Hambrientos y cansados vagamos sin rumbo fijo durante un buen rato. Nos movimos evitando el aguacero que prometía convertirse en tormenta. Nos movimos a través de viejas calles céntricas, más cerca de Estación Central y Quinta Normal que de Santiago centro. Era una fría tarde de otoño que parecía de invierno y que rápidamente se convertía en una gélida noche.

A pesar del frío, del viento y del agua charlamos animadamente durante la caminata. Nuestra conversación trataba sobre los acuerdos tomados en la reunión, la cual tuvo lugar en una antigua casona, propiedad del partido. En realidad la casona parecía abandonada, creo que siempre tuvo ese aspecto, no puedo imaginarla de otra forma. A nosotros nos permitían ocupar el tercer piso, el cual básicamente consistía en una sola habitación, ni muy grande ni muy pequeña, pero si llena de polvo y cachivaches antiguos, con sillas amontonadas por doquier y afiches de los años sesenta pegados en las paredes. Para nosotros aquello era suficiente, con eso nos bastaba, de hecho extrañamente sentíamos que ese rincón olvidado por el mundo era nuestro, nos hacía sentir bien estar allí.

Nos habíamos reunido para planificar las elecciones en la Universidad, pronto comenzarían las campañas en varios centros de estudiantes y luego las de Federación. Era todo un ritual y un espectáculo madrugar para pegar nuestros afiches, los foros de estudiantes y ver la Universidad tapizada de propaganda. Nos aguardaba mucho trabajo por delante. En algunas carreras y Facultades teníamos chances, en otros lugares simplemente daríamos una lucha testimonial. Serían semanas endemoniadas entre los exámenes de final de semestre y la batahola política que nos aguardaba, sin embargo, a pesar de que cada amanecer prometía menos horas de sueño y más cansancio, estábamos contentos. Quizás todo eso nos hacía sentir vivos, teníamos algo por lo que luchar, algo por lo que luchar juntos.

Eran tiempos distintos, a pesar de que no han pasado tantos años, en realidad parecían tiempos de ensueño. Al recordarlos parecen un relato sacado de un libro polvoriento y no parte de nuestras vidas. En aquella oportunidad planificamos elecciones, pero otras veces organizamos voluntariados o actividades sociales, foros y tantas otras cosas. Muchas veces perdimos, quizás demasiadas veces. Otras tantas las cosas no resultaron como esperábamos, algunas veces conseguimos triunfos, insignificantes, pero que en ese entonces fue como ganar un Nobel. Pero con el tiempo fuimos menos las personas que asistimos a reunión tras reunión, las derrotas se hicieron más abundantes y los triunfos más escasos, a algunos no nos importó, a otros parece que sí. Algunos egresaron y fingieron que nada había ocurrido, era como si hubiesen olvidado lo vivido, otros simplemente se cansaron.

El tiempo, inexorable, pasó, y con él se fue aquella época. Cada uno siguió su rumbo. Parecía que la habitación llena de polvo y cachivaches viejos de pronto ya no era suficiente, de un momento a otro dejó de ser aquel lugar especial que nos parecía nuestro y se convirtió en algo de mal gusto, algo que incluso causaba repulsión en varios, aunque a mí nunca me ocurrió. Algunos se aventuraron en la “política de verdad”, con fracasos estruendosos o éxitos moderados, se tuvieron que tragar nuestras críticas de siempre y doblar la rodilla cual vasallos a un señor feudal, años después siguen con la rodilla doblada y parece que todo su espíritu crítico sé esfumó, incluso aparentan que nunca nada les pareció mal, como si nunca hubiesen soñado con cambiar tantas cosas como soñamos todos juntos en aquella vieja habitación del tercer piso. A esta altura ya no sé si aparentan o si de verdad se olvidaron de todo. Otros buscaron nuevos horizontes en partidos nuevos y emergentes, donde era más fácil ser tomado en cuenta, algunos tuvieron mucho éxito, otros no tanto. El resto, la mayoría, se cansó de todo.

De esa mayoría de cansados, hubo de distinto tipo. Por un lado encontramos a quienes se dedicaron solo al ejercicio profesional y pasan sus días encerrados en pequeñas oficinas, preocupados de la hipoteca y de la cuota del automóvil, a veces van al bar de moda, algunos incluso juegan golf ahora. Sí, golf, esos mismos que compartían contigo un sándwich en la callé y con suerte tenían sencillo para comprar algo para beber. Pero a veces, solo algunas veces, escuchan a alguien hablar de política, es entonces que el corazón se les acelera e innumerables recuerdos rodeados de una extraña bruma se agolpan en su mente, es en ese momento que se contienen, callan y bajan la cabeza, mientras piensan en el balneario al que irán el fin de semana largo. Por otra parte están quienes se dedicaron a la academia, los que se creyeron intelectuales y están estudiando postgrados en países extranjeros, haciendo clases por aquí y por allá, o encerrados trabajando en su tesis e investigaciones. Por lo general viven empobrecidos, entre libros, seminarios y charlas. Ellos son mirados con desprecio por sus antiguos camaradas o compañeros que ostentan automóviles del año y poseen caros departamentos en Providencia. Para el colmo también son mirados con desconfianza por aquellos que optaron por el camino de la “política real”, pues los ven como una especie de traidores, o como soñadores en el mejor de los casos. Extraña cosa.

Entre toda esta fauna es posible encontrar algunos especímenes que siguen siendo amigos, aunque son los menos. Otros mantienen una gélida cordialidad cuando se topan con un viejo conocido en los lugares más insólitos e inesperados. Algunos ni siquiera se hablan, viejas rencillas olvidadas, rencores o quien sabe que los mantiene alejados. Pero algo los une y no es solo el recuerdo de aquella tarde otoño, pues tardes como esa hubo muchas, pero también existieron mañanas y noches en vela; en verano, invierno, primavera u otoño; y no solo en Santiago, puede haber sido Concepción, Valparaíso, Antofagasta u otra ciudad. En realidad el escenario da igual, pues a muchos nos pasó lo mismo: dejamos nuestros sueños y anhelos en el recuerdo y nos vimos absorbidos por el día a día.

No sé si es la inocencia de la juventud la que impregna y empapa los recuerdos de aquella época pasada. He llegado a pensar que las cosas no salieron bien porque quizás nuestra experiencia no fue tan profunda como la de quienes lucharon por recuperar la democracia en los ’80 o como la experiencia de quienes ahora han sido parte de movimientos sociales casi históricos. Fuese lo que fuese, lo cierto es que no fuimos capaces de seguir juntos, se nos olvidó que para ir lejos necesitábamos estar unidos, tal como dicta un viejo proverbio africano. Preferimos avanzar solos y rápido, dejando así nuestros viejos anhelos perdidos en una fría tarde de otoño. Es entonces que ahora no tenemos derecho alguno a quejarnos de que en política “están los mismos de siempre”, simplemente porque no fuimos capaces de intentar ser mejores que ellos.

Aclaración: Los editoriales de Ballotage representan nuestro sentir institucional frente a ciertos temas importantes. Más información aquí.

…o cómo la fuerza legítima se convierte en violencia sin que nos demos cuenta.

“No tengo miedo de que estemos en el comienzo de una grave crisis institucional como la que se vivió en el pasado”.

(Afirmación del 59% de la muestra que respondió la encuesta CEP, noviembre-diciembre 2011)

Existe una suerte de percepción generalizada de que las cosas no están bien hechas, y no sólo remitiéndome a encuestas que señalan el paupérrimo nivel de apoyo al gobierno de turno, o el constante rechazo que tiene la Concertación, o el desagrado que tiene la ciudadanía hacia nuestra clase política, sino que existe un rechazo que ha pasado casi desapercibido: el que paulatinamente están demostrando las instituciones que tienen en sus manos la misión de impartir “violencia legítima”. Y es que esta percepción negativa creo que es aun más grave que cualquier otra que pueda producir la política, de manera directa o indirecta, ya que ésta responde a periodos muy cortos de tiempo y una mala percepción generalizada sobre ella puede transformarse en un apoyo irrestricto al cambiar las cosas en unos pocos años.

Será que el “sentir” de la gente cambia con respecto a una persona –o a grupos de personas– de manera mucho más fácil que la que se produce en relación al “imaginario colectivo” de ciertos conceptos abstractos sociales o de instituciones que no representan, o no deberían representar, a un determinado gobierno de turno sino que son la materialización del Estado como un sentimiento comunitario o social que no entran en ningún tipo de discusión ideológica.

