetadas y, muy notablemente, las reformas políticas  fueron archivadas para próximos gobiernos por misma iniciativa del Presidente (Cooperativa, 01-2012). Precisamente es en la arena política del Ejecutivo y su coalición que se han estrechado las posibilidades de una agenda popularmente atractiva. El reciente acercamiento con miras a establecer serias reformas políticas entre RN y la DC, dice bastante de una coalición de gobierno que no compatibiliza, y cuyos partidos tienen diferentes ambiciones de lo que el gobierno debe ser –es decir de lo que debe legislar–. Si durante la campaña se pudo prometer (casi) todo, incluyendo en terrenos donde la UDI no avanzaría un centímetro, la idea de que todo se podía arreglar una vez que se instalasen en la Moneda ha sido cuesta arriba.

Durante el 2011, fruto de las variadas modificaciones ministeriales efectuadas, el Presidente ha admitido más lugar y posicionamiento para la UDI, por la salida de Ena von Baer, Juan Andrés Fontaine y Camila Merino; y la entrada de tres pesos pesados del gremialismo Andrés Chadwick, Pablo Longueira y Evelyn Matthei. Si el objetivo del Presidente era tener a los “enemigos” más cerca, cometió el error de no tener suficientes amigos –de similar estatura– cerca. Como consecuencia el gobierno se modificó, los equilibrios de fuerza en el seno del gobierno cambiaron, el aire progresista cambió por un férreo conservadurismo político y económico. El envío de Felipe Kast a un puesto ad-hoc sin preponderancia política, por otorgar un premio de consuelo al mediocre manejo educacional de Lavín, contribuyó también a limitar el margen de maniobra política del Presidente.

Si antes eran incómodas las críticas públicas por parte de la UDI al Presidente, particularmente de desde fuera del gobierno, la inclusión de los “díscolos” al gobierno sólo sacó de las portadas de prensa la opinión que de todos modos tiene hoy más peso estando al interior del gabinete. Improbable es que Piñera pueda antagonizar con los pesos pesados sentados a su alrededor, menos aún que los pueda amenazar con su expulsión del gabinete.

Se ha perdido el campo de maniobra de una agenda que, desde la perspectiva de la campaña presidencial, tenía tintes liberales y progresistas, estando hoy en términos programáticos el Presidente limitado por el poder de voz y veto de la UDI. Por otra parte, el único ministro de “confianza” para Piñera, Rodrigo Hinzpeter, ha actuado errática y prepotentemente en episodios desde el bullado caso bombas hasta la cacería de brujas de los incendios en Torres del Paine, y en particular el incendio en Carahue donde acusó a organizaciones mapuche de protagonizarlos, ganándose -aun más- antipatías de gran parte de la ciudadanía – haciéndole craso favor al delicado apoyo popular al gobierno–. Lo peor para Piñera, es que su único amigo en el gabinete puede prácticamente comportarse como quiera, pues removerlo sería la abdicación de su limitado poder vis-à-vis la UDI.

Desechadas las esperadas reformas políticas, parte importante de la campaña de Piñera, y el poco entusiasmo respecto a una reforma tributaria, han removido gran parte del stock de logros que el gobierno podría haber exhibido de cara a las siguientes presidenciales. En algún momento dijimos que la reconstrucción incluso podría convertirse en una carga bendita (Ballotage, 08-2011), al permitir al gobierno capitalizarla a futuro ejecutando políticas de forma eficiente y visible –por tanto convirtiéndola en parte central de la tarea del gobierno en términos programáticos y simbólicos– más aún si aparejada de una política de renovación de infraestructura de transportes y de comunicación. Sin embargo, el rendimiento del gobierno parece haber sido magro. En consecuencia la “carga bendita” se ha transformado en un peso muerto que bien podría arrastrar el gobierno hasta el 2014. De ahí probablemente el ánimo de ligar el fracaso de la reconstrucción con el fracaso de la respuesta del gobierno de Bachelet al terremoto –donde sólo tuvo horas para reaccionar, comparado por los meses para manejar la reconstrucción–. Esto nuevamente dentro de la lógica de la política del empate que ha exhibido el oficialismo durante buena parte de estos dos años. El problema es que ello puede servir a lo más como instrumento táctico, para ganar tiempo, o como instrumento para ganar una batalla política, pero no puede convertirse en estrategia de campaña. La gente se da cuenta del cinismo, se desilusiona y termina por indignarse.

