Lunes 29 de Mayo de 2017

Un Estado solidario para una nueva democracia

Por: Karim Nehme - 09-05-2016

La introducción de la democracia liberal en el Chile postdictadura, si bien permitió la reanudación de los derechos civiles y políticos más elementales de la ciudadanía, contribuyó de igual manera a la consolidación de una insuficiente visión de nuestra democracia, en la que prevalece su carácter excesivamente formal a costa de su vertiente material.

Así las cosas, con el pasar de las últimas décadas, sin darnos cuenta, convertimos a nuestra democracia en un desabrido procedimiento de actuación carente de toda sustancia ideológica, que sólo nos permitió fijar ciertas reglas para que los ciudadanos se expresaran cada cierto tiempo en las urnas.

Esta visión escueta esconde un grave peligro que a la larga puede amenazar el correcto desarrollo del proceso político nacional. Este riesgo se funda en una errónea interpretación del "pluralismo político", a través del cual, se supone, en palabras de liberales, que todas las visiones políticamente organizadas de la sociedad pueden expresarse y coparticipar del juego democrático en igualdad de condiciones sin que ninguna de estas pueda imponerse absolutamente al resto. De esta manera, en palabras de Mouffe, “lo que este tipo de pluralismo pasa por alto es la dimensión de lo político, donde nos quedamos con la característica ilusión liberal de un pluralismo sin antagonismo” [1].

Dicho ardid es riesgoso, porque en definitiva desconoce la esencia de todo sistema democrático, que es su carácter adversarial o antagónico, por medio del cual distintas y legítimas alternativas políticas se intentan erigir como hegemónicas, desconociendo así también lo "sustantivo" de todo sistema político: las relaciones de poder que un determinado grupo logra establecer en un momento determinado.

En este sentido, como plantea Mouffe:

“Lo que está en juego en la lucha agonista, por el contrario, es la configuración misma de las relaciones de poder en torno a las cuales se estructura una determinada sociedad: es una lucha entre proyectos hegemónicos opuestos que nunca pueden reconciliarse de un modo racional. La dimensión antagónica está siempre presente, es una confrontación real, pero que se desarrolla bajo condiciones reguladas por un conjunto de procedimientos democráticos aceptados por los adversarios” [2].

Afortunadamente, una parte de la ciudadanía en los últimos años ha logrado progresivamente despercudirse de dicho engaño, teniendo como principal manifestación de su despertar el amplio rechazo a las instituciones actualmente concebidas desde el prisma de la democracia liberal. Es decir, hoy muchos rechazan la comprensión de la democracia como meras reglas de procedimiento que ocultan el significado y la relevancia de las relaciones de poder existentes en Chile, que son percibidas por un sector de la opinión pública como injustas y contrarias a sus intereses, y afines a los de los poderosos.

En este sentido, la actual demanda por mayor transparencia es una manifestación más de aquel despertar ciudadano contra la democracia formal. Esta demanda recoge en esencia el sentir de un pueblo cansado y desilusionado que exige a los políticos ser capaces de develar con claridad y valentía las actuales relaciones de poder consagradas en la Constitución Política. Los ciudadanos dispuestos a movilizarse a favor de las reformas, a diferencia de lo que postulan los conservadores, entienden que estas relaciones de poder repercuten en su diario vivir y, por tanto, están dispuestos a transformar para construir una nueva democracia chilena.

Para lograr representar dicho sentimiento de muchos conciudadanos, la sociedad chilena debe ser capaz de construir un nuevo discurso político coherente con dicho fin, elaborado a partir de una nueva interpretación de nuestra Carta Fundamental que sirva de base para la elaboración de una nueva Carta Política. A la postre, esto permitirá proponer a los chilenos un Estado Solidario fundamentado en un nuevo principio rector de “cooperación pública privada, sin exclusión estatal”, que supere la visión liberal de lo político como un mero procedimiento de toma de decisiones y que, a su vez, establezca como central el cambio de los contenidos de las relaciones de poder existentes.

Para lograr aquello, debemos partir reconociendo – a diferencia de lo pregonado por sectores conservadores – que en nuestra Constitución sí deben existir actividades de interés general que exigen del Estado desplegar una actuación positiva en dichos ámbitos. A través de estas actividades, es necesario recordar, se logra que todos los ciudadanos alcancen su mayor grado de desarrollo material y espiritual posible.

Pero ¿quién debe encargarse de realizar dichas actividades de interés general? La respuesta a esta pregunta es crucial para cumplir el objetivo político antes descrito. En oposición a lo sostenido por los defensores del Estado Subsidiario, considero que no les corresponde a los privados asumir dichas actividades a priori, sino que deben ser desarrolladas por medio de una "Colaboración Público-Privada”. Esta colaboración deberá poner a ambas dimensiones en un plano de igualdad y no excluyendo, como ocurre en la actualidad, la posibilidad de que sea el Estado el que directamente desarrolle tales actividades.

En este sentido, estimo que en dicha relación de cooperación entre el sector público y privado radica el fundamento de la creación de un Estado Solidario. El ámbito de intervención de este último deberá responder a las necesidades específicas que tiene el país en un momento determinado y que, por lo tanto, deberá ser flexible para poder llevar a cabo políticas públicas focalizadas o universales:

“Dicha colaboración, debe ser además complementaria o no excluyente, en el sentido de permitir que la colaboración del Estado en una materia de interés general pueda abarcar el público comprendido por la iniciativa de los privados en idéntico asunto, permitiendo de este modo el desarrollo de políticas públicas de carácter universal, sobre todo cuando aquello involucra la satisfacción de derechos sociales” [3].

Son las bases ideológicas de dicho Estado Solidario, que poco a poco irrumpen en nuestra sociedad, las que han guiado inconscientemente el proceso de reforma impulsado por el Gobierno de la Presidenta Bachelet. A estas bases, sin embargo, aún falta darles mayor sustento ideológico para transformarlas de una mera propuesta teórica a la calidad de práctica política institucional que logre resignificar el actual sentido común imperante en el país.

Notas al pie

  • [1] Mouffe, C. (2003) La paradoja democrática. Barcelona: GEDISA, p.38.
  • [2] Mouffe, C. (2009) En torno a lo político. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, p.28.
  • [3] Nehme Gajardo, K. (2015) El Estado Solidario en Chile: un análisis político institucional,. Valparaíso: Editorial Académica Española, p.105.


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