Sería imposible la existencia de ciertos lazos sociales que legitimen el actuar estatal con respecto a la “violencia legítima” sino existiera cierto nivel de homogeneidad tolerable con respecto a las concepciones básicas de ella. Obviamente pueden existir ciertas discusiones sobre lo que he señalado, pero nadie, o casi nadie, podría decir que “las policías no sirven para nada”, “el Estado jamás debería utilizar algún tipo de violencia”, o “deberíamos suprimir a Carabineros”, etc. Hacer un llamado de “que se vayan todos los políticos” existe, y claramente resulta grave, pero mucho más grave sería un llamado a “que se vayan todos los Carabineros”, eso sí que sería intolerable y significaría la destrucción de los cimientos mismos de la legitimidad estatal. Esto no quiere decir que suprimir la clase política chilena es un hecho menor, pero no hay que ser psicoanalista para decir que, entrelíneas, esa frase quiere decir: “que se vayan todos y exista una renovación total de la clase política”, y no el “terminar con la política” como erróneamente lo pueden entender algunos. ¿Podemos darnos ese gusto con respecto a las instituciones que perduran más allá de los gobiernos de turno y representan el uso “legitimo de la fuerza”? No, claramente, eso sería un suicidio social, o convertir a las instituciones estatales en una fuerza contraria a la misma sociedad.

“Que se vaya desde el General Director de Carabineros hasta el último de los carabineros”, eso es, obviamente, algo imposible de concebir. En el primer caso señalado –la clase política– podemos apelar a su falta de legitimidad y apoyo para presionar hacia un “cambio total” dentro de la clase política, pero no nos podemos dar el mismo lujo con las instituciones del Estado que materializan en sí concepciones de orden, justicia y violencia, que deben de ser constantemente apoyadas y legitimadas por la sociedad a la cual pertenecen. La violencia que produce el Estado mismo, y obviamente sus instituciones, dejan de ser violentas, aunque utilicen a esta, en la medida en que su actuar se encuentra en mayor sintonía con las concepciones que la sociedad tiene con respecto a valores y principios. Actuar y utilizar todo el aparataje del Estado en contra o en contradicción con el “imaginario colectivo social” produce un quiebre entre el Estado y la ciudadanía, convierte al Estado en un ente “represivo” que no sólo “no escucha al pueblo” sino que lo “golpea y violenta de manera injusta”. Y no existe nada más antidemocrático que concebir que el Estado no esté siendo justo, que utilice la violencia en pos de mantener esa injusticia, y que disfrace cada golpe bajo un aura de legalidad.

Legalidad no es sinónimo de legitimidad; lo legítimo está por sobre lo legal, lo precede y la supera siempre en pos de convertir en “lo legal”,  aquello que ya se ha vuelto legítimo a ojos de la sociedad misma. La sociedad crea las leyes; invertir esa “ecuación” es creer que las leyes crean sociedades, y que se puede volver rápidamente y sin violencia en legítimo aquello que es sólo, y únicamente, legal.

La falta de apoyo y respaldo a cada una de las decisiones del gobierno no sólo hacen o convierten cada uno de sus actos en “dudosos”, sino que vuelven aun más dudosas esos actos de violencia en la cual se apoya el ejercicio del Gobierno. ¿Carabineros ha caído en descrédito o es realmente el descrédito del actuar del Gobierno, por medio de Carabineros, lo que los ha llevado a bajar los niveles de confianza ciudadana en la otrora institución inmaculada de críticas; desde un 71,5% en el 2008 al 50% actual? (CEP.Nov.Dic.2011)

La legalidad de Carabineros está cada vez más en duda, su legitimidad menos legítima que el Gobierno mismo, y eso no se olvidará una vez que este Gobierno deje La Moneda, porque no podremos decir: “que se vayan todos los Carabineros”. Paulatina, y gradualmente, se está creando una brecha con tintes de abismo entre la función de Carabineros y la ciudadanía, y esto no es casual sino que responde al “cambio de percepción” que se ha producido con respecto al uso de la “fuerza legítima”, apoyada en la mayoría ciudadana, y que hoy apela más a la utilización de una “violencia legal”, rechazada o puesta en duda por la ciudadanía misma. ¿Que pasaría si el día de mañana ya no podemos confiar en Carabineros? ¿En qué se convierte quien tiene el derecho legal a la utilización de la fuerza pero no tiene legitimidad alguna?

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Parece inentendible que una Doctora en Ciencia Política de una prestigiosa universidad alemana, emancipada en el estricto sentido de la palabra, y entendiendo que fue Ministra de Estado y ahora Senadora, justifique un hecho que atenta contra la autonomía de las mujeres.

El asunto del aborto terapéutico –y el aborto sin apellido– es una problemática de salud pública. Miles de mujeres se ven afectadas por realizar esta práctica de manera ilegal, en consultorios clandestinos, con condiciones higiénicas por decir lo menos descuidadas y, en consecuencia, poniendo en riesgo sus vidas.

El proceso del aborto asimismo, es uno de los más duros que le toca vivir a una mujer en Chile. Las humillaciones recibidas al momento de llegar al hospital público producto de la septicemia (pues la gran mayoría de los casos termina así), el trato recibido, asimilable al del peor asesino en serie, no sólo por los vejámenes a los que es sometida, sino que también el trato del personal del hospital, que suele maltratar a estas mujeres. En el proceso son esposadas a la cama, y son constantemente vigiladas por la policía. Una vez recuperada (pues una gran cantidad de mujeres no  sobrevive), son juzgadas crudamente por el sistema judicial chileno, y algunas veces encarceladas ¿Es humanitario pasar por esta situación?

Hace algunos años atrás, apareció un rimbombante titular en un conocido diario “CANTIDAD DE NACIDOS EN PRIMER TRIMESTRE DE 2009 MARCA PEAK DE LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS” [1]. Un orgullo, si observamos la constante disminución de nacimientos que se estaba produciendo hasta ese minuto nuestro país. Asimismo muchos políticos de la coalición que gobernaba en ese entonces, auguraba que mayores niveles de confianza y mejoras en las condiciones de vida habían producido esa modificación en la tendencia, pero sin haber invertido prácticamente un peso en políticas de fomento de la natalidad.

Ahora bien, lo que se ocultó tras estos resultados, fue que el grupo etario que aumentó su tasa de natalidad fue el de los adolescentes de este país. Así las cosas, la situación  se vuelve más complicada, pues una mujer de 13, 14 o 15 años, no se ha desarrollado lo suficientes en términos físicos para “prestar su cuerpo”, y asimismo el hecho de ser madre va más allá de las implicancias físicas, pues psicológicamente una adolescente aún no se encuentra emocionalmente preparada para la crianza de un hijo. Finalmente hay otro factor que no puedo dejar de mencionar que responde a las necesidades materiales, puesto que una adolescente no es capaz de mantener una casa, y en el corto plazo, al menos, no lo conseguirá Si a esto sumamos que en su gran mayoría, estos casos se dan en los sectores vulnerables de nuestro país, da para pensar entonces que la postura contraria al aborto es más bien un instrumento para la mantención del círculo de la pobreza y marginalidad.

Otro de los casos complejos, son aquellos embarazos fallidos o aquellos fetos en los que se descubren desde etapas iniciales de la gestación serios problemas de salud, tanto por la inviabilidad de sobrevivir al momento de nacer, o por las extremas condiciones de vida que les espera en el futuro. Si es que Dios (de acuerdo a la justificación cristiana) o quién sea, haya querido enviar una prueba a la familia y a estas mujeres para ser “más humildes”, y si por disposición del Estado ese feto está condenado a nacer, debiese existir una estructura pública lo suficientemente decente para contener y tratar a estos niños nacidos en condiciones vulnerables.

Las madres además de postergar su vida personal y profesional, sufren las consecuencias de esta postergación y la precarización de sus propias vidas, por intentar sacar adelante a sus hijos (que no se mal entienda que sólo busco la perfección en la raza humana). Asimismo relatar un último caso, los fetos inviables  ¿Es pertinente mantener un embarazo durante un tiempo prolongado cuando su resultado será un nacimiento fallido? Para el Derecho Internacional, cometer estas acciones  es considerado una tortura, y por tanto una falta grave a los Derechos Humanos. En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recomendó el año 2007 una “Preocupación por la legislación indebidamente restrictiva del aborto, especialmente en casos en que la vida de la madre está en peligro… El Estado parte debería modificar su legislación de forma que se ayude a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas” [2].