En evidencia, poco de la campaña contra Bachelet tiene que ver con establecer responsabilidades. Ya hay recursos en tribunales al respecto. Los llamados a un cuasi-juicio político por parte de la derecha respecto al 27F, chocan con el carácter extraordinario de la emergencia y las propias ineficiencia del Estado como un todo, pero por sobre todo llama la atención el nexo entre responsabilidad y muerte de ciudadanos, que se trata de equiparar con la responsabilidad de varios dirigentes de derecha en la dictadura. Un absurdo e insultante intento de igualar 1973 con el 27F (El Mostrador, 02-2012). Por cierto, imagínese a los Liberales Demócratas (LDJ), en Japón, exigiendo al Partido Democrático (PDJ) las penas del infierno por las descoordinaciones en el desastre de Fukushima. Exageración, oportunismo y una calidad moral deplorable.

Es evidente que la falta de determinación de Bachelet tuvo algo de influencia en la confusión y titubeos a la hora de tomar decisiones importantes, pero por otra parte, y aún más importante, protocolos o procedimientos de emergencia no existían y organismos clave, militares y civiles, fallaron en proveer información e inputs necesarios para la toma de decisiones. Se comprende, sin embargo, que ante malos inputs y herramientas inexistentes la situación fue extraordinaria, compleja y desesperante. Probablemente lo “normal” es cómo reaccionó Bachelet, en un contexto sin información, sin el apoyo comunicacional de las Fuerzas Armadas (¿o usted pensará que quedaron incomunicados?), sin inputs ni protocolo. Lo extraordinario hubiese sido que se hubiese sobrepuesto a las limitaciones y haber concentrado para sí toda la autoridad que le confiere ser la primera autoridad política del país –y para qué acumular todo en Bachelet si sus ministros también pecaron de falta de ingenio–. Incluso así es difícil verificar cuan distinta hubiese sido la respuesta. Como fuere creo que, más bien, las responsabilidades son del Estado en su totalidad. Las que competen al gobierno, como detentores del poder político, se limita a la eficiencia de los responsables de organismos clave de actuar con eficacia –sin importar cuan imperfectos los procedimientos–. En este sentido, el SHOA y la ONEMI deberían responder (CIPER Chile, 01-2012), y sus directivos penalizados, sobre todo por la errónea y contradictoria información que parecen haber entregado.

En conclusión el estructurado ataque sobre Bachelet tiene evidentemente, más componentes electorales-tácticos que pretender buscar responsables de la catastrófica reacción el 27F –organismos como SHOA y ONEMI tienen principal responsabilidad por ser fuentes de input a la labor del Ejecutivo–. No obstante, lo que nos ha interesado acá ha sido explicar el timing y causas de los vehementes ataques. Dada la contracción de perspectivas políticas, debido a una agenda programática amputada, al parecer existe poco optimismo de generar reformas públicamente esperadas –y de llegar con “logros” a disputar las elecciones–. La reconstrucción, en lugar de convertirse en la oportunidad para construir un “relato” o hacerla parte central de la tarea del gobierno, debido a la mala ejecución y planificación, se ha convertido en un lastre y un flanco delicado que el gobierno, probablemente, conserve hasta el 2014. De ahí la necesidad de ligar la figura de Bachelet con el propio fracaso del oficialismo. Las protestas en Aysén y otras partes también han contribuido a poner presión en el gobierno y buscar maneras de salir del foco público.

Más allá de esos factores queda la duda de si Bachelet se convertirá en el enemigo no declarado del oficialismo tan pronto, quedando dos años para las elecciones (en las que ni siquiera dice que va a participar). Si von Baer hastió a la ciudadanía con que todos los males del país eran culpa “del gobierno anterior”, convirtiendo tal estrategia en un absurdo y un elemento de desilusión con el gobierno; ataques constantes y vehementes a Bachelet perfectamente pueden generar antipatías al revelarse como majaderos y cínicos, pues todo recurso retórico y político puede volverse en contra si se abusa de él, más aun si continuamente se emplea contra una figura que todavía genera importantes simpatías entre la ciudadanía.

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Pero una de las razones por las cuales no se concretó esta propuesta en el gobierno anterior, especialmente mientras fuera ministra quien lo propuso por primera vez, fue que los resultados que se observaron en Argentina y Brasil no fueron finalmente lo óptimos, ya que se terminó por generar un tradicional problema que opacó la importancia del nuevo ministerio, restándole autonomía en su rol de planificador social: las frecuentes restricciones presupuestarias. Finalmente el realizar, o no, algún tipo de intervención, pasa por Hacienda y, especialmente, por la dirección de presupuesto, en el caso chileno.

Uno de los grandes problemas que ha tenido, y mantenido, la mayoría de todos los ministerios sociales a nivel latinoamericano, es su constante dependencia del Ministerio encargado de las finanzas públicas. Si no existe cierta autonomía presupuestaria para la planificación de ciertas intervenciones necesarias, será muy complejo que pueda cumplir el objetivo de ser “el diseñador y aplicador de las políticas y programas para superar la pobreza en Chile” [1]. De seguir existiendo una frecuente  dependencia  para diseñar o financiar políticas sociales, podría llegar a ser más improductivo una institucionalidad de mayor tamaño, ya  que incorporaría más burocracia, que un sistema cómo el que existe hoy.

El nuevo ministro de planificación, Joaquín Lavín, se ha enfocado en otorgarle mayor interés al desarrollo del ingreso ético familiar, como una de las grandes apuestas de este nuevo gobierno [2]. Aunque de no existir un mínimo de libertad sobre el presupuesto necesario para aplicar ésta, o alguna otra política, sólo encontraremos buenas intenciones administrativas. Ahora, no se trata de ser fiscalmente irresponsables, sino más bien de  tener un encargado que evalúe los presupuestos y pueda aprobar, o desaprobar proyectos al interior del mismo ministerio, ya que de lo contrario esta nueva iniciativa sólo será cambiarle el nombre al tradicional ministerio de planificación.

Al parecer se pretende avanzar también en relación a la gestión, coordinando cualquier programa relacionado con la intervención social y la superación de la pobreza. A pesar de poder avanzar en estos ámbitos, un objetivo de base es la evaluación de las iniciativas de inversión, para determinar rentabilidad social y generar políticas eficientes y eficaces [3], pero, de no tener poder para otorgar presupuesto, no tiene mucho sentido evaluarlo. Es necesario destacar que en un principio se planteó un ministerio con mayor poder, pero luego se disminuyó, teniendo como razón principal, el manejo financiero del Ministerio de Hacienda y los equilibrios fiscales y macroeconómicos que éste encabeza.

De todas maneras hoy la ciudadanía se encuentra exigiendo un nivel de intervención política menos asistencial, donde el enfoque no será priorizar la rutinaria entrega de bonos, ya que es una función que Chilesolidario ya está cumpliendo. Lo fundamental será generar intervenciones que disminuyan las brechas intergeneracionales, y establecer niveles de equidad en las oportunidades para acceder a bienes y servicios. Un objetivo difícil de conseguir sólo con cambios de gestión institucional, aunque esperemos, por lo menos, se pueda generar una administración más eficiente.

Notas al pie:

• [1] MIDEPLAN. Gobierno de Chile http://www.mideplan.gob.cl/noticias/2011/08/11/congreso-aprueba-creacion-del-ministerio-de-desarrollo-social
• [2] La Nación. Ignacia Fernández. “Ministerio de desarrollo social. ¿algo nuevo bajo el sol?” http://www.lanacion.cl/ministerio-de-desarrollo-social-algo-nuevo-bajo-el-sol/noticias/2011-08-24/181718.html
• [3] La Tercera. Opinión Editorial. “Creación del Ministerio social”. 29/08/2011.  http://latercera.com/noticia/opinion/editorial/2011/08/894-389245-9-creacion-del-ministerio-de-desarrollo-social.shtml

(1) El Ministro Kast ha proyectado la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que se preocupará de abordar los distintos desafíos sociales del país y de brindar protección a los grupos vulnerables y promover la movilidad y la integración social. Este futuro Ministerio estará conformado por dos subsecretarías: Subsecretaría de Servicios Sociales y, Subsecretaría de Evaluación Social.

Este nuevo Ministerio tendrá tres pilares fundamentales en su orgánica:

• Un Comité de Ministros,
• El Ministerio de Desarrollo Social propiamente tal y,
• Oficina de Evaluación de impacto.

Dentro de los objetivos que el Presidente Piñera y el Ministro Kast tienen para este futuro Ministerio se encuentra el centralizar los servicios enfocados en temas sociales, junto a una fuerte coordinación interministerial y la externalización de la evaluación de programas sociales. La principal fortaleza de este ministerio será que, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales coordinará, orientará e integrará todas las políticas sociales que ofrezca el gobierno en un solo organismo reduciendo problemas de gestión y prestación de los servicios.