Frente a estos argumentos tan contundentes, todavía no se puede entender por qué la Senadora Von Baer sigue tratando a las mujeres como cosas y no como sujeto de derechos. América Latina ha dado cátedra al mundo en el acceso de las mujeres al poder, con cuatro presidentas elegidas democráticamente, especialmente Chile ha dado muestras en ese sentido. Sin embargo, parece paradójico que todavía no contemos en nuestro país con una legislación decente para solucionar esta problemática, que aqueja a sectores importantes de la población. Aquellos y aquellas que legislan deberían recordar que el padrón electoral es mayoritariamente femenino.

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Notas al pie:

• [1] Titular Diario El Mercurio. 31 de mayo de 2009. En Aumento de la Natalidad en Chile ¿Cambio Demográfico Deseable? Editorial. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, 2009; 74 (3): 133-134.
• [2] Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, 89º período de sesiones, Nueva York, 12-30 de  marzo de 2007, en  Informe Nacional de Derechos Humanos 2009-2010, Corporación Humanas, abril de 2011. Pág. 28.

La novela se ambienta en los tiempos más duros de la dictadura de Pinochet y relata en primera persona la historia de Lorena (o Irene, nunca se sabrá su verdadero nombre), una combatiente de Hacha Roja –organización armada revolucionaria– que lucha por derrocar al gobierno militar. Entre sus motivaciones se identifica una profunda entrega por la causa marxista, donde la violencia y la vida quedan subordinadas a la consecución del fin político. Un día, mientras Lorena desarrolla actividades de orden subversivo, es apresada por la policía secreta del régimen. Desde entonces es sometida a brutales sesiones de tortura, donde resiste y dice aceptar estoicamente su destino. Se promete no revelar información que pueda perjudicar a sus hermanos de armas. Sin embargo, con el transcurso del tiempo uno de sus tesoros más íntimos y preciados –Anita, su hija– se devela como alternativa de presión para sus captores. Ante tal amenaza, Lorena protagoniza un cambio radical: no sólo accede a la petición de sus verdugos (algo común en quienes son sometidos al dolor físico) sino que se aboca a colaborar decididamente con la Central, la misma institución que la ha torturado y que persigue sin tregua a sus compañeros de Hacha Roja. Así, para Lorena, sentimientos como el amor y la lealtad se transmutan en odio y traición. Al final, su labor incide en la captura y asesinato de varios de ellos.

¿Qué sucedió en la mente de la protagonista? ¿Cómo pudo volcarse hacia la forma más intensa del mal: la traición?

En el fondo, estas preguntas se convierten en el eje central de la novela, llevando a Fontaine a indagar una respuesta sobre el comportamiento de Lorena. Para el autor, el “mal químicamente puro no es real” puesto que los villanos, como todos, tienen un lado humano. Aunque resulte difícil de aceptar, ellos también pueden desarrollar sentimientos de afecto como el amor y la ternura. Eso es precisamente lo que hace más enigmática la conducta de estas personas, toda vez que la maldad no agota su explicación en el mal en sí mismo. Algo hay más allá y no se limita exclusivamente a fenómenos psicopáticos.

Para su propósito, el autor se vale del relato de Lorena y se sumerge en su historia personal ―desde su juventud guerrillera hasta su rol colaboracionista con la dictadura―, logrando identificar ciertos aspectos que lo conducen hacia lo que parece ser la problemática de fondo: la condición humana. Para Fontaine, el origen de la traición de Lorena está en la fragilidad de nuestra propia esencia como personas. Por cierto, la maldad no es monopolio de algunos o de exclusiva propiedad de ciertas ideologías políticas. Más bien es transversal y puede manifestarse en cualquiera de nosotros, sobre todo si se cumplen condiciones que favorecen su expresión. Basta con ser un observador de los procesos históricos para comprobar que la condición humana –acerca de lo que estamos hechos los Hombres– es de naturaleza caída, imperfecta, carente de pleno virtuosismo y racionalidad. No somos nativamente bondadosos (como pensaba Rousseau) o malévolos (como decía Hobbes); más bien somos seres en permanente construcción moral, con pretensiones de inclinarnos hacia la idea del bien, pero imposibilitados de soslayar ciertas expresiones de maldad.

Con todo, la malicia del Hombre puede manifestarse de dos maneras: consciente o banalmente. Ambas alternativas son retratadas en la novela. La primera se representa a través de Lorena, que delata a sus antiguos compañeros de armas con pleno uso de sus sentidos y facultades (“mi traición provenía de la verdad”). Ella sabía que su opción los perjudicaba fatalmente, pero lo justificó a través del distanciamiento y desilusión hacia los ideales que alguna vez defendió (“una utopía sin más destino que la derrota”). Pero fundamentalmente lo hizo por el resguardo a la vida de su pequeña hija (“fui forzada a escoger: combatiente o madre”).

En cuanto al mal banalizado, este se reconoce en algunos de los agentes represivos del régimen, como el Gato o el Rata, que torturaron y humillaron a sus víctimas sin efectuar ningún cuestionamiento moral sobre sus actos. Para ellos, la aplicación de violencia a los cuerpos de sus víctimas no suponía ningún reproche ético, pues su labor respondía a un mandato de las jerarquías superiores. Con este proceder efectuaron una implícita transferencia moral de la responsabilidad y eludieron cualquier tipo de dilema interno que alterara el desarrollo de sus vidas cotidianas. Este tipo de mal nos recuerda al enunciado por Hannah Arendt acerca de Adolf Eichmann –el agente nazi que estuvo a cargo de la solución final contra los judíos– pues este, a pesar de ser el responsable del asesinato de millones de personas, pudo llevar una vida familiar aparentemente normal junto a su esposa e hijos.

Tras la lectura del libro, una de las reflexiones que provoca es la noción acerca de las nocivas consecuencias que tiene para la sociedad el surgimiento de ideologías totalizantes (no sólo el fascismo y el comunismo), toda vez que posibilitan y justifican el uso de la violencia como instrumento político. También el irrespeto por la dignidad humana. Pues cuando una cosmovisión política se convierte en un incuestionable valor normativo, se amplían los espacios para la ejecución de arbitrariedades, haciéndose habitual la transferencia de la responsabilidad moral de los actos (“por la causa todo, Irene: todo”). A mi juicio, la novela nos recuerda que ningún Hombre está exento de ese peligro debido a la fragilidad de nuestra propia condición. Como prolegómeno, Fontaine nos entrega algunas pistas al inicio del libro citando a Borges: “Lo que hace un hombre es como si lo hicieran todos los hombres”.

En definitiva, La Vida Doble es un libro imprescindible para quienes buscan comprender la psicología de la violencia en la historia política del Chile contemporáneo. Es probable que la novela provoque desazón, principalmente por la ausencia de un final idílico o bien por rehuir a los lugares comunes y los juicios políticamente correctos. Fontaine lo dice claro: el mal no tiene domicilio ideológico. Y no se trata de la búsqueda de un empate moral entre los bandos que estuvieron en disputa, sino que supone una amarga constatación realista acerca de la condición humana. Lo que hizo Lorena (o Irene) lo pudo hacer cualquiera de nosotros.

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Puse la propuesta en facebook y recibí la aireada crítica de dos amigos, que a pesar del cambio de gobierno aún trabajaban enla Subsecretaríade Desarrollo Regional, uno PPD y el otro PS. Que me dejara de hablar huevadas, que ellos conocían el país y que lo que se necesitaba era más regionalización. Que Chile era un país de tradición unitaria y que eso le daba estabilidad fueron algunos de los argumentos repetidos en varios posteos. Un cientista político me preguntó sardónicamente, ¿esa idea no se perdió en la Batalla de Lircay?

¿Qué hay detrás de todas estas posiciones en la conversación? A mi entender, una constelación de mitos fundantes de la nación, que no pueden observarse por separado, estos serían, la temprana y prolongada estabilidad política, la homogeneidad étnica (blanca), el carácter de clase media de la población, la resolución pacífica de los conflictos y la unidad territorial del país, incluyendo al imperialismo de tener tierras polinésicas (¿qué tienen que ver con nosotros, qué tenemos que ver con ellos?). Todos más falsos que una peluca, son mitos.