(2) Por otro lado, es necesario tener presente que hace un tiempo MIDEPLAN publicó los resultados de la Encuesta Casen 2009. Dentro de los resultados que arrojó la versión 2009 de la encuesta, se indica que el nivel de pobreza subió desde un 13,7% según los resultados CASEN 2006 a 15,1% de la población. Además en el período 2006-2009 se presentó un aumento en los niveles de desigualdad. El ingreso monetario de los hogares ubicados en el primer decil aumentó de $113.010 a $114.005, lo que corresponde a un aumento en un 1% del ingreso en términos reales. Durante el mismo período el ingreso monetario promedio del último decil aumentó de $2.705.630 a $2.953.920, lo que representa un aumento del 9% en términos reales.

El gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet (gobierno de turno al momento de aplicarse la Encuesta Casen 2009),  implementó la Red Protege, que es una versión un poco menos institucionalizada que lo que se desea realizar con el nuevo Ministerio de Desarrollo Social. Esta red busca dar seguridad y oportunidades a los chilenos y chilenas a lo largo de su vida. Según los propósitos del anterior gobierno la Red Protege proporciona derechos y protección a los chilenos contra la enfermedad, la pobreza, el desempleo, la vejez y la discapacidad. La Red Protege incluye el trabajo coordinado de los diversos ministerios relacionados con la protección social. Protege enfoca su tarea hacia los sectores con mayores necesidades y carencias. La Red Protege busca reducir la vulnerabilidad, crear oportunidades para los niños, niñas y sus familias, disminuir las desigualdades y mejorar la equidad social.

Al analizar los datos mencionados anteriormente surgen automáticamente las siguientes preguntas, que no busco resolver en el siguiente artículo, pero si deseo poner en la palestra, ya que siento que son las más importantes, sin embargo, las que menos son tratadas al momento de definición de políticas públicas

1. ¿Cuál es el verdadero impacto de la Red PROTEGE para la reducción de la pobreza o de la desigualdad? Al parecer, y según algunas evidencias, la política pública PROTEGE, versaría más sobre un enfoque de justicia Rawlsiano, sin embargo, no iría a atacar el problema de la sociedad chilena: la desigualdad. Es un enfoque que se preocupa en satisfacer las necesidades del más pobre o necesitado, pero nada habla sobre cómo reducir la inmoral brecha de ingresos entre los deciles de mayores ingresos con los de menor ingreso.
2. ¿Cuál será el futuro de la Red PROTEGE, política pública emblema del gobierno de Michelle Bachelet? Recordemos que PROTEGE tenía en su eje axial, una intervención intersectorial de las políticas sociales del Estado. Sin embargo, si lo vemos a la luz de las propuestas para el nuevo Ministerio de Desarrollo Social, esa finalidad estaría cumplida por este nuevo ministerio. Entonces ¿Dónde queda PROTEGE? ¿Irá a finalmente aterrizar como un mero programa en la nueva Subsecretaría de Servicios Sociales?
3. ¿Qué nuevas orientaciones metodológicas se introducirán para atacar realmente el tema de la pobreza y la desigualdad? Criterios de un Estado asistencialista han evidenciado que no son óptimos al momento de resolver estos problemas, pero tampoco podemos asignarle al utilitarismo, y por ende al mercado este afán pseudomesiánico. ¿Dónde incluímos los nuevos enfoques del Capital Social, que según últimas investigaciones del Banco Mundial y CEPAL, son efectivos al momento de reducir pobreza y desigualdad, a largo plazo? O también podemos pensar ¿Está dispuesto un gobierno a orientar su política social apostando a una solución a largo plazo (como sería el enfoque de Capital Social), sacrificando su rentabilidad política electoral en elecciones de corto plazo? O buscará ¿sólo reflejar cambios en cifras cortoplacistas, para asegurar una virtual eficiencia al momento de reducir brechas?

No pretendo resolver las preguntas antes mencionadas, sin embargo, creo que son las interrogantes que como país deben resolverse, para como alguien dijo alguna vez “Crecer con Igualdad”.

Pero ese mar que tranquilo nos baña y que nos promete un futuro esplendor, como dice la letra de nuestro himno patrio, es también una gran fuente de riqueza para miles de pescadores artesanales y también para grandes empresas salmoneras y multinacionales extranjeras. Durante mayo pasado el congreso aprobó un proyecto de ley que cambia el estatuto jurídico de las concesiones otorgadas a la acuicultura con lo cual estas concesiones pasan a formar parte del patrimonio de las innumerables empresas salmoneras, por lo cual ellas están en condiciones de realizar acciones de venta y compra, así como hipotecarlos (Todoschile.cl).

Este proyecto no ha contado con el beneplácito de los pescadores artesanales, quienes se han visto afectados por la gran contaminación producida por las salmoneras en el sur de nuestro país, ni por diversas entidades que aseguran la mala calidad del salmón producido en Chile: “(las empresas)… manejan en forma secreta y hasta criminal las dosis de antibióticos compuesto por Quinolonas, que suministran a los salmones. La impactante cifra de 385 toneladas de antibióticos usadas en el último año en el país remece a las organizaciones defensoras de los derechos ambientales y ha provocado estupor en los países europeos y norteamericanos, ya que el antibiótico Quinolonas está prohibido porque el consumo de esta droga por seres humanos afecta el sistema inmune, provocando una escasa resistencia a enfermedades bacterianas y virales” (Elsiglo.cl). Sin embargo el gobierno de la Concertación y el apoyo de la derecha, no se han cansado en apoyar a esta industria, otorgándole ayudas salidas del presupuesto nacional, cercanas a los 500 millones de dólares, así como de legislar explícitamente a favor de ellas y en desmedro del patrimonio de todos los chilenos.

Esto puede ser confirmado cuando nos enteramos que el principal gestor de este proyecto, que otorga derechos patrimoniales sobre un bien de uso público, es el ex subsecretario de pesca Felipe Sandoval, flamante nueva contratación de las empresas AquaChile, una de las empresas salmoneras más importantes de nuestro país. Este traspaso del ex subsecretario de pesca al mundo privado pone de manifiesto el estrecho vínculo que existe entre las empresas privadas y las reparticiones gubernamentales, puesto que la misma empresa señala que contrata a Sandoval por su larga trayectoria en el mundo público (Aqua.cl). Lo que se encuentra en tela de juicio, es la imparcialidad del gobierno de Michelle Bachelet frente a los diversos conflictos que surgen entre el mundo público y privado, ensuciando su rol de mediador ecuánime, sobre todo a la magnitud de los conflictos, como por ejemplo Pascualama, Hidroaysen o este caso de las salmoneras.

La fundación Terram lo expresa así: “este hecho afecta gravemente todo el proceso que se ha realizado en el último tiempo. Además, le resta credibilidad a las modificaciones sanitarias y ambientales realizadas en la industria acuícola, que fueron impulsadas precisamente por la persona que hoy pasa a ser ejecutivo de AquaChile” puesto que además Sandoval fue el coordinador de la mesa del salmón o Grupo de Tareas del Salmon, encargado de enfrentar la crisis de la industria salmonera. Frente a este evidente conflicto de intereses podríamos preguntarnos si el ex subsecretario de pesca trabajaba para el gobierno de Chile o para las empresas salmoneras, o cuanto de las medidas adoptadas por esta comisión buscaban encubiertamente ayudar a la alicaída y poco higiénica empresa del salmón chileno, en desmedro de los pescadores artesanales o del ecosistema nacional.

La falta de vergüenza del ex subsecretario y de la empresa salmonera, nos muestran el actual estado de la política chilena, más bien cercana e involucrada con los intereses privados y virtualmente alejada de ciudadanía, sin apoyo popular, desprestigiada a los ojos de los chilenos.

Los sectores del actual gobierno buscan responsabilizar a la señora Bachelet del mal manejo de la catástrofe durante y en los días posteriores al sismo, mientras que los funcionarios del anterior gobierno tratan de deslindar su responsabilidad hacia otras instituciones estatales, como las Fuerzas Armadas, especialmente con el bochornoso desempeño de la Armada (Latercera.com). Si bien encontrar y determinar responsabilidades políticas, administrativas y técnicas es imperioso y necesario para dejar en claro que el Estado es capaz de aleccionarse a sí mismo y de reparar las fallas que se cometieron, no debe dejarse de lado el trasfondo que fundamental esta investigación: el Estado chileno en su conjunto, no estuvo a la altura del desafío que la catástrofe ameritaba. La descoordinación patente que muestra el video entre los diversos actores (gobierno, ONEMI, F.F.A.A.) nos permiten señalar la flaqueza del sistema preparado para enfrentar este tipo de acontecimientos.

Frente a la debilidad que mostró el Estado, deberíamos preguntarnos cuán seguro y cuán protegido está Chile, frente a un acontecimiento de verdadero peligro para nuestro país, vimos que nuestro sistema es frágil frente a las catástrofes naturales tan frecuentes en Chile ¿deberemos esperar un conflicto armado para saber si nuestra defensa es efectiva o no lo es? Los cierto es que ha quedado en evidencia que la presidenta Bachelet no contaba con la información necesaria para tomar una decisión acertada debido al fallo generalizado de quienes debían responder en primer lugar frente a lo sucedido. Sin embargo, esto no exime a la ex mandataria de su responsabilidad, en cuanto ella era la Jefa de Estado, correspondiéndole exclusivamente el gobierno y la administración del Estado, según la Constitución Política de nuestro país (art.24) además de disponer al conjunto de las Fuerzas Armadas y dirigirlas según las necesidades de la seguridad nacional (art.32, incisos 17 y 18).