Para refutar el primero basta contar los golpes de Estado en la historia del Chile y las numerosas conspiraciones de gran escala; para impugnar el segundo sobra observar los paraderos de micro y mirar los variados fenotipos; para contestar el tercero no hay que ir muy lejos de las cifras y reconocer la profunda desigualdad en la que vivimos; el cuarto se cae a pedazos cuando hacemos la cuenta de las matanzas ordenadas por la majestad del poder político y el último mito, el de la unidad territorial, se pone a prueba con fuerza desde hace años, pero con mayor intensidad los últimos dos veranos, donde los refunfuños han devenido en protestas callejeras de los habitantes de las más extremas ciudades del sur, que ponen en jaque la concepción autoritaria del orden público y en petitorios al poder central que lo refuerzan y lo desafían al mismo tiempo.

Ahora bien, todos los mitos son deformaciones de la realidad que a su vez permiten construir realidad. Chile es políticamente más estable que los vecinos, exterminamos a los indígenas más rápido que otros países al estilo colonización del oeste, la gente adquiere artefactos de clase media en el retail, en los últimos 22 años no ha habido atropellos masivos a los Derechos Humanos, y en la historia, ninguna iniciativa de emancipación o autonomía regional ha sido relevada en los textos escolares. Incluso la regionalización inventada por la dictadura cívico militar, que como cualquier mortal puede observar, son líneas rectas trazadas a regla, sin ningún criterio de relación población-territorio, salvo la consideración meandrica de algún río, es hoy núcleo aglutinador de identidades que refuerzan el trazado con carnavales regionales y que a su vez lo refutan, obligando a otras invenciones ridículas de centralismo como las que hacen inentendible un mapa que tiene a la XV y a la I Región juntas.

OK, queremos ser todos chilenos/as (y ya está bueno que entendamos que los mapuches y los rapa-nuis no están interesados en serlo), disfrutando de una larga y angosta faja de tierra, con múltiples accidentes geográficos y climas que van desde el desierto más árido del mundo –nos encanta batir record–, hasta el continente antártico. Se inventan canciones, generalmente tonadas de la oligarquía del valle central, que reinventan las postales de la loca geografía, se apela los diversos paisajes en cada acto de las fiestas patrias y a los congresistas les ha dado por decir que hablan a nombre de su región. Pura retórica.

En este país no se permite la diferencia ni en los rostros, es preferible no verlos; ni en los modos, no hay que tolerarlos; ni en los malls, la igualdad pasa por la similitud de la ropa y el monopolio de tres tiendas. Lo que es peor, no se acepta ningún proyecto de sustentable geografía humana que no termine absorbida por el centro. Para eso están los intendentes imperiales nombrados por la corona presidencial, para re-visar que ninguna iniciativa escape al desarrollo del capitalismo centrípeto. Es paradojal, pero hasta la cartucha monarquía española permite las autonomías.

Los reformas federalistas de 1826, dividieron el territorio incorporado hasta ese momento en ocho provincias, cada una con una asamblea dirigida por intendentes nombrados por los cabildos, los que a su vez eran designados por elección popular junto a los gobernadores y curas párrocos. Y en el discurso de la élite santiaguina se instaló la idea del caos que provocaba la elección provincial. Que esto no respondía a necesidades históricas fue la explicación que triunfó en la historiografía nacional. Lo que se perdió en Lircay en 1830 no fue sólo el federalismo, fue algo más profundo: la pluralidad y la posibilidad de coexistencia en la diversidad política, social y cultural. Lo que se ganó en Lircay fue el orden autoritario portaleano que se requiere para hacer negocios en paz, los generales vencedores fueron los presidentes de los siguientes 20 años. El mito del país unitario, que no es otra cosa que autoritario, se profundiza desde entonces y un ejemplo de ello son los delegados “sapos” que se enviaban desde Santiago a las recién reconocidas comunas durante los gobiernos de la glorificada República Liberal.

Refloto esta conversación a propósito del verano del 2011, donde se alzó en manifestaciones y petitorios la Región de Magallanes y de este verano 2012 donde lo hace la Región de Aysén, por razones parecidas, entre otras: producen energía para auto sustentarse, proveen de ella al país y la pagan más cara que en cualquier otro lugar. Una metáfora de la aspiradora centralista y del neoliberalismo concentrador. Lo que digo es que la loca geografía existe, con gentes diversas que se relacionan con el espacio de forma muy distinta a como se piensa en el “centro”. Lo que digo es que hay que repensar este país para hacerlo más democrático. Bueno ya, redundémoslo. Si algunos andan pensando de nuevo en el parlamentarismo, ¿por qué no pensar, proponer y discutir el federalismo? Y de paso reconocemos la autonomía mapuche.

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Es por esto mismo que se hace necesario ya no sólo entablar la crítica desde los espacios que como mujeres estamos ocupando hoy en día, sino en dar vuelta la correlación de intencionalidades bajo las cuales nos autoconvencemos de que para lograr algo, debemos hacerlo a costa de esfuerzos sobrehumanos. Una muestra de ello la podemos ver en aquellas justificaciones que, centradas en creencias, cultura o simple prejuicio, persisten dentro de los discursos que permean las políticas que intentan acercar las oportunidades de ambos sexos; no por nada hoy en día, la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer es una de las convenciones en la ONU con mayor cantidad de países suscritos, pero al mismo tiempo la que más observaciones [1] tiene por parte de los países suscriptores [2]. Esto no es menor puesto que se toman estos mismos argumentos -sobre la cultura, la religión o las creencias- para evitar que un acuerdo legal que busca cambiar precisamente eso (la cultura, la religión y las creencias), no pueda ser aplicado.

El informe de las Naciones Unidas sobre el progreso de las mujeres en los años 2011 y 2012 muestra una realidad que si bien es estable, nos hace entender que sin decisiones políticas serias y compromiso desprovisto de prejuicios, la igualdad de género aun tiene mucho camino que recorrer, no solo por el beneficio de mujeres tanto trabajadoras como no, sino por el avance de la sociedad en su conjunto dadas las repercusiones que tiene el dejar de lado esta mirada de género en la preparación de programas y políticas que disminuyan las diferencias entre hombres y mujeres.

Mujer y pobreza.

Los desafíos del mileno tomados como política de la ONU en 1995, comienzan con el objetivo de erradicar la pobreza y el hambre, sin embargo, en el informe “Cómo progresamos las mujeres: Mujeres, Trabajo y Pobreza” del año 2005 [3], ya se vislumbraban los problemas que se han tenido para poder alcanzar los objetivos en el año 2015 por la incapacidad de ejecutar una línea de acción que contenga una mirada de género; después de todo, ésta no era ni es una propuesta antojadiza; las mujeres en nuestro país ganan actualmente 30% menos que los hombres en puestos de trabajos similares; la FAO ha mostrado datos sobre cómo las mujeres temporeras –que corresponden al 20% de la fuerza laboral en el área agrícola en Latinoamérica– viven una cruda pero cierta realidad: el 54% (Agenciapulsar.org) de ellas se encuentra bajo la línea de la pobreza.

De la misma manera, los datos sobre el empleo asalariado informal de la mujer del mismo informe del 2005 nos hablaban sobre las desigualdades que se estaban incrustando en nuestra sociedad; este constituía el sistema más importante de empleo para las mujeres en cuatro países latinoamericanos (Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica) y dos africanos (Kenia y Sudáfrica) de los cuales en todos –con excepción de Sudáfrica– tenían una presencia muy importante las temporeras y las empleadas domésticas. Estos datos se ven complementados con el informe de la ONU-Mujer de los años 2011-2012 En busca de la Justicia; donde se señala que el 53% de las mujeres del mundo trabajan en empleos vulnerables, con malas pagas o fuera de la ley, de ellas, el 38% no tiene parte en decidir en qué gastar el sueldo que ganan.

Lo peor de todo es que estas cifras se recrudecen si tomamos en cuenta la abstención escolar y los embarazos adolescentes. Esto quiere decir que hay un impacto general de aquellas familias monoparentales que dependen del salario único de la mujer, la posibilidad de que niñas de esa familia se retiren del colegio antes de terminarlo lo que, a su vez, eleva la posibilidad de que queden embarazadas o que caigan en uno de los empleos que ocupa el 53% de la población mundial, situación que da cuenta de un círculo vicioso complejo de romper. Un círculo que tenemos muy cerca en nuestro país; en Chile, pues en los sectores rurales cada 100 hombres hay 114 mujeres pobres dentro de la población entre 20 y 59 años.

Este “círculo maldito” demuestra cómo las diferencias sólo comienzan desde lo económico para entrar al espacio privado e incluso al desarrollo de los derechos “universales”. En el mundo aún queda mucho por avanzar en temas de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres aun cuando ha sido un avance el poder diferenciar entre reproducción y sexualidad.