Esto deja en evidencia la falta de liderazgo de la ex presidenta de la República, en cuanto responsable de un Estado que no funcionó cuando fue requerido y no por las razones que argumenta el diputado Hasbun de la UDI, que hace una alusión a esta falta de liderazgo de Bachelet por no tomar ciertas decisiones (Radiobiobio.cl) por cuanto cualquier mandatario enfrentado a la falla sistemática de los organismos de seguridad y de emergencia, no hubiese contado con la información necesaria para actuar debidamente. Si las responsabilidades son individuales, es tan bien cierto que aquí hubo fallas institucionales que nos muestran una debilidad material pero también una debilidad conceptual en lo que se refiere a materias de Defensa Nacional y de Seguridad Nacional, y de las relaciones recíprocas que existen entre ambas, pues no puede ser que el actual ministro de Defensa exprese que “Las Fuerzas Armadas no están para ser las enfermeras ni los curadores de los terremotos y los aluviones, si no para cuidar nuestras fronteras y asegurar la seguridad del país” (Latercera.com) desconociendo que en la página web de su propio ministerio se define el objetivo de la Defensa Nacional como el de resguardar y proteger a la población que habita en el territorio nacional (Defensa.cl). Es detrás de esta descoordinación conceptual y material, en que se encuentra la falla del sistema de seguridad nacional, una falla de la estructura de la institucionalidad chilena, de la cual forman parte el gobierno, la ONEMI y las F.F.AA. No obstante, no hay que esconder la responsabilidad individual detrás de la falla institucional, por eso los intentos de blindar a la ex mandataria, blindada ya en lo político, en cuanto Jefa de Gobierno, no hacen más que mostrar que a nuestra clase política le interesa más cuidarse a sí misma, que velar por un bien público como es la Defensa y la Seguridad de Chile y sus habitantes.

Considérese que en un régimen Presidencial como el nuestro la primera magistratura concentra facultades, prerrogativas y simbolismos que hacen de esta la principal fuente del poder político. Enseguida, que el sistema chileno es el más presidencialista de Latinoamérica en detrimento del poder Legislativo, asunto corroborado por la extensa literatura sobre el tema. Por tal razón en términos de nominación de cargos, poderes de acción activos (potestad reglamentaria) y reactivos (veto), áreas de iniciativa exclusiva, etc., el Presidente chileno es casi un hiperpresidente. Por otra parte, si consideramos el componente simbólico y su importancia, el Presidente como persona única está a la misma altura que todos los integrantes del poder legislativo, tiene un aparato comunicacional y de coordinación monumental comparado con el del Congreso en su totalidad: cada Ministerio lleva individualmente la agenda planteada por el presidente teniendo constante comunicación con la Moneda. Las últimas reformas del 2005 pusieron finalmente al Presidente por sobre las FF.AA. Esto es lo que podríamos llamar el fondo del poder presidencial, lo que es.

Pero en este contexto, vale bien la pena preguntarse: ¿Qué es el poder? Definido de una forma básica, a la manera de Weber, es la habilidad de que otros hagan la voluntad de uno, e incluso obligar a quienes se opongan. Esto bajo las restricciones y obligaciones de la República significa que el Presidente puede hacer su voluntad dentro de los límites que contempla la ley, en tanto que lo que lo legitimiza es el mandato popular, ser electo. Dada la separación de poderes, el Presidente no concentra en sus manos la habilidad de juez ni de legislador, pero si la ejecución y cumplimiento de leyes y políticas. En términos generales, las facultades descritas en el párrafo anterior permiten al Presidente hacer su voluntad en designaciones estatales y actos administrativos varios que le permiten gobernar. Estos son procesos de poder, tan triviales que la carga de poder que los rodea suele pasar desapercibida. El poder del Presidente entonces se expresa en: volcar su voluntad para hacer y deshacer según las leyes lo prescriban, procurando no entrometerse en la esfera de competencia constitucional de los otros dos poderes.

Por otra parte, la forma que adquiere el poder, quién lo es, depende de quién ejerza el cargo, pudiendo expresarse tal cualidad de distintas maneras. El ex Presidente Lagos por su personalidad lo expresó de una manera bastante fuerte. Durante su mandato exteriorizó en términos simbólicos el poder del Presidente chileno, posicionándose enérgicamente por sobre sus colaboradores y dirigiendo los partidos de la Concertación bajo una notable disciplina, en condiciones de una severa crisis económica. En contraste, también el Presidente puede no expresar tan notoriamente el lugar en que se encuentra, actuando más bien como un tecnócrata administrando el Estado, tal fue el caso del ex Presidente Frei. Vemos hoy el caso del Presidente Piñera actuando con autonomía casi absoluta de los partidos, antes de ordenar los conflictos con la UDI y de disciplinar a su propio partido el Presidente ha preferido actuar con el peso de su cargo, tomando casi el mismo las riendas de la Presidencia, distribuyendo cargos a su exclusiva voluntad (excepto en los pocos políticos que tuvo que incluir casi por cortesía) y dejando la política partidaria en manos de otros dirigentes.

El liderazgo, o la forma de representar el poder, de Bachelet fue diferente a todos sus predecesores y del actual Presidente. En efecto su postura no fue ni burocrática ni autocrática, más bien maternal hasta el punto de lograr llevar el poder desde una verticalidad a una horizontalidad relativa (Elmostrador.cl). No obstante, no es que el poder haya sido sacralizado y luego banalizado, el poder es el poder, las formas de evocar ese poder es lo que cambia, y es en los casos de emergencia o crisis que tal poder puede revelar lo más crudo de su esencia: el “obligar a otros que cumplan mi voluntad”. Es en ese sentido que esta horizontabilidad jugó en contra de la Presidenta, aun cuando ese valor de liderazgo le había valido ante la ciudadanía apoyo y al frente de su gobierno legitimidad – de este modo puede explicarse que tal valor medido en apoyo popular es lo que impide a gran parte de la población criticar a la Presidenta.

El hiperpresidencialismo concentrado en la figura del Presidente – la voluntad de hacer y deshacer como poder ejecutivo – se disolvió luego que no existiesen las formas triviales de manifestación de ese poder, lo conocido. En consecuencia, en el caos post-terremoto la Presidenta se vio incomoda improvisando dentro del descomunal poder que la sustentaba, sólo pudiendo evocar su liviana interpretación del poder que en tal momento le resulto inútil ante la enorme falta de disposición y disciplina de sus subordinados, los cuales en ningún momento vieron la necesidad de someterse completamente a la voluntad del Presidente de la República.

Es por tanto, tal concepción del poder, que se debe tener en cuenta al analizar los eventos vividos. Si bien la desinformación erosiona los alcances de ese poder, no es excusa para no exigir y hacer cumplir la voluntad del Ejecutivo, dentro de las restricciones de la ley y actuar en la defensa de los mandantes, delegantes de tal poder, que son los ciudadanos, utilizando todos los recursos necesarios. Pues el hiperpresidente, en casos de emergencia, puede en teoría hacer lo que le plazca con una buena cuota de determinación y bajo el reconocimiento propio de los alcances del cargo que desempeña, en otras palabras, del enorme poder que lo sustenta como primera magistratura.

Aclaración: Los editoriales de Ballotage representan nuestro sentir institucional frente a ciertos temas importantes. Más información aquí.

Hay que mencionar que lo referente a un esquema de planificación y protocolos en caso de catástrofe es responsabilidad exclusiva de todos los gobiernos pasados, desde el gobierno militar hasta la saga de gobiernos de la Concertación. No obstante esto no quita de responsabilidad al gobierno de Bachelet, en el sentido de que su administración temporal del Estado durante el terremoto tuvo las consecuencias sabidas en pérdidas humanas, en gran parte debido a la ausencia de un plan de respuesta (componente estructural, responsabilidad compartida con gobiernos anteriores) y a las graves descoordinaciones entre el Ejecutivo, ONEMI, SHOA y las FF.AA. (componente coyuntural).

Sin embargo, a los ojos de la ciudadanía que no vivió (o no sobrevivió a) la catástrofe directamente las letales descoordinaciones a nivel del Ejecutivo (Cnnchile.com) no son impugnadas a las autoridades de entonces, ni a las del presente (recordando que medidas reparatorias podrían existir por la negligencia del Estado, tal como las existen, y se han ejecutado en democracia, por violaciones a los derechos humanos en la Dictadura). Asunto que se corrobora con la encuesta Adimark publicada días después del terremoto que muestra el apoyo a la Presidenta Bachelet como inalterado (Radiobiobio.cl), a pesar de testimonios y reportajes referentes a la inoperancia de las autoridades del momento, todo lo cual se puede explicar por una generalizada complicidad con el error ante autoridades “populares”, como debilitación de la responsabilidad ciudadana (de pedir accountability a sus gobernantes), o una mimetización de las representatividad Estatal y Gubernamental de la figura del Presidente de la República.