De la misma manera, la violencia contra la mujer arraigada como práctica común, lentamente ha sido tomada como tipología de delito; no ha sido sino hasta este siglo recién comenzado que se ha definido como delito de Lesa Humanidad las violaciones colectivas, la utilización de la violencia sexual como tortura o los matrimonios forzados que vayan en favor de eliminar una etnia. A modo de ejemplo, en nuestro país el aborto no ha sido normado y aun existen trabas en la utilización de la pastilla del día después.

Esta realidad sólo nos muestra una cosa, que mientras sigamos entablando nuestra idea de sociedad bajo una mirada preconcebida como “lo natural” definiendo nuestras posibilidades, potencialidades y propuestas por la genética, a la mujer en el mundo nos tocará esperar mucho tiempo más para que se logre una real ausencia de discriminación entre los sexos.

Como vimos anteriormente, los planteamientos de políticas ligadas a una visión de género no es basada sólo en la consigna, por el contrario, datos nos dicen que cambiar la realidad de la pobreza, el trabajo y la salud sexual está intrínsecamente relacionado en cómo reconocer el lugar de la mujer en el mundo actual. Hoy en día aunque seamos más mujeres en el mundo no logramos ser capaces de romper con lo establecido para definir un nuevo camino a seguir que asegure capacidad formadora de nuevas sociedades (Sociedad.elpais.com).

Para poder ser sujetos y poder hablar de mujeres y hombres sin tener que sacar a relucir estos escalofriantes datos hace falta intencionalidades rupturistas a las normas tradicionales de construcción de los poderes económicos, sociales y políticos. Y tal como lo menciona el último informe de ONU-Mujer, establecer caminos paritarios o cuoteo en la participación política hará que las mujeres ingresen a los círculo de toma de decisión y se tome en cuenta esta mirada de género en la confección de políticas públicas para romper con las preconcepciones de una sociedad machista.

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Notas al pie:

• [1] Un país cuando subscribe un tratado internacional puede hacer “observaciones”. Esto quiere decir que puede poner ciertas reservas a distintos aspectos que considere no puede cumplir por temas de legislación interna del país, lo que haría incumplir aquello suscrito.
• [2] Resumen Ejecutivo, Informe “El progreso de las Mujeres en el Mundo. 2011-2012” Progress.unwomen.org
• [3] ONU-Mujer, Unifem.org 2005.

“Si me hundo yo, que se hundan todos conmigo”… tal parece ser el leitmotiv de la coalición gobernante entrando al tercer año de gobierno. En este segundo aniversario del terremoto la derecha ha redoblado e intensificado los ataques a la ex Presidenta por su manejo luego de la tragedia del 27F. Si bien antes, por la agencia de Ena von Baer, las críticas iban dirigidas como un todo al “gobierno pasado”, en un abanico de temáticas –incluyendo el manejo del 27F- hoy Bachelet es el blanco de toda la artillería de la derecha: desde el recalcitrante Victor Pérez, en la UDI, hasta el propio Presidente. Las presidenciales a dos años y las crecientes críticas al propio manejo del gobierno en la reconstrucción podrían haber adelantado la “caza” de la todavía popular ex Presidenta. Incluso las municipales también podrían haber gatillado la temprana campaña de desprestigio a “la” figura popular de la Concertación (El Mostrador, 02-2012). Pero, ¿cómo podemos explicar los aireados ataques a Bachelet –que ni siquiera sabemos con certeza si competirá en la presidencial- en un gobierno que está a mitad de camino y que tendría tiempo para acumular méritos propios para el 2014?

La amputación programática

En primer lugar, hoy no sería difícil aseverar que la coalición gobernante parece haber perdido el rumbo, lo que en parte se ve reflejado en los niveles cada vez más bajos de aprobación al gobierno, en particular a la figura del Presidente. Existe hoy agenda programática cada vez más reducida y menos ambiciosa: se descartó una (necesaria) reforma tributaria, reformas educacionales fueron vetadas y, muy notablemente, las reformas políticas  fueron archivadas para próximos gobiernos por misma iniciativa del Presidente (Cooperativa, 01-2012). Precisamente es en la arena política del Ejecutivo y su coalición que se han estrechado las posibilidades de una agenda popularmente atractiva. El reciente acercamiento con miras a establecer serias reformas políticas entre RN y la DC, dice bastante de una coalición de gobierno que no compatibiliza, y cuyos partidos tienen diferentes ambiciones de lo que el gobierno debe ser –es decir de lo que debe legislar–. Si durante la campaña se pudo prometer (casi) todo, incluyendo en terrenos donde la UDI no avanzaría un centímetro, la idea de que todo se podía arreglar una vez que se instalasen en la Moneda ha sido cuesta arriba.

Durante el 2011, fruto de las variadas modificaciones ministeriales efectuadas, el Presidente ha admitido más lugar y posicionamiento para la UDI, por la salida de Ena von Baer, Juan Andrés Fontaine y Camila Merino; y la entrada de tres pesos pesados del gremialismo Andrés Chadwick, Pablo Longueira y Evelyn Matthei. Si el objetivo del Presidente era tener a los “enemigos” más cerca, cometió el error de no tener suficientes amigos –de similar estatura– cerca. Como consecuencia el gobierno se modificó, los equilibrios de fuerza en el seno del gobierno cambiaron, el aire progresista cambió por un férreo conservadurismo político y económico. El envío de Felipe Kast a un puesto ad-hoc sin preponderancia política, por otorgar un premio de consuelo al mediocre manejo educacional de Lavín, contribuyó también a limitar el margen de maniobra política del Presidente.

Si antes eran incómodas las críticas públicas por parte de la UDI al Presidente, particularmente de desde fuera del gobierno, la inclusión de los “díscolos” al gobierno sólo sacó de las portadas de prensa la opinión que de todos modos tiene hoy más peso estando al interior del gabinete. Improbable es que Piñera pueda antagonizar con los pesos pesados sentados a su alrededor, menos aún que los pueda amenazar con su expulsión del gabinete.

Se ha perdido el campo de maniobra de una agenda que, desde la perspectiva de la campaña presidencial, tenía tintes liberales y progresistas, estando hoy en términos programáticos el Presidente limitado por el poder de voz y veto de la UDI. Por otra parte, el único ministro de “confianza” para Piñera, Rodrigo Hinzpeter, ha actuado errática y prepotentemente en episodios desde el bullado caso bombas hasta la cacería de brujas de los incendios en Torres del Paine, y en particular el incendio en Carahue donde acusó a organizaciones mapuche de protagonizarlos, ganándose -aun más- antipatías de gran parte de la ciudadanía – haciéndole craso favor al delicado apoyo popular al gobierno–. Lo peor para Piñera, es que su único amigo en el gabinete puede prácticamente comportarse como quiera, pues removerlo sería la abdicación de su limitado poder vis-à-vis la UDI.

Desechadas las esperadas reformas políticas, parte importante de la campaña de Piñera, y el poco entusiasmo respecto a una reforma tributaria, han removido gran parte del stock de logros que el gobierno podría haber exhibido de cara a las siguientes presidenciales. En algún momento dijimos que la reconstrucción incluso podría convertirse en una carga bendita (Ballotage, 08-2011), al permitir al gobierno capitalizarla a futuro ejecutando políticas de forma eficiente y visible –por tanto convirtiéndola en parte central de la tarea del gobierno en términos programáticos y simbólicos– más aún si aparejada de una política de renovación de infraestructura de transportes y de comunicación. Sin embargo, el rendimiento del gobierno parece haber sido magro. En consecuencia la “carga bendita” se ha transformado en un peso muerto que bien podría arrastrar el gobierno hasta el 2014. De ahí probablemente el ánimo de ligar el fracaso de la reconstrucción con el fracaso de la respuesta del gobierno de Bachelet al terremoto –donde sólo tuvo horas para reaccionar, comparado por los meses para manejar la reconstrucción–. Esto nuevamente dentro de la lógica de la política del empate que ha exhibido el oficialismo durante buena parte de estos dos años. El problema es que ello puede servir a lo más como instrumento táctico, para ganar tiempo, o como instrumento para ganar una batalla política, pero no puede convertirse en estrategia de campaña. La gente se da cuenta del cinismo, se desilusiona y termina por indignarse.