No es muy fácil hacer la distinción entre ambos factores, ni tampoco excluir cualquier otro, pero creo que son dos aspectos remarcables para intentar explicar la gran popularidad luego de un episodio de errores fatales. El segundo factor tiene que ver con la naturaleza del régimen presidencialista, donde Jefe de Estado y Jefe de Gobierno están encarnados por la misma persona, siendo respectivamente el mismo que representa al pueblo y quien establece políticas y administra el Estado, una cualidad simbólica y otra marcadamente política, donde la segunda puede tener consecuencias halagadoras o devastadoras. En este caso, las cualidades por las cuales la popularidad presidencial de Bachelet fue alta tiene que ver con su llegada a la gente (misma razón de su elección como candidata presidencial), su simpatía y la visión generalizada de que su administración fue más bien la de una madre (con todos los simbolismos que esto podría insinuar). En el caso de hipotético de que Bachelet hubiese continuado como presidenta es probable que hasta un buen tiempo no se le hubiese cuestionado su responsabilidad como Jefa de Gobierno en las descoordinaciones del día del terremoto, halagándose, más bien, su rol de Jefa de Estado.

En este mismo sentido la “popularidad” presidencial puede ser un pésimo medidor de la capacidad y responsabilidad del Ejecutivo en los diversos temas que lo cruzan y tienen directa implicancia en los ciudadanos, porque esta “popularidad” más bien evoca la identificación del ciudadano con el Líder de una forma simbólica, precisamente en la figura del Jefe de Estado. Otros aspectos dejan ver también una identificación poco sana con la Jefa de Gobierno, como es el mencionado sentimiento generalizado de que el liderazgo de Bachelet fue uno de una madre, donde el simbolismo llega a tal extremo de aceptar los errores pero considerarlos parte, justamente, de este ejercicio de madre.

De más estaría nombrar en esta oportunidad los errores específicos cometidos por el gobierno de Bachelet durante el terremoto y posterior tsunami, que a mi parecer fue mucho más letal que el mismo terremoto (y de cuya alerta nunca se supo), y el titubeo y división en el gabinete de Bachelet ante el escenario de enviar militares la zona de catástrofe (Latercera.com) a proteger, calmar y ayudar a los ciudadanos que fueron afectados por la catástrofe y la pérdida de servicios básicos que alimentaron una situación de desgobierno y violencia, que termino en saqueos y graves amenazas a la propiedad y la vida de los ciudadanos ya impactados por el cataclismo. Sin embargo, si las numerosas fallas del gobierno al enfrentar tal crisis, con resultados fatales como sabemos, no son impugnadas por la ciudadanía, aunque el fiscal nacional ya ha iniciado una investigación por la fallida alerta de tsunami (Cooperativa.cl), estaríamos en presencia de una ciudadanía desvinculada de sus gobernantes y más bien expectante de las cualidades carismáticas, o incluso de marketing, que pueden sus autoridades públicas, preocupada más bien de lo que sus autoridades dicen o expresan, antes que su actuar.  Por otra parte, la opinión pública, encarnada en los medios de comunicación, parece haber olvidado su responsabilidad política como “cuarto poder”, pues sólo CNN Chile, Radio Bio-Bio y parcialmente El Mostrador (Cnnchile.com) han sido especialmente incisivos a la hora de criticar el actuar del pasado gobierno, más allá del deshonesto llamado de Perez-Yoma a no buscar responsables al medio de la catástrofe (Noticias.latam.msn.com) cuando es justamente el mejor momento para fiscalizar y criticar la labor del gobierno, dadas las consecuencias que pueden traer “equivocaciones y descoordinaciones” en este contexto.

Postergar las criticas, es agregar neblina a la búsqueda de responsabilidades, y la aprobación presidencial de la ex Presidenta Bachelet post-terremoto parece indicar que al ciudadano le preocupa cuan carismático es su líder, cuantas lagrimas deja hablando del terremoto, antes que la ejecución eficaz del mandato popular respecto al uso prolijo de las potestades que la Constitución y las Leyes le encargan al gobierno para resguardar a la ciudadanía e imponer orden y justicia.