En evidencia, poco de la campaña contra Bachelet tiene que ver con establecer responsabilidades. Ya hay recursos en tribunales al respecto. Los llamados a un cuasi-juicio político por parte de la derecha respecto al 27F, chocan con el carácter extraordinario de la emergencia y las propias ineficiencia del Estado como un todo, pero por sobre todo llama la atención el nexo entre responsabilidad y muerte de ciudadanos, que se trata de equiparar con la responsabilidad de varios dirigentes de derecha en la dictadura. Un absurdo e insultante intento de igualar 1973 con el 27F (El Mostrador, 02-2012). Por cierto, imagínese a los Liberales Demócratas (LDJ), en Japón, exigiendo al Partido Democrático (PDJ) las penas del infierno por las descoordinaciones en el desastre de Fukushima. Exageración, oportunismo y una calidad moral deplorable.

Es evidente que la falta de determinación de Bachelet tuvo algo de influencia en la confusión y titubeos a la hora de tomar decisiones importantes, pero por otra parte, y aún más importante, protocolos o procedimientos de emergencia no existían y organismos clave, militares y civiles, fallaron en proveer información e inputs necesarios para la toma de decisiones. Se comprende, sin embargo, que ante malos inputs y herramientas inexistentes la situación fue extraordinaria, compleja y desesperante. Probablemente lo “normal” es cómo reaccionó Bachelet, en un contexto sin información, sin el apoyo comunicacional de las Fuerzas Armadas (¿o usted pensará que quedaron incomunicados?), sin inputs ni protocolo. Lo extraordinario hubiese sido que se hubiese sobrepuesto a las limitaciones y haber concentrado para sí toda la autoridad que le confiere ser la primera autoridad política del país –y para qué acumular todo en Bachelet si sus ministros también pecaron de falta de ingenio–. Incluso así es difícil verificar cuan distinta hubiese sido la respuesta. Como fuere creo que, más bien, las responsabilidades son del Estado en su totalidad. Las que competen al gobierno, como detentores del poder político, se limita a la eficiencia de los responsables de organismos clave de actuar con eficacia –sin importar cuan imperfectos los procedimientos–. En este sentido, el SHOA y la ONEMI deberían responder (CIPER Chile, 01-2012), y sus directivos penalizados, sobre todo por la errónea y contradictoria información que parecen haber entregado.

En conclusión el estructurado ataque sobre Bachelet tiene evidentemente, más componentes electorales-tácticos que pretender buscar responsables de la catastrófica reacción el 27F –organismos como SHOA y ONEMI tienen principal responsabilidad por ser fuentes de input a la labor del Ejecutivo–. No obstante, lo que nos ha interesado acá ha sido explicar el timing y causas de los vehementes ataques. Dada la contracción de perspectivas políticas, debido a una agenda programática amputada, al parecer existe poco optimismo de generar reformas públicamente esperadas –y de llegar con “logros” a disputar las elecciones–. La reconstrucción, en lugar de convertirse en la oportunidad para construir un “relato” o hacerla parte central de la tarea del gobierno, debido a la mala ejecución y planificación, se ha convertido en un lastre y un flanco delicado que el gobierno, probablemente, conserve hasta el 2014. De ahí la necesidad de ligar la figura de Bachelet con el propio fracaso del oficialismo. Las protestas en Aysén y otras partes también han contribuido a poner presión en el gobierno y buscar maneras de salir del foco público.

Más allá de esos factores queda la duda de si Bachelet se convertirá en el enemigo no declarado del oficialismo tan pronto, quedando dos años para las elecciones (en las que ni siquiera dice que va a participar). Si von Baer hastió a la ciudadanía con que todos los males del país eran culpa “del gobierno anterior”, convirtiendo tal estrategia en un absurdo y un elemento de desilusión con el gobierno; ataques constantes y vehementes a Bachelet perfectamente pueden generar antipatías al revelarse como majaderos y cínicos, pues todo recurso retórico y político puede volverse en contra si se abusa de él, más aun si continuamente se emplea contra una figura que todavía genera importantes simpatías entre la ciudadanía.

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De tragedias sí hemos sabido: el terremoto del 27 de febrero, hace dos años, los mineros atrapados, el incendio en la cárcel de San Miguel, el accidente de Juan Fernández, sólo por nombrar algunas tragedias que han matizado el mandato presidencial de Sebastián Piñera, haciendo que popularmente sea acusado de atraer la mala suerte. Pero doy fe que la superstición no es lo mío, eso se lo dejo a los astrólogos y tarotistas, de los cuales la gente tanto gusta y disfruta. Lo que nos interesa está en lo segundo, en aquel despertar, muy a tono con el fenómeno de la indignación que se dio a nivel mundial en el 2011. Pues de protestas también hemos sabido, y bastante. Desde protestas medioambientales por Hidroaysén, huelgas de hambre de los mapuches, hasta el comentado movimiento estudiantil. A eso se suman ahora las protestas por la lenta reconstrucción y toda la batahola que se ha formado en Aysén. Y eso que seguramente dejé algunas o varias en el tintero.

Negro es entonces el bicentenario, por donde se le mire. Para los supersticiosos por la mala suerte y el halo oscuro que nos cubre, manifestado en tragedia tras tragedia. Para quienes vemos en aquellas tragedias sólo una seguidilla de tristes acontecimientos, resulta un bicentenario negro por la capucha. Un bicentenario encapuchado. Encapuchado en invierno con paraguas y en verano bajo el sol, en Santiago y en regiones, en días hábiles y en fines de semana. La capucha ya tiene hasta la coronilla a las autoridades que cada vez responden con más represión y amenazan con proyectos de ley que eventualmente terminarían por criminalizar completamente la protesta social. En definitiva este es un problema de falta de regulación del conflicto; el descontento lleva a peticiones y protestas que sólo encuentran en la autoridad oídos sordos y represión policial, ante esto la capucha emerge y la represión policial recrudece, un círculo vicioso del cual es difícil abstraerse.

De esta vorágine encapuchada Aysén es buen ejemplo, pues demuestra que el fenómeno no sólo se encuentra en Santiago y que es algo que va más allá de los estudiantes o de un grupo de hippies, como quieren creer –y hacernos creer– algunos sectores. Esto es algo ciudadano. El descontento en Chile desborda debido a la injusticia y la permanente exclusión en todos los niveles (Ballotage.cl, 02/2012). Sin embargo, lo de Aysén no es algo tan nuevo y no sólo porque este Chile del bicentenario esté plagado de protestas, sino porque durante el verano pasado, hace un año recién, sucedió algo muy similar en Magallanes, aunque con mucha menos violencia de lo hoy está ocurriendo.

La gran protesta ciudadana que ocurrió el año pasado en Punta Arenas, se gatilló porque durante la elección presidencial del año 2009, el entonces candidato, Sebastián Piñera, prometió mantener el precio del gas en Magallanes, situación que le habría permitido en parte obtener una gran votación en la región (54,55%) (Ballotage.cl, 01/2011). Sin embargo, a fines de diciembre de 2010, ENAP comunicó la decisión de aumentar en un 20% el precio del gas, principalmente por la moción de dos ministros que formaban parte del directorio de la estatal: Laurence Golborne (Minería) y Ricardo Rainieri (Energía). Aquello movilizó a casi toda la región durante enero de 2011.

En ese entonces el gobierno no consideró el carácter estratégico de Magallanes como enclave fronterizo, donde es de esperar que el Estado facilite las condiciones de vida para poblar tales zonas. Además se puede señalar que el manejo del gobierno no fue óptimo, hubo declaraciones encontradas entre la hoy ex Ministra Von Baer y el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, denotando un alto grado de improvisación. El conflicto escaló hasta tal punto que los trabajadores de ENAP amenazaron con cortar el suministro de gas a las empresas que lo vendían.

Un año después la historia se repite en Aysén, aunque con mucha más crudeza. Las exigencias son muy similares, subsidio a los combustibles, sumado en este caso a un sueldo mínimo regionalizado, mejoramiento de la conectividad y participación vinculante en la decisión del destino de los recursos naturales de la zona. En resumen, mejorar las condiciones de vida de la población en la región. Lo complejo es que en esta época del año poca atención se presta a estos fenómenos, los medios parecen tener interés sólo para el Festival de Viña del Mar y temas de farándula –aunque en el año tampoco es mucho mejor el asunto–, así que el conflicto de Aysén ha pasado a un tercer o cuarto plano. Aunque más que conflicto quizás habría que denominarle batalla; y es que durante la semana del 20 de febrero las protestas recrudecieron a un extremo pocas veces visto en esta región de la Patagonia: Carabineros y manifestantes se enfrentaron en sucesivas oportunidades en el puente Ibáñez y se levantaron barricadas en las principales calles de Puerto Aysén.

Aysén parece zona en guerra. Por un lado manifestantes batiéndose con piedras y latones, formando barricadas aquí y allá, por el otro, Carabineros formando piquetes y enfrentando a quienes protestan, con bombas lacrimógenas y perdigones de acero, no de goma, como señalan observadores y medios locales, aunque Carabineros lo desmiente. Sin embargo, aunque los balines fuesen de goma, el tema es que existe una regulación estricta del uso de rifles antimotines y estos no pueden estar dirigidos a personas, tal como lo ha señalado Lorena Fríes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (El Mostrador, 02/2012), sin embargo, existen dos personas que se encuentran hospitalizadas con compromiso ocular, lo que sugiere que los disparos sí fueron dirigidos. A todo esto hay que sumar una gran cantidad de detenciones violentas, a tal grado que la misma alcaldesa de Aysén, Marisol Martínez, señaló que la violencia utilizada ha sido absolutamente desproporcionada.

El viernes 24 fue un día álgido, cerca de tres mil manifestantes se enfrentaron a Carabineros por más de once horas en el puente Ibáñez. Pasado el mediodía los protestantes retomaron el puente, derrotando a Fuerzas Especiales de Carabineros, las cuales se habían quedado sin bombas lacrimógenas y pertrechos para reprimir la protesta.

La historia se repite, la incapacidad del gobierno para resolver conflictos sociales y su aparente facilidad para ayudar a que se intensifiquen es increíble. En términos populares es como si intentaran apagar los incendios con bencina. Por un lado se anuncia diálogo, pero por otro se intensifica la represión policial. Ya han pasado casi dos semanas de conflicto y el gobierno sólo envía personeros sin mayor peso político a dialogar, sin embargo, recientemente han señalado a través del Ministro del Interior que están analizando el pliego de peticiones de once puntos y éste que será revisado por los ministros sectoriales respectivos (El Mostrador, 02/2012). Es en este contexto que el puente Ibáñez fue despejado el sábado 25 por parte de los manifestantes, clara señal de apertura al diálogo. Además, tal como señaló Iván Fuentes, presidente del Movimiento Social por la Undécima Región, el sábado también se autorizó el ingreso a Puerto Aysén de camiones con combustible y alimentos. Por otra parte, la agrupación de camioneros Sembrando Futuro, que se encuentra bloqueando la carretera que da acceso al Aeropuerto Balmaceda, permitirá el paso a estudiantes universitarios para que puedan acceder al aeropuerto con copia del pasaje y un certificado que acredite su condición.

En definitiva, durante estos últimos días todo parece estar más en calma, lo cual se ratifica con las declaraciones de este domingo de la alcaldesa de Puerto Aysén, en las cuales señala que el fin de semana ha sido tranquilo, en parte porque no hay presencia policial, y porque los mismos vecinos han organizado una patrulla comunitaria para controlar el orden en la ciudad (La Tercera, 02/2012).

Sin duda hay claras posibilidades de diálogo y que éste llegue a buen puerto, es entonces que la pelota está en los pies del gobierno, sólo cabe esperar dos cosas. Lo primero es que no se demoren una eternidad en estudiar el petitorio, son sólo once puntos y una demora excesiva en su evaluación empezaría a evidenciar la espera del gobierno por el desgaste del movimiento, pues aquello no es nuevo en esta administración, de hecho, es la estrategia que utilizaron a contar de septiembre del año pasado con el movimiento estudiantil: esconder al presidente, hacer oídos sordos a las protestas, reprimir y criminalizar al movimiento y esperar que éste se desinflara. Con aquellas tácticas es bien difícil construir país. Lo segundo, entrelazado en parte con lo anterior, es que eviten caer en la tentación de declarar estado de emergencia en la zona, pues aquello sólo ayudaría a militarizar la región y haría que el conflicto escalara y se desregulara absolutamente, criminalizando la protesta social y cerrando las posibilidades de diálogo.

En resumidas cuentas es de esperar que el gobierno trate de hacer un poco menos negro este bicentenario, y dado que no soy un hombre dado a la superstición, no acusaré a su excelencia de traernos mala suerte, pero sí lo acusaré de ser alguien que no sabe manejar conflictos sociales y que incluso tiene la extraña capacidad de hacerlos crecer. Curiosa habilidad la suya para manejar disputas, considerando además que una vez estas se agrandan, sólo cruza los dedos, esperando que se desinflen como por arte de magia.

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Si durante la dictadura militar los derechos humanos aparecieron como un bien jurídico vulnerado masivamente por las botas militares, el verdadero rol que terminaron cumpliendo a lo largo del proceso de transición democrática fue el de discurso de legitimación de la Concertación. Y es comprensible, se trataba de volver razonable el hecho de que un ideólogo de un partido golpista fuese el que sacara a los militares del poder. Lo lógico sería, por supuesto, que el discurso tuviese una continuidad en las políticas públicas, pero la historia terminó siendo bien distinta. El conglomerado gobernante continuó la política económica de la dictadura militar, su labor de inteligencia mediante la conocida “oficina” de Belisario Velasco, y en definitiva, perpetuó la institucionalidad que, desde la misma Carta Fundamental, aleja a la ciudadanía de sus representantes y de la gestión de las políticas que la rigen.

La Concertación se constituyó en diferencia con sus adversarios desde el discurso de vulneraciones de derechos humanos durante dos décadas. Aun hoy, en las últimas campañas presidenciales, la diferenciación entre la Concertación y la derecha, imposible desde la política económica o los avances en la superación de las enormes brechas de pobreza, se hizo desde el archiconocido relato del régimen militar y del irrestricto apoyo que tuvo por parte de la derecha. En definitiva, cuando hablamos de derechos humanos en Chile, es central comprender que no hablamos únicamente de un compendio de garantías mínimas que todo gobierno democrático debe resguardar y promover, sino además, de una valiosa herramienta que la Concertación hegemonizó por décadas gracias a sus manos notablemente menos manchadas de sangre.

No es de extrañarse que se utilice hasta el absurdo el concepto de derechos humanos, extendiéndolo a los más insólitos productos. En un país en que metódica y constantemente se criminaliza a los pueblos originarios y a todo el que protesta, y se restringen las libertades públicas mediante órganos de inteligencia y tentativas de monitorear las redes sociales, se fundan museos que recuerdan que hubo una irrupción militar, y se reabren comisiones que persiguen la indemnización pecuniaria de los abusos de ayer, los únicos siquiera mencionables. Es justamente la segunda versión de la comisión Valech la que hoy transita un camino paralelo con la nueva institucionalidad de derechos humanos.

La propuesta de actualización del concepto de derechos humanos de la derecha, es completamente comprensible tomando en cuenta que el pasado los condena grotescamente. En un país que carece de violencia institucional en el presente (si es que lo hay) no es necesario enmendar la historia con subsecretarías y alteraciones en los textos escolares, y parece estar de más plantear estas maniobras como una posibilidad de internalizar en la sociedad una realidad que le es ajena. Un país continuamente vulnerado, y en el que no existe voluntad política de superar la violencia, es justamente el mejor escenario para inventar subsecretarías y parar museos, porque es necesario renovar el discurso, abstraerlo y llevarlo a lugares donde sea inofensivo. Si el pasado es de la Concertación, parece que la derecha quiere hacerse del presente, una idea torpe, tal vez, si sabemos que el que controla el pasado controla el presente, y eventualmente lo hará con el futuro. Pero de torpezas siempre podemos aprender un poco más, y la paciencia de este país sufriente y desmemoriado da para mucho, así que podemos decir que unos nos dan un museo, y los otros una subsecretaría.

La nueva institucionalidad, que el Presidente se esfuerza en caracterizar como un órgano multidisciplinario y transversal a toda la administración del Estado, viene de la mano de la elongación del nombre del Ministerio de Justicia, de igual forma que se alargó el nombre del Ministerio del Interior. Y paradójicamente, en razón de nuevas orgánicas contradictorias, la de seguridad y la de derechos humanos. Piñera señala que “es importante reconocer que el tema de los derechos humanos es un tema que debe preocuparnos siempre, cuando haya atropellos, pero también cuando no hay atropellos” (Emol, 30/01). Me permitiré afirmar que en Chile no es posible hablar seriamente de que no existen atropellos a los derechos humanos. Son observables diariamente cuando alguien se atreve a protestar, ya sea en la calle, ya sea cuando un uniformado es dado de baja y discriminado por sus superiores, o cuando los proyectos de superación de la pobreza o resarcimiento patrimonial terminan en nada.

Es un atropello de proporciones que un número inferior a las diez mil personas hayan resultado beneficiadas por la calificación de la segunda comisión Valech, cuando las presentaciones, nuevamente y como la primera vez, superaron las treinta mil. Es un atropello idéntico, que desde el Estado, cuando se reclama que no existen instancias de reconsideración y que el Presidente debe hacerse responsable de justificar los rechazos de solicitudes de la comisión Valech, se señale que dicha comisión asesora presidencial no es parte del Estado, y que cada cual debe quedarse tranquilo con una lista en Internet que indicaba tan solo quiénes eran y quienes no eran víctimas, y por tanto, beneficiarios.

El Instituto de Derechos Humanos nace junto a la segunda comisión Valech, en los estertores de la era concertacionista. Hoy en día este órgano casi invisible parece no dar abasto a las necesidades de la Alianza por Chile; el nuevo oficialismo, el que elige no perseguir las responsabilidades institucionales de Carabineros de Chile cuando un niño muere en el contexto de protestas, quiere actualizar los derechos humanos para hacerlos parte de la cotidianidad de la ciudadanía. Esto se consigue con actos efectivos de resguardo y promoción de los derechos humanos, no con subsecretarías y cambios de nombre en las carteras de gobierno, que operan en el vacío de un constituyente continuamente vulnerado por sus gobernantes. Es contradictorio y constituye una ofensa contra el sentido común de la ciudadanía y los ojos que globalmente nos observan, que paralelamente a la discusión de una subsecretaría de derechos humanos, se profundice en la aplicación y promoción de la ley antiterrorista, a la vez que se cierre la puerta a la reconsideración de decenas de miles de casos de derechos humanos descartados por falsos sin una fundamentación mínima a los solicitantes.

La necesidad de esta nueva institucionalidad es justo la contraria a la del Instituto de Derechos Humanos. Este último nace de los mismos creadores del museo de la memoria y la segunda comisión Valech; está dedicado a revolver la olla de las violaciones de derechos humanos de la dictadura para convertirlas en mecanismo de legitimación y en lo que oficialmente se entiende por atentado contra los derechos humanos. Tal vez el fin del recorrido guiado por el museo de la memoria debiese ser un vistazo al presente, una revisión crítica de la canción del No. Por otro lado, la nueva subsecretaría pretende, como Piñera mismo señala, actualizar lo que entendemos por derechos humanos, e internalizarlo culturalmente en la población, pues si bien estamos en una era libre de horror, no se puede “bajar la guardia”. En ambos casos se niega el presente, omitiéndose el hecho de que una cultura de derechos humanos necesita, ante todo, un Estado cuya función cotidiana sea de promoción de las libertades públicas y la protección de las garantías constitucionales mínimas. La abstracción de los derechos humanos cumple con la función de hacerlos una entidad ajena a la realidad diaria de la ciudadanía, la misma que parece no darse por enterada de que aumenta el precio de los bienes de primera necesidad al mismo ritmo que baja el de los bienes suntuarios.

La extensión de lo que se manifiesta como “derecho humano”, depende del ejercicio diario del poder estatal, en equilibrio con el ejercicio de la soberanía ciudadana; vale decir, no se trata solamente de combatir el estereotípico modelo del fascismo más obsceno o evitar los secuestros permanentes. Antes que retocar a la administración con vehículos vacíos, vale la pena hacerse cargo de las recomendaciones del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, que piden ir más allá de las comisiones reparatorias de carácter patrimonial, o darle una rápida leída a los informes respecto a la situación de derechos humanos en Chile, que una institución privada como la UDP es capaz de producir sin tanta faramalla de por medio. Lo que se requiere actualmente es ampliar el campo de los derechos humanos, interiorizar en los gobernantes y en los ciudadanos el hecho de que las formas de violencia a las que están expuestos escapan de la vulgar figura del dictador y se encuentran expandidas, discretamente dispuestas en nuestros medios de comunicación y en las políticas públicas que determinan cómo nos relacionamos con nuestro entorno social.

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En la imagen el presidente Sebastián Piñera y la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes.

La teoría económica nos explica que siempre existirá heterogeneidad en el consumo de bienes y servicios, producto de gustos, necesidades y tendencias diferenciadas. Sin embargo, no siempre se acceden a cierto tipo de servicios y productos por decisión personal, ya que se ven limitados en su acceso. Dentro de esta línea, Amartya Sen identifica que parte de los problemas de la desigualdad tienen relación con la libertad que tienen los individuos para tomar las decisiones sobre lo que atañe a diversas áreas del desarrollo humano, lo que se traduce en la necesidad de igualdad de oportunidades. Un ejemplo que da es la diferencia entre alguien que por razones religiosas decide ayunar, situación muy distinta a no alimentarse por falta de acceso a bienes alimentarios. Tener la libertad de poder elegir sobre las condiciones de vida es un requisito de la justicia [2].

Esta libertad se diferencia tanto entre países como al interior de éstos, y en Chile el acceso a las posibilidades para decidir sobre la calidad de servicios y bienes es excesivamente diferenciado, y no hay libertad para controlar estas posibilidades. Cuando se habla de educación esto es aún más nocivo, ya que es un acceso diferenciado que tiende a reproducir esta misma diferencia, ya que un capital humano en desventaja frente a un mercado competitivo limita las posibilidades de movilidad social.

Noticias contingentes muestran parte de esta cultura nacional acostumbrada a la exclusión, plasmada en leyes y discursos que han discriminado, por ejemplo, a las trabajadoras de asesoría del hogar. Aquí se observa esa permanente exclusión arraigada y asimilada en lo local, y se expresa en mantener a este grupo de individuos en posiciones y actividades que den cuenta de su posición social, como por ejemplo, utilizar cierto tipo de vestimenta, como el delantal, y mantenerse fuera de los espacios comunes que utilizan normalmente quienes se posicionan en estratos socioeconómicos mayores, como el hecho de prohibirles caminar por las calles aledañas a las casas de los sectores.

La historia y la sociología nos muestran que antiguamente el lugar de socialización por excelencia fue la plaza pública, donde, existiendo una desigualdad evidente, de todas maneras las distintas clases sociales se observaban, existiendo alguna especie de contacto y relación, probablemente lejana y con una diferenciación marcada, pero fue posible al menos alguna interrelación visual por espacios comunes compartidos. Sin embargo, hoy los barrios se segregan en periferias distintas según el nivel socioeconómico, y al interior de cada una existen distintos tipos de servicios y bienes de consumo, donde un sector se traslada a otro generalmente como personal de servicio, y el segundo para actividades de donaciones y caridad. Es por eso que observamos situaciones entre trágicas y cómicas donde jóvenes que celebrando la victoria presidencial de Sebastian Piñera, se ven obligados a preguntar a carabineros la dirección de Plaza Italia, ya que nunca han tenido la necesidad de llegaran a aquel “inhóspito lugar”.

El problema se viene abordando académicamente hace ya bastantes años desde el PNUD, sin embargo, como identifica Contreras, la voluntad política para hacerse cargo de la situación y diseñar políticas más radicales de intervención es débil. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo resalta el problema de la desintegración ciudadana, donde la falta de cohesión social entre individuos conlleva a una pérdida del desarrollo humano. Varios autores plantean que es necesario ampliar el espacio público de tal manera que posibilite una democracia más influyente [3]. De no apuntar hacia aquello, seguramente el descontento ciudadano invalidará la institucionalidad política generando así una crisis institucional, tal como se vislumbro el año 2011 en materia educacional.

La academia ha cumplido su trabajo, pero hoy es necesaria la voluntad política, y será nuestro deber el presionar por una reacción de las autoridades, ya que de lo contrario estos estados de crisis se pueden seguir ampliando sobre varias materias donde la exclusión sigue siendo muy pronunciada. Combatir la segregación hoy será evitar la crisis mañana.

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Notas al pie:

• [1] CHILEVA. Encuentro de jóvenes con la ciencia y la tecnología. Enero del 2011. http://www.chileva.cl/content/view/1231395/Exposiciones-completas-de-Chile-Va.html
• [2] Sen, Amartya Kumar (2010). La idea de la justicia. Taurus
• [3] PNUD. “Ciudadanía y desarrollo humano. Cuadernos de gobernabilidad democrática”. Introducción de Fernando Calderón. Pág. 20. Siglo veintiuno. 2007.